Leopoldo Puente, el juez del Supremo que investiga el caso Koldo y mantiene en vilo al Gobierno

El magistrado que investiga el caso Koldo y que ha llamado a declarar a Santos Cerdán se ha puesto al frente de su primer gran caso de corrupción después de criticar que sus compañeros condenaran a Alberto Rodríguez, cuestionar la amnistía ante el Constitucional y limitar las rebajas de condenas a violadores por la ley del 'solo sí es sí'Las claves del informe de la UCO: mordidas, obras supuestamente amañadas y ocho grabaciones El Tribunal Supremo va camino de cumplir una década convertido en el centro de la actividad judicial y política del país. Del procés hasta la aplicación de la amnistía pasando por el posible juicio al fiscal general, la Sala de lo Penal y sus jueces marcan el paso de la actualidad española en un momento en que el alto tribunal se ha convertido en el juzgado de guardia con una cantidad inédita de causas abiertas contra aforados. Leopoldo Puente, el investigador del caso Koldo, lleva las riendas de unas diligencias que tienen al Gobierno contra las cuerdas mientras desentraña una causa con dos secretarios de organización del PSOE en la lista de imputados. Puente llegó a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en noviembre de 2020 como la tercera pata de un habitual acuerdo entre conservadores y progresistas del Poder Judicial para renovar un departamento que, en ese momento, tenía demasiadas bajas como para seguir analizando causas sobre el procés. La cuota conservadora introdujo a Ángel Hurtado, que venía de firmar el solitario voto particular contra la condena del PP en Gürtel, y al progresista Javier Hernández, todo con una abrumadora mayoría de apoyos en el órgano de gobierno de los jueces. Leopoldo Puente tomó posesión amadrinado por la progresista Susana Polo, antigua compañera de fatigas, y con la etiqueta de actor secundario sin afiliación conocida. No es un perfil que incomode a este magistrado nacido en Madrid hace 61 años y que en el pasado fue un miembro de peso en la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia. Sacó las oposiciones a fiscal en 1989, pero rápidamente se decantó por la judicatura. Miembro destacado de su promoción, y tras un breve paso por un juzgado de Cambados (Pontevedra) en la época más oscura del narcotráfico en Galicia, pasó por Huelva y Segovia antes de trabajar durante más de una década en la Audiencia de Cuenca y recalar, finalmente, en los tribunales territoriales de Madrid. Primero en la Audiencia de Madrid y después, en el Tribunal Superior de Justicia, desde donde dio el salto al Supremo. Los que le conocen y trabajan día a día con él incurren en los tópicos inevitables: la alta calidad técnica de sus sentencias, sus profundos conocimientos jurídicos y su independencia para investigar cualquier trama corrupta afecte a quien afecte. Pero algunas fuentes van más allá y hablan de aspectos relevantes para llevar una investigación del calado y dimensión del caso Koldo. “Tiene mucho olfato jurídico, es intuitivo”, cuentan a elDiario.es más allá de los muros del Supremo. También destacan que es “especialmente claro” en sus sentencias, a veces incluso usando “expresiones contundentes” que no abundan en la Sala de lo Penal. Eso quedó de manifiesto cuando en julio del año pasado fue ponente de su resolución más relevante hasta la fecha: la cuestión de inconstitucionalidad que el Tribunal Supremo elevó contra la amnistía en la que, por primera vez en casi una década de procés, el tribunal habló por primera vez de “golpe de Estado”. Del “golpe de Estado” a la condena de Alberto Rodríguez No es habitual que un recién llegado a la Sala de lo Penal se haga con ponencias de asuntos de peso. El sistema de rotaciones convierte en algo parecido a una ruleta que una querella contra un aforado caiga en uno u otro magistrado, pero Leopoldo Puente tardó menos de cuatro años en convertirse en ponente de uno de los autos más relevantes de la historia reciente del Supremo: sus alegaciones contra la amnistía. Los 49 folios que llevan su firma se convirtieron en la mayor impugnación que hasta la fecha se ha presentado contra la ley de amnistía, aunque el recurso del Partido Popular sea el primero que vaya a estudiar el Constitucional. Puente llegó al Supremo un año después de la sentencia que condenó a los líderes del procés por sedición, malversación y desobediencia, y su primera intervención en el caso fue este auto que, a diferencia de lo que dijo el mismo tribunal en esa resolución histórica, hablaba abiertamente de “golpe de Estado” para referirse al desafío independentista catalán de 