La ofensiva de Trump contra jueces, migrantes, universidades y la libertad de expresión amenaza el Estado de Derecho en EEUU

El presidente de EEUU acosa a Harvard, deporta sin garantías judiciales, persigue la protesta, fiscaliza las redes sociales y ataca a todo juez que no le siga la corriente, incluso los que han sido nombrados por él mismoEl caos que deja Elon Musk y su polémico departamento a su salida del Gobierno de EEUU Opinión - 'Desde EEUU, contra el relato oficial', por Ignacio Escolar “Está en una misión encomendada por Dios, y nadie podrá parar lo que está por venir”. El propio Donald Trump movió en Truth Social una foto suya con esa leyenda. Ya lo dijo cuando sufrió el atentado en verano: Dios le había librado de la muerte para llevar a cabo una misión. ¿Si eres un delegado de Dios en la tierra, qué puede significar para ti un juez federal, una universidad de élite, un mexicano sin papeles o un periódico? ¿Cómo puedes consentir que un modesto tribunal civil de Comercio Internacional te diga que tus aranceles firmados en un pomposo Día de la Liberación son ilegales por no haber pasado por un procedimiento legislativo? Y eso es lo que está ocurriendo en estos cuatro meses de presidencia de Donald Trump, desde su regreso a la Casa Blanca el pasado 20 de enero. “Como han demostrado los acontecimientos recientes, [el Estado de derecho] no se sostiene por sí solo. Es un principio que requiere que los actores gubernamentales, la sociedad civil y los ciudadanos individuales lo defiendan”, afirma Sarah Wald, profesora adjunta de políticas públicas en Harvard. “Desde el primer día de su segundo mandato, el presidente ha socavado la Constitución y ha hecho que los estadounidenses se sientan menos seguros. Desde el despido de funcionarios públicos hasta la disolución de agencias federales y la sustracción del dinero de los contribuyentes a nuestras comunidades, la Administración ha violado la ley una y otra vez. El restablecimiento de la ley y el orden empieza por respetar el propio Estado de Derecho y el carácter sagrado de nuestra Constitución. Esta Administración no lo ha hecho desde el primer día”, afirma la congresista demócrata por Nueva York y miembro de la Subcomisión de Comercio, Justicia, Ciencia y Agencias Relacionadas Grace Meng. Hasta tal punto es así, hasta tal punto la Administración Trump se cree por encima del bien y del mal, que Stephen Miller, Jefe Adjunto de Gabinete para Política y Asesor de Seguridad Nacional, calificó de “golpe judicial sin control” el fallo del Tribunal de Comercio Internacional. “¿De dónde salen estos tres jueces iniciales? ¿Cómo es posible que hayan causado un daño potencial tan grave a Estados Unidos? ¿Es simplemente odio hacia ‘TRUMP’? ¿Qué otra razón podría haber?”, dijo a su vez el presidente de EEUU sin ocultar su enfado. En efecto, de repente, el matón del patio de colegio ve amenazada su principal arma tras la decisión del Tribunal de Comercio Internacional, con sede en Nueva York. Y por eso, ha corrido a llamar a la puerta del Tribunal Supremo en busca de un fallo favorable, donde cuenta con una holgada mayoría de seis jueces frente a tres. “Nuestro sistema basado en el Estado de derecho depende de jueces independientes, de mecanismos de resolución de conflictos aislados de la política y de abogados que representen de forma responsable y decidida a ambas partes en cualquier disputa”, reflexiona David Sklansky, profesor de Derecho en Stanford y experto en derecho penal: “Y lo que estamos viendo son ataques a este componente legal, tanto a través de agresiones a los despachos de abogados —que parecen tener como objetivo eliminar la posibilidad de que se defiendan en los tribunales posturas contrarias a la administración— como mediante ataques al Departamento de Justicia. Estamos viendo ataques a los tribunales, que adoptan varias formas. En primer lugar, hay ataques directos a los jueces y ha habido llamados a destituir o inhabilitar a prácticamente todos los jueces que han dictado sentencias contrarias a la administración en distintos casos. También hay ataques a los tribunales a través de intentos por marginarlos, por impedir que tengan capacidad de decisión en ciertos casos, acelerando los procedimientos o generando hechos consumados que luego resultan difíciles de revertir judicialmente”. El presidente de EEUU, que ha comparado su país con unos grandes almacenes con libertad para fijar precios mediante aranceles caprichosos, cambiantes y sin fundamento, lleva tiempo mezclando conceptos económicos, confundiendo balanzas comerciales con impuestos y asociando la política comercial con la migración irregular, el tráfico de fentanilo o la regulación europea de las plataformas digitales estadounidenses para combatir los bulos, la desinformación y el discurso de odio. Donald Trump tiene la capacidad de meterlo todo en la misma coctelera, agitarla y servir una bebida imposible de tragar. Además, cada semana pueden cambiar los ingredientes. El presidente de EEUU ha estado alterando las cifras de los aranceles, elevándolas en el caso de China para rebajarlas pocos días después, mientras las volvía a disparar con Europa. Con sus vecinos, México y Canadá, logró acuerdos para reforzar las fronteras, que parece ser su principal objetivo, toda vez que una de las piezas clave de su agenda ultraconservadora consiste en deportar migrantes sin garantías