El PP vuelve a llevar sin éxito a Europa su enmienda a la totalidad a Sánchez

El comisario de Justicia sostiene que España ha dado "pasos" en las recomendaciones sobre el Estado de derecho y recuerda que la principal medida que reclama Bruselas es que el mandato del fiscal general se separe de la legislatura del Gobierno, algo que recoge la reforma de Bolaños, pero evita pronunciarse sobre la corrupción Feijóo sitúa a Sánchez al frente de “una manada corrupta” y el presidente replica con los casos del PP y Vox El Partido Popular, de la mano de las tres fuerzas de la ultraderecha europea, volvió este miércoles a 'españolizar' un debate en el Pleno de la Eurocámara con la intención, en esta ocasión, de presentar al Gobierno de Pedro Sánchez en Europa como una “mafia” a raíz de las investigaciones por corrupción que afectan a los ex secretarios de Organización del PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán. El hemiciclo de Estrasburgo, prácticamente vacío como sucede en este tipo de sesiones, se dividió en dos grupos que se asemejaban a los hinchas de los partidos de fútbol: los de la camiseta azul, en contra del Gobierno español y los de la camiseta roja, a favor de la respuesta que ha dado el líder socialista. Entre medias, los partidos que sustentan al Gobierno en España hacían equilibrios entre las críticas a los dos (PP y PSOE), mientras Podemos les acusaba de “robar a manos llenas”. El PP de Alberto Núñez Feijóo consiguió que varios eurodiputados de otras nacionalidades atizaran a Sánchez y reclamaran su dimisión. Y lo mismo hicieron los socialistas, que tienen como presidenta de grupo a Iratxe García. La novedad en este caso es que el primero en disparar fue, por la bancada popular, el sueco Tomás Tobé. “Tenemos un problema grave con el Estado de derecho en España. Corrupción. Abuso de poder. Debilitamiento de las instituciones”, expresó, antes de asegurar que, con una crisis como la que vive Sánchez, el primer ministro “habría dimitido”. “Esta Cámara y la Comisión ya no pueden seguir en silencio”, recalcó. En su respuesta, la Comisión Europea evitó entrar en la confrontación. El comisario de Justicia, el liberal irlandés Michael McGrath, se limitaba a hablar del informe del Estado de derecho que se publicó el pasado año y lo enfocó en las recomendaciones respecto al sistema judicial, dado que el título del debate era 'Salvaguardar el Estado de Derecho en España, garantizando una fiscalía independiente y autónoma para luchar contra la delincuencia y la corrupción'. La intención del PP era que se hablara del procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pero es un tema que prácticamente se quedó viejo con el terremoto provocado por Cerdán. McGrath ni siquiera se metió con el modelo de elección del fiscal general, sino que recordaba que en la UE hay “distintos modelos” y la gran petición fue que la duración de su mandato se separe de la del Gobierno, para intentar que no siempre coincida el 'color'. Esta petición está recogida en la reforma de la Fiscalía planteada por el ministro de Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, y que cuenta con la oposición del PP y de la parte conservadora del Poder Judicial. El comisario apuntó a que está siguiendo la reforma en marcha del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Y puso en valor que España haya dado “ciertos pasos” para dar seguimiento a esas recomendaciones pero que el último informe, de 2024. El PP volvía a usar así las instituciones europeas contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Una vez más. Lo hizo el pasado mes de mayo, cuando convirtió con Vox un debate sobre el apagón en un ataque al Ejecutivo y a las renovables. También en abril intentaron recabar apoyos en contra de la reforma de la acusación popular en España. En marzo, aseguró en Bruselas que el “problema del Estado de derecho en España es su Gobierno” y Vox reitera que es “el peor de la historia”. Pero se puede ir más atrás, incluso a la pasada legislatura, cuando el PP de Pablo Casado, primero, y de Alberto Núñez Feijóo, después, maniobraron para que España no recibiera fondos de recuperación de los programas puestos en marcha por Bruselas para la recuperación económica tras la pandemia. O cuando Feijóo reclamó a Ursula von der Leyen que impidiera los impuestos especiales a los beneficios logrados por energéticas y banca tras la invasión rusa de Ucrania. La presidenta de la Comisión no solo no criticó, sino que los puso como ejemplo. Por supuesto, la ley de amnistía ha sido otro de los objetivos del PP en Europa. Informe inminente El objetivo de la derecha será ahora el informe que se publicará la primera quincena del mes que viene sobre los progresos desde julio del año pasado, cuando los esfuerzos del PP de Feijóo se centraron en que la Comisión Europea cuestionara la amnistía al procés, sin éxito porque entonces pasó de puntillas. Ahora ha habido un pronunciamiento