La Administración acorrala a los pisos turísticos ilegales

La masificación turística es objeto de polémica e incluso de algún conato de turismofobia en las zonas más tensionadas. Este fin mismo fin de semana se han celebrado manifestaciones en Canarias pidiendo a las administraciones que pongan límites y ayuntamientos, comunidades autónomas y Gobierno central parecen haberse puesto de acuerdo para combatir la parte más sangrante de este problema , la proliferación de viviendas ilegales que se anuncian en plataformas digitales. No es un asunto menor, pues de fondo subyace una preocupación añadida, que es la de la falta de vivienda en nuestro país. Madrid , Barcelona, Palma de Mallorca, Sevilla, Málaga o Valencia, todas las capitales han desplegado planes para regular la oferta -de mayor o menor calado- y han puesto el acelerador en la persecución de los pisos ilegales. En agosto, el alcalde popular de Sevilla, José Luis Sanz, anunció que cortaría el agua a este tipo de alojamientos, una medida que suscitó dudas por su legalidad; en febrero, el pleno de Valencia aprobó por unanimidad la imposición de sanciones de hasta 600.000 euros en los casos más graves; Madrid también ha endurecido las multas y ha incrementado la plantilla de inspectores; y Barcelona tiró por la calle de en medio al anunciar que pretende dejar de renovar licencias para que en cuatro años no quede en la ciudad ni una de las 10.000 viviendas legales que hay ahora mismo, una decisión polémica pero que en marzo recibió el aval del Tribunal Constitucional, en respuesta a una impugnación del PP. Y por supuesto, el Ministerio de Consumo -de la parte de Sumar del Gobierno-, que desde que en 2022 se hizo con competencias sancionadoras y de vigilancia sobre los derechos de los consumidores -por decisión del Consejo de Ministros- ha hecho amplio uso de ellas. Precisamente, ayer el departamento que dirige Pablo Bustinduy recrudeció la ofensiva contra la principal plataforma en la que se anuncian estas viviendas, Airbnb , que empezó en junio del año pasado con un requerimiento de información y continuó en diciembre con un expediente sancionador que podría acabar con multas de hasta 100.000 euros y que, en cualquier caso, seguirá su curso al margen de la medida anunciada ayer. Como ya se ha avanzado, el último capítulo de esta guerra es la orden de eliminación de 65.935 anuncios de Airbnb que Consumo califica de «ilegales», medida que llega después de que enviara hasta tres resoluciones a la compañía en las que se le notificaba de su existencia. No es poco, y valga este dato como comparación: según el INE en España hay 368.295 viviendas turísticas, aunque hay que matizar que Estadística solo considera las que tienen licencia y están comercializadas. Tomando todos los alojamientos registrados, desde la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) elevan la cifra hasta el medio millón. En cualquier caso, ahora el Gobierno quiere eliminar 60.000 -que necesariamente no estarán entre las que contabiliza el INE-, iniciativa que llega después de que el viernes pasado lograra una victoria judicial cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se pronunció con un auto que avala la eliminación de 5.800 de esos anuncios. Precisamente, fue Airbnb la que inició la vía judicial para tratar de evitar el bloqueo, y lo que se ha encontrado es un pronunciamiento que confirma la ilegalidad de ofertas que, por cierto, no corresponden solo a viviendas ubicadas en la Comunidad de Madrid; también las hay en Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Euskadi. Bien es cierto que un auto no es una sentencia, pero aun así da argumentos al departamento que dirige Pablo Bustinduy. Quedan sobre la mesa dos resoluciones más -hasta alcanzar los más de 60.000 anuncios- que también han sido recurridas por la plataforma, aunque en este caso ante la Dirección General de Consumo . Una vez resueltos esos recursos de alzada, a Airbnb aún le quedará la vía judicial -que con toda seguridad empleará para ganar tiempo-, aunque el auto conocido ayer es un mal precedente para la compañía. Exactamente, el Ministerio asegura haber detectado tres irregularidades. La más recurrente es la no inclusión del número de licencia o registro, extremo que es de obligación en varias normativas autonómicas. A su vez, habría anuncios que no indican la naturaleza jurídica de los arrendadores (persona física o jurídica). El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tardó muy poco en celebrar la que a su modo de entender es la única solución al problema, «estrangular la publicación y la comercialización de las viviendas ilegales», aseguró ayer. Hace algo menos de dos meses, ambas administraciones protagonizaron una polémica cuando Consumo dijo haber identificado más de 15.200 pisos turísticos ilegales en la capital que contrastaban con las 1.131 licencias reconocidas por el consistorio. Entonces, Almeida recordó que la pelota estaba en el tejado de Bustinduy, pues es quien tiene la competencia para requerir a las comercializadoras, que es precisamente lo que hizo ayer. ABC ha contactado con Airbnb , que asegura que recurrirá todas las decisiones que se tomen. En su defensa, argumentan que son una plataforma sujeta a la Ley de Servicios Digitales y que por tanto no tienen obligación de supervisar a sus anfitriones. También, que en diciembre de 2019 el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que Airbnb no debe ser regulada como un agente inmobiliario, y que en enero de 2022, el Tribunal Supremo dictó una sentencia que zanjó que la información que aparece en la plataforma es responsabilidad del prestador del servicio turístico final y no del intermediario. A su vez, ayer la multinacional con sede en Irlanda acusó al Ministerio de basar su investigación en un listado de anuncios que mezcla los que tienen licencia con otros que podrían no necesitarla (como arrendamientos de temporada que no son oferta turística). En la misma línea, desde Fevitur insisten en que no todo lo que hay en las plataformas son viviendas turísticas, aunque aseguran estar frontalmente en contra de la oferta ilegal. Según explica a ABC su presidenta, Silvia Blasco, si esas más de 60.000 viviendas que ha detectado Consumo son ilegales no están en contra de que se bloqueen, pero insisten en que el Ejecutivo debería ofrecer a la plataforma la posibilidad de que notifique a sus anunciantes antes de tomar medidas drásticas, a la vez que un proceso de audiencia para que los afectados puedan subsanar los errores que sean subsanables.

