Y ahora, ¿qué?: qué toca hacer en Europa para evitar más genocidio en Gaza

El incumplimiento por Israel de peticiones y órdenes de la Corte de La Haya coloca la pelota en el tejado de la ONU, donde hay herramientas para suspender a Israel, como exige la relatora de Naciones Unidas y como se hizo con la Sudáfrica del apartheid La población de Gaza teme que Israel convierta la línea del frágil alto el fuego en una nueva frontera permanente Y ahora, ¿qué? ¿No es posible prevenir, detener y sancionar un genocidio, como exige el derecho internacional? ¿Qué instrumentos existen para presionar a un Estado cuando comete crímenes masivos y aplica un sistema de apartheid? El presidente de Estados Unidos y los gobiernos que apoyan su proyecto para Gaza transmiten la idea de que el asunto está encarrilado, dando a entender que el plan Trump es la ruta más conveniente. Sin embargo, la realidad en el terreno es diferente. Israel viola de forma cotidiana el alto el fuego en Gaza, afianza una ocupación ilegal y consolida la expulsión de la población palestina de más de la mitad de la Franja por un tiempo indefinido, sin plazos. Desde el inicio de la tregua hace tres semanas ha matado a 239 personas, entre ellas decenas de niños y niñas, y ha herido a más de seiscientas. Además, mantiene el bloqueo a la entrada de la ayuda necesaria. Solo ha permitido el ingreso en la Franja de unos 145 camiones al día, muy por debajo de los seiscientos acordados y de los mil al día que se necesitarían en el contexto actual. El plan de EEUU para Gaza adjudica el 53% de la Franja al Ejército israelí, sin fecha de caducidad. Israel lo está usando para trazar una nueva frontera de facto, la línea amarilla. La relatora de Naciones Unidas para Palestina lo ha llamado “ocupación disfrazada”. Mientras tanto, en Jerusalén Este y Cisjordania Israel despliega un sistema de apartheid y un proyecto de anexión territorial de facto, ayudado por el reconocimiento estadounidense de Jerusalén como capital israelí, una clara violación de las resoluciones de la ONU al respecto. En los últimos días el Ejército israelí ha matado a otros dos menores de edad en Cisjordania. La pelota está ahora en la cancha de los órganos de Naciones Unidas para decidir qué acción tomar, si corresponde, usando las conclusiones de la Corte para lograr una solución justa, duradera y completa de la cuestión palestina Juez de la Corte Internacional de Justicia, Dire Tladi Medidas requeridas Ante el incumplimiento reiterado de Israel, hay propuestas de acción planteadas por la Corte Internacional de Justicia, por la Asamblea General de la ONU, por la Comisión de Investigación asignada por este organismo, por la relatora de Naciones Unidas para Palestina o por la máxima autoridad académica de expertos en genocidio. Entre los pasos solicitados a los países, en base al derecho internacional, están la suspensión de relaciones con Israel, la retirada temporal de credenciales al Estado israelí en Naciones Unidas, el impulso de una resolución en la Asamblea de la ONU que consolide iniciativas conjuntas para desmantelar el régimen de ocupación y de apartheid, el envío de fuerzas de paz con ese objetivo o la imposición de sanciones como las aplicadas a Rusia. “El derecho internacional requiere que los Estados actúen”, recuerda el jurista Chris Sidoti, de la Comisión de Investigación asginada por la ONU. “La ley es buena, pero la implementación apenas existe”, añade. Incumplimiento reiterado El Gobierno israelí ha vuelto a rechazar públicamente el último pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia, emitido hace unos días, en el que se reitera la obligación de Israel, “como potencia ocupante”, de permitir la entrada de toda la ayuda humanitaria necesaria y de facilitar el trabajo a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA, vetada por Tel Aviv. No es la primera vez que Israel ignora e incumple peticiones y órdenes de este organismo judicial. Ante ello, la relatora de Naciones Unidas, Francesca Albanese, indica que la ONU puede y debe explorar iniciativas. En ese sentido se expresa también el juez Dire Tladi, de la Corte Internacional de Justicia, quien indica en sus aportaciones que “la pelota está ahora en la cancha de los órganos políticos de Naciones Unidas para decidir qué acción tomar”, “usando las conclusiones de la Corte, para lograr una solución justa, duradera y completa de la cuestión de Palestina”. Rueda de prensa de la relatora de la ONU, Francesca Albanese, tras la presentación de su informe. Imagen de la sede la ONU en Nueva York y, por videoconferencia, en pantalla, la relatora desde Sudáfrica En 1974 la Comisión de Verificación de Poderes recomendó aceptar las credenciales para la Sudáfrica del apartheid, pero la mayoría de la Asamblea General de la ONU votó en contra de ese informe, lo que supuso la suspensión de Sudáfrica Suspender a Israel de la ONU En su nuevo informe, presentado la pasada semana, la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, exige, entre otras medidas, la suspensión de Israel de Naciones Unidas. No se trataría de una expulsión -algo que solo puede permitir el Consejo de Seguridad, donde EEUU vetaría la propuesta- sino de una suspensión de sus credenciales, como se hizo con la Sudáfrica del apartheid en 1974. Es