en el marco de la cuestión prejudicial que tendrá que resolver el Tribunal de Justicia de la UE en el que Bruselas critica cuestiones de esa ley, pero descarta que afectara a los intereses económicos de la UE, que es uno de los asuntos clave. Las palabras del comisario fueron, por tanto, bastante tibias para tratarse del “mayor escándalo de corrupción que ha visto el Parlamento Europeo”, según lo definió la secretaria general del PPE, Dolor Montserrat, quien ha acusado a Sánchez de ser un “cobarde sin escrúpulos”. “Sánchez asaltó su partido amañando las elecciones internas”, agregaba la catalana en referencia al mensaje de Cerdán a su colaborador Koldo García, hoy imputado, para que introdujera dos papeletas en una urna de las primarias de 2014. “Su 'número dos' repartía contratos y fondos europeos a cambio de comisiones millonarias, seleccionaba prostitutas, las situaba en empresas públicas, las denigraba. Todo pagado con dinero público”, agregó. No sobran las críticas a lo ocurrido en el PSOE, pero lo que reprochaban algunos eurodiputados del otro lado es que se volviera a nacionalizar un debate en la Eurocámara. Y, ya que estaban en Europa, Vox aprovechaba la ocasión para reclamar a los populares que rompan sus acuerdos con los socialistas, que junto con los liberales, forman parte de la coalición que 'gobierna' la UE y sustenta a Ursula von der Leyen. “Muy de acuerdo con el PP en que aquí tenemos a los representantes de una organización criminal, pero ustedes hoy han votado todo con ellos”, recriminó Hermann Tertsch, que mencionó expresamente el informe sobre el estado de derecho en el que las fuerzas que sostienen la mayoría han denunciado la situación en la Hungría de Viktor Orbán, a quien Vox defiende, pese a la persecución de los homosexuales prevista para la próxima marcha del Orgullo LGTBI. En ese informe, que salió adelante con los votos de populares, socialistas (incluidos los españoles), liberales, verdes y la izquierda (aunque se han abstenido Podemos, Compromís, ERC, BNG y los comunes), figura una alusión genérica a que “los procesamientos por motivos políticos como las leyes de amnistía y los procedimientos de indulto impulsados por intereses políticos socavan la confianza pública en los principios constitucionales y las normas de la UE”. El PP y la ultraderecha introdujeron una enmienda que muestra la “preocupación por los ataques reiterados contra jueces y fiscales que llevan a cabo investigaciones políticas de alto nivel relacionadas con casos de corrupción y abuso de poder perpetrados contra opositores políticos”. Para los de Feijóo, se refieren al caso de García Ortiz. Los socialistas se defendieron, también tirando de colegas de otras nacionalidades que aplaudieron la “contundencia” con la que ha actuado Sánchez. El eurodiputado gallego Nicolás González Casares preguntó a un parlamentario del PP polaco que había criticado la corrupción del partido de Sánchez qué le parecía que Isabel Díaz Ayuso mantenga a su número tres, que está imputada, o las fotos de Feijóo con el contrabandista Marcial Dorado. Y obtuvo una respuesta genérica porque probablemente no sabía de qué le hablaba. El interés por la política española tiene un límite. Tras afear que ese debate se desarrollara en Estrasburgo, el jefe de la delegación del PSOE recordó que el caso del que hablaban es el de “un ciudadano, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha defraudado a la Hacienda y un investigador que investiga”. “Quieren poner el foco en el investigador por una presunta filtración de la que no hay pruebas”, agregó, antes de recordar que “defender al delincuente es una práctica habitual del PP”. “Ninguna organización está libre de casos de corrupción. La diferencia entre ustedes nosotros es cómo se ataja”, dijo antes de recordar los “martillazos” para destruir el ordenador del extesorero del PP Luis Bárcenas y el 'Luis, sé fuerte' que le mandó Mariano Rajoy: “Ustedes protegen la corrupción, nosotros la combatimos. Actuamos con humildad, pidiendo perdón y, con contundencia”. También el eurodiputado de los comunes Jaume Asens aprovechaba para recordar los casos de corrupción del PP: “Que el PP venga aquí a hablar de corrupción es como Netanyahu hablando de pacifismo”. “Hay que tener la cara de cemento armado para que sean ustedes los que denuncian”, dijo la parlamentaria de ERC Diana Riba. Menos benévola con los socialistas se mostró la de Podemos Isa Serra, que aseguró que “mientras el bipartidismo roba quienes sí luchan por la democracia son perseguidos”, en referencia a organizaciones sociales y a sí misma, quien recordó que fue condenada por participar en una movilización contra un desahucio. El de este miércoles no se recordará en la historia de los debates del Parlamento Europeo, como tampoco lo harán todos los intentos anteriores de las derechas de hacer oposición a Sánchez en Europa.

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