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Claves del proceso que ha acabado con la condena a prisión de la expresidenta argentina Cristina Fernández

Claves del proceso que ha acabado con la condena a prisión de la expresidenta argentina Cristina Fernández
La Corte Suprema ratificó la condena a prisión contra la expresidenta de Argentina por una causa que algunos acusan de parcialLa Corte Suprema argentina ratifica la condena a seis años de prisión contra Cristina Fernández “La bala no salió pero el fallo sí”, dijo la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner tras conocer la decisión de la Corte Suprema de ratificar su condena y recordar la portada del diario Clarín cuando sufrió el intento de magnicidio, en 2022. Entonces el titular anticipaba: “Cristina, entre la bala que no salió y el fallo que sí saldrá”. La expresidenta está condenada a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarse probadas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas en la provincia sureña de Santa Cruz. La causa Vialidad por la que se le ha dictado sentencia transcurrió bajo la sombra de unos tribunales cuestionados por parciales. “La condena es la pieza más bochornosa de la historia judicial argentina porque contradice todas las normas que están garantizadas por el ordenamiento jurídico, violentan toda legalidad y ponen en juego el Estado de Derecho”, ha dicho el jurista Matías Bailone, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires, en declaraciones a la Agencia EFE, en las que critica “la forma en la que fueron concatenando hechos sin prueba alguna de cargo” durante el proceso. En una suerte de vigilia, los seguidores de la líder peronista se concentraron a las afueras de su vivienda en el barrio porteño de Constitución, donde solicitó cumplir su condena bajo la prisión domiciliaria. Por su parte, el expresidente Mauricio Macri y el Gobierno del actual mandatario ultraderechista, Javier Milei, han celebrado la ratificación de la condena. La ‘causa Vialidad’ investigó supuestas irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz a empresas del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández (2003-2015). La denuncia la puso en marcha en 2016 el interventor en Vialidad, Javier Iguacel, funcionario del Gobierno del conservador Mauricio Macri. La auditoría fue hecha por dos ingenieros y un contable. El dictamen fue contundente. Entre lo pagado y lo construido “no hubo diferencias significativas”, apenas el 0,6% que consistía en la falta de terminación de una rotonda. Pese a ello, Iguacel adujo que Lázaro Báez se benefició porque ganó 51 de las 81 licitaciones de tramos. La abogada Graciana Peñafort, y también legisladora por Unión por la Patria (peronismo), sostiene que el juez federal Julián Ercolini, quien instruyó la causa, arrancó mal desde el principio. “El juez se olvidó que había habido una denuncia que él había mandado a investigar a Santa Cruz, la causa era contra Néstor Kirchner, Lázaro Báez y Julio De Vido. No llegaba a Cristina Fernández. Los tres fueron absueltos. Dos años después, Ercolini es el instructor de la causa, o sea, no se puede perseguir dos veces a la misma persona por la misma denuncia”, dice a elDiario.es. Un proceso de nueve años En diciembre de 2016, Ercolini procesó a Cristina Fernández, Lázaro Báez, Julio De Vido y José López, y otros funcionarios, por delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La vicepresidenta Cristina Fernández asiste durante el cierre del III Foro Mundial de Derechos Humanos, que se celebra esta semana en Buenos Aires (Argentina). EFE/Prensa Cristina Fernández En 2019, comenzó el juicio oral en el Tribunal Oral Federal Número 2, integrado por los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. El proceso comenzó sin pericias que acreditaran los supuestos sobreprecios. Cristina Fernández no fue mencionada en un solo chat, ni un correo electrónico que la vinculara con la construcción de las rutas en Santa Cruz. Los tramos fueron licitados, adjudicados y pagados en esa provincia, con fondos del Presupuesto Nacional votados por diputados y senadores. El control de las obras lo ejerció Vialidad Nacional, un ente autárquico, y la auditoría demostró que las obras estaban bien hechas y no se pagó nada que no se hubiera construido. A lo largo del juicio, declararon numerosos empresarios de la construcción. Todos coincidieron en que era lógico que Báez ganara licitaciones porque podía imponer valores más bajos dado que tenía la maquinaria y los empleados en Santa Cruz. El tribunal designó como perito oficial a Eloy Bona, un ingeniero que había tuiteado reiteradamente