El Supremo denuncia el intento de "criminalizar el sistema político" con querellas "insólitas y descabelladas"

La Sala de lo Penal rechaza una acusación contra todos los diputados del Congreso por aprobar varias leyes y, después de años rechazando denuncias y querellas de la extrema derecha, explica que se está produciendo un "ejercicio irracional y abusivo del derecho de acceso a los tribunales"El Supremo reprocha a Manos Limpias sus denuncias contra Sánchez, su esposa y el Gobierno basadas en “recortes de prensa” El Tribunal Supremo inadmite cada semana y sin mucho ruido varias denuncias y querellas contra parlamentarios, ministros, jueces y fiscales. La mayoría son presentadas por partidos y organizaciones de extrema derecha contra rivales políticos y otras por ciudadanos particulares. La Sala de lo Penal, en sus últimos autos de inadmisión y rechazo, se queja de que muchas de estas denuncias y querellas son “insólitas y descabelladas” y solo buscan la “criminalización de nuestro sistema político”. La última en irse al cajón, contra los 350 diputados del Congreso por tramitar la amnistía y, precisamente, por la propuesta que busca atajar el abuso de la acción popular en los tribunales. La Sala de lo Penal del Supremo resuelve una cantidad aproximada de 9.000 asuntos cada año. La inmensa mayoría son recursos contra sentencias de tribunales territoriales que no implican ningún tipo de investigación para sus jueces: se analizan los argumentos, se aplica, cambia o crea la doctrina y se resuelve en firme. Pero también es la sala que investiga, juzga y sentencia a aforados: diputados, senadores, algunos jueces y fiscales y miembros del Gobierno, sobre todo. En los últimos meses, este departamento del Supremo que está pendiente de que el Poder Judicial renueve su presidencia ha experimentado una afluencia inédita de causas abiertas contra aforados para investigar: el caso Koldo, la causa por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el caso contra el senador Pedro Sanginés y las tres causas en marcha contra el eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, entre otras. Una broma recurrente en sus pasillos es que el Tribunal Supremo, cúspide de la jurisprudencia en España, se ha convertido en un juzgado de guardia. Lo que no se considera ninguna broma en la Sala de lo Penal es el alud de denuncias y querellas infundadas que reciben cada semana contra todo tipo de aforados. Un vistazo a los archivos del Supremo desde 2019 hasta la actualidad revela medio centenar de pleitos fallidos de Vox, Manos Limpias y HazteOir contra miembros del Gobierno, políticos de partidos progresistas o, incluso, jueces que no han sentenciado lo que ellos quieren. También de asociaciones o incluso ciudadanos particulares que acusan de prevaricar a magistrados y fiscales que no les han dado la razón. Una de las últimas en provocar el enfado del Supremo ha sido la presentada por un particular contra todos los diputados y diputadas del Congreso por tramitar la ley de amnistía y la reforma con la que el PSOE propone, precisamente, limitar este tipo de querellas. “Este Tribunal Supremo no puede convertirse en una suerte de órgano llamado a responder a las más insólitas y descabelladas pretensiones de criminalización de nuestro sistema político”, lamenta la Sala con Javier Hernández como ponente. “Formular irresponsablemente denuncias carentes del más mínimo sentido contra todos los representantes de la soberanía popular es un buen ejemplo de ejercicio irracional y abusivo del derecho de acceso a los tribunales”, añade antes de inadmitir la denuncia de plano que pretendía encausar a 350 diputados por delitos de prevaricación, coacciones y asociación ilícita. La fórmula que tienen los magistrados de alertar de que algunas de estas denuncias lo que buscan no es perseguir un verdadero delito sino perseguir penalmente la actividad política. Los lamentos se han acentuado en los últimos meses. Por ejemplo, cuando el Supremo reprochó a Manos Limpias una de sus especialidades: querellarse contra Pedro Sánchez, su esposa y medio Gobierno basándose en “recortes de prensa”. Pero también en otro auto reciente que rechaza una querella de una mujer contra varios jueces de Madrid asegurando que su argumentación “roza lo ininteligible”. Una resolución de marzo rechazó una denuncia masiva que pretendía unificar varios casos contra el Gobierno y el Supremo advirtió: no se puede usar al Supremo “como juzgado de guardia de cualquier asunto mediático” para saltarse al juez que corresponde por ley. Las querellas de la extrema derecha Distintas fuentes de la Sala de lo Penal del Supremo, considerada uno de los departamentos clave del tribunal y con la renovación de su presidencia atascada en el CGPJ, explican que esta afluencia de querellantes en su ventanilla ha aumentado en los últimos años. Frente al escaso número de causas abiertas por estos jueces, los autos de inadmisión se amontonan, muchas veces respondiendo a partidos y organizaciones próximos a la extrema derecha. Las acciones judiciales de Vox son las que acumulan, con diferencia, más fracasos desde 2019. Hasta 25 denuncias y querellas que han sido inadmitidas por el Supremo tras intentar encausar a sus rivales políticos. Desde intentar que Pedro Sánchez se sentara en el banquillo por su tesis, por negociar la amnistía, por negociar con EH Bildu o por presentar su libro hasta acusar a Fernando Grande-Marlaska de gasear manifestantes en Ferraz, pasando por buscar un juicio para Irene Montero por hablar de educación sexual infantil o a Ione Belarra por comparar a Vox con los nazis. Por detrás en el ránking de denuncias y querellas fallidas se encuentra Manos Limpias. El pseudo sindicato dirigido por el ultra Miguel Bernard, acusación popular en algunos de los casos más mediáticos abiertos por sus denuncias, se ha estrellado 13 veces contra la sala de admisiones del Supremo con denuncias de todo tipo: contra Margarita Robles por criticar a los vocales conservadores del CGPJ, contra los Abogados del Estado que defienden al fiscal general, contra Meritxell Batet por no permitir que Alberto Casero repitiera su voto a favor de la reforma laboral o contra los políticos que han denunciado el 'lawfare'. La asociación ultracatólica HazteOir también acumula casi una decena de fracasos en el Supremo. Cuando, por ejemplo, intentó involucrar a Batet en el caso Mediador, criminalizar a los diputados que votaron a favor de la amnistía o intentar encausar a Francina Armengol por sus palabras en la comisión de investigación parlamentaria del caso Mascarillas. Los constantes fracasos de esos y otros satélites de la extrema derecha, tanto en el Supremo como en otros tribunales y juzgados, contrasta con su capacidad para personarse como acusación popular en otros casos o, incluso, propiciar su apertura y desarrollo: el caso contra Begoña Gómez, la causa contra el fiscal general del Estado, contra el hermano de Pedro Sánchez o el caso Koldo. En el caso de Manos Limpias, muñidor de algunas de estas diligencias, pagando fianzas de varios miles de euros mientras todavía debe dinero a abogados por causas judiciales de hace más de una década.

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