El Gobierno pedirá a Iberdrola el lucro cesante de la concesión hidroeléctrica de Zamora caducada hace un año

Transición Ecológica ha tenido que abrir otro expediente de extinción tras caducar el que inició en octubre de 2021; la Junta de Mañueco pidió en 2022 participar en los “beneficios” de la central Iberdrola se aferra a un decreto del dictador Primo de Rivera para no perder una de sus grandes presas hidroeléctricas El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico planea reclamar a Iberdrola el lucro cesante de la concesión de la central hidroeléctrica de Villalcampo (Zamora), la mayor caducada en los últimos años en España, que expiró hace un año y la multinacional sigue explotando tras torpedear en los tribunales su reversión al Estado. La eléctrica se aferra a un decreto aprobado en 1926 por la dictadura de Miguel Primo de Rivera para intentar que dure 99 años, hasta 2048, y no 75, como defiende el ministerio. El Gobierno planteó reclamar “los beneficios económicos tras la resolución de extinción concesional” de la presa, con 217 megavatios (MW) de potencia, el año pasado, cuando la concesión estaba cerca de expirar, según la documentación del expediente de extinción a la que ha tenido acceso elDiario.es tras una solicitud al amparo de la Ley de Transparencia. La propuesta de resolución de la extinción del derecho de aprovechamiento que técnicos del ministerio elevaron el 29 de julio de 2024 dice que “la administración hidráulica podrá valorar cualquier beneficio económico de una posible explotación por parte de la concesionaria desde el día siguiente a la fecha de finalización del plazo concesional hasta la fecha de reversión efectiva al Estado de los bienes y elementos de la central”. Esa reversión se hará “gratis, libre de cargas y gravámenes y en estado de explotación, reservándose la Administración cualquier acción que proceda, así como, aquellas medidas tendentes a garantizar que el titular concesional entregue los bienes objeto de reversión en perfectas condiciones”. El documento se apoya en dos dictámenes del Consejo de Estado de 2017 y 2015 e insiste en que, extinguida la concesión, la Administración “podrá reclamar el beneficio económico de una posible explotación por parte de la concesionaria desde el día siguiente a la fecha de finalización del plazo concesional, dícese, el 11 de octubre de 2024, hasta la fecha de reversión efectiva”. Se desconoce cuál sería esa ganancia dejada de obtener por la Administración (lo que se conoce como lucro cesante) desde que caducó la concesión de esta central, a la que un informe de Red Eléctrica de 1997 señalaba entre las diez hidroeléctricas con mayor producción en ese ejercicio, con 741 GWh, el 2,2% del total de esa fuente. La propuesta de resolución del ministerio indica que, pese a que “el porcentaje de horas de funcionamiento no llega al 100%”, la producción del complejo de Villalcampo “es elevada” y “relevante”, de unos 537 gigavatios hora (GWh) anuales. Y “las infraestructuras a revertir se encuentran libres de cargas y gravámenes por lo que no deberían suponer coste de amortización alguno”, dice el documento. Teniendo en cuenta el precio medio del mercado mayorista de la electricidad del año pasado en España (63 euros/MWh), esa producción equivaldría a unos ingresos anuales de unos 38 millones de euros. Esta puede considerarse una estimación conservadora, ya que la hidroeléctrica suele producir cuando los precios son más elevados y este año se han alcanzado puntas de 240 euros/MWh, según datos del Operador del Mercado Ibérico de Electricidad (Omie). Esos 537 GWh son una estimación que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) realizó al analizar el funcionamiento de la central entre 2017 y mayo de 2021, con datos horarios de Red Eléctrica. Concluyó que el grupo de Villalcampo II (110 MW de potencia) operó con un porcentaje de funcionamiento de “entre el 20% y el 55% con casi 5.000 horas de funcionamiento en el periodo”, y una producción media de 222,7 GWh/año. Mientras, los grupos 1, 2 y 3 de Villalcampo I, con 96 MW, aportaron 314,3 GWh y “operaron con un porcentaje de horas de funcionamiento inferior al 25% todos los años completos con un total de horas inferior a 1.800 horas/año”. El procedimiento de extinción de la concesión que Transición Ecológica inició en octubre de 2021 caducó en enero de este año, como reveló La Opinión de Zamora. En junio, el ministerio sacó a consulta en el BOE el procedimiento. No es seguro que esta sea la vencida porque Iberdrola ha llevado el asunto a los tribunales. El anuncio de Transición Ecológica insiste en que la concesión del aprovechamiento “ha concluido el 10 de octubre de 2024”, tras los citados 75 años. En mayo, tras la petición de información de este medio, y al ser parte interesada, la eléctrica pidió al ministerio denegar “acceso a la totalidad de los expedientes” o, “cuando menos”, a decenas de documentos y “en todo caso”, a esta propuesta de resolución, que señala que las reclamaciones a Iberdrola “se limitarían únicamente al beneficio obtenido de una posible explotación más allá de la fecha de extinción del título de derecho hasta la fecha de reversión de los bienes al Estado, dado que la concesionaria está pendiente de ejecutar una serie de actuaciones” que “permitan revertir en condiciones de explotación”. Esas actuaciones se identificaron en una visita de técnicos del ministerio a Villalcampo en noviembre de 2023. No encontraron “restricciones operativas significativas” en los equipos de la presa, pero sí una serie de “reparaciones” pendientes (tratamiento anticorrosión de los elementos metálicos, instalación de alumbrado de emergencia en galerías, reacondicionamiento de la instalación eléctrica, reparación de