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El bloque progresista del Constitucional llega dividido a las deliberaciones sobre la ley Trans

El bloque progresista del Constitucional llega dividido a las deliberaciones sobre la ley Trans
El pleno tiene previsto abordar el debate con la ponencia de Juan Carlos Campo a favor de dar el visto bueno a la mayor parte de la norma pero con las reticencias de al menos dos magistradas de ese sector a la posibilidad de que menores de edad insten cambios en las referencias a su sexo en el Registro CivilUn año de la Ley Trans: “Hay mucho estigma, pero al final somos personas normales haciendo cosas normales” El pleno del Tribunal Constitucional tiene previsto abordar esta semana el recurso que el PP interpuso contra algunos artículos clave de la ley Trans. Un debate al que el sector progresista y mayoritario del tribunal llega dividido: la ponencia del exministro Juan Carlos Campo propone avalar buena parte de la ley, pero existe debate interno sobre la posibilidad que otorga la ley a que los menores de entre 12 a 16 años de edad rectifiquen la mención a su sexo en el Registro Civil. Sobre la mesa, tal y como explicó El País este fin de semana, está la posibilidad de que el debate tenga que retrararse a un pleno posterior. La ley Trans entró en vigor en el primer trimestre de 2023. Una norma impulsada por el Ministerio de Igualdad que dirigía entonces Irene Montero y que reconoce la autodeterminación de género pero cuyo carácter integral abarca también los casos de menores de entre 12 y 14 años de edad o la prohibición de las terapias de conversión. Su puesta en marcha abrió una brecha entre los socios del Gobierno de coalición y fue recurrida poco después por el Partido Popular y por Vox. La impugnación del partido de Alberto Núñez Feijóo abarcaba cinco artículos de la ley Trans. Entre ellos, los que posibilitan las “prácticas de modificación genital” en menores de edad de entre 12 y 16 años, los que facilitan que menores puedan soliticar el cambio de su mención registral asistidos por un representante legal y los que establecían como infracción administrativa, entre otras conductas, promover la discriminación en los libros de texto. El recurso de Vox abarcaba mucho más aspectos de la ley: casi 20 artículos y tres disposiciones finales. Desde la definición misma de identidad sexual hasta la prohibición de terapias de conversión pasando por la formación y educación en igualdad, hasta la posibilidad de que un menor cambie su mención en el Registro Civil. La división interna del sector progresista, según fuentes del organismo, responde a las reticencias de dos de sus magistradas a avalar algunos aspectos de la ley que, en la práctica, habilitan a los menores de entre 12 a 16 años de edad a instar la rectificación de la mención a su sexo en el Registro Civil, aspecto recurrido tanto por PP como por Vox. Estas mismas fuentes no dan por hecho que las deliberaciones no vayan a llegar a un acuerdo, pero dan por hecho que no habrá unanimidad progresista en torno a la propuesta de sentencia de Juan Carlos Campo.

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