El caso Montoro: el PP como mafia sublimada

El modus operandi es tan flagrante e impune que nos hace prever que esto es solo la punta del iceberg. Las empresas pagan sobornos y se redactan leyes a medida para pagar menos impuestos y que la legislación les sea favorablesA propósito de Aznar y la golfería estructural “Mafia o democracia”. Ese era el lema de la manifestación del PP con la que intentó tumbar al Gobierno por el caso de corrupción de Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Ya era ambicioso establecer un dilema de ese porte con lo hasta ahora conocido con el PP como protagonista cuando había convertido el Ministerio del Interior en una Gestapo al servicio de los intereses corruptos del PP en la época de Mariano Rajoy hace menos de una década. Eso sin pensar en su plétora de casos de enriquecimiento corrupto. Pero aún suena más impactante después de conocer que en el PP también tenían a su servicio el Ministerio de Hacienda al completo funcionando como un célula criminal al servicio de la organización y de las empresas corruptas para tener un Estado a su medida que también sirviera para perseguir a adversarios políticos. No he encontrado precedentes en la historia reciente de Europa y las democracias liberales de un caso como el que asoma en la investigación de un juez en Tarragona sobre un Ministerio de Hacienda implicado de manera integral en un caso de corrupción en el que se considera a todos los altos cargos miembros de una organización criminal. El auto del juez explica de manera detallada cómo las empresas gasísticas redactaban ellas mismas las leyes a través de la elaboración de informes y reformas legislativas por parte de Ernst & Young y pagaban a Equipo Económico (la consultora de Cristóbal Montoro) para que lo ascendiera al Ministerio de Hacienda y se copiara la ley tal cual la exponían las empresas involucradas. Pagaban según el juez a Equipo Económico una coima y tenían una ley que se redactaban ellos mismos para bajarse los impuestos. En España no emprende el que no quiere. El modus operandi es tan flagrante e impune que nos hace prever que esto es solo la punta del iceberg y que todos aquellos que decíamos como proclama política que en España mandan los ricos y las empresas éramos clarividentes pero sin ser conscientes que lo éramos hasta el punto de que se escriben sus propias leyes de manera literal. Sin intermediarios. Las empresas pagan sobornos y se redactan leyes a medida para pagar menos impuestos y que la legislación les sea favorables. En Italia, cuna de la Mafia y su relación con la política, ha habido casos de influencia para que legislen a su favor y modifiquen el ordenamiento jurídico para que las favorezca, pero no a ese nivel ni con una estructura como la que se revela que había en el ministerio de Hacienda de Mariano Rajoy. La trattativa Stato-Mafia se produjo para eliminar el régimen penitenciario 41-bis que se había instaurado tras los asesinatos de los jueces Borsellino y Falcone para perseguir a la mafia. Posteriormente investigaciones judiciales revelaron que funcionarios del Estado, ministros y cargos públicos de diversos gobiernos habían negociado con la Mafia para eliminar el 41-bis y eliminar las confiscaciones judiciales a la mafia que tanto daño les hacían. Algo parecido ocurrió en Colombia con el narco Pablo Escobar cuando influyó de manera directa para que se cambiara la Constitución para prohibir la extradición de nacionales por el miedo que tenía a ser extraditado a EEUU. Leyes a medida, pero solo una ley, en el caso del ministerio-consultora-mafia de Cristóbal Montoro es algo estructural y nunca antes conocido. Montoro y el PP han sublimado el modo mafioso llevándolo a un nuevo nivel. Según se van conociendo detalles de la trama, más impactante resulta y con derivadas que nos enseñan cómo funcionan las relaciones de poder. En el año 2017 ya se hablaba de Equipo Económico como un factor de corrupción. Pero el caso que se había estado instruyendo durante dos años fue archivado en el año 2019 en el juzgado de instrucción número 22 de Madrid por la jueza Patricia Jiménez Alfaro Esperón después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara una denuncia por malversación, tráfico de influencias y prevaricación. La jueza no vio delito en las actividades de la consultora de Montoro. Ahora sabemos gracias a la investigación de un juez de Tarragona que la empresa Codere pagó 679.000 euros a la consultora del ministro de Hacienda para que modificara leyes a su favor. De forma nada extraña uno de los altos directivos de Codere es José Antonio Jiménez-Alfaro Esperón, hermano de la jueza que tras dos años de investigación concluyó que no había nada que juzgar porque todo estaba bien. Las casualidades de la endogamia tienen estos giros del destino. Sé que puede resultar extraño para el común de la ciudadanía, pero es que las familias pobres no estamos tan bien relacionados. Es por eso que siempre digo que todo está en Bourdieu y proclamo con indignación y hastío cómo el capital social de los privilegiados es la enfermedad de nuestras democracias. Sirva como apunte pintoresco que la otra hermana, María Jiménez Alfaro Esperón, está casada con Santiago Milans del Bosch, el sobrino del general golpista Milans del Bosch, y que formó parte del asalto al bar el Largo en Valladolid por el que su hermano fue condenado a cuatro años de cárcel por dejar parapléjico a una persona por varios disparos. Quizás piensen que no tiene nada que ver con Montoro y Hacienda, pero este es un caso de lo que supone estar bien relacionado y saber a dónde acudir. La frustración y el desencanto que las personas de clase trabajadora, de extracción humilde, sentimos al constatar cómo funciona el país es demoledor. No hay ninguna posibilidad de cambio porque la estructura es corrupta al estar cooptada desde arriba por unas pocas familias que se conocen entre sí y se hacen el país a medida de sus intereses. Estoy seguro de que habrán leído muchas veces que este, el caso que nos ocupa en cada momento, es el mayor escándalo de la democracia o el caso más grave de corrupción de los hasta ahora conocidos. Yo no diré tal cosa, pero sí es el más devastador que jamás se ha dado para el ánimo de quien considera la política la mejor manera de mejorar la vida de las clases populares. Este caso es un ejemplo perfecto de cómo las élites se reservan el poder para ellos mismos incluso cuando no lo tienen, una muestra perfecta de cómo funciona el capital social y las estrategias de autoprotección de las élites y las grandes familias para siempre salir ganando y caer de pie. No sé si es el caso de corrupción más grave de la democracia, pero desde luego es el más pedagógico para enseñar a la izquierda y la clase trabajadora que cuando esas élites tienen el poder lo usan de manera sublime para jodernos de maneras que ni siquiera habíamos imaginado.