Qué pasa con el anuncio español de embargo de armas a Israel pospuesto hasta el próximo martes

Más de 600 organizaciones piden al Gobierno español que apruebe un embargo integral, retroactivo, que afecte al tránsito de armamento por puertos y que cancele los acuerdos de compra suscritos durante el genocidio Rastreando a los francotiradores fantasma: cómo una unidad de Israel masacró a una familia desarmada en Gaza El veto a la compraventa de armamento con Israel, anunciado el lunes por el presidente del Gobierno español, no ha sido aprobado aún -está previsto que se haga el próximo martes- y se desconoce si su contenido definitivo tendrá alguna modificación. Las medidas anunciadas hasta ahora, tanto por el presidente del Gobierno como por el ministro de Exteriores, dejan fuera algunas cuestiones esenciales solicitadas por la relatora de Naciones Unidas y por la Corte Internacional de Justicia. Así lo resaltan las seiscientas organizaciones que integran la Campaña por el Fin del Comercio de Armas con Israel, entre las que hay movimientos como la Red Estatal de Solidaridad contra la Ocupación de Palestina, organizaciones como Greenpeace, Ecologistas en Acción, Novact, Mundubat o Entrepueblos, centros de derechos humanos y de paz como FundiPau, Iridia o el Centre Delàs de Estudios por la Paz. Estos colectivos temen que finalmente el embargo no tenga un carácter integral y retroactivo, ya que el Gobierno no ha mencionado públicamente, por el momento, los más de cuarenta acuerdos de compra de armamento a empresas israelíes o sus filiales suscritos durante el genocidio, la compraventa de material militar de doble uso o la prohibición formal del tránsito de armamento por puertos españoles o por las bases estadounidenses de Rota y Morón. Por ello han lanzado una campaña en la que demandan la aprobación inmediata de “un embargo formal e integral” de armas, de carácter retroactivo, que afecte a la contratación pública y privada, a los contratos suscritos con armamentísticas israelíes -o sus filiales- durante los 23 meses de genocidio, y que incluya mecanismos de control que garanticen su cumplimiento. La relatora de la ONU solicita "un embargo total" de armamento que suponga 'no comprar, no vender, no tránsitos directos o indirectos' También solicitan, en consonancia con las obligaciones internacionales, suspensión de relaciones comerciales que contribuyan a la ocupación israelí, ruptura de relaciones diplomáticas y sanciones amplias, como las aplicadas contra Rusia. En ese sentido, la relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, lleva tiempo solicitando un embargo integral con todas las características mencionadas, y la Convención sobre Genocidio exige a los países “prevenir y sancionar”, lo que supone adoptar todas las medidas posibles para prevenir el genocidio y para castigarlo de inmediato, impulsando también la rendición de cuentas. Además, la Corte Internacional de Justicia pide a los países, desde julio de 2024, “medidas que impidan las relaciones comerciales o de inversión que contribuyan” a la ocupación israelí - lo que no afecta solo al comercio de armamento- y la Asamblea General de la ONU aprobó en septiembre de 2024 una resolución que incluía esta demanda. España votó a favor de dicha resolución, pero de momento no ha anunciado la suspensión de este tipo de relaciones comerciales que contribuyen a la ocupación israelí, en la que participan algunas empresas españolas. Sin las medidas que solicitamos y sin mecanismos de transparencia, las relaciones armamentísticas entre España e Israel podrían continuar Campaña por el Fin al Comercio de Armas con Israel El tránsito de armamento En la descripción de las medidas de embargo anunciadas por el Gobierno español -cuya aprobación ha sido retrasada una semana- se menciona la prohibición de la compra y venta de “armamento, municiones y material militar” a Israel, así como la denegación del tránsito de “aeronaves del Estado que transporten material de defensa destinado a Israel” y el veto a “los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes”. Queda fuera de ese anuncio el embargo al tránsito de aeronaves con armamento que no sean “del Estado” y tampoco se menciona la prohibición específica al tránsito por puertos españoles de barcos con armamento destinado a Israel. Desde el Gobierno señalan que ya había un embargo de facto a ese tipo de tránsitos, pero “sin una prohibición por ley y sin mecanismos específicos de vigilancia y transparencia, estos pueden producirse”, denuncian desde los colectivos de la campaña. Desde octubre de 2023 se han registrado tránsitos de buques con material militar para Israel tanto en la base estadounidense de Rota como en el puerto de Algeciras. Tras la publicación por este diario en noviembre de 2024 de varias investigaciones, España desvió tres barcos, impidiendo su escala en territorio español, pero las rutas de material militar a Israel continúan haciendo escala en puertos españoles, donde los buques -aunque no porten armamento en ese momento- adquieren combustible e insumos con los que se dirigen hacia puertos como el de