una vía para presionar y aislar diplomáticamente a un país cuando comete crímenes masivos de forma reiterada y cuando incumple, ignora e insulta a Naciones Unidas, como es el caso de Israel. En el mismo sentido se han expresado varios juristas, como el profesor de Derecho en la Universidad británica SOAS, Nimer Sultany: “Ahora que está claro que Israel violó estas obligaciones básicas, es hora de la que la Asamblea de Naciones Unidas retire el asiento de Israel en la misma, suspendiendo sus credenciales”. En 1974 la Comisión de Verificación de Poderes recomendó aceptar las credenciales para la Sudáfrica del apartheid, pero la mayoría de la Asamblea General de la ONU votó en contra de ese informe, lo que en la práctica supuso la suspensión de la participación de Sudáfrica hasta 1994, cuando fue readmitida tras la caída del régimen de apartheid. Corte Internacional de Justicia, en la presentación de su última opinión consultiva, hace unos días. La Haya La obligación de prevenir el genocidio no se ha detenido Jueza Navi Pillay, presidenta Comisión de Investigación ONU Suspender relaciones En el informe presentado el pasado martes, titulado “Genocidio en Gaza: un crimen colectivo”, la relatora de la ONU, Francesca Albanese, indica la complicidad con el genocidio israelí de numerosos países, “principalmente occidentales”. Por ello también solicita a los países suspender sus relaciones armamentísticas, comerciales y diplomáticas con Israel para dejar de “contribuir a consolidar el sistema colonial de apartheid que ha derivado en genocidio”. Asimismo, exige la investigación y el procesamiento judicial de individuos y organizaciones que hayan podido contribuir a los crímenes israelíes o a su incitación, así como medidas para garantizar la reparación, la reconstrucción y el regreso de la población palestina expulsada y desplazada. Además, exhorta a los pueblos del mundo a vigilar a sus gobiernos y a seguir presionando para lograr medidas de boicot, desinversión y sanciones, como se hizo con la Sudáfrica del apartheid. La violencia apocalíptica en Palestina indica a otros Estados que no hay consecuencias por matar de hambre a civiles y diezmar a sociedades enteras, lo que nos devuelve a la era de tierra arrasada de la contrainsurgencia colonial Ben Saul, relator de Naciones Unidas Hoy en día el entramado del sistema colonial de ocupación y apartheid israelí está consolidado a través del Estado de Israel, pero en él participan también numerosas empresas que contribuyen a su refuerzo, proporcionando servicios a los asentamientos, al Ejército o a las instituciones que lo sostienen. Por ello, las relaciones comerciales con empresas no armamentísticas y las transferencias de bienes civiles también pueden contribuir a la ocupación y el apartheid israelíes, según señala la relatora de Naciones Unidas. Otro organismo asignado por la ONU, la Comisión de Investigación Independiente –que ha concluido en su informe que Israel comete genocidio desde 2023– recuerda que los países deben adoptar medidas para “prevenir, detener y sancionar” los crímenes masivos. Sus integrantes proponen, entre otros pasos, el cierre de las oficinas comerciales de los Estados en Israel, así como la suspensión de “cualquier acción que proporcione fondos que faciliten que los asentamientos israelíes sean más rentables o, al menos, más sostenibles”. La presidenta de dicha Comisión, la jueza Navi Pillay, recordó la pasada semana que Israel es responsable de “cuatro formas de genocidio con la intención específica de destruir la vida palestina” en la Franja. Además, subraya que oficiales israelíes han respaldado planes “para la deportación de población” palestina y “cambiar la composición demográfica” en los territorios ocupados, con más asentamientos, anexión de territorio y “desplazamiento forzado”. “Las recientes declaraciones de oficiales israelíes dejan claro que estos objetivos siguen vigentes. La obligación de prevenir el genocidio no se ha detenido”, ha recordado la jueza en la presentación de su último informe hace unos días. “Los Estados tienen que asegurarse de que no habrá más daño en Gaza y Cisjordania y usar la justicia universal, también sobre sus ciudadanos con doble nacionalidad que hayan cometido crímenes”. La jueza Navi Pillay, en su comparecencia ante la ONU la pasada semana Y si el Consejo de Seguridad se encuentra paralizado, esta Asamblea de la ONU debe actuar con más determinación que nunca, unidos por la paz Relatora de la ONU para los Territorios Ocupados Palestinos Resolución 377 El nuevo informe de la relatoría de Naciones Unidas también indica que los países deben reconocer el derecho de autodeterminación del pueblo palestino e impulsar la resolución Unión Pro Paz (377) (Uniting for Peace), aplicada por primera vez en 1950 para la guerra de Corea. Esta medida está diseñada para permitir que la Asamblea General de la ONU actúe cuando el Consejo de Seguridad está paralizado por el uso sistemático de un veto que permite violaciones masivas del derecho internacional y agresiones armadas. En el caso que nos ocupa, este veto reiterado procede de EEUU. A través de esta resolución la Asamblea puede recomendar medidas concretas, emitir condenas políticas contundentes, promover embargos, sanciones, rupturas diplomáticas y envíos