En Canarias o Murcia no se iban a morir igual: su gestión de residencias en pandemia deja en evidencia el modelo Ayuso

Las autonomías con menos mortalidad, gobernadas tanto por el PP como por el PSOE, tampoco derivaban a hospitales de manera prioritaria a los mayores, pero sí los atendieron en centros intermedios, coordinaron a Sanidad con Asuntos Sociales, hicieron cribados masivos y vieron venir que sería "una masacre" si no se actuaba. Madrid los dejó sin hospital en lo peor de la Covid, pero también sin ningun refuerzo de atención sanitariaLas 7.291 muertes en residencias, el talón de Aquiles por el que pierden los papeles Ayuso y su jefe de gabinete “Había muertos en todas partes; en las casas, en los hospitales, en las residencias. Mucha gente mayor cuando acudía a los hospitales también fallecía”. La idea de que los ancianos de los centros de mayores de Madrid durante la pandemia no se iban a salvar en ningún sitio –que se ha convertido luego en el lema de “se iban a morir igual”– es de Isabel Díaz Ayuso y la formuló en un bronco pleno acechada por las preguntas de Más Madrid el pasado 15 de febrero. ¿Eran, entonces, insalvables los más mayores que vivían en centros durante los peores meses de la pandemia, entre marzo y abril de 2020? La estrategia de la Puerta del Sol se basa en ese argumento, con el que justifica el elevado número de muertos en esos meses: más de 9.000 fallecidos en 475 residencias de mayores que tiene esta comunidad autónoma. De ellos, 7.291 murieron en el propio centro, sin ser trasladados a un hospital, ya que desde el Gobierno regional se implantaron estrictos protocolos de derivación, no así para personas mayores que vivían en su domicilio particular. Una discriminación que la Fiscalía ha pedido a los juzgados que investigue. Madrid tuvo un 129% más de muertes de las esperadas en sus residencias, tomando como referencia el número de plazas que había y con los cálculos que hizo en su extenso informe la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias. Y fue la región de España donde más residentes mayores fallecieron proporcionalmente. En el lado contrario están Canarias, Asturias, Murcia, Andalucía o Galicia. Allí hubo muchas menos muertes de las esperadas entre marzo y abril, porque la ola llegó más tarde en algunos casos, pero no solo por eso. Canarias despunta como un caso extraordinario: fallecieron 175 personas en residencias durante los tres años en los que estuvo activa la declaración de la pandemia, según datos del Imserso. Datos recogidos en el informe de la Comisión por la verdad en las Residencias ¿Qué hicieron estas comunidades que no hizo Madrid? ¿Por qué allí el virus no se cebó tanto en las residencias? Hay muchos factores, como población, momento de llegada de la ola, que en algunos casos fue posterior, tamaño de la residencia... Pero cómo consiguieron mitigar los efectos del virus en los centros de mayores cuando tuvieron su pico no fue fruto de la casualidad ni dependió del partido que gobernara: de la Canarias de Ángel Víctor Torres a la Galicia de Feijóo se encuentran algunas medidas positivas. La gran mayoría de los modelos tienen como receta común que hubo alguien que previó que las residencias iban a ser un punto negro por tener mucha población vulnerable junta y se hicieron protocolos claros e instrucciones para el aislamiento pronto. Otro eje de éxito esencial fue que hubo una buena coordinación entre las consejerías de Sanidad y Servicios Sociales, no mandaba una ni otra, sino que actuaron juntas. El tercer eje es que se dio a los residentes una alternativa de atención en caso de no ser derivados a hospitales: se trasladó a los mayores positivos a centros intermedios habilitados en 24 horas o se enviaban equipos sanitarios a atenderles a las residencias. En Madrid, además de los protocolos de no derivación al hospital, se les dejó sin atención: el 40% del personal de residencias estuvo de baja, no se contrataron ni enviaron equipos sanitarios, no se les dejó salir de la residencia (tampoco a los positivos), la atención primaria estaba desmantelada y todos los esfuerzos médicos estaban puestos en el hospital de la feria de muestras Ifema, adonde tampoco se derivó a los mayores de residencias. No se organizó ningún punto externo de aislamiento o curas. El precario equipo de las residencias tuvo que lidiar con todo, incluidos los paliativos y la gestión de la muerte. En Asturias (gobierno del PSOE durante la pandemia), sin embargo, hubo protocolos claros. Si un mayor de una residencia enfermaba de Covid podían pasar cuatro