El Gobierno y el PP elevan la tensión en la UE por la oficialidad del catalán que Sánchez prometió a Junts

Varios países europeos reconocen la "presión" ejercida por España para lograr que las tres lenguas cooficiales entren en el catálogo de idiomas comunitarios mientras Feijóo maniobra para que los gobiernos del PP europeo bloqueen la iniciativa. Los servicios jurídicos del Consejo de la UE ponen pegas a la propuestaEspaña mantiene para “adopción” la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en el Consejo de Asuntos Generales de este martes, pese a las dudas de varios socios europeos La oficialidad de catalán, euskera y gallego en la Unión Europea se enfrenta a un match ball este martes. El Gobierno ha introducido el asunto para “adopción” en el orden del día de la reunión del Consejo de Asuntos Generales y fuentes comunitarias apuntan a que “salvo que algo muy inesperado ocurra, debería haber una decisión”. La iniciativa, que es uno de los compromisos de Pedro Sánchez con Carles Puigdemont y requiere de la unanimidad de los 27, ha elevado la tensión en la UE, donde aún hay países que expresan dudas sobre la ampliación del catálogo de idiomas oficiales. También los servicios jurídicos del Consejo ha puesto pegas a la propuesta. El Gobierno, por un lado, ha “presionado” al resto de países para que acepten la propuesta mientras que el PP de Alberto Núñez Feijóo también ha maniobrado para intentar que los países gobernados por su familia política la bloqueen. “La discusión ha sido principalmente entre capitales”, señalan fuentes comunitarias sobre las conversaciones que se han intensificado en las últimas semanas, cuando España introdujo por sorpresa el asunto en el orden del día a pesar de que varios países mantenían sus reticencias. Varias delegaciones europeas admiten la “presión” ejercida por el Gobierno de Sánchez para que nadie vete esa propuesta en cuya aprobación se han implicado “en todos los niveles”, según expresó este lunes el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Según Financial Times, la diplomacia española llegó a poner en cuestión los compromisos de defensa de España en el flanco este, donde tiene desplegados unos 2.500 soldados en misiones como las de la policía aérea del Báltico, Bulgaria y Rumanía o el despliegue terrestre en Letonia, Eslovaquia y Rumanía. “El compromiso de España con la seguridad del Este de Europa y la presencia de tropas españolas en países del Este es firme e incondicional. No está y nunca ha estado en cuestión”, responden desde el Ministerio de Exteriores a esa acusación. “Estoy seguro de que todos los españoles estamos haciendo, como lo está haciendo el Gobierno, todo lo que está en nuestra mano para que así lo reconozca Europa”, ha dicho Albares sobre la “identidad nacional plurilingüe”, que es el argumento sobre el que pivota la propuesta. “No me cabe en la cabeza que pueda ser de otra manera, que todas las fuerzas políticas españolas están hablando con las fuerzas hermanas para conseguir que esa identidad nacional sea reconocida”, ha agregado el ministro lanzando así una pulla al PP. Y es que prácticamente en paralelo a su comparecencia, el secretario general del PP catalán, Santi Rodríguez, admitía las maniobras de Feijóo para intentar posicionar en contra a los gobiernos de la familia conservadora. “Si las llamadas existen, evidentemente, es porque existen otras en sentido contrario”, ha justificado. En Génova, por su parte, han lanzado balones fuera, sin aclarar si les parece bien la oficialidad de esas tres lenguas en la UE, pidiendo a Sánchez que “no se presione a los socios europeos”. “A Pedro Sánchez no le interesa el catalán, no le interesa en absoluto. Lo que le interesa es sobrevivir él e intentar contentar al independentismo. Y mañana ya veremos”, ha dicho el portavoz del PP, Borja Sémper, informa Aitor Riveiro. A nadie se le escapa en la UE que la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego responde a razones exclusivamente de política nacional y que su aprobación puede facilitar el camino de la legislatura a Sánchez en su relación con Junts en un momento clave ante la falta continuada de presupuestos. En Bruselas están más que acostumbrados a que los asuntos domésticos españoles se cuelen fundamentalmente en la Comisión