"Es la ley de la selva": las elecciones de Portugal vuelven a fiar al mercado la solución de la crisis de la vivienda

El turismo, la especulación inmobiliaria y la falta de soluciones políticas llevan al extremo los problemas para conseguir alojamiento en el país vecino, donde los salarios bajos impiden hacer frente a unas rentas en constante alza, mientras los movimientos sociales se preparan para pelear cambios: "Es imposible pagar el alquiler"La Mouraria de Lisboa, el barrio de migrantes señalado por la ultraderecha: “Han enfrentado a pobres contra pobres” Al paseante que deambule despistado por Lisboa entre los clásicos barrios de Santos y Misericordia le puede invadir una sensación de artificialidad de apeadero, de sentirse no en Portugal, sino en un lugar impersonal y ajeno, a pesar de estar en el meollo de la capital atlántica. Ocurre al echar un vistazo a los escaparates: un bar de “tapas”; un restaurante de “tacos”; una tienda de muebles de inspiración danesa; una cafetería, en uno de los países de Europa que más valora el buen café, con reclamo en inglés y referencia a la música grunge. Lo más portugués en 500 metros, entre el sonido de las ruedas de maletas y los carricoches, es el hotel propiedad del futbolista Cristiano Ronaldo, que se llama, no obstante, CR7 corner bistro & bar. La turistificación masiva de Portugal (el país recibió más de 30 millones de visitantes en 2024) ha transformado en las últimas décadas, en progresión geométrica, el semblante de sus principales ciudades, para el gusto del turismo de masas y de los nuevos residentes —grandes inversores, nómadas digitales—. Algunos barrios del centro de Lisboa tienen porcentajes de vivienda turística superiores al 60% y la débil regulación para evitar la expulsión de los habitantes apenas se aplica. Oporto al norte y Albufeira, en el Algarve de las grandes playas, sufren fenómenos similares. “El salario mínimo es de 870 euros y hay 2,5 millones de personas que ganan 1.000, que es lo que cuesta un piso de una habitación en Lisboa. ¿Quién va a pagar esas rentas? Es imposible”, protesta Andreia Sousa, activista del Movimiento Porta a Porta [Puerta a puerta], que busca forzar al Gobierno a limitar el precio de los alquileres, dentro de una batería de medidas de urgencia para poner coto al problema, considerado uno de los más acuciantes por los portugueses. El efecto de la turistificación sobre la vivienda es el más visible, pero no es el único. Larga es la sombra de la ministra conservadora Assunção Cristas, que en 2012 dio nombre a una ley muy impopular que conllevó la desregulación del mercado de la vivienda. Con la resaca de la intervención en el país de la troika (Unión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) se aprobaron medidas como la de los vistos gold (visados de oro) que permitieron a los inversores extranjeros lograr el permiso de residencia previo pago de una inversión inmobiliaria de 500.000 euros. El Gobierno socialista de António Costa —que también fue alcalde lisboeta de 2007 a 2015— corrigió algunos de los desmanes, presionado por la protesta ciudadana, pero la crisis no amaina. “No existe fiscalización”, critica Sousa, que señala que el mercado del arrendamiento es la ley de la selva, con contratos que se renuevan año a año y sin límites a las subidas. Por no hablar del problema de los propietarios con hipoteca a interés variable, cuyas cuotas mensuales han subido hasta casi triplicar su valor. “Esos beneficios bancarios deberían servir para pagar los créditos, porque hay familias que tienen que escoger entre pagar la renta o comer, personas mayores que tienen que escoger entre pagar la renta o comprar los medicamentos”, señala. El 56% de las mujeres que cobraban pensiones de vejez en 2023 ingresaban cantidades entre 300 y 600 euros, por el 35% de los hombres, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Si se incluye a los que cobran hasta 1.000 euros, la proporción ronda el 75% para los dos sexos. Andreia Sousa, activista del movimiento portugués por la vivienda Porta a Porta. La situación es especialmente penosa para los trabajadores migrantes, cuyo número ha aumentado acusadamente en los últimos años. Portugal cerró 2024 con más de 1,5 millones de residentes extranjeros, lo que supone cuatro veces más que en 2017, según un informe de la Agencia de Integración, Migración y Asilo (AIMA). La asociación Renovar a Mouraria, que desde 2008 se ha esforzado por revitalizar este