Miles de euros y penas de cárcel por parar un desahucio: "Tuve que explicar a mis hijos por qué su padre está en un juicio"

Al borde del décimo aniversario de la ley mordaza, los colectivos de vivienda y Derechos Humanos denuncian la paralización de su derogación y advierten del "bochorno" para el GobiernoLos socios piden al Gobierno acelerar el plan de regeneración democrática que sigue atascado en el Congreso Naiara está inmersa en tres causas penales por participar en una campaña que pretendía frenar el desahucio de una familia con dos menores en Zaragoza. Uno por acceder a una oficina de CaixaBank, otro por concentrarse reiteradamente a las puertas del local y uno pendiente por interponerse entre la policía y la vivienda el día del lanzamiento, que acabó ejecutándose. “Como los hechos se condensaron en seis meses y los procesos van a la par, hubo un momento en que a casa no paraban de llegarme cartas del juzgado”, relata la mujer, de 25 años, y de baja por un estrés que achaca al calvario judicial. “Que se junten los antecedentes penales lo llevo fatal y estoy en terapia haciendo hincapié en esto”, explica. Los hechos que relata Naiara sucedieron en 2023 y por ellos ya ha sido condenada, junto a otra compañera, a una multa de 2.500 euros y a antecedentes penales durante seis meses, que todavía arrastra. Pero aclara, a ella no la juzgaron por la ley mordaza, sino por el código penal, que también fue modificado en 2015 para ampliar la persecución a las protestas. “Se habla de ley mordaza, pero en realidad son leyes, porque también se reformó el Código Penal ordinario y, aunque en 2022 se palió parte de esos cambios, en ocasiones se sigue pasando por esa vía”, explica el investigador de Amnistía Internacional, Daniel Canales, que cita casos como la condena a los seis antifascistas de Zaragoza por una protesta en un acto de Vox o los activistas de la PAH de Guadalajara. Naiara, de 25 años, está inmersa en tres procesos penales surgidos en le marco de una campaña para evitar un desahucio en Zaragoza Gustavo lleva años vinculado al movimiento por el derecho a la vivienda. En 2018, desde la PAH de Guadalajara estaban intentando negociar con una entidad bancaria la paralización de un desahucio, también con dos menores. “Llevábamos un año, así que fuimos a una sucursal y nos negamos a salir hasta encontrar una solución. Llamaron a la Guardia Civil y, sin ningún tipo de violencia, hicimos resistencia pasiva, pero nos llevaron al calabozo. Comenzó un proceso judicial en el que Caixabank nos pedía tres años y medio de cárcel y la Fiscalía dos años y medio”, relata. Finalmente, la condena, que tienen recurrida, quedó en tres meses de cárcel por desobediencia. “Nuestras armas eran unos bocadillos de jamón, un juego de dominó y unos sacos de dormir”, recuerda. Pero pese a la condena, Gustavo, de 53 años, indica que hay otra pena que ha pesado más: la de banquillo. “Ha sido un procedimiento muy largo que, para mí, responde a una estrategia organizada a nivel estatal por parte del Gobierno, con la Fiscalía como acusación en connivencia con los bancos, para tenernos en vilo 7, 8 o 9 años”, considera. “Tuve que explicarles a mis hijos, que entonces tenían 15 y 13 años, por qué su padre estaba en un juicio. Aunque mi mujer y mis padres han estado asustados, yo siempre he estado tranquilo, porque sé que esto es una farsa que ha acabado con lo mínimo”, dice. Según el informe anual de la plataforma Defender a quién defiende, en 2024 se registraron 1.140 vulneraciones de derechos en contextos de protesta, que engloban detenciones, multas, amenazas, censura, afectaciones a la integridad psicofísica, identificaciones y/o encausamientos. Y el de Vivienda fue el tercer grupo con más vulneraciones recogidas (235), por detrás de las protestas en solidaridad con Palestina (282) y las ecologistas (249). “Parece claro que se está tratando de desincentivar este movimiento luchando contra la realidad: las personas que no pueden acceder a un techo lo van a seguir haciendo, porque no tienen otra opción vital, y seguirá habiendo colectivos que los acompañen”, señala el portavoz de No somos delito, Daniel Fernández. Israel lleva acumulados en los últimos meses 3.000 euros en multas por la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Cinco en total. “Tengo 44 años y un trabajo estable, pero te parten el mes y los meses siguientes. De momento estoy recibiendo las mínimas, de 600, pero temo que puedan ser superiores. Da respeto, pero a no ser que me lleven preso, no voy a parar de hacerlo [intentar frenar