Las obras del informe de la UCO que ha tumbado a Cerdán: trece contratos por 637 millones y con fondos de la UE

El 85% de esa cifra corresponde a contratos adjudicados a Acciona; la Guardia Civil ubica una de las obras sospechosas en Murcia, cuando en realidad se hicieron en la vecina AlmeríaLas claves del informe de la UCO: mordidas, obras supuestamente amañadas y ocho grabaciones 637 millones de euros. Es el importe de las trece adjudicaciones de obra pública, algunas de ellas financiadas con dinero de la UE, que estarían vinculadas a presuntas mordidas para el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, según el demoledor informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ha propiciado la caída, este jueves, del hasta ahora secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Cerdán dimitió este jueves tras apreciar el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente “consistentes indicios” de presuntos delitos de organización criminal y cohecho por parte del hasta ahora número tres del PSOE, por su “posible participación” en la “adjudicación indebida” de obra pública en “connivencia” con Ábalos y García, para quienes, según el informe de la UCO, Cerdán “gestionó” comisiones ilegales de 620.000 euros a cambio de mediar para la obtención de contratos públicos en favor de determinadas empresas. Las adjudicaciones proceden en su mayoría del Ministerio de Transportes, que hasta 2021 dirigió Ábalos, antecesor de Cerdán en la secretaría de Organización del PSOE, a través de Adif y la Dirección General de Carreteras. Las tres empresas beneficiarias de esos contratos son Acciona, una de las mayores constructoras del sector, y otras dos compañías de menor tamaño, Levantina de Obras y Edificaciones (LIC) y Obras Públicas y Regadíos (OPR). La inmensa mayoría de ese importe, unos 545 millones (el 85,5% del total), corresponde a adjudicaciones para Acciona, cotizada en el Ibex 35, donde sus acciones registraron una tímida subida en bolsa durante la mayor parte de la sesión de este jueves, aunque finalmente cerraron igual que en la víspera. Acciona, que no atendió a las llamadas de elDiario.es, aseguró en un comunicado desconocer los hechos investigados por el Supremo y anunció la apertura de una investigación interna para aclarar lo ocurrido y depurar responsabilidades. La obra de mayor presupuesto en la relación de “contratos presuntamente amañados”, siempre según la UCO, es una licitación de Adif Alta Velocidad para soterrar la red arterial ferroviaria de la ciudad de Murcia. Fue adjudicada por 158,8 millones en 2019 a una unión temporal de empresas (UTE) formada por Acciona y Ferrovial. Se financió con fondos de la UE, como la segunda obra de mayor importe que señala la UCO, también adjudicada a esa UTE: un tramo del Corredor Mediterráneo de alta velocidad Murcia-Almería adjudicado en 2019 por 121 millones. En concreto, el comprendido entre las localidades de Pulpí y Vera. El informe de la UCO afirma erróneamente que las obras se desarrollaron en Murcia, cuando en realidad tuvieron lugar en Almería, según recoge la Plataforma de Contratación del Estado. La tercera obra incluida en el informe que supera los 100 millones de presupuesto también se la llevó Acciona, en este caso mediante otra UTE con las empresas Tecade y Freyssinet: la reparación de los tirantes del Puente del Centenario en la autovía SE-30, en Sevilla capital. Sobre esta obra el hasta ahora número tres del PSOE mostró un especial interés durante años. La UCO recoge en su informe una conversación de noviembre de 2018 entre Koldo García y Santos Cerdán en la que este último “ya tenía conocimiento de la intención de licitar dicha obra y los pormenores de la misma”. Y cómo en 2019 Cerdán, el entonces secretario de Coordinación Territorial del PSOE (y al que Koldo seguía refiriéndose todavía como su “jefe”), instaba al asesor de Ábalos a “cerrar Sevilla” de una vez. El ex guardaespaldas culpaba al entonces secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, de tener bloqueado el contrato, que se tramitó por vía “urgente” y fue finalmente adjudicado por 71,4 millones en mayo de 2021. Este presupuesto se amplió considerablemente en 2023, ya con Ábalos fuera del ministerio, hasta cerca de 103 millones. De 2019 data la adjudicación de las obras para la construcción de la Autovía A-68 entre Arrúbal-Navarrete, en La Rioja, a la UTE formada por Acciona y Aquaterra por 92,4 millones. Es uno de los procedimientos bajo sospecha en los que se detectó “temeridad” en las ofertas alguna de las empresas que competía con Acciona. En este caso, de OHL y Sacyr. Se trataría de una de las consecuencias de las fórmulas de ponderación utilizadas en las licitaciones de Transportes, según la UCO. “Por ello era tan importante”, dice el informe, citando distintas comunicaciones de Koldo con responsables de Adif y la Dirección de Carreteras, “que las mercantiles que presuntamente se pretendía que fueran las adjudicatarias, no fuesen consideradas ofertas anormalmente bajas, para que, de este modo, una arbitraria sobrevaloración de la nota subjetiva permitiese otorgar una puntuación global suficiente para ganar la adjudicación”. “Únicamente