Comentarios

Noticias de negocios

Diglo, el 'servicer' de Santander, llega a una cartera de 12 clientes y aumenta su negocio

Expansión

España y Portugal se unen tras el gran apagón en la presión a Francia y la Comisión para que aumenten las interconexiones

hace alrededor de 10 horas

Entre dos fuegos: el sector del automóvil europeo atrapado entre China y Trump

Expansión

Comentarios

Noticias de negocios

Diglo, el 'servicer' de Santander, llega a una cartera de 12 clientes y aumenta su negocio

Daniel Levy, el implacable negociador al que ya no quiere la afición del Tottenham

El Gobierno vasco dice que 70.000 empleos peligran si no se desarrolla la red eléctrica

El Gobierno pone en el punto de mira uno de cada cinco pisos turísticos

Los 50 años haciendo IA de SAS: "Hay mucho ruido en el mercado"

Bruselas certifica que la llegada de inmigrantes a España ya se está frenando por la "desaceleración" de la economía

España dispara un 22% su dependencia de la industria china este año y marca un nuevo récord

¿Hasta qué punto protegen las tecnológicas a los menores? La OCDE llama a rediseñar el entorno digital

La guerra de Cepyme se resuelve este martes tras una campaña de reproches cruzados entre los candidatos

Las dos orillas de Julio Anguita y la destrucción de la izquierda radical

Europa ante su momento Sputnik

La presión climática y legal, un reto para el sector de la alimentación

Mapa de las localidades donde el BBVA se compromete a mantener sucursales si hay fusión con Sabadell

Ladrillo, Luxemburgo, Madeira y una fundación: reaparece un pionero del capital riesgo en España

