Qué es nuevo y qué falta en el anuncio de medidas de España ante el genocidio en Gaza

La presión social continuada y la contudencia de la opinión pública española en las encuestas han sido esenciales para la adopción de medidas tras 23 meses de genocidio israelí en Gaza Las medidas anunciadas por el Gobierno español este lunes llegan tras veintitrés meses de genocidio -visto y conocido en tiempo real- y tras muchos años de ocupación ilegal y de apartheid contra la población palestina. Hasta ahora, España ha mantenido relaciones armamentísticas, comerciales y diplomáticas con Israel, pese a los crímenes masivos. La opinión pública española, reflejada en las encuestas, así como las protestas de importantes colectivos de la sociedad civil, han sido instrumentos persuasivos para que el Gobierno español empezara a plantearse cambios. Los puntos que se aprueban este martes en Consejo de Ministros llegan tarde, pero más vale tarde que nunca. Aun así, como solicita la relatora de Naciones Unidas, como pide la Corte Internacional de Justicia y como exige la Convención sobre Genocidio, hay más medidas que los países pueden y deben adoptar. El embargo Entre las medidas anunciadas este lunes por el Gobierno español, destaca “la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar” a Israel. Es un paso necesario que podría haberse adoptado hace tiempo. Ahora queda por ver qué mecanismos de vigilancia se pondrán en marcha para garantizarlo. Los embargos existen para prevenir crímenes, para evitarlos, para no naturalizarlos, para presionar a los autores de los mismos. Por tanto, son urgentes en cuanto surgen indicios. Como indica la Convención sobre Genocidio, hay que “sancionar”, pero también “prevenir”. El orden lógico para la aplicación de un embargo es su aprobación antes de crímenes mayores. Aquí no ha ocurrido así, pese a la insistencia de la relatora de la ONU en ese sentido. Entre octubre de 2023 y la primavera de 2025, España adjudicó más de 40 acuerdos de compra de material militar a empresas israelíes o sus filiales españolas. En algunos casos, esos contratos se formalizaron cuando ya había decenas de miles de víctimas en Gaza y un bloqueo a la entrada de ayuda. Además, entre febrero y mayo de este año, 2025, España aumentó sus importaciones de “armas y municiones” de Israel, como publicó este diario el pasado mes de julio. Como piden la relatora y la Corte Internacional de Justicia y como exige la Convención sobre Genocidio, hay más medidas que los países pueden y deben adoptar En las medidas ahora anunciadas por el Gobierno no se menciona si estos contratos, incluidos los acordados con filiales o mediadoras, van a ser cancelados. Tampoco se emplea la expresión “material de defensa”, que es la categoría jurídica existente. “Si el decreto ley se refiere a ‘armamento, munición y equipamiento militar’ dejaría un importante margen de discrecionalidad en su aplicación”, advierte el investigador del Centre Delàs y profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Autónoma, Eduardo Melero. El Gobierno español tampoco se ha referido al comercio de los productos y tecnologías de doble uso o al mantenimiento del material militar israelí del que hacen uso las Fuerzas Armadas españolas, para el que se han producido en estos dos últimos años renovaciones automáticas para la adquisición de repuestos. El tránsito Sánchez sí ha anunciado la prohibición del tránsito por puertos españoles de barcos con combustibles destinados al Ejército israelí, pero no ha mencionado un embargo al tránsito o transbordo de armamento a Israel por puertos españoles. Como publicó este diario en noviembre de 2024, Algeciras ha sido puerto de escala de barcos procedentes de EEUU, con material militar para Israel, durante varios meses, y a día de hoy sigue habiendo rutas marítimas de suministro a Israel con barcos que hacen uso de puertos españoles. Si no se adoptan mecanismos de vigilancia, a través de ellas podrían pasar cargamentos de material militar no especificado como tal. Este medio también informó en 2024 del uso de la base estadounidense de Rota para el envío de armamento a Israel. El Convenio de Cooperación para la Defensa con EEUU permite a Washington no desvelar el destino final del cargamento que transporta a través de las bases militares de Rota y Morón, pese a que se trate de territorio español. España no modificará esto, por lo que podría seguir habiendo tránsito de armamento a Israel por estos puntos, incluso por avión, a pesar de que el Gobierno sí aprobará la “denegación de entrada al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel”. El comercio de otros productos Desde hace tiempo la relatora de la ONU, Francesca Albanese, pide a los países que suspendan todo tipo de relaciones con Israel, ya que el genocidio continúa desarrollándose, así como la ocupación y el apartheid. Además, la Corte Internacional de Justicia solicitó en julio de 2024 a los Estados de Naciones Unidas que impidan “relaciones comerciales y de inversión” que contribuyan a la ocupación israelí. Ante ello, habría que tener en cuenta que el Estado israelí es el máximo impulsor de la ocupación de territorio palestino. Lo que España ha anunciado este lunes es la prohibición de la importación de productos de “asentamientos ilegales” en Gaza y Cisjordania, pero no se ha planteado una suspensión de todas las relaciones comerciales, pese a que en Israel hay multitud de empresas que contribuyen a la ocupación, con las que España comercia. También hay empresas españolas que hacen negocio con la ocupación. De momento no se han mencionado sanciones a este tipo de compañías. Tampoco ha habido referencias a la posibilidad de suspender de todos los proyectos de investigación con entidades de Israel en universidades españolas. Sanciones La relatora de la ONU insiste en desplegar todo tipo de sanciones a Israel, tal y como exige la Convención sobre Genocidio. España ha anunciado “la prohibición de acceder a territorio español a todas aquellas personas que participen de forma directa en el genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja”, pero no ha especificado a qué individuos está dispuesto a sancionar. A nivel diplomático, no se ha anunciado la suspensión de todas las relaciones de España con Israel. Tras la acusación de “antisemitismo” vertida este lunes por el Gobierno israelí, España ha llamado a consultas a su embajadora. Desde la Plataforma de Juristas por Palestina han exigido este lunes “la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel y la extensión del embargo a todas las relaciones comerciales”. Otro de los asuntos que ha generado protestas y movilización en España es la presencia de un equipo israelí en la Vuelta Ciclista. La participación de Israel en competiciones deportivas europeas, en eventos culturales o en acuerdos comerciales, tras 23 meses de genocidio, transmite un mensaje de normalización insostenible. El Gobierno español no ha especificado sanciones en este sentido, ni la posibilidad de ausentarse de concursos o competiciones en caso de que no se suspenda la participación de Israel en ellos. De hecho, estos días de atrás han sido arrestadas o multadas personas que han participado en las protestas contra la Vuelta. Es decir, las sanciones en este caso están dirigidas a quienes se movilizan contra la naturalización y la normalización del genocidio, y no contra el autor del mismo. Las obligaciones internacionales El genocidio en Gaza era una crónica anunciada ya a mediados de octubre de 2023. Advirtieron de ello relatores de Naciones Unidas, juristas, historiadores y organizaciones internacionales de derechos humanos. Lo demostraron varios dirigentes israelíes, con sus declaraciones, y el propio Ejército de Israel, con sus acciones. Pero no se adoptaron medidas para prevenirlo ni para castigarlo, como exige la Convención sobre Genocidio. Se sabía que iba a ocurrir, se sabía que estaba ocurriendo. Conviene analizar este hecho, para entender dónde está situada la Unión Europea, para que no vuelva a ocurrir nunca más. Tenemos el deber de preguntarnos, para evitar que la historia se repita, qué habría pasado si se hubiera reaccionado antes. Qué puede pasar si se hace más ahora. El derecho internacional y las Cortes de La Haya ofrecen herramientas a los gobiernos del mundo para cumplir con sus obligaciones internacionales. Hoy, con decenas de miles de personas asesinadas, con cientos de miles heridas o enfermas a causa del genocidio, con hambruna provocada, con desplazamientos forzados masivos y repetidos, con 132.000 niños de menos de cinco años en riesgo de morir por desnutrición (datos Integrated Food Security Phase Classification), toca vigilar cómo se implementan las medidas que España aprueba este martes y demandar otros pasos necesarios. Lo mínimo es exigir todas las acciones de presión que no se han adoptado aún. Como señalaba este verano una cirujana británica recién salida de Gaza, “tenemos que preguntarnos cada día qué más podemos hacer”.

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