El Parlamento británico vota a favor de despenalizar el aborto para las gestantes en todas las circunstancias

La reforma para Inglaterra y Gales supondrá que la justicia no podrá perseguir a la mujer en el caso de que aborte fuera del plazo permitido de 24 semanas o lo haga sin autorización médica, pero sí al personal sanitario o a otras personas que la ayudenNo caen los abortos pero mueren más niños: EEUU es un ejemplo de lo que provoca recortar derechos reproductivos El Parlamento británico aprobó este martes una enmienda para acabar con los procesos penales contra las mujeres que interrumpan su embarazo en Inglaterra y Gales más allá de los plazos legales y las condiciones impuestas por la ley de 1967. Las penas de cárcel, que todavía están en vigor, se remotan a una ley de 1861. La enmienda aceptada, que elimina las penas de la ley de 1861 y de otra de 1929, va unida a una legislación sobre crimen y vigilancia policial que está en proceso de aprobación, pero que entrará en vigor fácilmente dada la abrumadora mayoría del Gobierno laborista en el Parlamento (403 de 650 diputados). La enmienda ha sido aprobada con 379 votos a favor y 137 en contra. Los diputados tenían libertad de voto y no había instrucciones de los líderes de los partidos. La legislación que se aplica ahora en Gran Bretaña —Inglaterra, Gales y Escocia— sobre el derecho al aborto supone que una mujer puede abortar hasta la semana 24 del embarazo con la autorización de dos médicos y puede hacerlo más allá en circunstancias especiales, como el peligro para la vida de la madre o del feto. Pero las mujeres que abortan por su cuenta o más allá de estos plazos pueden ser castigadas hasta con la cárcel. Mujeres encarceladas La aplicación de castigos penales por abortar es una rareza desde hace décadas, pero el debate se reabrió en en 2023, cuando una mujer de 44 años y madre de tres hijos fue condenada a 28 meses de prisión tras abortar entre la semana 32 y 34 de gestación. Su sentencia fue reducida y ella fue liberada después de un mes en la cárcel, pero al menos otra media docena de mujeres han sido procesadas y un centenar investigadas desde 2020. Este mayo otra mujer de 45 años fue absuelta después de casi cinco años de proceso. En este caso, tomó unas píldoras abortivas a las 26 semanas por indicación médica en una consulta en remoto durante la pandemia y sin saber que su gestación estaba tan avanzada. La mujer dio a luz de manera inesperada en casa a un feto muerto y tuvo que ser operada de emergencia. Después, fue denunciada y procesada. Manifestantes durante una marcha a favor de la despenalización del aborto tras la detención de una mujer que tomó píldoras abortivas más allá del plazo permitido por la ley británica, en Londres, en junio de 2023. “Su vida quedó destrozada. Mientras se recuperaba de la operación, Nicola fue llevada desde el hospital por agentes uniformados en un coche de policía y arrestada… Mientras estaba detenida, sus ordenadores y su móvil fueron requisados, y se le negó acceso a medicación esencial anti-coágulos”, contó este martes en la Cámara de los Comunes Tonia Antoniazzi, la diputada laborista que presentó la enmienda. “Lo que siguió fueron cuatro años y medio de persecución por parte de la policía y la fiscalía… Se gastó cada penique en su defensa”. Todavía un delito La reforma despenalizará el hecho de que las mujeres interrumpan de forma voluntaria su embarazo en cualquier circunstancia estén o no dentro de los plazos o hayan pasado por la autorización médica. Pero no elimina el aborto como delito y tampoco exime de castigos al personal sanitario que ayude a la mujer a abortar fuera de plazo ni a personas que la asistan sin autorización médica aunque sea dentro del plazo, por ejemplo con píldoras abortivas. La idea de que el aborto es un delito viene heredada de una ley de 1861, que sigue existiendo y contempla hasta penas de cadena perpetua. “Aprobada originalmente por un Parlamento todo de hombres elegido sólo por hombre, esta ley victoriana se está siendo utilizada cada vez más contra mujeres y niñas vulnerables”, dijo la diputada Antoniazzi. Esta reforma legislativa sólo se aplicará a Inglaterra y Gales mientras Escocia está revisando el asunto e Irlanda del Norte tiene su propio estatus, con una ley de plazos aprobada en 2020 que también incluye la despenalización. ¿Y en otros países? Sólo Canadá y una parte de Estados Unidos tienen legislaciaciones con una protección más amplia del derecho al aborto y que no incluyen castigos ni para la mujer ni para el personal médico ni para otras personas a no ser que el aborto no sea voluntario. En la Cámara de los Comunes, otra diputada laborista, Stella Creasy, presentó una enmienda que supondría una despenalización total en Inglaterra y Gales, también para el personal médico, y el reconocimiento del derecho al aborto como un derecho humano. Pero la enmienda no se sometió finalmente a votación. Su enmienda obligaría a reescribir la legislación vigente del aborto, pero, como señaló Creasy, sólo así habría una verdadera despenalización y se podría regular la interrupción del embarazo como un asunto de salud. En España, como en la mayoría de Europa, el aborto sigue estando incluido como delito en el Código Penal y potencialmente puede acarrear sanciones para las mujeres y el personal sanitario que las ayude si no cumplen los plazos o los requisitos en la ley para excederlos. Durante el debate, varias diputadas conservadoras criticaron en particular el envío por correo de píldoras abortivas y la falta de controles médicos en persona. Una diputada conservadora, Caroline Johnson, presentó una enmienda para incluir la obligatoriedad de una consulta médica en persona antes de recetar una píldora abortiva. Johnson, que es pediatra, dijo que no está en contra del derecho al aborto, pero quiere que sea “clínico” y “seguro”. La emnienda también se sometió a votación este martes y fue rechazada por 379 votos contra 117.

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