Hacienda contra todos

Que la Hacienda Pública, que encarna ese noble afán democrático de sostener el estado del bienestar y lo público redistribuyendo la riqueza, sea utilizada como ariete contra el ciudadano contribuyente es sencillamente enervante y muestra el nivel de deterioro democrático al que ha llegado nuestro país La única diferencia entre un recaudador de impuestos y un taxidermista es que el taxidermista deja la piel" Mark Twain Si Hacienda somos todos o eso es solo una frase publicitaria es algo que quedó en entredicho gracias a la fiscal del caso Nóos, pero que Hacienda puede usarse como arma contra todos o contra todos los que el ministro de turno considere sus enemigos es algo que queda patente tras el análisis del sumario del caso Montoro/Equipo Económico del que acaba de levantarse el secreto como saben. Es absolutamente escandaloso y estremecedor ver cómo el ministro Montoro y su equipo usaron información reservada a la que no deberían haber tenido acceso contra sus enemigos dentro de su propio partido, contra artistas, periodistas, medios y todo aquel al que pretendieron amedrentar o perjudicar. Que la Hacienda Pública, que encarna ese noble afán democrático de sostener el estado del bienestar y lo público redistribuyendo la riqueza, sea utilizada como ariete contra el ciudadano contribuyente es sencillamente enervante y muestra el nivel de deterioro democrático al que ha llegado nuestro país. El caso Montoro muestra la patrimonialización que de un instrumento que debe ser neutral, reservado, imparcial se realizó en aquellos momentos aunque hay quien afirma que ese uso coactivo o intimidador de la AEAT no ha cesado y que se ha llevado a cabo en otras épocas y contra otros objetivos, de ello se quejaban los independentistas, de manera que la sombra de la sospecha continúa. De la “venta de leyes” de la que indiciariamente habla el instructor de Tarragona a la presunta “venta de sentencias” que ha llevado hace un mes a la dimisión del presidente del TEAC, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y último eslabón administrativo de los recursos contra los expedientes sancionadores, acusado de cobrar a las empresas para dictarles resoluciones quitándoles las multas impuestas por la propia Agencia Tributaria. Este caso que ahora se investiga en Anticorrupción se produjo a raíz de una denuncia de un empresario que asegura haberle pagado cien mil euros a él y detalla cómo. El sumario desvelado acusa al ex ministro Montoro de haber creado un despacho de lobby –Equipo Económico– que luego dejó en manos de familiares y colegas cuando fue nombrado y que se habría utilizado para recibir grandes sumas de sectores económicos interesados en que se produjeran reformas legislativas que, en efecto, se produjeron. No cabe duda de que la lectura de sus páginas evidencia que Montoro es un sinvergüenza y que desvela un escándalo de grandes proporciones, lo que no empece para que pudiera no acabar considerado un delincuente por la dificultad de probar en un proceso penal que lo que todos intuimos, lo que el mismo juez proclama indiciariamente, se convierta en efecto en prueba de cargo. Es uno de los graves problemas que nuestro país arrastra indefinidamente por la falta de una legislación clara sobre la actividad de lobbying como existe en el resto de países democráticos y, especialmente, en la UE. ¿Dónde acaba el lobby y empieza una actividad delictiva para cambiar leyes por precio? Eso es lo que el procedimiento debería atar y a la vista del sumario no se ha atado todavía. Por decirlo de forma abreviada Montoro se aparece en el procedimiento como un personaje sin ética pública ni respeto a su función aunque habrá dificultades para que acabe condenado o siquiera juzgado. Sus abogados defensores tendrán muchos hilos de los que tirar. Lo primero que podrán hacer es cuestionar la competencia del juzgado de Tarragona dado que los posibles delitos se habrían cometido en Madrid y todos los actores –grupo de empresas, cargos públicos, legislación, empresa de lobby, etc.– están residenciados en la capital. El hecho de que en una entrada y registro en una empresa tarraconense hace siete años, por una investigación relacionado con una licencia urbanística, apareciera un correo en el que se dice que la mejor forma de obtener un cambio legislativo favorable a las gasistas es contratar al despacho que tiene acceso a Montoro puede no ser suficiente para justificar la competencia de un juez de Tarragona. También podrán alegar indefensión por el mantenimiento de una investigación en secreto durante siete años sin que los implicados puedan participar en ella ni defenderse. Los más viejos del lugar no recuerdan investigaciones secretas de esa duración ni en la AN. Lo más difícil, sin duda, será probar que reformas legislativas que se han realizado con todo un proceso legal de informes y tramitación y con la intervención de la soberanía representada en los parlamentarios puedan constituir un delito. Lo reflejó en su sentencia sobre los ERE el Tribunal Constitucional al considerar que mal pudieron delinquir Chaves y Griñán por proponer una norma legal que fue aprobada después en el parlamento andaluz. Aplicándolo a este caso significaría que mal puedes cobrar por asegurar un resultado que no está en tus manos sino en las del Congreso y el Senado. El sumario es muy largo y muy jugoso, nos describe la mafiosa forma de actuar de toda una cúpula del Ministerio de Hacienda con su ministro a la cabeza, pero no queda por el momento acreditada del todo esa relación entre el dinero que se paga a Equipo Económico y el beneficio personal que ellos habrían obtenido y tampoco que esa norma se aprobara por ese pago previo y no por la aquiescencia de todos los grupos parlamentarios que la apoyaron. Ese camino aún debe hacerse, por lo que quedaría investigación por delante y argumentos de defensa por presentar y todo ese camino empieza precisamente ahora con el levantamiento del secreto. Que el Gobierno de Rajoy debía caer por el conglomerado de causas de corrupción y la utilización que hicieron para sus fines partidistas, personales y económicos del aparato del Estado y de los resortes de la Administración no queda sino refrendado con los documentos que aparecen en los tomos del sumario. Cayó y bien caído estuvo. Así debería suceder siempre que la sombra de la patrimonialización del poder que les han dado los ciudadanos salpica su gestión y, por eso, cuando esto no sucede el sistema sufre. Los ciudadanos deben poder volver a percibir a Hacienda como un aliado de la justicia social y la conservación de lo público y no como un recaudador frente al que como contribuyentes están casi inermes. Y eso ni entonces ni ahora se ha logrado.