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El retraso de la CNMC en aprobar una norma antiapagones garantiza pagos multimillonarios a las eléctricas

El retraso de la CNMC en aprobar una norma antiapagones garantiza pagos multimillonarios a las eléctricas
El coste de las "restricciones técnicas" que cobran sobre todo centrales de gas bate un récord de 2.500 millones hasta agosto, en parte por el colchón extra de seguridad tras el apagón; el nuevo servicio de control de tensión reducirá estos pagos pero tardará en estar operativoCompetencia anuncia el nuevo servicio de control de tensión tras los informes del Gobierno y Red Eléctrica sobre el apagón El retraso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en actualizar una norma obsoleta para controlar la tensión eléctrica y evitar apagones ha permitido a las eléctricas recibir pagos multimillonarios a través del único mecanismo que en la actualidad permite asegurar una cantidad mínima de control de tensión en el sistema, las denominadas “restricciones técnicas”. Desde enero hasta este 26 de agosto, el coste de los mercados de restricciones técnicas que gestiona el operador del sistema, Red Eléctrica de España (REE), ha batido un récord de 2.493 millones de euros. Ha subido más de un 50% en un año y en unos días superará los 2.522 millones que costó este mecanismo en todo 2024. El año pasado se alcanzó el anterior máximo anual (hasta ahora) para estos costes, que las comercializadoras de electricidad deben abonar a las generadoras que prestan este servicio, sobre todo, centrales de gas. Aunque la tendencia viene de atrás, uno de los vectores del nuevo incremento de este año ha sido el modo de “operación reforzada” con el que lleva funcionando el sistema eléctrico desde el histórico apagón del pasado 28 de abril. Ese colchón extra de seguridad se basa en estas restricciones, con más gas y momentos puntuales en los que REE ordena limitar la entrada de generación renovable. Solo entre mayo y agosto, el coste total de las restricciones técnicas ha sido de unos 1.311 millones, aunque no todo corresponde a esa operación reforzada. Pero la “operación reforzada”, indican fuentes del sector, están relacionadas con las restricciones que se aplican en el mercado diario (con un día de antelación), que desde mayo suman casi 940 millones. Las restricciones técnicas no solo se utilizan para controlar tensión. También sirven para resolver congestiones en determinadas zonas, por ejemplo. Cuando REE necesita estabilizar la tensión de forma dinámica, en el propio día, recurre principalmente a los ciclos combinados a través de ellas. Pueden aplicarse en tiempo real o fijarse la víspera de cada jornada. En junio, en una entrevista con elDiario.es, el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, explicó que en torno a un tercio de las restricciones técnicas de mayo serían atribuibles a esa “operación reforzada”. Extrapolando esa estimación, un tercio de esos 940 millones equivaldría a más de 300 millones. De esos 2.493 millones de costes acumulados entre enero y agosto, 1.452 millones son por restricciones aplicadas en el mercado diario, que solo en mayo se dispararon a un máximo mensual de casi 405 millones. Groizard explicó en esa entrevista que “el operador del sistema decidió, con un criterio de prudencia que tiene sentido, operar con ese modo reforzado, incrementando algo que ya existía, las restricciones técnicas. El operador del sistema nos traslada que en mayo dos tercios de las restricciones técnicas se habrían llevado a cabo igualmente y no serían achacables a este modo reforzado”. En este tipo de restricciones técnicas, además de las centrales de gas, también pueden participar las nucleares, aunque solo cuando la consigna de REE para controlar la tensión dura muchas horas, porque estas plantas modifican su carga muy lentamente. La nuclear tiene muy difícil participar en las restricciones técnicas que se aplican en tiempo real y ahí los grandes beneficiados son los ciclos combinados. Como explican fuentes del sector, hay centrales de gas que obtienen más del 80% de sus ingresos de este mecanismo. El Ministerio para la Transición Ecológica subraya que los consumidores en el mercado libre, con precio fijo de revisión anual, no se ven afectados por el sobrecoste de la operación reforzada puesto que “ya ha recordado la CNMC que no se pueden cambiar los contratos”. Este coste sí se traslada a los consumidores con una tarifa indexada, como la tarifa regulada del precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC). Transición Ecológica argumenta que estos clientes verán el “seguro” de la operación reforzada compensado por el bajo coste de la energía y porque parte de su precio ya toma otras referencias –un 40% de los mercados de futuros–, de acuerdo con las medidas que adoptó el Gobierno para reducir la volatilidad durante la crisis de precios que provocó la guerra de Ucrania. La semana pasada, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, insistió