El Supremo y su abogado acaban con los intentos de la pareja de Ayuso de no ser llamado defraudador confeso

Una sentencia considera que María Jesús Montero hizo "crítica política" al referirse al caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, mientras su abogado confirma en la causa penal que el empresario le encargó confesar sus delitos y llegar a un pacto, algo que la propia Ayuso lleva meses negandoEl Supremo rechaza la demanda de la pareja de Ayuso contra Montero por llamarle “defraudador confeso”'Se confirma que el defraudador confeso sí confesó', por Ignacio Escolar Alberto González Amador, comisionista sanitario y pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha perdido una de sus grandes batallas legales del último año: la lucha para no ser llamado “defraudador confeso”. La sentencia del Tribunal Supremo que avala que la ministra María Jesús Montero usara este tipo de expresiones contra él se suma a las revelaciones de uno de sus abogados que tiran por tierra el argumento que él, su pareja y el Partido Popular han esgrimido desde el principio: que él nunca ha confesado haber defraudado 350.000 euros con facturas falsas. Su letrado ha dejado claro estos días que el empresario le encargó buscar una conformidad y la Sala de lo Civil añade que referirse a él como “defraudador confeso” puede no ser agradable, pero no vulnera su honor. La pelea por el relato de Alberto González Amador, Isabel Díaz Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez arrancó poco después de que elDiario.es publicara en exclusiva que la Fiscalía había denunciado al empresario por fraude fiscal y falsedad documental. Eran las primeras horas del 12 de marzo de 2024 y en ese momento cayó la primera mentira sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid: no era un “técnico sanitario”, sino un comisionista del sector que trabajaba para gigantes como Quirón y que había hecho fortuna en la pandemia intermediando en la compraventa de mascarillas. La defensa pública de González Amador se desarrolló en muchos frentes. Ayuso llegó a decir que su pareja estaba siendo víctima de una operación de “todos los poderes del Estado”. Miguel Ángel Rodríguez difundió diversos bulos y amenazó a elDiario.es con buscar su cierre por publicar la exclusiva. Pero la teoría conspirativa que no duró ni dos días en pie. Poco después trascendió que el empresario y su abogado llevaban más de un mes negociando con la Fiscalía con el objetivo reconocer el fraude fiscal, pagar medio millón entre multas y deudas y aceptar ocho meses testimoniales de cárcel a cambio de no pisar la prisión. Esa confesión tiraba por tierra el discurso de Ayuso y el PP. El email que su abogado había mandado un mes antes a un fiscal no podía ser mucho más explícito: “Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”. Eso provocó un golpe de timón en la estrategia de la presidenta madrileña y sus colaboradores. Además de denunciar por lo penal a la Fiscalía por revelar esas negociaciones para combatir los bulos esparcidos por Rodríguez, el empresario se lanzó a denunciar o demandar a cualquiera que se refiriera a él como “defraudador confeso”. Porque él, repetía su entorno con micrófonos y sin ellos, nunca había confesado ningún delito. Defender que alguien no ha confesado un delito cuando su propio abogado ha hecho el ofrecimiento a la Fiscalía no es un discurso fácil de mantener. Con el paso de los meses, después de intentar justificar que esa propuesta de pacto nunca se había ratificado ante un tribunal, los argumentos fueron cambiando ligeramente: esa confesión escrita era algo que el abogado Carlos Neira había hecho por su cuenta y que Alberto González Amador nunca había redactado o suscrito. “Nunca se ha declarado culpable de nada, son negociaciones del abogado, no es un delincuente confeso y por eso todo el mundo que lo ha insultado va a ir pa'lante”, dijo el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso en televisión el pasado mes de enero. Miguel Ángel Rodríguez este jueves en el programa de Risto Mejide Esta teoría no ha pasado la prueba del algodón que ha supuesto llamar a declarar como testigos y, por tanto, obligados a decir la verdad, a Alberto González Amador y al abogado Carlos Neira. El empresario explicó que, en un momento dado, vio inevitable que su investigación tributaria terminaría convertida en una causa penal y contactó con Neira para hacerle el encargo de conseguir el final del caso cuanto antes y con el “menor ruido posible”. Pero negó dos cosas: haber pedido que confesara delitos en su nombre y haber conocido el detalle del pacto que ofreció el dos de febrero a la Fiscalía y la Abogacía del Estado, cuando ni siquiera había sido denunciado. Su declaración causó sorpresa en la sala donde le tomaba declaración Ángel Hurtado. Carlos Neira es un inspector de Hacienda en excedencia y abogado conocido en Madrid por llegar a este tipo de conformidades que consisten en reconocer los delitos y pagar a cambio de no ir a la cárcel. Iniciar este tipo de conversaciones y enviar un documento “de común acuerdo” con su cliente sin consultar al cliente no es lo más habitual y Hurtado llegó a preguntar al empresario si Neira seguía siendo de su confianza. La respuesta de González Amador fue afirmativa. El relato judicial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso seguía siendo, ya en sede judicial, que él nunca había confesado un delito. Ni ante Hacienda ni ante la Fiscalía. Pero el relato no pasó su segunda prueba de fuego en el Supremo. En su testifical de este martes, su abogado Carlos Neira fue muy explícito y dio detalles