2017. Su firma como ponente también está en una de las resoluciones más relevantes de la Sala de lo Penal de los últimos años. La primera sentencia en la que el Supremo, después de días de deliberaciones y mucha división interna, confirmó que la ley del 'solo sí es sí' implicaba rebajar la condena de algunos delincuentes sexuales, aunque no de todos los que hubieran recurrido. La resolución que sentenció la norma impulsada por Igualdad y que supuso una fractura interna en el Gobierno durante la pasada legislatura. Estas decisiones judiciales, que en otro caso servirían para estampar el sello de “conservador” en la toga de cualquier magistrado, se encuentran con otras de menor recorrido mediático. Es el autor, junto con Susana Polo, del voto particular que criticó duramente a sus compañeros de sala por condenar a Alberto Rodríguez, entonces parlamentario y dirigente de Unidas Podemos, creyendo al pie de la letra la palabra del policía al que pateó. “Es posible que sucediera. Pero existen también otras múltiples posibilidades, por ejemplo, que el agente pudiera haberse equivocado en la identificación”, dijeron Puente y Polo en un voto particular crítico con sus compañeros. Meses después, el Constitucional dio la razón a Rodríguez y entendió que la condena que había llevado a la pérdida de su escaño había sido desproporcionada. Suyos también son los autos que, en los últimos años, han frenado en seco el intento de organizaciones de extrema derecha como Vox o Manos Limpias de criminalizar la actividad política o la libertad de expresión de miembros del Gobierno como Pedro Sánchez o la exministra Irene Montero, así de parlamentarias como Míriam Nogueras. También ha sido el encargado de dar carpetazo a varias denuncias 'spam' del exjuez corrupto Fernando Presencia y su asociación ACODAP. Investigar una gran causa de corrupción Leopoldo Puente ha sido ponente de más de 300 sentencias desde que llegó a la Sala de lo Penal en 2020 en el enésimo intercambio de cromos entre conservadores y progresistas del Consejo General del Poder Judicial. Pero su momento de mayor exposición pública y mediática, incluso por encima de la cuestión de inconstitucionalidad que encabezó contra la amnistía, ha llegado con su papel como instructor de la 'operación Delorme', conocida como 'caso Koldo' y que tiene pendiente de sus autos a todo el Gobierno. El magistrado, que como es habitual en el Supremo no tomaba las riendas de una instrucción judicial desde hace casi dos décadas, avanza con pasos cortos y medidos en la investigación de un caso que tiene en la lista de imputados a dos exsecretarios de organización del PSOE, consideradas la máxima autoridad en el partido: José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Una de las principales misiones del magistrado ha sido separar el grano de la paja, sobre todo en el caso de la confesión que sacó de la cárcel a Víctor de Aldama. Diligencias encaminadas a arrojar luz, por ejemplo, sobre sus afirmaciones sobre cómo alquilaba pisos para miembros del Gobierno y supuestos encuentros con “señoritas”, o encargar una pericial caligráfica para saber si las pruebas sobre adjudicaciones amañadas tenían o no la letra de Koldo García. Su último paso, después de afianzar la imputación de Ábalos y analizar los enchufes que propició para personas de su entorno en empresas públicas, ha sido apuntar a Santos Cerdán y ofrecerle comparecer de forma voluntaria ante los “indicios” que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado contra él. Tras semanas de especulaciones con el informe todavía por redactar, el documento entregado al juez por los investigadores es contundente: hay al menos cinco grabaciones que ponen la lupa sobre cómo Cerdán, supuestamente, ayudó a Ábalos y Koldo a cobrar comisiones de empresas como Acciona a cambio de adjudicaciones de obra pública. Puente está al frente de la causa que, indudablemente, más afecta al Gobierno. La que ha llevado a Pedro Sánchez a comparecer públicamente y pedir perdón por confiar en un hombre clave en su ascenso a la secretaría general del PSOE. Una causa compleja en su contenido pero también en su gestión, copada por organizaciones de extrema derecha como Vox o HazteOir y con el propio PP al frente de las acusaciones populares, un escenario similar al de la causa contra Begoña Gómez que lleva Juan Carlos Peinado o su compañero Ángel Hurtado contra el fiscal general. Por el momento con mucha más carga penal y menos polémica por parte de un instructor que tiene en sus manos la causa que mantiene en vilo a todo un Gobierno.

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