en una entrevista en elDiario.es en que esta operación reforzada, “para un país como España, que tiene grandes recursos renovables, no está significando un incremento sustancial en las facturas. Lo que sí es cierto es que la decisión sobre si tiene que ser o no reforzado está en manos del operador del sistema. Estaremos muy pendientes”. A finales de julio, durante la presentación de los resultados semestrales de Redeia (matriz de REE), su consejero delegado, Roberto García Merino, defendió la necesidad de continuar con este refuerzo extra: “Es una medida que está compartida con el ministerio y con la CNMC”. Mientras “no haya medidas que aseguren el cumplimiento de la normativa necesaria para una operación segura del sistema, se ha optado por esta alternativa de manera segura, con un impacto razonablemente acotado en términos de impacto para el sistema”, defendió, días después de que el Congreso tumbase el decreto con medidas antiapagón. Independientemente del apagón, el análisis de los datos de REE refleja cómo el coste de los mercados de restricciones técnicas ha explotado desde 2020. Ese año el operador del sistema planteó por primera vez actualizar el obsoleto servicio de control de tensión, cuya revisión la CNMC no ha aprobado hasta ahora, aunque tardará en estar operativo. El retraso en darle luz verde, apuntan fuentes del sector, “ha supuesto un importante incremento de ingresos y beneficios para los ciclos combinados”. Si en 2019 el coste total de las restricciones fue de 247 millones, en 2020 escaló hasta 528 millones y este año puede irse cerca de los 3.000 millones. En el sector creen que con un servicio de control de tensión de este siglo, este derroche habría sido innecesario. La CNMC anunció en junio la aprobación del nuevo servicio de control de tensión, que permitirá participar en él a las renovables (ahora solo pueden hacerlo de forma muy limitada) y que entre otras novedades incluirá penalizaciones para todas las tecnologías, también a las tradicionales, por incumplimientos en el control de tensión. El procedimiento supondrá una nueva vía de ingresos para la fotovoltaica, y no solo en horas solares, ya que hay inversores que tienen una modalidad (‘Q-night mode’) que les permite regular energía reactiva por la noche. La CNMC anuncio la aprobación de esa norma un día después de que los informes del Gobierno y el operador del sistema sobre el apagón urgieran a ponerla en marcha, tras destaparse fallos en el control de tensión que debían hacer las centrales de generación térmica. Los informes del Ejecutivo y el operador del sistema discreparon en algunos puntos (fundamentalmente, la responsabilidad de REE en ese colapso energético a la hora de planificar potencia de reserva), pero coincidieron en la urgencia de actualizar ese procedimiento. Como recordó REE en su informe, ese servicio “está pendiente de aprobación desde el año 2021”. Sin embargo, su aplicación no será inmediata. Aunque la CNMC anunció su aprobación en junio, solo empezará a aplicarse en el primer trimestre del año que viene, según dijo unos días antes la directora de Operación de REE, Concha Sánchez. Responsabilidad compartida El informe del Gobierno apuntó a una responsabilidad compartida de todo el sector en el apagón. REE la ha negado, culpando a instalaciones de las grandes eléctricas obligadas por ley a controlar la tensión que ese día no lo hicieron correctamente y a la desconexión irregular de algunas plantas de renovables antes de que la sobretensión llegara al máximo establecido. La propia CNMC planteó cambiar la regulación de tensión en 2019 y en 2022, tras reconocer “problemas continuos de control de tensión”, pero decidió lanzar dos proyectos pilotos para ensayar ese nuevo sistema, que permitirá a las renovables (casi toda la fotovoltaica y la eólica más moderna) regular tensión de manera masiva con menos coste para el consumidor. Según dijo tras el apagón la presidenta del súperregulador, Cani Fernández, lanzaron esos pilotos porque la UE les obligó a hacerlo. Cuando en 2026 esté en funcionamiento habrán pasado siete años desde que la propia CNMC advirtió por primera vez de la necesidad actualizar el servicio de control de tensión. El vigente hasta ahora data de 2000, cuando las renovables eran testimoniales y el mix eléctrico era muy diferente al actual. El informe del Gobierno sobre el apagón recomendó “acelerar la constitución y adecuada dotación de la Comisión Nacional de Energía” (CNE), el antiguo regulador que absorbió la CNMC en 2013, para tener un supervisor “especializado y focalizado exclusivamente en el sector energético, a la vista de la elevada complejidad y especificidad del sector, la creciente abundancia y concreción de normativa técnica aplicable, la necesidad de mayor supervisión y transparencia, y la criticidad del sector”. El proyecto de ley para recuperar la CNE lleva casi un año empantanado en el Congreso.
eldiario
hace alrededor de 3 horas
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