de misiones de observación o de fuerzas de paz. La relatora Albanese la solicita para “desmantelar” la ocupación israelí. Esa misión puede llevarse a cabo con el envío de fuerzas de paz internacionales o a través de otras medidas de presión. Desmantelar el apartheid El desmantelamiento de la ocupación israelí es un requerimiento establecido por varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, la primera de ellas en 1967. También es un objetivo respaldado por la resolución de la Asamblea General de la ONU adoptada en septiembre de 2024, que resaltaba la ilegalidad de la ocupación israelí y establecía que esta debía acabar en un plazo específico: un año. Ese plazo ha concluido, pero los Estados del mundo siguen sin impulsar medidas para ello. La Asamblea redactó y aprobó esa resolución basándose en el pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2024, que declara ilegal la ocupación israelí, señala la segregación racial contra la población palestina y pide a los países del mundo “medidas para impedir relaciones comerciales y de inversión que contribuyan a la situación en los Territorios Palestinos”, en referencia a la ocupación y el apartheid. En 2024 la Corte Internacional de Justicia emitió otras declaraciones, de extrema importancia y de carácter vinculante, con órdenes cautelares que Israel ha incumplido. En enero, marzo y mayo del pasado año ese tribunal señaló la existencia de riesgo de genocidio en la Franja de Gaza y solicitó medidas para garantizar la entrada de productos necesarios y para levantar el bloqueo impuesto por Israel. Desde la Comisión de Investigación Independiente asignada por la ONU se ha destacado que los países del mundo tenían la obligación de actuar, “si no antes, a partir de ese primer pronunciamiento” de la Corte de La Haya en enero 2024. No se hizo y el genocidio se intensificó. Extracto de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, con las anotaciones del juez Tladi La UE, el mayor socio comercial de Israel Los incumplimientos reiterados de Israel y la acumulación de sus crímenes, junto con el despliegue del régimen de apartheid, obligan a abordar las medidas solicitadas por la Corte Internacional de Justicia en 2024 y 2025 y por la relatora de la ONU. Pese al cierre de filas de potencias occidentales que intentan convencer a la gente de que ya no hay nada que exigir ni que hacer, la realidad es que la mayoría de los Estados del mundo -y, en especial, los grandes socios europeos y norteamericanos- apenas han adoptado las medidas exigidas por la ley internacional. Tras dos años continuados de genocidio israelí en Gaza, con una extensión de la anexión ilegal de facto de territorio palestino y del sistema de segregación israelí, la Unión Europea sigue sin suspender su Acuerdo de Asociación preferencial con Israel, pese a que su artículo 2 exige respeto a los derechos humanos por ambas partes. Como destaca la relatora de la ONU, la UE es el mayor socio comercial de Israel. Eurovisión, la UEFA, Eurobasket o la FIFA también han aparcado la posibilidad de adoptar decisiones sobre la participación de equipos del Israel del apartheid. La pasada semana también se pronunciaron otros relatores de la ONU. Por ejemplo, Ben Saul, relator de Naciones Unidas para la lucha contra el terrorismo y por los derechos humanos. Saul señala su preocupación porque el plan de alto el fuego “no cumple con los estándares mínimos” del derecho internacional, “no aborda las causas fundamentales del conflicto”, “no dice nada sobre la justicia y la rendición de cuentas”, “sustituye una ocupación por otra” y “preserva el statu quo fallido”, “marginando a Naciones Unidas y a la Corte Internacional de Justicia”. “La violencia apocalíptica en Palestina indica a otros Estados que no hay consecuencias por matar de hambre a civiles y diezmar a sociedades enteras, lo que nos devuelve a la era de la tierra arrasada de la contrainsurgencia colonial”, advierte el relator de la ONU. Los países de Naciones Unidas -y sobre todo, los Estados socios de Israel, lo que incluye a toda la UE- tienen la obligación de actuar para que se desmantele el sistema de apartheid y para que se detenga el proyecto de genocidio y ocupación colonial. Sin embargo, las estrategias políticas y comunicativas de gobiernos europeos buscan que olvidemos estos dos años y que escondamos el genocidio bajo la alfombra. Es decir, que legitimemos dinámicas que permitirían que mañana una potencia ocupante nos pueda masacrar a nosotros. Lo que está en juego ahora ya no es solo el futuro de los palestinos, sino el papel de la ONU, de la democracia y de las leyes del orden global. Así lo ha destacado la relatora de la ONU, Francesca Albanese: “Desde las ruinas de Gaza debe surgir un nuevo multilateralismo. No una fachada, sino un marco vivo de derecho y dignidad. No para unos pocos, no de unos pocos, sino para la mayoría. Para las generaciones más jóvenes, el genocidio contra los palestinos es memoria en construcción que da forma a su sentido de identidad en el orden global. Y reconocida o no por los Estados, y aceptada o no por aquellos en el poder, la lucha palestina por la libertad se sitúa en el corazón del movimiento hacia un orden mundial verdaderamente decolonial”.

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