desahucios] porque es algo en lo que creo. Si no seguimos luchando, van a salirse con la suya”, advierte, a la espera de un proceso por resistencia y atentado contra la autoridad en el marco de un altercado con la policía durante la manifestación por el derecho a la vivienda del pasado 5 de abril. “Las organizaciones no nos equivocábamos cuando alertábamos del impacto en Derechos Humanos que podía tener esa ley [mordaza]”, afirma el investigador de Amnistía Internacional, que señala tanto el impacto negativo de las multas como “las narrativas que han permeado en la sociedad y por una impunidad de las actuaciones policiales arbitrarias”. Por ejemplo, ¿se puede grabar o no a los agentes? “Pensar que no se puede tiene que ver con esa ley, pero cuando el Constitucional dijo que sí, empezaron a pedir la documentación por si ven las imágenes publicadas o te sancionan en esa interlocución por preguntar por qué te piden la identificación”, explica Canales, que ha documentado casos de movimientos por el derecho a la vivienda en el que los activistas han sido multados en el marco de acciones pacíficas. Israel, de 44 años, acumula cinco multas por la Ley Mordaza y está acusado de resistencia y atentado contra la autoridad Una derogación “paralizada” El marco legal actual es heredero del Gobierno de Mariano Rajoy, en un contexto de fuerte contestación social en las calles, antes la políticas de recortes, las decenas de miles de desahucios que provocó la crisis financiera e inmobiliaria o los escándalos de la monarquía. “Aquellas reformas partían de la filosofía de que el ciudadano que protesta es el enemigo, algo totalmente preocupante, porque si la protesta es pacífica es positiva para una sociedad democrática y pluralista”, analiza el magistrado Joaquim Bosch, que recuerda que antes de la Ley Mordaza, “no había presunción de veracidad de los agentes, regía el principio de presunción de inocencia, se tenía que practicar un juicio y las multas las imponían los jueces y eran proporcionales”. Para el juez, “es realmente llamativo que una regulación tan restrictiva de libertades siga vigente 10 años después, pese a tantas promesas de derogación”. Este era un compromiso ya en el programa electoral del PSOE para las elecciones generales de 2019, pero seis años después sigue en vigor. En 2023, ERC y Bildu tumbaron un intento de derogación al considerar que los cambios pactados por PSOE, Unidas Podemos y PNV eran “insuficientes”. El pasado mes de julio, Yolanda Díaz anunció un acuerdo con el PSOE para derogar una parte de la norma, pero un año después los socios del Ejecutivo piden que se acelere porque sigue atascado en el Congreso. En el horizonte, las organizaciones tienen el décimo aniversario de la entrada en vigor de la norma, en julio. “Hace unos meses, durante el aniversario de la aprobación, pensamos que no iba a ser posible [llegar a los 10 años], que habría un acelerón y se tramitaría su derogación de forma rápida, pero nos encontramos con el bochorno para el Gobierno de que continuemos con ella parada en el Congreso, con la ponencia sin convocar y con negociaciones no demasiado transparentes”, lamenta Fernández, que pide que “se derogue, pero que se derogue bien”. “Hay pequeños avances, pero también cosas bizarras, como la posibilidad de pedir disculpas ante la policía para retirar una sanción”, añade. Desde 2016, se han puesto unas 20.000 multas al mes con la ley mordaza y se han recaudado unos 1.000 millones de euros, de los que cerca de 250 fueron por desobediencia o resistencia a la autoridad y otros 60 por faltas de respeto a miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o por causar desórdenes en espacios públicos u obstaculizar la vía pública. Aunque el efecto disuasorio está ahí, desde Amnistía Internacional celebran que “afortunadamente, muchos de estos movimientos, por su trayectoria y ayuda han podido seguir ejerciendo esta labor tan importante y loable, pero si genera un desgaste a nivel individual”, explica Canales. Por ejemplo, en Zaragoza cuentan con una pequeña caja de resistencia e Israel explica que en su caso alguna se han pagado con esta fórmula y otras se han recurrido. Pero el apoyo no es solo económico. Naiara lo explica: “Aunque condicione mi día a día, lo que me hace tirar para adelante es que cada martes tenemos Asamblea, nos invitan a otras ciudades, a actos... y vemos que no estamos solas, que no está todo perdido. El impulso, la solidaridad y el apoyo hace que, lejos de amedrentarnos, estemos más fuertes”.

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