El PP intensifica el control de las teles autonómicas mientras carga contra TVE

Los populares modifican leyes, imponen perfiles afines en territorios como Balears y la Comunitat Valenciana y redoblan la presión sobre sus medios públicos en Galicia y Madrid a las puertas del ciclo electoral, mientras Feijóo, Ayuso y la dirección nacional claman contra TVEDimisiones, amenaza de huelga y trabajadores en pie de guerra: IB3, un polvorín para el PP A las puertas del nuevo ciclo electoral que comenzará, si no hay sorpresas, el próximo año, los diferentes Gobiernos del Partido Popular en las autonomías tratan de blindar su control de los canales regionales con cambios de leyes, nombramientos a dedo y algunas purgas en las redacciones para garantizarse un tratamiento amable en esos medios públicos. Los últimos episodios se han sucedido en la Comunitat Valenciana y en Balears: los Ejecutivos del PP tratan de seguir los pasos de autonomías como Galicia y Madrid, donde los populares han configurado medios a su medida y desatado la indignación y las protestas de trabajadores, sindicatos y oposición, que claman contra la manipulación y el secuestro de las teles y radios autonómicas. À Punt, desmantelada pieza a pieza Acorralado por la gestión política y la investigación de los tribunales sobre la catástrofe de la DANA, el Gobierno de Carlos Mazón ha tardado casi dos años en retomar el control de la televisión pública valenciana À Punt. Primero, el Ejecutivo conservador tuvo que desmontar junto a Vox la madeja jurídica que los gobiernos de izquierdas montaron para reabrir el ente público en 2017, blindar a sus profesionales y que los órganos de dirección se eligieran por mayoría cualificada, después de que los populares cerrasen Canal 9 en 2013. Posteriormente, la mayoría de PP y Vox creó una nueva empresa para disolver las dos corporaciones que montó el Botànic y facilitar el cambio legislativo. Desde este año, el consejo de administración de À Punt se elige ahora con mayoría simple, que a su vez selecciona al director general. Tras elegir las Corts al nuevo presidente con los votos de PP y Vox, Compromís y PSPV renunciaron a formar parte del Consejo de Administración de la televisión pública. Con los votos de la derecha y la extrema derecha se nombró a Francisco Aura para la dirección general. Aura, que ya estuvo en Canal 9 en la peor etapa de manipulación del PP de Eduardo Zaplana, ha tardado semanas en eliminar los programas más críticos con la gestión del Gobierno de Carlos Mazón durante la DANA y en destituir al jefe de Informativos que lideró la televisión pública durante el 29 de octubre y los meses posteriores. Tras esta decisión, el número dos de los informativos de À Punt y el jefe de Política han dimitido de sus cargos esta semana. En la nueva era de la televisión pública valenciana liderada por PP y Vox también se ha eliminado el Consejo de Informativos, que fiscalizaba el trabajo de los profesionales para evitar casos de manipulación informativa, y se ha cambiado el libro de estilo para poder emitir toros y más programación en castellano, en el único canal en valenciano que se puede ver en la Comunitat Valenciana. La exhibición de poder del PP sobre la televisión pública llegó al punto de que el equipo de Mazón difundiese, como coartada sobre su larga comida en el restaurante El Ventorro durante las peores horas de la DANA, que el president en persona estaba ofreciendo ese día la dirección de la tele a la periodista Maribel Vilaplana. Una versión que algunas fuentes cercanas a la Generalitat consideran inverosímil pero que evidencia la concepción de los medios públicos que tiene el president valenciano. IB3, el polvorín para el PP en Balears También en Balears, la radiotelevisión pública se ha convertido en un polvorín para el PP. El Govern que preside Marga Prohens dio un giro de 180 grados en la gestión de IB3 hace poco más de un mes. En febrero se había marchado Albert Salas, un experiodista de la casa, y el Parlament nombró a Josep Codony para sustituirlo en la dirección general del ente público. Para el comité de empresa de la cadena se trata de un nombramiento “con tintes ideológicos” que llega en un momento clave. Esta primavera vuelven a producirse protestas para exigir unas mejoras laborales que se reclaman desde hace veinte años. IB3 empezó a emitir el 2 de mayo de 2005, concebida, teóricamente, como una empresa pública y, que funciona en la práctica, como una empresa privada. El de la radiotelevisión pública balear es un conflicto enquistado sin solución a la vista. No fue un capricho rescatar del olvido a Codony, un ex militante del PP que también tuvo acta de concejal en Inca (Mallorca) y que no es periodista, lo cual ha sido criticado por la Asociación de Periodistas de Illes Balears (APIB). Los conservadores buscaban cultivar la simpatía de la ultraderecha para sacar adelante unos presupuestos que estaban –y están– sin aprobar. Vox, aunque defiende el