Por qué los países europeos están obligados a adoptar un embargo integral de armas frente al genocidio israelí en Gaza

La Corte de La Haya y la Convención sobre Genocidio piden "prevenir y sancionar" el genocidio e "impedir relaciones comerciales" que contribuyan a la ocupación israelí, lo que no solo afectaría al comercio de armas La UE revisará el acuerdo comercial con Israel ante la ofensiva de Netanyahu para destruir Gaza El Congreso español ha dado un primer paso para establecer un embargo integral de armamento, lo que supondría prohibir las exportaciones, importaciones y tránsitos que han seguido produciéndose en estos diecinueve meses de genocidio israelí en Gaza. La proposición de ley, impulsada por más de 500 organizaciones sociales y presentada por Sumar, Podemos y BNG, fue aprobada este martes también con los votos a favor de PSOE, ERC, EH Bildu, PNV y Junts. Ahora comienza un periodo de tramitación, que podrá prolongarse durante un tiempo indefinido, mientras las masacres, la ocupación ilegal y la limpieza étnica continúan en la Franja de Gaza. Un embargo integral es una medida de presión concreta y con efectos. Por eso, las organizaciones impulsoras de la proposición de ley vuelven a pedir, como han hecho en los meses de atrás, “un Real Decreto Ley que el Gobierno puede aprobar mañana mismo” para establecer el embargo integral de forma inmediata. “¿Qué le impide hacerlo?”, preguntan en un comunicado enviado este martes por la noche, en el que definen la votación de hoy en el Congreso como “un primer paso importante”, “pero no es una respuesta urgente al genocidio contra el pueblo palestino”. Desde octubre de 2023 hasta hoy, 52 relatores y relatoras de la ONU han solicitado sanciones y embargos a Israel, la Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado resoluciones en ese sentido y las Cortes de La Haya han emitido órdenes y dictámenes que establecen obligaciones para los Estados firmantes del Estatuto de Roma -todas las naciones de la UE lo son- e integrantes de Naciones Unidas. Qué pide a España la relatora de la ONU La relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, publicó ayer un mensaje en sus redes sociales en el que solicitaba al Congreso español “votar sí” a la proposición de ley que ahora comienza su andadura. En declaraciones a elDiario.es este martes, Albanese destaca que prohibir las importaciones, los tránsitos y las exportaciones de armamento a Israel “es precisamente lo que exige el cumplimiento del derecho internacional, incluida la Convención sobre el Genocidio y la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia”. Francesca Albanese lamenta que durante diecinueve meses Europa no haya adoptado ninguna medida para suspender sus relaciones preferenciales y alianzas con Israel, y señala que “varios gobiernos” no solo “son cómplices de los crímenes de Israel, sino que han llegado incluso a restringir las libertades fundamentales de sus propios ciudadanos” para “proteger a Israel de la rendición de cuentas”. La relatora también denuncia “la corrupción moral y cobardía que Europa ha demostrado”. Ante ello, respondiendo a preguntas de este medio sobre la propuesta para un embargo integral de armas, destaca el empuje del “pueblo español” y el papel que España puede desempeñar para “marcar una diferencia histórica”, como “un faro de esperanza” para “garantizar la rendición de cuentas que contribuya a detener el genocidio” y para “desmantelar la jaula de titanio de la ocupación permanente de Israel”. Corte Internacional de Justicia de La Haya, máximo tribunal de la ONU El dictamen de la Corte de La Haya La Corte Internacional de Justicia, en su dictamen del pasado mes de julio, solicita a los países medidas “para impedir las relaciones comerciales o de inversión que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en el Territorio Palestino Ocupado”. Esto significa tener que evitar las relaciones armamentísticas que a día de hoy los países europeos -incluido España- siguen mantiendo con Israel. Pero también supone la obligación de suspender las transacciones de todo tipo -no solo armamentísticas- con entidades o empresas que contribuyen a la ocupación ilegal israelí o hacen negocio en los Territorios Ocupados Palestinos, lo que incluye al Estado de Israel, máximo impulsor de esta ocupación ilegal. Al hilo de este dictamen, la Asamblea General de la ONU aprobó en septiembre una resolución de condena a la ocupación ilegal israelí y con la misma petición de la Corte de La Haya, para suspender “comercio e inversiones” que puedan contribuir a la ocupación de los territorios palestinos. Ciento veinticuatro naciones votaron a favor, entre ellas España, pero a día de hoy el Gobierno español mantiene relaciones comerciales y armamentísticas con empresas israelíes. Varios gobiernos europeos no solo "son cómplices de los crímenes de Israel, sino que han llegado incluso a restringir libertades fundamentales de sus propios ciudadanos Francesca Albanese, relatora de la ONU Tras la aprobación de esa resolución, España siguió formalizando o adjudicando contratos a empresas armamentísticas israelíes, al menos hasta abril de este año. También realizó una pequeña exportación, en enero de 2025, y varias importaciones de material militar desde Israel. La Corte Internacional de Justicia investiga la demanda por genocidio presentada por Sudáfrica contra Israel, hace más de un año. En el marco de la misma, la Corte emitió órdenes cautelares -en enero y mayo de 2024- en las que exigía a Israel el fin del bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, que estaba provocando hambre y enfermedades. El Gobierno israelí ignoró esas órdenes de forma sistemática y los países de la ONU, incluidos los