Ronda cosmética en la UE para salvaguardar la imagen ante el genocidio en Gaza

La UE despierta de una larga siesta y escenifica asombro ante el genocidio israelí, pero no pasa de las palabras: no aplica sanciones, mantiene negocios y relaciones con Israel y no cumple el dictamen de la Corte de La Haya La presión social ha empujado a gobiernos de la UE a escenificar una reacción -que apenas pasa de las palabras y de los gesto simbólicos- ante el genocidio israelí en Gaza. A ello han contribuido las grandes manifestaciones de los últimos días en La Haya, Londres o Madrid, así como los resultados de encuestas que, en diferentes países, muestran un amplio descontento social con las acciones de Israel, incluso en un país como Alemania. Además de estas movilizaciones, las campañas que denuncian el comercio armamentístico y que reclaman suspensión de relaciones con Israel calan en la opinión pública de algunos países, como España. Otra de las vías de presión es la que se lleva a cabo desde hace tiempo en el ámbito jurídico. En el marco de la demanda por genocidio contra Israel, presentada por Sudáfrica hace año y medio, la Corte Internacional de Justicia emitió un dictamen, el pasado mes de julio, que solicita a las naciones de la ONU “impedir relaciones comerciales y de inversión” que contribuyan a la ocupación ilegal israelí. Ningún país europeo está cumpliendo con ello, ni tampoco con las obligaciones internacionales vinculadas a la Convención sobre Genocidio, que exige “prevenir y sancionar” acciones con componentes de genocidio. La otra Corte de La Haya, el Tribunal Penal Internacional, prosigue con su investigación al Gobierno israelí por crímenes de guerra y de lesa humanidad y en el marco de la misma emitió hace ya meses una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Los países firmantes del Estatuto de Roma -todos los de la UE lo son, aunque Hungría acaba de solicitar su salida- están obligados a cumplir las órdenes de este Tribunal, y a garantizar que se cumplan. Sin embargo, varios gobiernos europeos -Francia, Alemania, Polonia, Italia, Países Bajos, Austria, etc- han cuestionado la posibilidad de cumplimiento de esa orden de arresto contra Netanyahu. A estos pasos en las Cortes de La Haya se suman los dados por organizaciones sociales y jurídicas, que han presentado demandas en tribunales nacionales. Es el caso de Reino Unido, cuyo gobierno ha sido acusado por varias entidades de derechos humanos de seguir enviando armamento a Israel; en concreto, piezas de aviones de combate F-35. Estos esfuerzos en sí mismos no son suficientes, pero unidos a la presión social, han obligado por fin a la Unión Europea a aparentar que hace algo. Al fin y al cabo, ningún gobierno quiere pasar a la historia como cómplice de un genocidio. La puntilla la dio hace una semana Eurovisión, donde Tel Aviv buscó verse arropada por Europa, y lo logró. Pero la obscenidad de los hechos tuvo un efecto bumerán. El concurso musical de la Unión de Radiodifusión Europea, el mismo que hace 3 años expulsó de inmediato a Rusia, terminó siendo un espejo en el que varios gobiernos europeos se vieron reflejados con cierta incomodidad. El lunes se inició la ronda cosmética, como si la UE hubiera despertado de una larga siesta y acabara de descubrir que Israel comete crímenes de gran envergadura. Tras un año y siete meses de genocidio, varios gobiernos europeos han proporcionado una escenografía con declaraciones públicas de condena a los crímenes israelíes y con anuncios de acciones que, de momento, no se han convertido en realidad. Con ello, numerosos medios de comunicación en la UE han percibido luz verde para decir lo que no habían dicho hasta ahora, ni en diecinueve meses de masacres, ni en décadas de ocupación ilegal y apartheid contra la población palestina. Hay voces que hablan y denuncian solo cuando sienten permiso desde arriba. Bienvenidas sean las palabras. Pero la gente de Palestina necesita hechos inmediatos y contundentes para salvar su vida, su