Qué puede aprender España de las políticas de memoria sobre la dictadura de Pinochet en Chile

Cuando se cumplen 52 años del golpe de Estado contra Salvador Allende, Chile muestra a España varias lecciones de memoria democrática sobre su pasado dictatorialColectivos memorialistas, a Tellado: “El PP se sigue comportando como una fuerza fundada por ministros de la dictadura Cuando la expresidenta chilena Michelle Bachelet, en diciembre de 2008, colocó la primera piedra del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH) 20 años después de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), lo hizo “segura” de convencer a las generaciones futuras “de que algo así nunca más vuelva ocurrir”. Inaugurado en 2010, en pleno centro de Santiago, y convertido en el símbolo de los derechos humanos en Chile, el recinto exhibe todo tipo de documentos para explicar el golpe de Estado contra Salvador Allende (1970-1973), del que este jueves se cumplen 52 años, y la represión de casi dos décadas, que dejó al menos 3.200 opositores asesinados, de los que 1.469 fueron víctimas de desaparición forzada. “No solo es un espacio de memoria a las víctimas y a quienes lucharon contra la dictadura, sino también un lugar para educar en los derechos humanos a los más jóvenes a través de la cultura, las artes y otras manifestaciones”, explica a elDiario.es su directora, María Fernanda García. Chile creó tres comisiones para la verdad. En España nunca se creó una entidad que, avalada por el Estado, detallara la magnitud de la represión franquista El MMDH fue el primero dedicado a las víctimas de una dictadura en todo el hemisferio sur y ha sido admirado por mandatarios y autoridades de todo el mundo, también por el presidente español, Pedro Sánchez, que lo ha visitado en un par de ocasiones. “El museo es la culminación del proceso de la memoria, la permanencia para no olvidar lo ocurrido y, en eso, España está al debe”, opina la docente del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, María José Henríquez. Según la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), en el país austral existen más de 200 memoriales a las víctimas de la dictadura, entre ellos 22 lugares clasificados como “monumento histórico”. El Gobierno español anunció en 2024, casi 50 años después del fin de la dictadura franquista, la creación de un Centro de Exposiciones de la Memoria Democrática que se emplazará en el barrio madrileño de Lavapiés, en un edificio perteneciente al Ministerio de Hacienda. “El gran riesgo de la falta de simbolismos es el olvido y eso impide las reconciliaciones y entender el sufrimiento de la gente que todavía no tiene respuesta”, apunta Henríquez. El paso del tiempo y las leyes de amnistía Si bien es común establecer paralelismos entre procesos transicionales de países distintos, expertos consultados por elDiario.es coinciden en que para el caso de Chile y España hay elementos fundamentales diferentes, como el tiempo. “En el caso español, hubo una guerra civil, luego distintos períodos con picos de violencia o de represión y, posteriormente, un proceso de transición mucho más largo (que el chileno) y sin apenas ejemplos en los que fijarse”, señala a elDiario.es el historiador de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) Misael Arturo López. Según él, la oleada democratizadora de los años 70 “sirvió de espejo” para las transiciones latinoamericanas, entre ellas la de Chile. “La dictadura de Pinochet fue más corta y, cuando acabó, las víctimas aún estaban vivas para intentar perseguir (a los victimarios)”, apunta María José Henríquez, que destaca que en el país austral “son los hijos quienes demandan políticas de memoria, mientras que en España son los nietos”. Además, las leyes de Amnistía operaron de forma distinta en ambos países. Para el periodista e historiador Mario Amorós, biógrafo de Allende y Pinochet, entre otros, aunque en Chile la ley de amnistía impuesta por la dictadura en 1978 no ha sido derogada, hoy “es papel mojado” porque “ha sido reinterpretada” por la justicia gracias “a la lucha de la izquierda” y del movimiento de derechos humanos. “No tuvo real aplicación al imponerse el derecho internacional humanitario”, añade a este medio el abogado Hugo Gutiérrez, impulsor en 1998 de la primera querella contra Pinochet de la mano del Partido Comunista. Imagen de Augusto Pinochet con el secretario de Estado de EEUU, Henry Kissinger, en 1976. La amnistía aprobada en España en 1977, en cambio, “fue una ley de punto final”, afirma Amorós, porque “hasta hoy ha permitido abortar cualquier investigación judicial” de los crímenes