requerirían que las notas de la valoración subjetiva fueran lo suficientemente altas con respecto al resto de licitadores, para compensar cualquier diferencia surgida de la puntuación obtenida de las ofertas económicas”, según los investigadores. Otro contrato muy relevante para Acciona (en este caso se lo adjudicó en solitario) que recoge el informe de la UCO fue el de las obras de ejecución del proyecto de construcción de la integración del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). Se adjudicó por un importe inicial de 51,7 millones, que se modifica en 2022, ya con Ábalos y Koldo García fuera del ministerio, hasta los 62 millones. El contrato está financiado con fondos europeos, asociados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, según recoge la documentación de la licitación. Las sospechas más sólidas del informe de la UCO que han precipitado la dimisión de Cerdán se centran en el grupo de la familia Entrecanales, cuya relación con Koldo García, según los investigadores de la Guardia Civil, se remonta al menos a 2015 en Navarra. En aquel momento el hasta este jueves secretario de Organización del PSOE era allí diputado. El ex guardaespaldas tenía “una clara dependencia” del luego número tres del PSOE, “tanto laboral como personal”. El principal nexo entre Koldo y Acciona en esos años, según los investigadores, era Fernando Merino, entonces director de Acciona en Navarra y La Rioja, con dos contratos de su época previa a su etapa como asesor en el ministerio de Ábalos. El primero, los trabajos para poner en marcha una mina de Potasa en Sangüesa que otra empresa, Geoalcali, encomendó a una UTE de la constructora de los Entrecanales y la navarra Servinabar 2000, en la que Santos Cerdán no figura como accionista ni tiene ningún cargo pero sobre cuyos fondos, según la UCO, el socialista “dispondría de cierta capacidad de decisión”. Servinabar y Acciona también se adjudicaron en 2017 la construcción del pabellón Navarra Arena por 3,7 millones. En el comunicado que remitió este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Acciona explicó que Merino fue “despedido” de la compañía el 12 de abril de 2021. La relación de contratos sospechosos que recoge el informe de la UCO incluye también un modificado de 4.587.843,65 euros autorizado en 2019 para la realización de obras de duplicación de la carretera N-IV entre Dos Hermanas y Los Palacios a una UTE formada entre Acciona y a LIC. Línea directa Esta empresa valenciana, que se declaró en concurso de acreedores en 2024, tras trascender sus presuntas corruptelas con el ex asesor de Ábalos, estaba participada por el empresario José Ruz, quien según los investigadores tenía una línea telefónica “segura” con Koldo para hablar de adjudicaciones en ciernes. Ruz tuvo contactos personales con Ábalos en su etapa como ministro, tanto en su residencia oficial en Madrid como en sus “residencias particulares” en la capital o en València, ya en la “etapa posterior” a su cese como responsable de Transportes. El mayor contrato adjudicado a LIC que recoge el informe son unas obras en la Autovía A-12 Camino de Santiago en las provincias de La Rioja y Burgos por un importe de 72,4 millones que Levantina se adjudicó en UTE en 2019 con las empresas Torrescámara y Ortiz. El informe también recoge una obra de 5,7 millones que la empresa valenciana se adjudicó para diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras en Teruel; y otro de cerca de 600.000 euros adjudicado por la vía de emergencia a finales de 2020 por trabajos de estabilización de los taludes de la Red de Ancho Métrico en Asturias. La tercera empresa involucrada en estas irregularidades es OPR. En este caso, con tres contratos: una adjudicación de 7,38 millones en UTE con otra empresa, Construcciones Pérez Jiménez, para obras de la Autovía A-63 en Asturias; un modificado en la A-32 en Jaén de octubre de 2019 por 4,5 millones; y unas obras en Monforte de Lemos (Lugo) adjudicadas por 1,45 millones. El informe de la UCO destaca que OPR está vinculada a los hermanos Daniel y Antonio Fernández Menéndez, administrador y apoderado de esa empresa, respectivamente. Los investigadores destacan que ambos son cuñados de Fernando Merino, el contacto de Koldo García en Acciona en sus años en Navarra. Acciona expresó este jueves su “total desconocimiento, sorpresa y preocupación” por haber sido incluida en este informe de la UCO. “En todo caso y ante la posible elusión de los controles internos que se hayan podido producir, la compañía ha abierto una investigación para el esclarecimiento de esos hechos y la depuración, en su caso, de las responsabilidades personales que procedan”, afirma Acciona, que subraya que la creación de uniones temporales de empresas (UTE) mediante la integración de compañías con presencia local es habitual en el sector. La compañía aseguró que tomará “las medidas legales oportunas” si en el transcurso de las investigaciones de las autoridades o de las que realice el propio grupo se confirmaran las informaciones publicadas que implican a otras empresas que han participado en UTEs de las que ha formado parte.

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