cosas, según su nivel de gravedad: iba un equipo médico a atender al anciano, lo trasladaban a los centros de tratamiento que se habilitaron para casos leves, lo trasladaban a otros centros habilitados para casos más graves y en ciertos casos se planteaba derivar al hospital. Es decir, hubo una restricción por la escasez de camas en las UCI, pero hubo planes alternativos para quienes no cumplían los requisitos hospitalarios. “Sabíamos claramente por la gripe y otras enfermedades infecciosas que la población mayor era la más vulnerable y que había que proteger las residencias, no era difícil de pensar”, cuenta Rafael Cofiño, director general de Salud Pública en el Principado durante la pandemia. Aunque a su favor contaron con que la ola allí llegó más tarde, en octubre, había “un sistema de vigilancia de casos con aislamiento, cuarentenas y pruebas, y por otro había atención clínica a los mayores”, lo que convirtió a Asturias en uno de los lugares con menos mortandad en centros de mayores. De hecho, cuando se daba un positivo en una residencia “se hacía prueba absolutamente a todos los demás”, ya que su laboratorio de microbiología desarrolló una técnica propia de PCR y en Asturias pudieron contar con un volumen muy alto de pruebas. El caso de Canarias –gobernada en pandemia por el PSOE en un pacto con Nueva Canarias, Podemos y ASG– fue extraordinario por el bajo nivel de fallecimientos en residencias, donde vivían más de 7.000 mayores y donde se produjo el primer positivo que hubo declarado en España por Covid, que había venido con un grupo de turistas que acabaron confinados en un hotel. El archipiélago canario tuvo un 95% menos de las muertes esperadas según las plazas que tenía. Amós García Rojas, que ha sido epidemiólogo en el Servicio Canario de Salud, explica que la contención del virus en las residencias se debió fundamentalmente a que se hicieron “unos protocolos que ponían a la persona como objetivo fundamental del desarrollo de la estrategia, era importante que esos protocolos fueran entendibles, que se explicaran y que se tuviera una muy buena relación con las residencias”. Una vez más, la esencial coordinación entre los médicos y los responsables de los centros de mayores, que en Madrid fue mucho más difícil: Sanidad estaba en manos del PP y tenía clara la restricción radical para centros de mayores. Servicios Sociales estaba en manos de un consejero de Ciudadanos, que, desde el primer momento, mostró su desacuerdo con las medidas que tomaban en el Gobierno de Ayuso, que se acabaron imponiendo. Como en Asturias, en Canarias se implicaron con los cribados, aunque el doctor García Rojas explica otra de las ventajas que tuvieron, que fue el tamaño de las residencias canarias: “No es lo mismo actuar en una residencia pequeña o mediana que en una macrorresidencia, donde el espacio sobre el cual tienes que intervenir es mucho más amplio y al haber una mayor interrelación entre las personas se dificulta la intervención” de tratamiento y aislamiento. El caso de Galicia El experto Miguel Ángel Vázquez, presidente de la Sociedad Gallega de Gerontología en lo peor de la pandemia en Galicia –gobernada por el PP de Feijóo en 2020–, tuvo claro lo que iba a pasar en las residencias de mayores desde febrero: “En la literatura científica veíamos que había un porcentaje alarmante de fallecimientos de mayores en China e Italia. La cifra más baja era del 18%. Pensé que en Galicia iba a ser terrible, con un envejecimiento del 25% de la población, un promedio de edad en las residencias de más de 85 años y conociendo que no hay ninguna que tenga médico presencial 24 horas... Venía una masacre, no había que ser muy listo”, explica. A partir de ahí, Vázquez se puso manos a la obra y contactó con el gobierno de la Xunta para explicarles lo que venía “y lo entendieron perfectamente”. Buscaron residencias, antiguos hospitales y cualquier centro que se pudiera habilitar rápido para trasladar allí a los ancianos positivos. Dejarlos dentro no era una opción: “Imagina que entra el sarampión en un colegio, dejas al infectado dentro y cierras la puerta”. Precisamente lo que hizo la Comunidad de Madrid con los mayores y las residencias, que no medicalizó los centros. Galicia pudo habilitar en Ourense en 24 horas una residencia como centro intermedio para tratar a los positivos, aunque si en una residencia había un brote con demasiados positivos, se aislaba justamente a los sanos. “La administración hizo un esfuerzo considerable”, que incluía reservar hoteles para los equipos médicos, hacer contratos