Trump asegura que Rusia y Ucrania van a negociar "inmediatamente" un alto el fuego

Foro Nuclear confía en cerrar este año un pacto con el Gobierno sobre la prórroga de las centrales

Cotecnica compra la firma de suplementos Sinual y crece un 14%

Las exportaciones catalanas crecen un 3,3% en el primer trimestre

HIG vende el grupo de párking Eysa a Tikehau Capital por 600 millones

Nueva fusión en el 'bus' catalán: Teisa crece en Girona con la compra de Estarriol

Noel fabricará productos cárnicos en China con una empresa local

Ángela de Miguel: "Si Conpymes está ahí es por un espacio que Cepyme le ha dejado"

Las nucleares confían en el diálogo con el Gobierno y piden rebajar impuestos

Precio de la luz: ¿cuál es la hora más barata de hoy martes 20 de mayo?

Macron anuncia un impulso de 20.000 millones a las inversiones extranjeras en Francia

La OCU afirma que la consulta sobre la opa del BBVA al Banco Sabadell es "irregular"

Xiaomi invertirá más de 6.100 millones en el diseño de chips propios

Los supermercados cifran en 630 millones de euros el impacto de la reducción de jornada

CSIF registra una petición formal para que el Gobierno negocie una subida salarial y abone los retrasos pendientes

La OCU ve “irregular” la consulta sobre la opa al Sabadell y pide que los accionistas decidan

"La fotovoltaica no ha ido ni demasiado lejos, ni demasiado rápido"

Las puertas abiertas del Port de Barcelona atraen a 15.000 personas en dos días

Economía lanza el Plan ICEX frente a los aranceles en medio de críticas de las comunidades del PP

El Gobierno activará en los próximos días las ayudas del ICO para las empresas golpeadas por los aranceles de Trump

Consumo ordena a Airbnb el bloqueo de más de 65.000 anuncios ilegales de pisos turísticos

Qué es el euro digital y qué cambiará

Los trabajadores de Freixenet harán una semana de huelga para protestar contra el ERE

España y Portugal presionan a Francia y la UE para acelerar las obras de interconexiones eléctricas tras el apagón

Un estudio señala que el aumento del SMI impacta sobre el empleo en las empresas más pequeñas

España y Portugal se unen tras el gran apagón en la presión a Francia y la Comisión para que aumenten las interconexiones

Entre dos fuegos: el sector del automóvil europeo atrapado entre China y Trump

España y Portugal unirán fuerzas para presionar a París y Bruselas para aumentar las interconexiones tras el apagón

Economía activa programas de crecimiento para pymes afectadas por los aranceles de Trump

El déficit comercial de España engorda un 86% en el primer trimestre

La moderada pérdida de empleo por la subida del salario mínimo en 2019 se concentró en las micropymes

Bridgestone acuerda 420 despidos en Bizkaia y Cantabria

Ale-Hop gana 51 millones con 336 tiendas en 2024

Murtra, elegido miembro de la European Roud Table

Santander congela sueldos y recorta bonus en Reino Unido

Junts ve lejos su apoyo a la regulación de los alquileres de temporada

Economía lanza un plan de atención personalizada a las 500 empresas con mayor volumen de exportaciones a EE UU

Talgo pierde a la mitad de su consejo de administración en lo que llevamos de año

Bridgestone cierra un acuerdo con los sindicatos y reduce en 126 el número de salidas

Los inversores huyen de la deuda americana tras la rebaja de rating de Moody's

La mayor subida de la historia del salario mínimo castigó de forma generalizada a los pequeños negocios

Un motor que galvaniza la Economía Social

La ex jefa de personal de Glovo evita señalar a Pierre como autor de la presunta desobedienciaaTrabajo

Las oposiciones que han indignado a Madrid: los bomberos denuncian retrasos y falta de transparencia

Mapfre guarda en Cartera más de 5.000 millones para compras

Habitacion.com cierra una ronda de 1,3 millones de euros