Tánger, donde cargan el material militar para Israel. Las 600 organizaciones hacen hincapié en el veto al tránsito de armamento por puertos españoles porque no está incluido en el anuncio del Gobierno La Campaña contra el Comercio de Armas a Israel advierte de que, con esas escalas, se facilita la continuación de la cadena de suministro de armamento a Israel. Sin un embargo formal a este tipo de tránsitos, el trabajo de vigilancia recae en los movimientos sociales y en las organizaciones internacionales que investigan esta red comercial. “No podemos ir barco a barco”, lamentan. Además, señalan que la falta de un embargo formal que prohíba el tránsito de armas deja espacio a una posible escala de material militar por territorio español, ya que sin una prohibición específica que establezca protocolos de inspección con coordinación ministerial, no hay forma de asegurar el fin de este tipo de tránsitos. Esto facilita la opacidad en el tránsito de armamento por las bases militares de EEUU en Rota y Morón. Pese a estar en territorio español, el Convenio de Cooperación para la Defensa suscrito entre España y Estados Unidos permite a Washington no desvelar el destino final de la carga que transporta a través de sus bases. Barcos de la naviera Maersk han hecho uso de puertos españoles en una ruta de suministro a Israel Contratos, relaciones y sanciones En la descripción de las medidas anunciadas públicamente por el Gobierno -en comparecencias y en notas de prensa- tampoco se hace mención a los más de cuarenta acuerdos de compra de armamento empresas israelíes o sus filiales suscritos por España durante el genocidio, entre octubre de 2023 y mayo de 2025. Entre estos contratos se incluye, por ejemplo, la adquisición del “diseño POD para combate aéreo” a la empresa pública israelí Rafael, suscrito en abril de 2024 -cuando ya había más de 30.000 muertos en Gaza- y con un plazo de ejecución hasta 2027. Este pasado martes la Plataforma de Contratación del Estado hizo pública la “anulación de la publicación de la adjudicación” de dos de los más de cuarenta acuerdos de compra vinculados a empresas israelíes. Son los relativos a la adquisición del lanzacohetes SILAM y de los misiles SPIKE, en programas en los que participan empresas europeas, entre ellas, españolas. Aunque aún no estaba formalizado con la firma final, el SILAM ya está en marcha, en la base de Córdoba. Fuentes de Defensa argumentan que con esta “anulación” ambos contratos quedan cancelados, pero investigadores del Centre Delàs indican que “no es lo mismo la anulación de la publicación que la anulación de la adjudicación”. En el mismo sentido se pronuncia, consultado por este medio, el Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de A Coruña, Carlos Amoedo. El también profesor de Derecho Administrativo, Eduardo Melero, de la Universidad Autónoma de Madrid, señala que “la anulación del anuncio de adjudicación no afecta a la validez de los acuerdos de adjudicación del contrato” y recuerda que no ha habido una revocación de los contratos de compra suscritos desde 2023 hasta mayo de 2025, incluida la compra de balas a Israel. “En definitiva, sin estas medidas que solicitamos y sin mecanismos de control y transparencia, las relaciones armamentísticas entre España e Israel podrían continuar”, señalan desde la Campaña por el Fin del Comercio de Armas con Israel. “El Gobierno ha señalado en varias ocasiones en el pasado que ya había un embargo de facto, pero la realidad es que el comercio y el tránsito han seguido produciéndose”. La Convención sobre Genocidio obliga a "prevenir y sancionar" con todas las medidas posibles para ello Relaciones comerciales Por último, lamentan que España no suspenda relaciones comerciales “que contribuyan a la ocupación israelí” –una petición de la Corte Internacional de Justicia– pese a que existen negocios en este sentido, con la participación de empresas españolas, israelíes o sus filiales. En sus demandas, la relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, también subraya la necesidad de esta medida. En sus mensajes públicos solicita “sanciones a Israel”, “un embargo total” que suponga “no comprar, no vender, no tránsitos directos o indirectos” de armamento, “romper el bloqueo de Gaza, enviar embarcaciones en vez de arrojar comida sobre las cabezas de los supervivientes hambrientos del genocidio”, “suspender todos los acuerdos comerciales con Israel hasta que termine el genocidio, la ocupación y el apartheid” o “investigar y procesar a individuos y organizaciones que hayan cometido crímenes en Palestina”, entre otras exigencias. Albanese indica que estos pasos son obligación internacional sobre la base de la Convención sobre Genocidio. La principal organización internacional de expertos legales en genocidio, la International Association of Genocide Scholars, ha concluido que Israel está llevando a cabo un genocidio en Gaza. Del mismo modo se han expresado los relatores de Naciones Unidas u organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional o Human Rights Watch.

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