extraordinarios y trasladar equipos sanitarios allí, contratar autobuses, asfaltar carreteras que no existían, poner luz... “Teníamos psicólogo y también una persona encargada de los familiares y proveer a los residentes con lo que pedían”. Se organizaron según una adaptación “del modelo chino”, con equipos estancos: “Trabajábamos 7 días completos y descansábamos 15”. La administración puso todo de su parte y confió en los expertos, pero el modelo falló porque no se derivaba a los positivos a estos centros intermedios: “La ocupación máxima que tuvimos fue de 35 personas para 92 plazas. El servicio gallego de salud no nos mandaba los positivos, imagino que por incompetencia. Al final dije, o los traéis o me voy. Al final, dimití”. Aunque el modelo fue infrautilizado, en Galicia murieron un 1,3% de los ancianos de residencia en los peores meses de la Covid, diez veces menos que en Madrid. El 13 de marzo, antes de que se decretara el estado de alarma, la Xunta de Galicia ya tenía un protocolo publicado y validado para residencias entre Sanidad y Servicios Sociales. Murcia puso a los mayores en el centro En Murcia, gobernada por el PP en coalición con Ciudadanos el año de la pandemia, tenían claro que enviar a los hospitales no era una buena solución, pero tampoco lo era dejar a los mayores dentro sin más. Abel Novoa dirigió la Coordinación Regional para la Cronicidad Avanzada y Atención Sociosanitaria (Corecaas) durante la pandemia. “Ya habíamos podido ver el impacto brutal en las residencias en Italia y Madrid durante la primera ola y teníamos evidencias de que en muchas ocasiones la intervención en hospitales puede ser muy dañina para los enfermos más frágiles”. Con toda esa información y aprovechando que allí lo peor llegó más tarde, Novoa diseñó el proyecto del Corecaas: “Nos enfocamos en dar atención a los mayores en su hogar, que en muchos casos es la residencia. La pregunta era cómo íbamos a atender a los enfermos en una situación de emergencia y con escasez de recursos, basándonos en el principio básico de la atención sanitaria de no abandono, y la consideración de justicia”. Formaron equipos de enfermeras y médicos que acudían a los centros. Novoa reflexiona que el éxito del modelo murciano estuvo en poner el foco en el cuidado de las personas: “También había mortalidad en las residencias, pero teníamos claro cómo actuar y los ancianos que murieron en las residencias lo habrían hecho igualmente en el hospital, pero lo hicieron con una atención adecuada y con cuidados paliativos”. Según Novoa, “sí que tenemos la evidencia de que con este modelo, los pacientes evolucionaban mejor y de que no hubo desatención”. Y recuerda los programas de comunicación con las familias: “Nos reuníamos con ellas fuera de las residencias cuando estaban intervenidas, respetando todas las medidas de seguridad, y eso hacía que estuvieran más tranquilas porque se les daban todas las explicaciones que pedían”. También Andalucía hizo un protocolo para comunicar a las familias, que en el caso de Madrid llamaban desesperadas sin que se les atendiera. Los equipos, la coordinación entre departamentos y con el Gobierno o la información que llegaba son algunos de los aspectos, entre muchos, que analizó el informe del CSIC sobre la gestión de las residencias en España. Gibrán Cruz-Martínez es uno de sus coautores y recuerda alguna de las entrevistas que hicieron en distintas comunidades: “En algunas residencias nos decían que tardaron un mes en implementar protocolos o poner EPI. Una directora nos dijo que tenían un traje EPI y se lo iban pasando. Otro nos comunicó que había tanta escasez de personal sanitario que lo que hacían en vez de tratar era dar paliativos. También había directores que nos decían que había llamadas diarias de los familiares, pero que no había gente para atender el teléfono”. Para que no se repita y haya otra debacle en las residencias de mayores, según Cruz-Martínez, sería esencial tener “protocolos actualizados, que el personal de residencias esté formado o la identificación temprana de amenaza”. Aunque la situación fue inesperada y pilló a toda España sin material, sin plan de prevención y a las residencias de mayores en una situación en general precaria, muchas comunidades sí se centraron en cómo gestionar las residencias cuando llegó el virus, con más o menos éxito, algo que en Madrid no sucedió, más allá de contener dentro a los positivos sin un plan ni recursos extraordinarios para salvarlos a ellos o a las personas que allí convivían.

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