cierre de una televisión y una radio que emiten toda su programación en catalán, votó a favor de Codony, un viejo gestor para la nueva era: ya había ocupado el mismo cargo hace una década en IB3, cuando la convulsa legislatura de José Ramón Bauzá, del PP. “Antes teníamos a un director neutro y ahora tenemos a otro muy alineado con el PP y que ya habíamos tenido de director. Este nombramiento llega por una alianza con Vox”, dice Jordi Julián. Así radiografía el presidente del comité el baile de cargos que ha habido en la radiotelevisión durante el último medio año. Salas –el director general “neutro”– anunció en diciembre que dejaría el cargo a principios de 2025. Cuando se conoció quien iba a ser su sustituto, también dimitieron la directora de Comunicación Corporativa, Marketing y Medios Digitales, Marisa Candia, la directora del área de Televisión, Mar Comín, y la gerente, Vanessa Cursach. Salas apenas llevaba dos años y se iba “agotado”. Con un panorama algo más tranquilo que el de Mazón, el Ejecutivo de Prohens mueve todas estas fichas durante este valle electoral, sin comicios a la vista, pero con la mirada puesta en el ciclo que comenzará el año próximo, si no hay cambios en el calendario, en Andalucía. Feijóo siembra, Rueda recoge También en Galicia, donde el PP acumula 16 años continuados de férreo control sobre su tele y radio autonómicas, que han derivado en años de protestas de sus profesionales a través de los llamados Venres Negros, el Gobierno de Alfonso Rueda prepara nuevos cambios al frente de la Corporación de medios públicos. Entre las primeras medidas que tomó Alberto Núñez Feijóo cuando llegó a la Xunta en 2009 con la bandera de la “regeneración” estuvo nombrar como director general de la CRTVG a Alfonso Sánchez Izquierdo, veterano periodista vinculado al grupo ourensano La Región que ya en los años de la Transición —cuando aún mantenía un perfil progresista— había sido procesado por hacer campaña por UCD en la jornada de reflexión. Lo hizo “por orden de su editor”, según explicó entonces, lo que dejó patente que para el elegido de Feijóo la obediencia a sus jefes era tan o más importante que cumplir con la legalidad. Izquierdo llegó como un director de transición, ya que el PP había anunciado su intención de reformar la ley de medios públicos. Esa nueva norma llegó en 2011. Entre sus principales medidas, se acababan los dedazos, ya que era necesaria una mayoría cualificada para nombrar al máximo responsable de los medios públicos y se aprobaba la creación de dos órganos de control profesional: el consejo de informativos y el estatuto de redacción. En 2015, tras cuatro años sin consenso para sustituir a Izquierdo, el PP de Feijóo introdujo por la puerta de atrás, en la ley de acompañamiento de los presupuestos, una modificación que permitía perpetuar en el cargo a quien lo ejerciese si no había acuerdo para nombrar un sustituto. Empezó así la etapa más dura de la CRTVG, con los medios públicos convertidos “en órganos de propaganda del PP” según el movimiento Defende a Galega que acaba de cumplir su 'venres negro' número 365 (este viernes, con el 366, “celebran” siete años de movilizaciones) respaldado por condenas judiciales a la corporación por represaliar a trabajadores críticos. En 2022, Feijóo dejó la Xunta para presidir el PP nacional e Izquierdo consideró que había llegado la hora de marchar. Su compromiso, decía en privado, era con el ya expresidente y no con su sucesor, Alfonso Rueda, al que no le quedó más remedio que buscar una salida para su relevo. La única fórmula que encontró fue otro cambio en la ley. Intentó justificarlo por la necesidad de hacer frente a los nuevos desafíos de la sociedad digital y de adaptarse al reglamento europeo —que, en realidad preconiza la independencia de los medios—, la norma permite elegir al director general con mayoría absoluta —si fallaban, claro, los dos intentos previos de hacerlo con mayoría cualificada mediante un pacto con la oposición—. Pero los cambios legales en los medios gallegos no se quedan ahí: desaparecen el Consello de Informativos y el estatuto de redacción que, en 15 años, la CRTVG nunca había llegado a crear. Estos órganos fueron sustituidos por un Consello Asesor en el que el PP puede controlar la práctica totalidad de los nombramientos. Además, por primera vez, se abría la puerta a utilizar otros idiomas distintos al gallego en las emisiones al exterior de la comunidad. La ley encontró una enorme contestación: la oposición, los sindicatos, el Colexio de Xornalistas, la Mesa del Audiovisual —de la que acabarían por descolgarse las grandes empresas reunidas en el Cluster—y un conjunto de 40 entidades que presentaron su propia Iniciativa Legislativa Popular para “Liberar a Galega”. Aprobada la ley en solitario, se abrió el proceso para elegir al director general. El PP no quiso hablar de nombres hasta que se agotó el plazo para presentar candidatura. Su propuesta, minutos antes de la hora