El Gobierno tendrá que seguir peleando la oficialidad del catalán en la UE tras un fracaso del que Puigdemont acusa al PP

La propuesta de España se choca con un muro de al menos siete países, que han emplazado a dejar la decisión para más adelante evitando una votación que estaba perdida, pero el Gobierno no teme esta vez represalias de JuntsLa UE aplaza la decisión sobre la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego por las reticencias de varios países La oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE tendrá que esperar. Al menos siete países europeos han empujado a retrasar la votación de la propuesta por reticencias legales y financieras evitando así que cayera definitivamente, dado que España había planteado el asunto para adopción pese a no tener los apoyos amarrados. El Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido a seguir impulsando la medida –el ministro José Manuel Albares ha asegurado que llamaría este mismo martes a sus homólogos para intentar seducirles– y, a pesar del fracaso, respira aliviado porque Carles Puigdemont no solo no ha dado un ultimátum sobre el compromiso de investidura con los socialistas, sino que ha encontrado en Alberto Núñez Feijóo el chivo expiatorio. A pesar de que era la sexta vez que la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE estaba en la mesa de los ministros de los 27 formalmente, era la primera que se abordaba con verdadera seriedad y con una propuesta perfilada, que planteaba la entrada en vigor de la oficialidad por fases desde 2027 y con una serie de requisitos que solo cumplen las lenguas oficiales españolas para evitar sentar un precedente que abra la “caja de pandora” en los 27. Aun así, la unanimidad requerida estaba lejos, tal y como han dejado claro siete gobiernos que han pedido aplazar la decisión. En la veintena restante, que el Gobierno cuenta como países proclives a la aprobación, hay algunos –como Bélgica, Portugal, Rumanía, Chipre o Dinamarca– que votarían a favor, pero otros que también expresan dudas, basándose en el informe de los servicios jurídicos del Consejo de la UE, que apunta a que la modificación del reglamento requiere un cambio en el Tratado de Funcionamiento de la UE. El Gobierno considera que ya no hay razones “jurídicas” y “financieras abiertas” dado que su informe legal es positivo y se ha comprometido a correr con los costes de la ampliación del catálogo de las lenguas oficiales. De hecho, el ministro de Exteriores ha minimizado el informe de los servicios jurídicos del Consejo de la UE al considerar que es una “opinión” que no es “vinculante”. Y ha emplazado a quien tenga dudas sobre la legalidad de la medida a elevar el asunto al Tribunal de Justicia de la UE. Sin calendario fijo: próxima oportunidad el 24 de junio Pese a esa apelación bajo la que subyace cierto malestar, Albares ha asegurado que echarán el resto con los países que han mostrado reticencias. “Este tema requiere unanimidad. Desde hoy mismo vamos a estar en contacto con los estados miembros que tienen preguntas que hay que atender”, ha dicho posteriormente el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro. Lo que no ha dejado claro es el nuevo calendario que manejan. “Nuestra ambición es que esto se pueda resolver cuando sea posible”, ha respondido a la pregunta de si pretenden volver a introducirlo en el orden del día del próximo Consejo de Asuntos Generales, previsto para el 24 de junio. No está claro que para esa fecha se puedan reconducir las reticencias que varios países llevan expresando dos años y que pasan por resolver las dudas legales y por que la Comisión Europea elabore un informe económico más ambicioso que el que por ahora ha presentado y que es preliminar en base al ejemplo del gaélico. Y ahí entra en juego la capacidad de convicción que tenga España para conseguir un triunfo que el resto de países se apuntarán en el debe por hacer una concesión que todo el mundo en la UE sabe que obedece a la política doméstica. El Gobierno asegura que aceleró en las últimas semanas los contactos a múltiples bandas con los socios europeos, que han reconocido “presión” por parte de Madrid para conseguirlo esta vez. Ese esfuerzo le consta a Junts, con quien el PSOE asumió el compromiso de la oficialidad del catalán en Bruselas. Y por eso, aseguran