barrio histórico bajo el castillo de São Jorge, se encuentra ahora con que el área vuelve a languidecer por la cantidad disparada de casas vacías en manos de dueños adinerados. Y mientras tanto, los humildes nuevos vecinos extranjeros, muchos venidos del Indostán, se apiñan en pisos compartidos de hasta 10 inquilinos. “He visto a algunos propietarios cobrar fianzas de hasta 12 meses. La gente viene a preguntarme si es legal”, asegura Yuri Ataides, técnico jurídico de la asociación. “[Hace poco] atendí a una familia a la que habían echado de cuatro pisos, aunque pagaba a tiempo. Están dos meses y los echan”, censura la asistente social Rita Castro. Las recetas de la extrema derecha: más de lo mismo La activista de Porta a Porta incide en otro hecho: Portugal es el país de la Unión Europea con menor porcentaje de vivienda pública: solo el 2%, por debajo del ya raquítico 2,5% español. Ante esta situación, el gran vencedor de las elecciones, el ultraderechista André Ventura, del partido Chega, pone el punto de mira en el humilde y, veladamente, en su principal cabeza de turco de los males de la sociedad: el gitano. “Aquel que tiene una casa pagada por el Estado, pero tiene un BMW o un Mercedes en la puerta de esa misma casa pública”, lanzó, alimentando un prejuicio muy asentado en grandes capas de la población lusa. “El Estado es el mayor y el peor propietario del país”, opone Sousa. “Actualmente hay en Lisboa cerca de 48.000 casas vacías y devolutas [desocupadas durante al menos un año], y 723.000 en todo el país, mientras que faltan 160.000 viviendas”, indica. Las propuestas de Chega han calado más que las de la izquierda parlamentaria, que se las vio y las deseó para convencer a los electores de que el Estado debe ser el garante y no la cortapisa para el acceso a la vivienda. “El voto al Bloco [de Esquerda] baja el alquiler”, insistían los carteles electorales de la formación, colgados en los puentes de Lisboa durante la campaña electoral, pero que no resultaron convincentes: el Bloco estuvo punto de quedarse sin representación en la Asamblea de la República. Un edificio de Lisboa con varios anuncios de alquiler de pisos. El Partido Comunista, que proponía, en la misma línea, un plan de choque público sobre la cuestión, tampoco logró mejorar sus resultados, La formación Livre, con menor solera, recogió parte de ese voto de izquierda, pero es la extrema derecha la que ha capitalizado el descontento. El profesor Jose Guedes, que imparte clases en un instituto en Vila Real, en el Algarve, uno de los distritos con más apoyo a Chega, cree que la población, y en particular los jóvenes, “compran las verdades fáciles” del discurso extremista. También señala la dificultad de hacer frente a los “muy poderosos lobbies de la construcción civil” lo que, en su opinión, explica en parte que el PS no acometiese cambios de calado en su día. “Tuvo la oportunidad de hacer reformas, pero se centró en el corto plazo”, señala. Futuro incierto y presión popular El resultado incierto de las elecciones de mayo, en el que Alianza Democrática —coalición de la derecha conservadora tradicional— y la ultraderecha de Chega fueron los más votados, pero son reacios a un acuerdo de gobierno, no permite anticipar una mayor voluntad política de embridar el problema. Al contrario, colea aún una propuesta del Gobierno de 2024 para reintroducir los visados para extranjeros adinerados, esta vez con el adjetivo de “solidarios”, que permitirían acceder a la residencia con inversiones de al menos 250.000 euros destinadas a equipamientos e infraestructuras de apoyo a inmigrantes en dificultades. “La derecha insiste en el argumento de que así crece la economía y se genera empleo. ¿Pero quién gana dinero con esto? Los fondos de inversión inmobiliaria, las grandes cadenas hoteleras. Y el empleo que generan es precario, de salario mínimo, muchas veces sin contrato. ¿Así es cómo queremos que crezca la economía?”, pregunta Sousa. Ante este panorama, el horizonte de resistencia pasa por los movimientos sociales, según opina la activista, que recuerda que ya la tímida regulación introducida por el PS en 2023 se debió en gran medida a la presión popular, articulada en colectivos como el propio Porta a Porta o la más amplia Plataforma Casa para Vivir. Con el nuevo Ejecutivo todavía por conformarse, ya anuncian batalla: la próxima manifestación nacional está prevista para el 28 de junio.

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