válvulas…) que la concesionaria debía realizar “con antelación a la reversión del aprovechamiento hidroeléctrico, todo ello con independencia de que, del resultado definitivo del cumplimiento de la normativa de seguridad de presas, que actualmente se encuentra en evaluación, se desprenda la necesidad de otras reparaciones”. Reclamación de la Junta La cuestión de los beneficios de la concesión salió a colación en el proceso de alegaciones al procedimiento de extinción iniciado en octubre de 2021. En abril de 2022, la Junta de Castilla y León expuso al ministerio la necesidad de seguir explotando Villalcampo I y II, ya que “forman parte de los aprovechamientos estratégicos de la red eléctrica nacional” y dada “la actual situación energética mundial”, muy complicada tras la invasión rusa de Ucrania dos meses antes. El Gobierno del popular Alfonso Fernández Mañueco pidió participar en los beneficios de la futura concesión. “En todo caso, este nuevo aprovechamiento hidroeléctrico y posterior concesión deberá asegurar, asimismo, una adecuada reversión de beneficios en la Comunidad Autónoma y en los municipios afectados por las infraestructuras y embalsamiento de aguas a fin de compensar las servidumbres y riesgos derivados de estas infraestructuras hidroeléctricas, y su afección al medio natural, con repercusiones directas sobre la actividad socioeconómica de la zona”, dice el informe de la delegación territorial en Zamora de la Junta. Varios alegantes, como la asociación de Entidades Locales Afectadas por Centrales y Embalses de Producción Hidroeléctrica de Zamora, fueron mucho más allá. “Afirman que la actual concesión de la central hidroeléctrica de 1926 no puede ser prorrogada, y que por ello deben incoarse los trámites para realizar una nueva adjudicación mediante el oportuno concurso público y/o subasta pública”. Y pidieron que los pliegos obligaran a la adjudicataria a tener sede en Zamora o que “abone a los municipios en los que esté construido el embalse y la central hidroeléctrica un canon anual o renta de 5000 euros por MW instalado año”, revisable anualmente con el IPC. También reclamaron una exención del impuesto eléctrico a las personas físicas y jurídicas de los municipios afectados por la presa, “aguas arriba del embalse y aguas abajo”, como Moral de Sayago, Pereruela o Villaseco. O incluir dos condiciones ya contempladas en la concesión de 1926: “La obligación de la adjudicataria de contratar a personas de la provincia de Zamora con preferencia a otras zonas, y que se prohíba la exportación a terceros países”, salvo “autorización previa del Consejo de Ministros”. “Consideran que también debería incluirse la condición de que salvo por cuestiones técnicas, no pueda bajarse el nivel del embalse por debajo de 50% en ninguna época del año”. Recurso judicial El procedimiento de extinción caducó tras interponer Iberdrola recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Euskadi contra la decisión del ministerio de mantener esos 75 años, y no en 99, como pretende la eléctrica amparándose en ese decreto dictado hace casi un siglo. La multinacional no comenta los planes del Gobierno de pedir ese lucro cesante. Destaca que “aunque el día 10 de octubre de 2024 concluyó el plazo concesional de 75 años de la presa y centrales de Villalcampo, Iberdrola continúa desempeñando sus labores de explotación conforme a la concesión otorgada a la espera de que la Administración instruya el correspondiente expediente de extinción”. La compañía “está esperando” la resolución del TSJ vasco sobre la continuidad de la concesión y “estima que se han cumplido las inversiones que permiten ampliar el plazo, conforme al título concesional”. Destaca que “ha llevado a cabo un trabajo excepcional en la explotación de estas infraestructuras y también en el control de las avenidas por el Duero; en 1977 se amplió la central con la puesta en servicio de Villalcampo II, mejorando las capacidades de gestión de avenidas por el río. Asimismo, Iberdrola mantiene once empleados de la comarca y de la provincia de Zamora en el centro de trabajo para realizar las operaciones de esta infraestructura hidroeléctrica”. “Iberdrola quiere seguir manteniendo el pulso y el contacto con la provincia zamorana y con todas las partes implicadas y para ello apuesta por retener y atraer el talento joven”. Destaca que las instalaciones que han albergado durante décadas el Laboratorio de Hidráulica de Iberdrola, “referencia mundial en el campo de la ingeniería junto a la presa de Ricobayo”, se han transformado en un centro de innovación y formación “por el que pasarán anualmente al menos 800 futuros profesionales de todos los rincones de España”. “Iberdrola va a seguir realizando un importante esfuerzo inversor en esta tierra, para continuar ofreciendo, a sus casi 130.000 clientes zamoranos una calidad de servicio cada vez mejor. Para ello, tiene previsto invertir en la provincia 36 millones de euros en redes eléctricas durante los próximos cuatro años, otros 40 millones se destinarán a la ampliación de parques eólicos, 4,7 millones a infraestructuras hidroeléctricas durante los dos últimos años y una aportación fiscal recurrente de más de 13 millones de euros anuales de impuestos provinciales”. La empresa subraya que mantiene 17 instalaciones en la provincia zamorana con una potencia instalada de 976 MW, cuatro infraestructuras eólicas y 13 centrales hidroeléctricas, “una energía limpia y flexible que crea empleo y apuesta por la formación de profesionales en un sector en auge que ofrece trabajo a los jóvenes”. “Además, de la mano de la Fundación Rei Afonso Henriques forman a jóvenes de centros escolares zamoranos sobre los riesgos del cambio climático”.

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