europeos, no se movilizaron para obligarle a cumplirlas. Tampoco adoptaron medidas de ningún tipo para intentar evitar que las matanzas, la desnutrición y la destrucción continuaran. Qué indica la Convención sobre Genocidio La relatora de la ONU para Palestina, en su comentario sobre la necesidad de un embargo integral de armas, menciona la Convención sobre Genocidio porque en ella se establece el compromiso de los países firmantes -España lo es- de “prevenir y sancionar” el genocidio. Esta Convención incluye, en su Artículo III (e) la noción de “complicidad” como elemento que contribuye al crimen. “Prevenir y sancionar” significa tener que adoptar medidas para evitar que el genocidio se produzca o continúe, así como establecer sanciones a los autores del posible genocidio. En abril del pasado año ya había más de 30.000 personas muertas en Gaza por los ataques israelíes, y un nivel de devastación sin precedentes en la Franja, con bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria. Sin embargo, hasta ahora la Unión Europea mantiene su acuerdo preferencial de asociación comercial con Israel. Este martes, por primera vez, una mayoría de gobiernos europeos se han posicionado en favor de revisar este pacto. Gaza, esta semana La Corte Penal Internacional El otro Tribunal de La Haya, la Corte Penal Internacional, ha emitido órdenes de arresto por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad contra el primer ministro Benjamin Netanyahu, el exministro de Defensa israelí y tres líderes de Hamás, ya muertos. Todos los países de la Unión Europea son firmantes del Estatuto de Roma -Hungría inició recientemente trámites para su salida- y por ello están obligados a respetar y garantizar el cumplimiento de las órdenes que emita esta Corte Internacional. Sin embargo, varias naciones europeas -Francia, Alemania, Países Bajos, Italia o Austria, entre otras- han llegado a cuestionar el cumplimiento de esta orden de arresto contra Netanyahu, apelando a una presunta inmunidad del primer ministro israelí. Es más, el nuevo ministro de Exteriores alemán consideró oportuno reunirse con Netanyahu la pasada semana, al igual que el presidente de Alemania. La obligación de los firmantes del Estatuto de Roma llevó recientemente a una organización internacional a presentar una demanda ante la Corte de La Haya en la que acusan al expresidente Joe Biden y a otros dos integrantes de su equipo de complicidad con crímenes de guerra y de lesa humanidad israelíes en Gaza. Uno de los abogados de esa iniciativa, el estadounidense Reed Brody, señaló en marzo, en una entrevista en elDiario.es que, “según el artículo 25 del Estatuto de Roma, las personas que ayuden e inciten a cometer estos crímenes también pueden ser consideradas penalmente responsables”. Ante la Sudáfrica del apartheid, la campaña internacional de boicot, sanciones y desinversiones contribuyó a debilitar el régimen de Pretoria Otros compromisos El Tratado Internacional sobre Comercio de Armas prohíbe las transferencias de material militar a destinatarios que puedan usarlo para cometer crímenes de guerra como ataques a civiles, crímenes de lesa humanidad o genocidio, lo que sitúa a Israel en un destino no compatible con dicho Tratado. La Ley española 53/2007 establece pleno compromiso con dicho Tratado Internacional. La Posición Común europea 2008/944/PESC establece “criterios aplicables a los tránsitos de armamento”, indica el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid, Eduardo Melero, investigador del Centre Delàs de Estudios por la Paz. En las escalas o tránsitos se realizan transbordos de material o se suministra combustible e insumos a los barcos que transportan ese cargamento, lo que facilita su llegada a territorio israelí. Ejemplos pasados Ante la invasión rusa de territorio ucraniano en febrero de 2022, la Unión Europea y sus Estados miembros se movilizaron con rapidez para establecer sanciones, apoyaron con contundencia las órdenes de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, iniciaron la sustitución del gas ruso por el estadounidense, a un precio más caro, y expulsaron a Rusia de la UEFA y de Eurovisión. Ante la Sudáfrica del apartheid, la campaña internacional de boicot, sanciones y desinversiones, impulsada desde la sociedad civil, terminó contribuyendo a debilitar al régimen de Pretoria cuando se sumaron gobiernos y organizaciones internacionales. Sin embargo, ante la ocupación ilegal israelí, iniciada hace décadas y en plena extensión, Estados Unidos ha apoyado activamente a Tel Aviv y la Unión Europea y sus Estados miembros han mantenido relaciones preferenciales armamentísticas, comerciales y diplomáticas. El Centre Delàs de Estudios por la Paz y organizaciones que componen la Red contra la Ocupación de Palestina recuerdan que, desde octubre de 2023 hasta hoy, ha habido cientos de martes en los que el Gobierno español podría haber aprobado en Consejo de ministros un embargo integral, sin necesidad de pasar por el Congreso. Durante el último año y medio la relatora de Naciones Unidas ha repetido a todos los Estados miembros de la ONU que “Israel no detendrá esta locura hasta que nosotros hagamos que se detenga”. Lo volvía a decir en mayo de 2024, con 35.000 muertos en Gaza. Un año después, las relaciones diplomáticas y comerciales se mantienen. La UE se dispone, por primera vez, a revisar su acuerdo comercial de asociación con Israel, pero todavía no hay compromisos específicos para suspenderlo ya. En cuanto a las relaciones armamentísticas, España da los primeros pasos para establecer un embargo integral, pero de momento sigue siendo un anuncio que no alcanza aún la categoría de medida aplicable.

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