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La polémica fiscal de Guatemala endurece su pulso con el presidente progresista y amplía su cruzada a la Colombia de Petro

La polémica fiscal de Guatemala endurece su pulso con el presidente progresista y amplía su cruzada a la Colombia de Petro
María Consuelo Porras, a la que Bernardo Arévalo aún no ha destituido, ha pedido la captura de dos funcionarios colombianos del Gobierno de Gustavo Petro que investigaron corrupción en GuatemalaEl progresista Bernardo Arévalo de León gana las elecciones de Guatemala pese a la persecución política A falta de un año de que termine su segundo periodo al frente del Ministerio Público de Guatemala, María Consuelo Porras Argueta parece convencida de no detener su persecución contra actores incómodos. El golpe más reciente llegó hasta Colombia: una orden de captura contra del exministro de Defensa Iván Velásquez y de la actual Fiscal General colombiana, Luz Adriana Camargo. Ambos conocen bien el país centroamericano y el historial de Porras. Velásquez fue el último representante de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), de Naciones Unidas, en la que Camargo trabajó como jefa de investigación y litigio. La CICIG funcionó en Guatemala hasta 2019, cuando el entonces presidente Jimmy Morales anuló el acuerdo con la ONU y nombró non grato a Velásquez. La comisión acompañó durante más de 10 años a la Fiscalía, antes de la llegada de Consuelo Porras. Ayudó a investigar casos de corrupción por los que se llegó a encarcelar a expresidentes, empresarios y militares. Varios han sido cerrados o puestos en pausa bajo la administración de Porras. Para muchos, las recientes órdenes de captura son un paso más en su venganza contra las personas que revelaron y juzgaron estos casos de corrupción. La persecución de la fiscal general había tocado hasta ahora a fiscales, jueces, abogados y periodistas guatemaltecos que se han visto forzados a exiliarse para evitar ser encarcelados. Llegó incluso al presidente de Guatemala, a su partido y a su círculo de confianza. Todos han estado en el blanco de Porras. La fiscal general ha logrado que un juez cancele al Movimiento Semilla, de corte progresista, y a su bloque legislativo. Arévalo no logra apartar a Porras Bernardo Arévalo, el presidente que fue elegido en 2023 contra todo pronóstico, y Porras mantienen un pulso constante desde antes de que él tomara posesión. En 2023, el Ministerio Público abrió el caso contra su partido para evitar que ganara la segunda vuelta electoral. A partir de ahí, la Fiscalía inició investigaciones contra ministros y congresistas y ha solicitado varias veces —hasta ahora sin éxito— que la Corte Suprema retire la inmunidad al presidente. Human Rights Watch ha acusado a Porras de perseguir al Gobierno “por motivos políticos”. Arévalo prometió apartar a la fiscal del cargo en un esfuerzo por recuperar las instituciones guatemaltecas, no ha logrado cumplir con su objetivo. En mayo de 2024, presentó una iniciativa de ley en el Congreso para levantar el veto que le impide destituirla. Pero, con un Legislativo donde tiene una representación mínima, el avance del proyecto se ha quedado estancado. Una parte de la población acusa al presidente de actuar con tibieza. Aunque la Constitución guatemalteca establece que el presidente es quien elige al fiscal general, la ley del Ministerio Público blinda en el cargo a la funcionaria. Según dijo el propio Arévalo en una reciente entrevista, existe un resquicio legal sujeto a interpretación que podría allanar el camino para despedir a Consuelo Porras, pero la última palabra la tendría la Corte de Constitucionalidad, quien hasta ahora ha favorecido a la fiscal. El presidente considera que tratar de apartarla del puesto sería como darse un tiro en el pie y lo podría exponer a un “juicio político”. Asegura que nombrará al próximo fiscal en 2026. Hasta entonces, pide paciencia. La fiscal, lejos de aflojar, no deja de endurecer la persecución. En mayo de este año hizo pública una nueva línea de investigación contra el mandatario y su hermano Martín Arévalo, que trabaja como jefe de asociaciones y enlaces de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops). Según la Fiscalía, ambos entregaron el control de los puertos y aeropuertos de Guatemala a empresas chinas, algo que el Ejecutivo rechaza. La cruzada llega a Colombia En los últimos días, la persecución de Porras ha cruzado fronteras. Aunque, al menos por ahora, se queda a medio gas. El fiscal Rafael Curruchiche, la mano derecha de la jefa del Ministerio Público, anunció el lunes que una sala había autorizado la captura de Iván Velásquez y de Luz Adriana Camargo. La Fiscalía solicitó su detención porque los vincula a una “estructura criminal” –acusa a Velásquez de encabezarla– para favorecer a empresarios señalados en el caso Odebrecht. Según Curruchiche, esto “provocó que el Estado de Guatemala perdiera más de 3.000 millones de quetzales (unos 350 millones de euros)”. El Ministerio Público ha utilizado el caso Odebrecht como gancho para perseguir a fiscales guatemaltecos. Entre ellos, la exfiscal general Thelma Aldana y Juan Francisco Sandoval, el exfiscal anticorrupción y antecesor de Curruchiche. Ambos están en el exilio. La fiscalía asegura que ellos hicieron “acuerdos fraudulentos” con acusados del caso, llegando incluso a borrar expedientes. Los exfiscales dijeron esta semana en un comunicado que la persecución en realidad busca beneficiar a exfuncionarios acusados por este mismo caso. También cuestionaron que las órdenes de captura fueron emitidas por una sala de apelaciones que, además de no ser el órgano indicado para hacerlo, ha sido señalada por sus resoluciones contra de la libertad del periodista José Rubén Zamora, hoy encarcelado. Una de las primeras respuestas ante las órdenes de captura la dio el Ejecutivo de Arévalo, que aseguró que se habían emitido con un “objetivo político”. Se suman, dice el Gobierno, “a la seguidilla de actuaciones” de Consuelo Porras y de jueces “asociados a la corrupción”. En la misma línea fue la respuesta de Gustavo Petro en Colombia. El presidente dijo que la Fiscalía guatemalteca “responde al crimen”. Rafael Curruchiche afirmó que solicitó que la Interpol active una alerta internacional, aunque tanto Arévalo como los exfiscales tachan de ilegales las órdenes de captura. La propia ONU confirmó esta semana que Velásquez y Camargo tienen inmunidad. El secretario general, António Guterres, recordó a través de su portavoz que esta inmunidad tiene que ver con su trabajo en la CICIG, lo que dejaría sin validez las órdenes de captura. Como represalia ante la persecución, Petro vetó la entrada de la fiscal Consuelo Porras a Colombia. En un consejo de ministros televisado dijo a su canciller que debía emitir un acto administrativo que le prohibiera la entrada a ella y a “sus amigos mafiosos”. El país sudamericano se suma a las naciones que han sancionado a Porras y a otros fiscales y jueces afines, como Rafael Curruchiche y Fredy Orellana. Los tres han sido tachados de “actores antidemocráticos” por el Departamento de Estado estadounidense (durante la Administración de Joe Biden). El Consejo de la Unión Europea los acusó de “socavar la democracia, el Estado de Derecho y la transferencia pacífica del poder”. En 2024 los sancionó con una congelación de activos y les vetó la entrada y el tránsito por países de la región.

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