contra Cristina Fernández. La defensa lo objetó por parcial, pero el tribunal rechazó los cuestionamientos. Los dos peritos oficiales no se pusieron de acuerdo en cómo evaluar el valor de las obras. Entonces el tribunal hizo su propio peritaje. “Cuando se hicieron las pericias finalmente, a los jueces no le gustaron y tomaron un pedacito de una pericia, un pedacito de otra”, dice Peñafort, exabogada de Cristina Fernández. “Y te voy a decir algo, yo soy abogada, de construcción de caminos, no sé nada. Y si estos jueces saben de construcción de caminos, son unos abogados muy raros”. La acusación a cargo del fiscal Diego Luciani no logró encontrar ningún indicio de depósitos bancarios, empresas o propiedades vinculados al matrimonio Kirchner, tampoco en manos de testaferros, que reflejaran un retorno por los negocios otorgados. Condena de seis años La dos veces presidenta y exvicepresidenta fue condenada en 2022 por el Tribunal Oral Federal Número 2 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta. “Me condenan por un delito que, como presidenta, nunca pude haber cometido: el de administración fraudulenta en obras viales, aprobadas por el Parlamento en los presupuestos nacionales, licitadas, ejecutadas y pagadas por el gobierno de la Provincia de Santa Cruz y aprobada su rendición de cuentas por la Auditoria General de la Nación y el Congreso de la Nación desde 2003 al 2015”, sostuvo entonces la líder peronista. Peñafort agrega: “A Cristina la condenan porque dicen que ella no podía no saber. Es un primer punto grave. Lo segundo, es las cosas que el fiscal consideró probadas sin presentar pruebas. Te doy un ejemplo paradigmático: el fiscal dio por probada una reunión entre Cristina y Lázaro, pero Cristina acreditó que ese día había estado en otro lado”. Lázaro Báez, empresario amigo de Néstor Kirchner, bajo la acusación de partícipe necesario de administración fraudulenta, fue condenado a seis años de prisión. Pasó de ser un directivo del Banco de Santa Cruz a convertirse en el principal contratista de Santa Cruz en el mismo momento en que Néstor Kirchner asumía la presidencia en 2003. Vínculos con Macri En noviembre pasado, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena y la defensa de la expresidenta presentó recursos ante la Corte Suprema. En dicha presentación, el 31 de marzo de este año, los abogados Carlos Alberto Beraldi y Ari Llernovoy señalaron, entre las irregularidades, la parcialidad de los jueces y fiscales. En el texto, recordaron que jueces y fiscales jugaban al fútbol y al tenis en la residencia presidencial de la Quinta de Olivos con el entonces presidente conservador Mauricio Macri. En el largo proceso judicial, el juez Jorge Gorini y el fiscal Luciani fueron fotografiados jugando al fútbol en la quinta de Macri, Los Abrojos, según reveló el diario Página/12. Las apelaciones corrieron por cuenta del juez de la Cámara Federal de Casación Mariano Borinsky, quien fue a jugar al tenis 16 veces con Macri a la Quinta de Olivos y Gustavo Hornos, visitante del expresidente en la Casa Rosada. La Corte Suprema dijo este martes que esos vínculos con el denunciante –el Gobierno de Macri– no son suficientes para hablar de pérdida de la imparcialidad. A todo esto, Página12 desveló el encuentro en octubre de 2022 entre magistrados, fiscales, políticos del macrismo y el Grupo Clarín en la mansión del británico Joe Lewis en Lago Escondido, en la Patagonia. Entre los jueces estaba Julián Ercolini. En la condena del Tribunal Oral se consideró una prueba clave el decreto 54/2009 que habilitó a Vialidad Nacional a pagar las obras con los fondos de un fideicomiso formado en base a una tasa en la venta de gasoil. El argumento fue que con ese decreto se le pagó a Báez. En realidad, el 54/2009 sigue vigente hasta hoy y los fondos se aplicaron –y aplican– al pago de obras en todo el país. Durante los tres años del juicio, el argumento del decreto ni siquiera se esbozó. Ahora la Corte Suprema sostiene que es una prueba de la participación directa de Cristina Fernández en los hechos. El juez Gorini fijó cinco días hábiles para que la expresidenta se presente ante los tribunales. Ese plazo se cumple el miércoles que viene, ya que el lunes es festivo en el país. La defensa de la líder peronista intenta que los trámites previos a la ejecución de la condena se hagan por zoom de cara a un arresto domiciliario –su presencia en el tribunal puede gestar una movilización masiva–. Agotadas las instancias en Argentina, apelará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
eldiario
hace alrededor de 20 horas
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