integridad física y mental. Sería una irresponsabilidad asumir que la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional ya está encarrilada y que denunciar con perseverancia es molesto y está fuera de lugar. Lo que está fuera de lugar es la normalización mediática de estas políticas europeas que mantienen relaciones comerciales y diplomáticas con el Gobierno israelí. Es importante prestar atención a la letra pequeña y no solo a los titulares, porque esta semana algunos han llegado cargados de insinuaciones que no se corresponden con la realidad. No, la Unión Europea no va a cancelar su Acuerdo de Asociación comercial preferencial con Israel. Diecisiete países han propuesto su revisión -que no es lo mismo que su suspensión- y otros nueve se han opuesto a ella, entre ellos, Alemania, Italia o República Checa. Con una revisión se pretende, a estas alturas, estudiar si Israel viola o no el artículo 2 del Acuerdo con la UE, en el que se pide a las partes respeto a los derechos humanos. Una vez que la Comisión Europea elabore un informe, éste se llevará al Consejo Europeo, donde se adoptará una decisión. Como no hay unanimidad, no habrá ruptura del pacto con Tel Aviv. Imagínense explicar esto a una mujer de Gaza que ha tenido en sus brazos los cadáveres de dos hijas pequeñas. “En la UE van a estudiar si Israel respeta los derechos humanos”. Tuve esta conversación esta semana. Esa mujer palestina, como tantas otras, sabe de las dinámicas de la política internacional occidental, porque ésta se escribe sobre su propio cuerpo, y sobre los de sus hijas asesinadas. “Patada hacia delante, compran tiempo y aquí seguimos muriendo y agonizando en vida”, me dijo. Y así es, al menos de momento. Hace diecisiete meses, cuando ya había más de 20.000 personas muertas en Gaza y un bloqueo a la entrada de alimentos y medicinas, el genocidio era un mero ruido de fondo normalizado. Usar esa palabra en los países occidentales era convertirse en objeto de crítica asegurada. El 6 de noviembre de 2023, un mes después del inicio de los ataques israelíes contra la Franja, dije en una entrevista que, si la comunidad internacional no actuaba, Israel mataría a miles más, o incluso “a decenas de miles”, en nombre de su “derecho a defenderse”. No hacía falta ser director de los servicios de inteligencia de un país occidental para saber que eso iba a ocurrir. Bastaba con tener un mínimo conocimiento de la historia reciente de Israel y Palestina. A día de hoy, 19 meses después, la UE mantiene relaciones comerciales, armamentísticas y diplomáticas con Tel Aviv y no ha impuesto ni una sanción. Con ello, sus países integrantes siguen incumpliendo sus obligaciones internacionales, el dictamen de la Corte Internacional de Justicia, las resoluciones de Naciones Unidas o el compromiso -adquirido a través de la Convención sobre Genocidio- de “prevenir y sancionar” el genocidio. Las naciones de la UE tienen margen para adoptar decisiones propias, y deberían hacerlo de forma inmediata si no quieren seguir contribuyendo de forma indirecta a reforzar las arcas de empresas israelíes que participan en la ocupación ilegal, el apartheid y las masacres. En realidad, deberían haberlo hecho hace mucho tiempo. ¿Cuántas vidas se podrían haber salvado con presión real? En España también se han producido esta semana gestos con gran repercusión mediática. El Congreso español aprobó el martes una proposición de ley, presentada en julio por más de 500 organizaciones sociales, que plantea prohibir exportaciones, importaciones y tránsitos de material militar con países investigados por crímenes de guerra, de lesa humanidad o de genocidio. La presión social y las investigaciones sobre el comercio armamentístico entre España e Israel han sido claves para que el PSOE terminara votando a favor de esta proposición de ley, presentada y apoyada por varios grupos políticos. Sin embargo, esto no significa que nuestro país haya aceptado ya un embargo integral de armas a Israel. De hecho, el Gobierno