judiciales a macrocárceles en El Salvador, donde se vulneran sistemáticamente los derechos civiles básicos. El cuestionamiento judicial al llamado “Día de la Liberación” —nombre con el que Trump bautizó el 2 de abril, día en que aprobó aranceles generalizados para todo el planeta, incluidos territorios solo habitados por pingüinos— supone el mayor revés político para el presidente, ya que afecta a su principal táctica: usar el comercio como herramienta para frenar la migración, asegurar deportaciones en terceros países o castigar a las empresas europeas por sus regulaciones. Por eso, la Casa Blanca anunció este jueves que será el Tribunal Supremo quien tenga la última palabra sobre el fallo de estos “jueces activistas”. De hecho, la portavoz Karoline Leavitt no escatimó ataques contra el poder judicial. “La Administración Trump se enfrenta a otro ejemplo de extralimitación judicial”, dijo este jueves Leavitt: “Tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional abusaron descaradamente de su poder para usurpar la autoridad del presidente Trump e impedirle cumplir el mandato otorgado por el pueblo estadounidense. En última instancia, debe ser el Tribunal Supremo quien ponga fin a esta situación, por el bien de nuestra Constitución y de nuestro país”. Por contra, Akhil Reed Amar, profesor de la Facultad de Derecho de Yale, decía en The New York Times que el panorama era el de una administración “orgullosamente sin ley y contraria a la ley”. El peligro, añadía, “es que Trump es la persona más poderosa del mundo, y no parece ser muy bueno conteniéndose”. Chantaje a varias bandas En todos los casos, el chantaje ha sido complementado por el Departamento de Estado. En efecto, Marco Rubio ha pasado las últimas horas anunciando restricciones de visado para dos bloques con los que EEUU mantiene disputas comerciales: China y la Unión Europea. Por un lado, afirmó que, “bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Estado trabajará junto con el Departamento de Seguridad Nacional para revocar de manera agresiva los visados de estudiantes chinos, incluidos aquellos con vínculos con el Partido Comunista Chino o que estudien en sectores estratégicos”. “Asimismo”, añadió Rubio, “se revisarán los criterios de concesión de visados para aumentar el nivel de escrutinio en todas las futuras solicitudes procedentes de la República Popular China y Hong Kong”. Ese mismo miércoles, Rubio anunció nuevas restricciones de entrada a Estados Unidos que afectarían a personas implicadas en la supuesta “persecución de ciudadanos y empresas estadounidenses”. Más allá de las críticas tradicionales de Washington a China, Rusia, Irán, Cuba o Venezuela, la Administración Trump ha ampliado últimamente sus reproches a países europeos, en plena negociación comercial con la UE. En una nota difundida por el Departamento de Estado y firmada por el propio Rubio, se afirma: “En algunos casos, funcionarios extranjeros han llevado a cabo acciones de censura flagrantes contra empresas tecnológicas estadounidenses y contra ciudadanos o residentes de EEUU, sin tener autoridad alguna para hacerlo. Es inaceptable que funcionarios extranjeros emitan —o amenacen con emitir— órdenes de arresto contra ciudadanos o residentes estadounidenses por publicaciones realizadas en redes sociales, mientras se encuentran físicamente en territorio estadounidense. Igualmente, es inaceptable que esos funcionarios exijan a las plataformas tecnológicas estadounidenses aplicar políticas de moderación de contenidos a nivel global o que participen en actividades de censura que exceden su jurisdicción e invaden la nuestra”. Trabas a estudiantes extranjeros La Administración Trump quiere que Harvard rebaje a la mitad sus alumnos extranjeros, pero también quiere ejercer mayor control sobre lo que allí se enseña y sobre el comportamiento de los universitarios. En particular, lo que se refiere a las protestas contra el genocidio en Gaza. “Hemos puesto en marcha una nueva política de visados que impide la entrada al país de extranjeros que vengan a sembrar odio contra nuestra comunidad judía. Estamos exigiendo responsabilidades a organizaciones internacionales y países por su retórica contra Israel, que luego reaparece en los manifiestos de asesinos como el de Yaron y Sarah”, ha dicho Marco Rubio. Y todo eso en el momento en el que Trump está quiere exigir a todos los estudiantes extranjeros que soliciten estudiar en Estados Unidos que se sometan a un control de sus redes sociales, un requisito que va mucho más lejos de lo solicitado hasta ahora, según un cable diplomático al que ha tenido acceso Politico. Con vistas a aplicar este nuevo requisito, la Administración Trump está ordenando a las embajadas y secciones consulares de EEUU que congelen las entrevistas para nuevos solicitantes de este tipo de visado estudiantil, según el cable fechado el martes y firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, citado por Politico. “Con efecto inmediato, y en preparación para una ampliación del control y evaluación obligatoria de redes sociales, las secciones consulares no deben añadir ninguna agenda adicional para citas de visado de estudiante o visitante de intercambio (F, M y J) hasta que se emita una nueva instrucción por telegrama separado, lo cual anticipamos en los próximos días”, indica el cable.

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