Galicia rompe el consenso del PP al declarar zonas tensionadas de vivienda contra el criterio del partido

La Consellería alega el "cumplimiento de la Ley Estatal" para permitir a A Coruña controlar los precios, frente a otras comunidades del PP que se niegan a autorizar a sus municipios a hacerlo: "Se ha rechazado y se seguirá rechazando"La Xunta aprueba a regañadientes la zona tensionada de vivienda para A Coruña, primera ciudad gallega en obtenerla A Coruña ha conseguido lo que parecía imposible. Tras un periplo de 20 meses, el municipio gallego, gobernado por el PSOE, ha conseguido que la Xunta acepte su solicitud para ser declarada zona tensionada y se convertirá en la primera ciudad de una comunidad del Partido Popular en poder aplicar el control de precios de alquiler que habilita la Ley Estatal de Vivienda. Aunque a regañadientes, la decisión del ejecutivo autonómico rompe la unidad en torno al bloqueo de una norma que los de Alberto Núñez Feijóo han atacado por tierra, mar y aire. Desde Génova achacan este movimiento a una “excepción”. “La decisión del partido sobre la derogación de la ley y el fin de las zonas tensionadas es firme”, aclaran. El pasado mes de octubre, los responsables de los departamentos de Vivienda de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular llegaron a Madrid con la idea de transmitir una imagen de unidad frente a las políticas del Ejecutivo central y el Ministerio de Vivienda, que había amenazado con dejar sin fondos a los gobiernos “insumisos” que se negasen a aplicar las zonas tensionadas. Foto de grupo por medio, estas emitieron un comunicado conjunto en el que reafirmaban que “no declarar en sus territorios zonas de mercado tensionado y, por tanto, no intervenir los precios de los alquileres” era una “una decisión potestativa y, por tanto, legal”. Pese a la oposición de los de Alfonso Rueda a la ley de Vivienda, que incluso recurrieron ante el Tribunal Constitucional, la Xunta de Galicia se ha convertido este miércoles en un verso suelto que desafina en la canción del partido a nivel nacional. “En Aragón, Cantabria, Madrid, Valencia y Extremadura ha habido municipios que lo han pedido. Se ha rechazado y se seguirá rechazando, porque ese es el criterio. Galicia es la excepción”, señalan fuentes de Génova, que evitan responder sobre el motivo de esa excepción. La Xunta ha sido muy crítica con la medida, incluso en la notificación de la declaración. “En cumplimiento de la Ley Estatal de Vivienda (que Galicia recurrió ante los Tribunales), la Xunta accede a la petición del concello de Coruña de declarar todo el término municipal zona tensionada. Se trata de una medida que no va a solucionar el problema de acceso a la vivienda en la ciudad, del mismo modo que se ha agravado en el resto de sitios donde se ha implantado”, indica el texto. Según los datos de la Generalitat, la primera en aceptar esta medida, los precios en estas zonas bajaron en torno a un 5%, mientras se mantiene igual donde no hay control de precios. Pese a esa negativa, y con zancadillas a la solicitud del Ayuntamiento de A Coruña, con la socialista Inés Rey al frente, la Xunta ha acabado transigiendo a la petición de la segunda ciudad más poblada de Galicia y donde el precio de los alquileres ha subido más de un 25% en una década. Y con una fórmula que pone el foco en otros gobiernos afines: “En cumplimiento de la Ley Estatal de Vivienda”. “Desde la Xunta siempre hemos manifestado que no estábamos a favor, pero siempre hemos dicho que lo tramitaríamos. Nos llegó esta solicitud, hicimos una serie de requerimientos y, como cumple los requisitos, mantenemos lo que hemos venido diciendo”, señalan fuentes de la Consellería, que aseguran que siempre hicieron esa “puntualización”, incluso cuando el sello de la institución abría un comunicado en el que decían que era su competencia y que no lo harían. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha celebrado este jueves que “la Xunta haya aceptado la demanda” de A Coruña y ha pedido al resto de comunidades del Partido Popular que “cunda el ejemplo”. “Están en la obligación de atender a alcaldes y alcaldesas que quieren dar todo lo posible a sus conciudadanos para resolver este problema”, reclamó durante una visita a Navarra, que ha declarado recientemente 21 municipios como zona tensionada. Más allá de la grieta en la estrategia de oposición total a la Ley de Vivienda del Partido Popular, no parece que la medida aceptada en Galicia vaya a suponer un alivio al Gobierno en este sentido. En Madrid, varios municipios gobernados por la izquierda han reclamado a la presidenta Isabel Díaz Ayuso que les permita aplicar el control de precios. ¿Podría la Comunidad seguir el camino de la Xunta? “No, misma posición”, señalan fuentes de la Consejería madrileña, que evitan responder si la postura del equipo de Rueda supone una ruptura del consenso mantenido hasta ahora: “No somos nosotros quienes tenemos que responder a eso”. En Madrid, cinco municipios —Fuenlabrada, Getafe, Parla, Alcorcón y Rivas— han elevado al Gobierno regional la petición de declarar zonas tensionadas, que el Ejecutivo ha ignorado. Además, más de una decena de ayuntamientos gobernados por el PSOE elevaron a la Asamblea una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que les permitiere “intervenir el mercado del alquiler y contener el incremento de precios”. Es decir, hacerse con las competencias y evitar el escalón de la comunidad. PP y Vox tumbaron incluso la toma en consideración de la iniciativa. “En Alcorcón lo llevamos diciendo mucho tiempo: los municipios debemos ser quienes declaremos nuestros barrios como zona de mercado tensionada de forma directa, sin intermediarios, con base en los datos que facilita el ministerio. No podemos depender del politiqueo de unos pocos para dar soluciones a un problema central para tanta gente como es la burbuja de los alquileres”, señala el teniente de alcalde David López (Ganar Alcorcón), que ve “este giro de la Xunta como una oportunidad para redoblar la presión sobre las comunidades gobernadas por el PP”. Pero la negativa a iniciar incluso la tramitación de las solicitudes sigue firme en otros gobiernos. “La Generalitat no va a declarar zonas de mercado tensionado porque genera el efecto contrario”, señalan desde València. Fuentes de esta consejería defienden que no son la única autonomía que mantiene “el rechazo frontal a la intervención del mercado”. “El propio presidente de la Xunta ha considerado un ”error“ la declaración de la ciudad de A Coruña” y “hay muchas comunidades del PSOE que tampoco lo están haciendo”, matizan. Por el momento, las únicas comunidades que han apostado por esta medida han sido Catalunya, Euskadi, Navarra y Asturias. “La postura de Aragón no se ve afectada. Si se solicita y depende de la Comunidad, no se va a declarar. Nuestra política en los municipios donde hay cierta carencia es impulsar vivienda pública de alquiler asequible para los trabajadores que vienen al sector turístico”, explican desde esta consejería. El responsable de vivienda de Cantabria, Roberto Media, se ha pronunciado este mismo jueves con palabras más gruesas para mostrar su rechazo al control de precios: “La gente no es tonta, si pudiera tener más ingresos los tendría. Eso lo entienden todos ustedes. ¿El señor Sánchez y la señora ministra no lo entienden? Lo entienden igual que yo, pero la ideología los ciega”, expuso durante la presentación de una nueva oficina antiocupación para “proteger la propiedad privada”.

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