ha elegido el camino largo. Ahora comienza un periodo de tramitación, que puede prolongarse durante un tiempo indefinido, mientras las masacres, la ocupación ilegal y la limpieza étnica continúan en la Franja de Gaza. Sin presión pública, podría incluso quedarse en el congelador hasta la siguiente legislatura, como ha ocurrido con otras proposiciones de ley en el pasado. Un embargo integral es una medida concreta y con efectos. Por eso, las organizaciones impulsoras de la proposición de ley vuelven a pedir, como han hecho en los meses de atrás, “un Real Decreto Ley que el Gobierno puede aprobar mañana mismo” para establecer el embargo integral de forma inmediata. “¿Qué le impide hacerlo?”, se preguntan en un comunicado. España también ha anunciado que impulsará una resolución de la ONU para que Israel acabe con el bloqueo a la entrada de alimentos, medicinas y combustible en Gaza. Hace más de un año la Corte Internacional de Justicia exigió a Israel el fin del bloqueo, con órdenes cautelares, y Tel Aviv hizo caso omiso. Hace décadas Naciones Unidas ya emitió resoluciones pidiendo el fin de la ocupación ilegal, e Israel hizo caso omiso. Para cumplir el dictamen de la Corte Internacional de Justicia y sus obligaciones internacionales vinculadas a la Convención sobre Genocidio, España debe suspender sus relaciones armamentísticas, diplomáticas y comerciales con Israel, algo que sigue evitando. Sin sanciones contundentes y sin actuaciones de presión real, el Gobierno de Netanyahu seguirá adelante con sus planes de limpieza étnica y de anexión ilegal de más territorio palestino. Lo hará porque a Israel se le ha permitido todo durante décadas. En demasiados espacios se ha repetido durante meses y meses que Europa y España no pueden hacer nada para detener los crímenes israelíes y que solo Estados Unidos puede hacerlo. Es una idea falaz que sirve para evadir responsabilidades. Si nadie empuja, nada ocurrirá. Se puede dejar de permitir que pasen barcos que llevan combustible para aviones de combate a Israel. Se puede establecer un embargo integral de armamento inmediato, aprobado por Real Decreto, para dejar de aportar euros a las arcas de empresas israelíes que contribuyen a la ocupación ilegal, al apartheid y a las masacres. Se puede congelar el contrato que España suscribió hace meses con una compañía estatal armamentística, así como otros contratos con empresas armamentísticas israelíes y sus filiales. Se puede suspender las relaciones comerciales con quienes operan o hacen negocios en los Territorios Ocupados Palestinos. Se puede impulsar una resolución para expulsar a Israel de la Asamblea General de la ONU, como se hizo con la Sudáfrica del apartheid. España podría sumarse a la demanda por genocidio con Israel, cosa que no ha hecho a día de hoy. Se puede imponer sanciones a las empresas que facilitan inteligencia artificial al Ejército israelí, con algoritmos que convierten a civiles en objetivos a matar. En definitiva, se puede pasar de una vez de las palabras a los hechos, antes de que sea aún más tarde. No hay tiempo para volver a considerar una declaración, buscar un marco para propiciar unas premisas, para crear resortes, para establecer puntos de partida, para estudiar medidas que impulsen un futuro de acción en el que construir las bases para que algún día... Nadie podrá esquivar el relato de la historia, porque hay millones de ojos de personas decentes en el mundo mirando y vigilando. Solo cabe un camino: hacer todo lo posible para salvar vidas, hacer todo lo posible para acabar con las masacres y, después, hacer todo lo posible para poner fin a la ocupación ilegal y el apartheid. Con contundencia, con presión, con todas las herramientas que las Cortes Internacionales han dado a la política y que, sin embargo, los países europeos siguen sin usar. No, el genocidio no deja de ser noticia la próxima semana. No hay relato que sujete con credibilidad más rondas cosméticas.

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