franquistas y –añade– tampoco “se han depurado los cuerpos policiales o del Poder Judicial heredado de la dictadura”. Sin embargo, Misael Arturo López discrepa: “No fue pensada como ley de punto final”. “Aunque en parte, equiparaba a víctimas y verdugos y evitó una causa general contra las fuerzas de seguridad –explica López– no fue una victoria de los perpetradores, sino de la sociedad civil y la oposición que reclamaban la amnistía para comenzar un proceso de cambio político verdadero en España”. Hasta la fecha, en Chile han concluido con sentencia más de 1.300 juicios por violaciones de los derechos humanos en dictadura que han supuesto condenas de prisión para más de 1.150 exagentes policiales y militares. Pinochet murió en 2006 en condición de procesado, desaforado y en prisión domiciliaria. “A más de medio siglo del golpe de Estado, los principales represores están en prisión o han fallecido, mientras que, en España, la impunidad es absoluta”, dice Amorós. Gutiérrez, cuya querella logró el arresto domiciliario de Pinochet solo 12 días antes de su muerte, considera que el Poder Judicial chileno “entendió la relevancia de no dejar en la impunidad los crímenes de la dictadura”. Comisiones de verdad y búsqueda de víctimas En marzo de 1991, a un año del fin de la dictadura, el primer presidente de la democracia chilena, Patricio Aylwin (1990-1994), presentó en La Moneda los resultados de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que entonces cifró en 2.279 las personas que perdieron la vida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Las carencias de esa primera comisión, enfocada solo en los casos de ejecutados y desaparecidos políticos, fueron enmendadas más tarde por la Comisión de Prisión Política y Tortura Valech (2004) y Valech II (2006), por el apellido del obispo que la presidió, donde se registraron también a los torturados y encarcelados. En total, Chile levantó tres comisiones para la verdad. En España nunca se creó una entidad que, avalada por el Estado, detallara la magnitud de la represión franquista. En ambos países, el auge de la extrema derecha ha generado una batalla por el relato sobre la memoria A diferencia de la ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero (1997), la actual ley de Memoria Democrática de Pedro Sánchez (2022) –que la sustituyó– establece que las entidades que incluyan entre sus actividades “la indagación, localización e identificación” de las personas desaparecidas durante la Guerra y la dictadura “podrán contar con la colaboración” del Estado “a través de mecanismos de financiación y ayuda”. Para López, se trata de “una especie de externalización” de la recuperación de víctimas. En Chile, 50 años después del Golpe, el Gobierno del progresista de Gabriel Boric puso en marcha un inédito Plan de Búsqueda a través del cual el Estado se hace cargo por primera vez de buscar a los desaparecidos. “El Estado chileno se pone al frente de la iniciativa –enfatiza López–, mientras que en España hay una intermediación”. Organizaciones civiles y batalla por el relato Las agrupaciones de derechos humanos en Chile empezaron a gestarse en 1974, en el momento más duro de la represión, con el apoyo de la Iglesia católica y de otras confesiones religiosas. “No sólo exigieron verdad, justicia y reparación hasta hoy –dice Amorós– sino que su papel fue trascendental en la lucha por la democracia y durante la transición”. En el caso de España, en cambio, “hubo que esperar hasta los primeros años de este siglo para que surgiera masivamente el movimiento memorialista (integrado principalmente por veteranos luchadores antifranquistas y los nietos y nietas de los represaliados)”, recuerda. En ambos países, el auge de la extrema derecha ha generado una batalla por el relato sobre la memoria. “En España no tenemos una narrativa común sobre el proceso de democratización como sociedad civil”, asegura López. Según él, “es absurdo encontrar una verdad única del pasado porque la memoria histórica es de todos”. “El problema –precisa– es si esa memoria es democrática o no: todos podemos tener memoria histórica, pero no todas las memorias son democráticas”. En opinión de Henríquez, el “peligro” es que los relatos “se conviertan en un panfleto o una versión maniquea de los hechos”, sin “integrar todas las dimensiones”, porque eso “te aleja de la postura del otro”. Amorós ve la “batalla por la memoria” como una defensa de la democracia hoy amenazada por la ultraderecha y concluye: “No se trata de la batalla por el pasado, sino de la batalla por el futuro”.

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