que apuntan en dirección contraria. Alberto González Amador sí encargó una confesión a su abogado con el objetivo de olvidar el caso cuanto antes. Carlos Neira, abogado de Alberto González Amador, sale del Tribunal Supremo El 30 de enero de 2024 abogado y cliente se reunieron para explorar sus posibilidades. Concluyeron que había poco margen para pelear su caso en los tribunales y que lo mejor era pactar. Neira reconoció este martes ante el juez que explicó claramente a González Amador que lo que iba a hacer era aceptar una condena simbólica de cárcel y asumir los hechos a cambio de casi ni tener que pisar el juzgado. El abogado añadió que el empresario entendió lo que implicaba su estrategia legal. No era el punto más relevante de la declaración en lo que tiene que ver con la causa penal abierta contra el fiscal general por la filtración de ese correo con la confesión de González Amador. Pero sí demuestra dos cosas: que o el empresario o el abogado han mentido en sede judicial, y que González Amador sabía perfectamente que sí se había ofrecido a reconocer dos delitos y pagar por ellos. La grieta entre ambas testificales se conocía apenas unas horas antes de que el Tribunal Supremo hiciera otro anuncio, al considerar que llamar “defraudador confeso” o “delincuente confeso” a González Amador no vulnera su derecho al honor. Una “crítica política” con “base fáctica” La pareja de Isabel Díaz Ayuso ya había intentado sin éxito llevar a la ministra María Jesús Montero al banquillo por la vía penal y lo consiguió finalmente por la vía civil. Asesorado por Guadalupe Sánchez, la abogada que firma la demanda del rey emérito contra Miguel Ángel Revilla, reclamó 40.000 euros a la vicepresidenta del Gobierno por media docena de declaraciones públicas en las que se había referido a su confesión. Es solo una pequeña porción de las casi 20 demandas y querellas que ha interpuesto contra políticos, periodistas y partidos que se han referido a él como “defraudador confeso” y en las que pide cerca de medio millón de euros. Los jueces de la Sala de lo Civil no se hacen eco, de ninguna manera, de los últimos acontecimientos de la causa penal que han evidenciado que González Amador sí confesó, sin matices, su fraude fiscal. Tampoco escatiman en críticas a María Jesús Montero por cuestionar la presunción de inocencia de “un ciudadano”. Pero ahí acaban las concesiones a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid: la vicepresidenta del Gobierno no vulneró su honor, sino que hizo una “crítica política” que, además, tenía una “base fáctica”. No habrá sido condenado por fraude fiscal, pero su abogado sí lo ha confesado en su nombre. Desde hace un año y casi tres meses uno de los objetivos explícitos de González Amador y sus abogados ha sido llevar al juzgado a cualquier persona implicada o supuestamente implicada en su caso y en su revelación a la opinión pública. Y de forma muy específica a quien le haya llamado “defraudador confeso” y no solo en sus demandas: en algunos interrogatorios en el Supremo, su abogado ha llegado a sacar 'tuits' de periodistas impresos con esa expresión. La sentencia de la Sala de lo Civil deja poco margen a las demandas y querellas que ha interpuesto, entre otros, contra Pedro Sánchez, Félix Bolaños, el propio PSOE, líderes de Más Madrid o el periodista Xabier Fortes. Los jueces reconocen que González Amador no es un “personaje público” pero zanjan que su relación con Ayuso le ha convertido en una persona con “notoriedad pública”, sometida a un debate político que consideran degradado pero legal. González Amador en el coche después de declarar en los juzgados de Madrid Hablar de “delincuente confeso” no es lo mismo que hablar de un “delincuente condenado”, explican los jueces. Y la realidad sustenta este tipo de declaraciones. Hay una causa penal contra él por fraude fiscal y su abogado, tal y como ha reconocido ahora él mismo, se ofreció a confesar. Las declaraciones de María Jesús Montero, concluye el Supremo, “están amparadas por la libertad de expresión, en cuanto que se enmarcan en el debate público y en la lucha política”. La sala pone dos ejemplos para explicar por qué rechaza la demanda civil con la que Alberto González Amador pedía 40.000 euros a Montero y sentar un precedente contra todos aquellos que hablen así de él. El primero es el de su sentencia que condenó a la exministra Irene Montero a indemnizar a un hombre, expareja de una de las integrantes de Infancia Libre, por referirse a él como un “maltratador” sin que hubiera sido condenado. En ese caso, explican, estaba justificada la sanción porque el aludido ni era un personaje público ni había sido declarado culpable. El segundo ejemplo que pone es el de la sentencia europea que en 2011 obligó a indemnizar a Arnaldo Otegi, líder de la izquierda abertzale, después de ser condenado por llamar “jefe de los torturadores” al rey Juan Carlos I. Esa doctrina implica que en casos como el de González Amador, explica el Supremo, la balanza debe decantarse a favor de la libertad de expresión siempre que las críticas “tengan una base fáctica sobre la que apoyarse o bien sean hechos públicamente conocidos”. En este caso la base fáctica es amplia. Lo dice la Sala de lo Civil y lo han escuchado en la Sala de lo Penal. Alberto González Amador encargó una confesión a su abogado, perfectamente informado de lo que eso suponía, y lo intentó mantener en secreto mientras su pareja y el PP clamaban contra una conspiración de “todos los poderes del Estado” contra él por una “inspección salvaje” de Hacienda.

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