en la Moncloa, no se espera que el intento frustrado de este martes implique ningún tipo de pataleta o penalización política en el Congreso, como ya ocurrió otras veces. Junts eleva el poder de influencia de Feijóo Tras conocerse que tampoco esta vez saldría adelante, los de Puigdemont se cuidaron de no culpar al Ejecutivo de Pedro Sánchez para poner el foco, en cambio, en el PP, que ha reconocido movimientos con países europeos para boicotear la votación. “Señor Feijóo: ¿las leyes están para cumplirlas o eso solo es para los catalanes? Lo digo porque existe una ley orgánica vigente, la del Estatut, que obliga a los gobiernos catalán y español a emprender las acciones necesarias para el reconocimiento de la oficialidad del catalán en la Unión Europea”, reclamó el líder de Junts en sus redes sociales. La actitud de Junts respecto a la carpeta del catalán en Europa siempre ha sido de guante blanco. Desde que la reivindicación se convirtiera, en agosto de 2023, en un requisito para que los independentistas diesen apoyo a Francina Armengol como presidenta del Congreso, Junts siempre ha evitado criticar los movimientos del Gobierno sobre la oficialidad europea del catalán. Carles Puigdemont es consciente de que el reto es mayúsculo y, además, ha visto sinceridad en la forma en la que el ministro José Manuel Albares ha trabajado entre bambalinas para colocar este tema en la abarrotada agenda europea. A finales de 2023, en el primer intento de conseguir la oficialidad, Puigdemont llegó a agradecer su “dedicación” al ministro. En el caso de este martes, Puigdemont ha optado por no referirse a la labor de los socialistas, sino enfocarse en el PP de Alberto Núñez Feijóo. Después de que los populares reconocieran el lunes que habían puesto en marcha su maquinaria europea para evitar que la oficialidad saliera adelante, el líder de Junts ha acusado directamente a Feijóo de “conspirar con terceros países” para boicotear el catalán, gallego y euskera en la UE. La salida de Puigdemont contra Feijóo es especialmente dura y avanza que la actitud del PP con el catalán en la UE pone en punto muerto cualquier posible deshielo entre ambos partidos. Pese a todo, PP y Junts sí pueden volver a encontrarse votando circunstancialmente en el mismo sentido en el Congreso, como ya ha pasado en diversas ocasiones. Pero el último episodio sobre la oficialidad de la lengua catalana, igual que ocurrió con la amnistía en su día, afianza entre el independentismo una idea: por mucho disgusto que genere en Junts la forma que tiene el PSOE de cumplir los acuerdos, pactos de esa naturaleza solo son posibles con los socialistas y nunca lo serán con el partido de Feijóo. En ERC, con todo, introducen algún matiz y evita descargar de responsabilidades a los socialistas. Su portavoz Gabriel Rufián ha anunciado que cambiará su pregunta de este miércoles en la sesión de control para interpelar a Albares por la cuestión. “Mañana preguntaré al ministro Albares qué tipo de influencia tiene el Gobierno en Europa, porque esto hace tiempo que colea. Y es bastante triste que partidos de España vayan en contra de su cultura. Nosotros no nos meteremos con Junts ni les diremos fracasados, porque cuando el PSOE incumple, la culpa es solo del PSOE”, dijo Rufián en los pasillos del Congreso. También los socialistas han apuntado a Feijóo, a quien la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, reprochó que “ya no le guste el gallego”, en referencia a los movimientos del PP en Europa. No obstante, asumir que esas maniobras han conllevado el bloqueo de la iniciativa supone reconocer un gran poder de influencia del líder de la oposición dentro de su familia política y en el seno de la UE. “Espero que todos los partidos políticos españoles hablen con los gobiernos de esos siete países que consideran que necesitan más trabajo para sumarse a la unanimidad”, dijo Albares en una entrevista en TV3 en la que respondió que espera que “no haya razones ideológicas” detrás del bloqueo. Los siete países que se han posicionado abiertamente en contra de la iniciativa (Alemania, Finlandia, Austria, Italia, Croacia, República Checa y Suecia) están gobernados por los conservadores, aunque en el caso alemán los socialdemócratas forman parte de la coalición.

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