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83 organizaciones de 26 países denuncian que la empresa vasca CAF es un "importante facilitador" de la ocupación ilegal israelí

83 organizaciones de 26 países denuncian que la empresa vasca CAF es un "importante facilitador" de la ocupación ilegal israelí
Denuncian que CAF opera y amplía el tren ligero que une Jerusalén con asentamientos ilegales y piden a los gobiernos que no otorguen contratos a empresas implicadas en la ocupación ilegal israelí Ochenta y tres organizaciones, instituciones y coaliciones de veintiséis países piden en un comunicado, publicado este viernes, que los gobiernos dejen de conceder contratos a empresas implicadas en la ocupación ilegal israelí de los territorios palestinos. En concreto señalan a la empresa vasca Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), que opera y amplía la “Línea Roja” del Tren Ligero de Jerusalén (JLR) y construye la nueva “Línea Verde”, que proporciona material rodante y servicios técnicos. Ambas líneas conectan Jerusalén Occidental con los asentamientos ilegales israelíes en el territorio palestino ocupado. Este sábado se celebra una nueva junta de accionstas de CAF. Este Tren Ligero forma parte “de la anexión ilegal de iure” israelí de Jerusalén Este y contribuye a que estos asentamientos ilegales “se mantengan y crezcan” y, con ellos, las “confiscaciones de tierras, los desalojos forzosos y las demoliciones de viviendas palestinas”, denuncian portavoces impulsores de esta denuncia. La socia de CAF en el proyecto, la empresa israelí Shapir, está incluida en la lista elaborada en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde figuran un centenar de empresas que contribuyen y se benefician de las violaciones de derechos de la población palestina y de la ocupación ilegal. Los ochenta y tres colectivos firmantes destacan que CAF actúa como “importante facilitador corporativo de la ocupación militar ilegal israelí y de su régimen de apartheid”, y recuerdan que varias resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas -de obligado cumplimiento- piden el fin de la ocupación ilegal israelí de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. También el dictamen de la Corte Internacional de Justicia del pasado mes de julio solicita a los países “medidas para impedir relaciones comerciales y de inversión que contribuyan” a la ocupación ilegal israelí, pide el fin de dicha ocupación y subraya la existencia de un sistema de apartheid. Al hilo del mismo, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución en septiembre de 2024 en la que se establece un plazo máximo de un año para el fin de la ocupación ilegal israelí y se pide a los Estados que cumplan el dictamen de la Corte, incluyendo la suspensión de relaciones comerciales que contribuyan a estas violaciones. En base a esto y a los tratados internacionales, las ochenta y tres organizaciones recuerdan que el traslado de población del Estado ocupante -en este caso, Israel- a territorio ocupado constituye un crimen de guerra, definido con estas palabras por el derecho internacional. Los colectivos firmantes, entre los que hay agrupaciones judías, como la estadounidense Jewish Voice for Peace (Voces Judías por la Paz), indican que el propio presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja ha subrayado que “la realidad en Gaza se ha vuelto peor que el infierno en la Tierra”. También lamentan que “demasiados gobiernos, instituciones y empresas incumplen peligrosamente sus obligaciones legales en virtud del derecho internacional, incluyendo la Convención sobre el Genocidio y la Convención sobre el Apartheid”. Por ello exigen que gobiernos estatales y locales, así como instituciones, “cumplan con sus obligaciones y no otorguen contratos a empresas implicadas en las graves violaciones del derecho internacional por parte de Israel, así como en sus crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio contra el pueblo palestino”. “Bajarse del tren del apartheid” El comunicado, titulado “Es hora de que CAF se baje del tren del apartheid israelí”, añade que “empresas como CAF, su junta directiva y sus directivos deben saber” que se arriesgan a “posibles responsabilidades penales por su complicidad en crímenes” de gravedad. También destacan el informe de decenas de expertos en derechos humanos de la ONU, en el que se recuerda a los Estados que están legalmente obligados a, entre otras cosas: “Imponer sanciones, incluida la congelación de activos, a las personas, entidades (incluidas empresas, corporaciones e instituciones financieras) israelíes involucradas en la ocupación ilegal y el régimen de apartheid, así como a cualquier entidad o persona, nacional o extranjera, sujeta a su jurisdicción que suministre bienes y servicios que puedan contribuir, asistir o facilitar la ocupación y el apartheid”. Entre las organizaciones firmantes se encuentran la Red Española de Solidaridad contra la Ocupación de Palestina, que integra a más de quinientos colectivos, el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, la organización estadounidense Voces Judías por la Paz, la Red por Palestina de Australia, el sindicato belga Jeunes FGTB, la Campaña de Solidaridad con Palestina de Reino Unido, el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos o la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. También lo apoyan colectivos de solidaridad con Palestina de Francia, Irlanda, Italia, Nueva Zelanda, Bélgica, Malta, Chipre, Ecuador, Portugal, Albania, EEUU, Colombia, Canadá, el movimiento BDS de varios países, la Assemblea Catalana per la Transiciò Ecosocial, Berri-Otxoak (Plataforma Contra la Exclusión Social y Por los derechos Sociales), Mujeres de Negro de Austria, Healthworkers for Palestine Spain (Spanish state), Red Universitaria por Palestina RUXP, SODePAZ, etc.
eldiario
hace alrededor de 19 horas
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