Europea, que ha tenido que lidiar con el bloqueo del Poder Judicial o la amnistía, y el Parlamento Europeo, constantemente instrumentalizado por la derecha contra el Ejecutivo de Sánchez. Pendientes de la coreografía Solo queda esperar a la coreografía de este martes. En principio la propuesta –que supone la implementación parcial de la oficialidad desde 2027– figura en el orden del día para adopción, pero fuentes comunitarias admiten que antes de “escuchar a la sala” no se puede determinar cómo planteará el asunto la presidencia polaca, que es a la que le corresponde pilotar el debate en el que estará presente el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, y no Albares, que sí ha asistido en otros momento clave del proceso. “En general, el Consejo no vota necesariamente alzando las manos. Si hay un acuerdo, hay un acuerdo. Si no hay acuerdo, no hay acuerdo”, señalan esas fuentes, que también apuntan a que el punto se puede retirar del orden del día si lo reclama una delegación de las 27 y se avala por mayoría simple (más síes que noes). Fuentes gubernamentales sostienen que no retirarán la propuesta. Lo que plantean otras fuentes es que se debata el asunto, pero sin tomar una decisión y se deje para más adelante, que es lo que ha ocurrido desde que España lo introdujo en el orden del día en septiembre de 2023. Lo que siempre ha defendido el Gobierno es que la oficialidad de catalán, euskera y gallego saldrá adelante si nadie la veta. A lo que lo fían desde el inicio del proceso es a que nadie alce la voz en contra. Habrá que esperar a cómo se desarrolle el debate. Según publicó este fin de semana ABC, Italia está dispuesta a oponerse siempre y cuando otros países también lo hagan. En ese sentido, el rechazo frontal que expresaron países como Suecia o Finlandia hace meses se ha rebajado, aunque sigue habiendo delegaciones que consideran que el asunto no está suficientemente maduro para su aprobación y que requiere de un mayor análisis a nivel técnico. En una comparecencia junto a Albares, el nuevo ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, reconoció este lunes que le había aportado mucha información y que la pondría en conocimiento de la cancillería. “Veremos cuáles son las propuestas de Polonia mañana”, dijo sobre ese debate en el Consejo de Asuntos Generales. Persisten las dudas, pero ¿habrá veto? Varias delegaciones expresaron sus “preocupaciones” en la reunión preparatoria de esa cita que tuvo lugar en Bruselas el pasado miércoles y en la que participaron los embajadores de los 27. También los servicios jurídicos del Consejo de la UE ha expresado dudas sobre el procedimiento presentado por España. Y a ese informe se pueden agarrar las capitales que consideran que el asunto debe permanecer a nivel de grupo de trabajo. “Estamos trabajando con todos los Estados, lo haremos hasta mañana mismo para estudiar cualquier duda que puedan tener para conseguir una propuesta sólida”, dijo Albares este lunes. El principal temor de los socios europeos es “abrir la caja de pandora” y que el debate se extienda a lenguas minoritarias en otros países europeos, como puede ser el caso del ruso en los bálticos; el turco, en Chipre; o el corso y el bretón, en Francia. Además de la entrada en vigor por fases (primero los reglamentos y más adelante el resto decisiones, como las directivas comunitarias), la última propuesta que ha esbozado el Gobierno pretende convencer a esos países perimetrando las condiciones para que las lenguas oficiales puedan serlo en la UE y que la decisión se limite sólo a los casos del catalán, el euskera y el gallego: que tengan el reconocimiento oficial desde que se redactó la Constitución del país, que tengan ese estatus en los parlamentos nacionales, que tengan acuerdos administrativos previos con las instituciones europeas, etc. Y a los que plantean dudas financieras, España se ha comprometido a correr con los gastos que según la estimación preliminar de la Comisión Europea serían 132 millones de euros, aunque el coste definitivo depende de la cantidad de traductores e intérpretes que hay a día de hoy para catalán, euskera y gallego, así como los sistemas de inteligencia artificial disponibles para facilitar ese trabajo.

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