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La Airef avisa que los incumplimientos con el gasto público evitan que la deuda haya caído al 69% del PIB

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) calcula que la deuda pública debería estar ya en el 69% del Producto Interior Bruto (PIB) si el Gobierno hubiese cumplido con las normas fiscales que rigen las cuentas públicas españolas desde hace más de una década. Frente a esa previsión, el endeudamiento del conjunto de las administraciones se encuentra aún en el 103,4% del PIB , con casi 1,7 billones de compromisos ante los acreedores que han prestado fondos al Reino de España. En esos cálculos que la Airef ha puesto en marcha también ha constatado que los incumplimientos de los distintos niveles públicos (Estado, comunidades, ayuntamientos y Seguridad Social) ha provocado que, por ejemplo, el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria se ha producido únicamente en tres de los siete años en los que se ha establecido. O que en el caso de la Administración Central solo ha cumplido un 41% de los objetivos fiscales establecidos en 2013. En el caso de las comunidades autónomas sí han superado los retos fiscales asignados en su caso en este periodo Ante el incumplimiento automático de todas estas reglas, la presidenta de la Airef, Cristina Herrero , ha indicado que el mejor instrumento «coercitivo» para llevarlas a cabo sería el de «establecer objetivos realistas» en cuanto a gastos u objetivos fiscales. «Ningún gobierno va a intervenir un ayuntamiento por no cumplir con estas reglas», ha indicado, apelando a esa «racionalidad» para establecer objetivos que sean más coherentes, incluso «explorando incentivos positivos» para dar acceso a ciertas líneas de financiación de una administración que tenga que ajustar el incremento del gasto público que realiza. En este contexto, la Autoridad Fiscal aboga por una revisión completa del sistema fiscal nacional, con el objetivo de solventar sus falencias y adecuarlo a los estándares europeos, dado que en la actualidad se considera «poco sólido, coherente y eficaz». El organismo ha analizado la necesidad de una reforma amplia del sistema fiscal del país, que incluye reglamentaciones, entidades, herramientas y prácticas fiscales destinadas a garantizar la estabilidad y sostenibilidad fiscal. Se trata de que haga un plan fiscal el Estado, la Seguridad Social, las comunidades y los ayuntamientos de municipios con mayor número de habitantes. En ese punto, aboga por diferenciar las exigencias entre comunidades autónomas. Por ejemplo, para las regiones que ya estén por debajo de lo que exige la ley orgánica de estabilidad «tienen que crecer un poco más del compromiso europeo». De esta forma, se distinguiría entre los territorios que han cumplido con las reglas estos últimos años y los que no. Porque el mismo rasero para todas es inviable al otorgar demasiado margen para algunas -las cumplidoras- y sin posibilidad de movimiento para otras -las incumplidoras-. Según el informe de la Airef, es imprescindible llevar a cabo una reforma exhaustiva del sistema fiscal español para corregir las deficiencias observadas desde su implementación y alinearla con la nueva visión del marco europeo , que se centra en una perspectiva a medio plazo. «Es una oportunidad para reformar el marco fiscal nacional», expresó Cristina Herrero, al subrayar que los obstáculos para modificar una ley orgánica actualmente no deben impedir los cambios necesarios en un sistema fiscal que es «poco sólido, poco coherente y poco eficaz». La Airef ha identificado persistentes debilidades en el sistema desde su lanzamiento, que ocurrió tras la crisis financiera y en conjunto con la normativa europea, problemas que provienen tanto del diseño como de la aplicación del sistema.

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