Las cloacas, teoría y práctica

El PSOE debe explicaciones sobre un episodio que está lejos de asimilarse a las cloacas policiales que este país sufrió bajo el Gobierno del PP, y de las que todavía siguen conociéndose nuevos detallesLa basura no se combate con basura Empecemos por los hechos. Leire Díez es una militante del PSOE, que ha sido teniente de alcalde en un pequeño municipio cántabro y ha tenido puestos en empresas públicas de la mano de los socialistas. Díez se reunió con dos empresarios, Javier Pérez Dolset y Alejandro Hamlyn. Ambos están encausados en distintos procesos judiciales y sostienen que tras esas investigaciones hay guardias civiles y fiscales que les han perseguido con prácticas corruptas. Uno de esos encuentros quedó registrado en una grabación de 53 minutos. En ella, los empresarios ofrecen información sobre prácticas corruptas de algunos altos cargos de la Guardia Civil, Díez se interesa por ella y pide que se las envíen. A cambio, Hamlyn quiere que se le garantice un pacto con la Fiscalía y Díez le promete que le puede sentar con fiscales. ¿Qué no sabemos? No sabemos en nombre de quién actúa Díez, si fue enviada por el PSOE y, si es así, quién del PSOE le hizo ese encargo. Si el PSOE está detrás, no sabemos qué buscaban los socialistas con estos encuentros y si estaban dispuestos a hacer de nexo con la Fiscalía. No sabemos si hay más gente del partido implicada. El PSOE niega que enviara a Díez a esa cita y le ha abierto un expediente. Por su parte, Díez ha dicho que no tiene “vinculación con Ferraz” y Pérez Dolset, que ambos investigan “las cloacas del Estado” desde 2019. ¿Qué sabemos seguro? Que no ha habido pactos de ningún tipo con la Fiscalía. Las acusaciones contra Dolset y Hamlyn se mantienen. En el juicio contra este último, al que no se ha presentado alegando que no puede salir de Dubai, la Fiscalía solicita para él una condena de más de 50 años. Con esos hechos y esas preguntas sobre la mesa hay quien ha corrido a llamar a esto las cloacas del PSOE. Es una licencia periodística, como muchas otras, para añadirle algo de gancho a las noticias, pero, sobre todo, un intento de fijar el marco: esto es igual de grave (o más) que las cloacas policiales del PP. Porque sí, ahora se leen teorías sobre las reuniones de Díez y la implicación del PSOE, o sobre lo que se quería o no conseguir. Pero lo cierto es que en nuestro país tenemos ejemplos prácticos de lo que hacen las cloacas. Conviene recordar algunos capítulos, solo algunos, porque la historia completa da para un libro de los largos, o una serie con su ministro, su secretario de Estado y su grupo de policías corruptos. 40 kilos de cocaína y una cuenta falsa en Suiza El resumen general es que en España, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, se montó una red de policías al servicio del PP que se dedicaron a fabricar pruebas contra adversarios políticos y a destruir las que les implicaban en casos de corrupción. No hace falta rebuscar mucho en la hemeroteca. elDiario.es lleva años contando este escándalo y la última entrega publicada el pasado 16 de mayo es una pormenorizada historia sobre cómo la cúpula de la seguridad del Estado durante el Gobierno del PP urdió un montaje para convertir a Miguel Urbán, uno de los fundadores de Podemos, en un vendedor de 40 kilos de una cocaína procedente de Venezuela para financiar al partido. Un comisario de la Policía Nacional, José Luis Olivera, firmó un informe elaborado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) en el que se decía que Urbán, cuando ya era eurodiputado, le entregó “40 kilos de cocaína pura a cambio de una enorme cantidad de dinero” a un hombre. Es uno de los diversos episodios de la guerra sucia policial contra Podemos, que tuvo como máxima expresión el informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), en el que se lanzaban acusaciones falsas sobre la financiación del partido. La Audiencia Nacional mantiene una investigación abierta en la que acaba de citar a otro comisario, Marcelino Martín-Blas, que admitió que había conocido maniobras policiales contra Podemos. Ese grupo de policías corruptos, que actuaban a las órdenes del Ministerio del Interior, también trataron de hacer daño al independentismo. Una muestra: el exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, se levantó un día con una publicación en prensa que aseguraba que tenía una cuenta en Suiza con varios millones de euros. Era mentira, un montaje policial basado en datos falsos aportados por un empresario al que, según figura en la agenda de José Manuel Villarejo (el puntal de aquel grupo de policías), lo acabó pagando el Partido Popular a través de su 'número dos', María Dolores de Cospedal. Un policía condenado y un ministro al que le piden 15 años de cárcel Es Villarejo quien comandó otro de los principales encargos de la conocida como Policía Política: la infiltración en el círculo de confianza de Luis Bárcenas, extesorero del PP, para buscar y destruir pruebas de la corrupción del PP. Todo financiado con fondos reservados. La Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel para el exministro del Interior con el PP, Jorge Fernández Díaz, para su ‘número dos’ en el Ministerio, Francisco Martínez –ahora detenido por colaborar con un hacker–, y para el director adjunto operativo en aquella época, el comisario Eugenio Pino. Este último, Pino, es el único de todos los implicados en aquellos montajes que ha sido condenado. El Supremo le confirmó un año de cárcel por sus maniobras para intentar que se condenara a la familia Pujol. Esas son las cloacas. Altos mandos de la Policía y del Ministerio del Interior fabricando pruebas, intentando alterar investigaciones judiciales, tratando de destruir documentos y, sobre todo, filtrando información falsa que acababa publicada sin la mínima comprobación en importantes medios de comunicación del país. Conviene recordar algunos de estos pasajes de nuestra reciente historia política para tener el contexto suficiente y acercarnos a los hechos que ahora hemos conocido –y que obligan al PSOE a dar muchas explicaciones– con el recuerdo de lo que es realmente una cloaca.

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