límite, cayó como una auténtica bomba: Concha Pombo, responsable de informativos durante los siete años anteriores y que tuvo sus primeras responsabilidades como jefa de prensa de un consejero de Fraga. Tanto dentro de la casa como en el exterior, los críticos señalan a Pombo como la máxima responsable de la manipulación y del régimen de censura que denuncian insistentemente. La oposición habló de la opción “más radical posible”. El Parlamento —es decir, la mayoría absoluta popular— ya ha aprobado su candidatura y todo indica que su nombramiento al frente de la CSAG, que es como se ha rebautizado la corporación desde la nueva ley, se hará efectivo antes del verano. Las purgas de Ayuso en Telemadrid Pero tal vez el territorio donde los conservadores han desplegado su agenda con mayor contundencia sea en Madrid, donde la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, culminó a finales de 2024 el camino que había iniciado en 2021, con su primera mayoría absoluta, para controlar la televisión y despojarla de la independencia que le había dotado su predecesora en el cargo, Cristina Cifuentes y su gobierno de coalición con Ciudadanos. En el caso de Telemadrid, la primera medida de Ayuso tras el adelanto electoral que supuso la desaparición de Ciudadanos de la Asamblea de Madrid, hasta entonces su socio de Gobierno, fue una ley para cargarse a la anterior dirección (elegida por consenso) y hacerse con el control del ente público tras dos años de quejas sobre la independencia de la cadena regional, una purga declarada recientemente ilegal por el Tribunal Supremo. Un año después, de nuevo con la connivencia de Vox, la dirigente del PP sacó adelante otra ley para poder nombrar por mayoría simple de la Asamblea al director general, que hasta entonces requería una mayoría reforzada. Y con la ley de finales de 2024, Ayuso dio una nueva vuelta de tuerca para que el control fuera absoluto y dejar bajo mínimos la capacidad de fiscalización de la oposición. El consejo de administración pasó de cinco a siete consejeros y el PP tiene cuatro, lo que le otorga mayoría absoluta también en el ente público. De esta forma, la ley cambió el sistema de elección de la figura del director general “para evitar situaciones de interinidad prolongadas en el tiempo” y estableció que sea “la Junta General de Accionistas de Radio Televisión Madrid a propuesta del Consejo de Administración de la sociedad” quien lo nombre. Es decir, que solo fue necesaria la nueva mayoría del PP para escoger como director a José Antonio Sánchez, un votante confeso del Partido Popular, que en 2015 se encargó de recordarlo durante una comisión en el Parlamento: “Voto al PP y seguiré votando al PP” fue su respuesta cuando se le reprochó que hubiera cobrado en calidad de asesor del Partido Popular cuando ejercía como periodista. Semejante adscripción partidista se hace patente en los informativos convertidos en instrumento de propaganda de Ayuso y azote del Gobierno central y de la oposición de izquierdas, pero también en programas de entretenimiento que ensalzan la figura de la presidenta. Pese a ello, Ayuso solo ve falta de pluralidad en TVE, a la que acusa de estar en una campaña continua contra ella y su entorno, por informar del fraude fiscal de su pareja, Alberto González Amador. El PP centra sus críticas en TVE Mientras en À Punt, el nuevo Gobierno del PP y Vox ha desmontado en tiempo récord el sistema de garantías heredado del Botànic; en la CRTVG gallega, el mandato conservador se ha perpetuado más de una década gracias a reformas que consolidan el control partidista; y en IB3, el reciente cambio de dirección ha desatado una cascada de dimisiones y protestas, el Partido Popular centra sus críticas en TVE. Entretanto, Feijóo, que ha vivido siete años de protestas contra la manipulación de los medios públicos, donde algunos altos cargos han sido condenados por perseguir a trabajadores críticos, carga contra Televisión Española, en la última semana por la protesta del canal público contra la organización del festival de Eurovisión sobre la participación de Israel y el sistema del televoto. Feijóo aseguró que “Eurovisión es el nuevo Franco para el Gobierno”, como antes había reprochado a Sánchez el fichaje de Broncano y su equipo para La Revuelta. En las últimas semanas no ha sido solo el PP, también el Consejo de Informativos ha abierto una investigación sobre la contratación de dos nuevos programas de infoentretenimiento, los que presentan Javier Ruiz y Jesús Cintora, tras recibir quejas internas de sus trabajadores para que “se ajusten a los criterios de rigor, independencia, pluralismo, neutralidad e imparcialidad” que deben regir en los medios públicos y establezcan diferencias claras entre la información y la opinión, como informó Vertele. Texto elaborado con informaciones de Iñigo Aduriz, Sergi Pitarch, Luis Pardo, Pablo Sierra del Sol y Esther Ballesteros.

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