Multiplicar por cuatro el precio del pasaporte: la propuesta de los diplomáticos ante la falta de financiación en consulados

La Asociación de Diplomáticos Españoles plantea aumentar a 116 euros el precio de cada documento de viaje en lugar de los 30 euros actuales (un 286% más) para equiparar las tasas con las de Italia y poner coto a los problemas de personal e infraestructuras de la red consular El Estado gasta 24 millones en alquileres para embajadas y residencias diplomáticas en el extranjero Hace años que el servicio exterior denuncia una carencia de financiación de la red consular de España, pero los diplomáticos temen ahora no dar abasto, entre el aumento del número de españoles en el exterior —900.000 a principios de siglo, más de tres millones en la actualidad— y la avalancha prevista de solicitudes de nacionalidad en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, que permitirá el acceso a descendientes de exiliados republicanos. Hace falta tanto personal como simple espacio físico en las oficinas para dar servicio. Pero como la asignación en los presupuestos generales no aumenta, la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) propone una solución creativa: subir el precio de las tasas por los trámites consulares y quedarse con una parte. De aplicarse la iniciativa, el coste de un pasaporte, que está fijado en 30 euros, podría multiplicarse casi por cuatro. “Solo es una de las alternativas”, defiende el presidente de ADE, Alberto Virella, que remite al documento de propuesta de financiación de la red consular, en el cual se define el estado de esta como “lamentable”. Pero es el propio texto el que señala como “solución más realista y de más fácil ejecución” el aumento de las tasas, del que pone ejemplos comparados: si en Portugal un pasaporte cuesta 75 euros (un 150% más) y en Italia 116 (un 286% sobre el precio actual), equiparar la tasa que cobra España con la de uno de estos dos países reportaría anualmente 17,4 millones de euros o 33,2 millones, respectivamente. La ADE cuenta entre sus afiliados a seis de cada 10 diplomáticos de carrera, según Virella. De naturaleza sindical, está presente en la junta de personal del servicio exterior (como parte de Fedeca) junto a CSIF y CCOO. En la central obrerista se han llevado las manos a la cabeza con la propuesta. “El servicio exterior no puede sostenerse cobrando a quienes menos tienen”, opone Osmany Llanes, secretario general de la sección sindical de CCOO en el departamento. “Y menos aún en un contexto de precariedad creciente, de inflación global, de deterioro de los servicios públicos. Es extremadamente injusto que se quiera trasladar esto a la ciudadanía española en el exterior”, insiste. Llanes coincide con Virella, no obstante, en que existe una “dejación de funciones” de la Administración por “ignorar” durante décadas la infrafinanciación de la red, pero afea que ADE pretenda “mercantilizar los servicios consulares”, lo que denota una visión “elitista”. “Hemos visto que otros actores protestan, y yo lo entiendo perfectamente, [porque] se haga cargar a ciudadanos españoles con un aumento del coste de los servicios, pero las tasas se aplican a españoles y no españoles”, matiza Virella. También insiste en que el informe presenta otras alternativas para incrementar los ingresos; por ejemplo, abrir consulados en países con amplia demanda turística, o bien cobrar un extra por los visados nacionales (de trabajo y de estudios) a extracomunitarios. Subiendo tasas en este capítulo y el de las legalizaciones de documentos se podrían lograr unos 11 millones anuales. Pero esta cantidad está lejos de los montantes que reportarían las subidas de los pasaportes, según los propios cálculos de la ADE. Aumento de servicios sin aumento de recursos “La primera alternativa que damos en el informe [es] destinar recursos de los presupuestos generales del Estado [... Pero] todos sabemos que los recursos son limitados y hay muchas otras necesidades”, reflexiona Virella, que insiste en que las carencias son muchas y lo serán aún más cuando la red asuma otras funciones. “Los servicios que deben prestar embajadas y consulados no paran de aumentar y es lógico que así sea. Por ejemplo, desde hace unos años también la atención a mujeres víctimas de violencia de género. Y, hace aproximadamente un mes, el Gobierno también acordó que se expedirá el DNI a españoles en el exterior. Aumentan los servicios, que me parece muy bien, pero no aumentan los recursos humanos para prestarlos. Y yo creo que para todo el mundo esto es un problema”, defiende. Llanes, de CCOO, cree que corresponde al Gobierno implicarse y rechaza de plano el incremento de precios: “Esto es precarizar completamente el servicio exterior. Aquí la Administración tiene que mojarse y asumir la responsabilidad que le corresponde. Invertir en toda la red de edificios que tiene en el exterior, que es bastante extensa. Se están haciendo esfuerzos, no quiero decir que el Ministerio no sea consciente del problema, lo que pasa es que no tiene recursos suficientes. Función Pública y Hacienda fundamentalmente no son conscientes de esta necesidad”, denuncia. Tampoco es que haya una fotografía clara de las necesidades. “La ley de acción exterior y servicio exterior de 2014 establece que deben elaborarse a los seis meses de su entrada en vigor y después cada dos años informes sobre el estado de los recursos y medios que tiene [...]. No se ha hecho ninguno”, critica Virella. Un portavoz señala que el Ministerio de Asuntos Exteriores rechaza la propuesta de ADE, en línea con el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) —organismo de representación de las comunidades en el extranjero cuyo presidente elige el Ministerio de Migraciones—, que “se ha opuesto con firmeza” a la iniciativa. El CGCEE plantea, entre otros motivos, que subir tasas podría reducir los registros consulares y fomentar la inequidad. “Medidas como la propuesta podrían tener un efecto disuasorio sobre la inscripción consular y la realización de trámites consulares. Esto podría llevar a que parte de la ciudadanía opte por evitar gestiones en los consulados generales, bien postergándolas, bien realizándolas en España si tienen la posibilidad de viajar, lo que introduce una desigualdad basada en la capacidad económica y la movilidad”, alega en un comunicado. Virella indica, por su parte, que nadie del Gobierno ha acusado recibo del planteamiento, que sí ha tenido cierta acogida en las Cortes: “Entregamos este informe a la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados [...] el pasado 27 de mayo y les interesó porque la situación es realmente muy difícil, muy grave. Estamos hablando de listas de espera enormes. Por ejemplo, en el marco de la Ley de Memoria Democrática, hay 600.000 ciudadanos en Buenos Aires que quieren presentar su solicitud de adquisición de la nacional española. El consulado va a tardar décadas en tramitarlas”.

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