El Tribunal Supremo estrecha el cerco sobre Ábalos

El juez pone a los agentes de la UCO a investigar las acusaciones de Aldama sobre los contratos de obras a cambio de presuntas mordidas, mientras Transportes le responde que los cobros de 500.000 euros que atribuye a Ábalos son los viajes de todo el equipo ministerialEl Supremo pregunta a Transportes por medio millón de euros que la Guardia Civil atribuye a pagos a Ábalos cuando era ministro El Tribunal Supremo aumenta la presión contra José Luis Ábalos casi cinco meses después de abrir una causa penal contra él. El juez que investiga si el que fuera ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE cobró mordidas a cambio de facilitar adjudicaciones públicas a determinadas empresas sigue buscando pruebas que apuntalen las graves acusaciones que pesan contra él y los indicios que ya constan en varios informes policiales. Algunas diligencias puestas en marcha están contribuyendo a abrir nuevas líneas de investigación o a reforzar las ya existentes. Otras, sin embargo, hacen aguas antes incluso de empezar. Este miércoles trascendió un auto en el que el juez Leopoldo Puente ponía el foco en dos pagos al exministro por valor de 508.436,99 euros que, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el Ministerio de Transportes que él mismo dirigía había abonado a Ábalos en los ejercicios de 2018 y 2019. Horas después, el actual equipo de Transportes emitió un comunicado en el que afirmaba que esos gastos “aparecen ligados al nombre del ministro, pero, en realidad, reflejan el coste total de los viajes realizados en esos años” por todos los componentes de la delegación que acompaña al ministro y que “no se realizó (...) ninguna transferencia a ninguna cuenta bancaria” de Ábalos. El origen de la confusión está en un informe que la Agencia Tributaria realizó sobre la información fiscal de Ábalos a instancias del juez. Transportes explicó que en esos ejercicios, su personal interpretó de forma “errónea” que esas declaraciones de gastos eran “equivalentes” a las dietas individuales y así se lo trasladó a Hacienda. No obstante, los agentes de la UCO ya advertían en su informe de que esos abonos “no habrían tenido reflejo identificable” en ninguna de las cuentas del exministro. “Poderosos indicios” Más allá de esta confusión —la UCO ya había errado al atribuir a Ábalos la compra de un inmueble por 2,1 millones que en realidad había costado 751 euros—, otras indagaciones sí han arrojado conclusiones que llevan a la propia Fiscalía Anticorrupción a afirmar que existen “poderosos indicios” de cohecho contra Ábalos. Hasta ahora, la existencia de tres inmuebles de los que se habría beneficiado supuestamente a cambio de su intercesión en contratos y el sueldo público que una de sus exparejas cobró de dos empresas públicas sin ir a trabajar eran los elementos más evidentes que pesaban contra el exministro a la luz de los diferentes atestados que constan en el sumario y las declaraciones de numerosos testigos. Pero el magistrado que lo investiga, Leopoldo Puente, ha dado nuevos pasos tras reiterar en varias de sus resoluciones que el objeto de esta causa no se limita a su intervención en la contratación de las mascarillas durante la pandemia, el episodio que está en el germen de las pesquisas. Por otro lado, el magistrado ha empezado a dar aire a las acusaciones lanzadas por el empresario Víctor Aldama, poliimputado en este caso y en otro fraude millonario en el sector de los hidrocarburos, sobre las mordidas en obras públicas en la etapa de Ábalos. Ordenó recientemente a la UCO que investigue la adjudicación de las obras señaladas por el conseguidor del caso de presunta corrupción que anidó en el Ministerio de Transportes en la etapa de Ábalos. La unidad del instituto armado ya está tratando de fiscalizar todo el proceso e identificar a las empresas finalmente adjudicatarias de esas obras. El magistrado Puente cree que la “coincidencia existente” entre la letra del que fuera asesor de Ábalos, Koldo García, y la que figura en un manuscrito presentado por Aldama como supuesta prueba de hasta seis contratos amañados justifica la investigación de esas adjudicaciones, así como de las reflejadas en un anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado con decenas de contratos “destacados con línea fluorescente” por el comisionista y aportados al tribunal. El juez ha tomado la decisión de ahondar en esos contratos casi cinco meses después de que el comisionista, imputado en dos causas penales, lanzara el primer globo sonda sobre las supuestas mordidas. Lo hizo después de salir de la cárcel, donde se encontraba preso por su presunta implicación en otro caso, el fraude con el IVA en los hidrocarburos. Tras prestar declaración en la Audiencia Nacional y comprometerse a colaborar con la Justicia, aportó esa documentación. Para tratar de cotejar la veracidad de esas notas manuscritas que Aldama atribuye a Koldo García y donde figurarían supuestos pactos para la adjudicación de obra pública a determinadas constructoras, el juez encargó un informe pericial. La experta concluyó que “la letra que consta estampada en los documentos” aportados por Aldama “ha sido realizada por la misma persona” que se sometió a una prueba caligráfica el pasado 18 de febrero en el alto tribunal. Esto es, Koldo García, quien rechazó que fuera su letra. Ese día, el exasesor de Ábalos presentó también varios informes médicos de operaciones quirúrgicas para justificar que su letra podría haberse visto alterada. Sin embargo, el juez considera que esa “coincidencia” justifica una investigación más a fondo de esos contratos. En su declaración en el Supremo el pasado diciembre, Aldama dijo también que él tenía un papel de “recaudador” y que cobró hasta cuatro millones de euros en comisiones sólo por adjudicaciones de obra pública con los que, después, pagó unas supuestas mordidas al exministro y a Koldo García. Ambos niegan haber recibido ese dinero, si bien en el caso del exasesor la UCO asegura que recibía “de manera periódica” pagos de 10.000 euros en metálico que reflejaba en una contabilidad manuscrita hallada en su domicilio. Cuando fue detenido, en febrero del año pasado, los agentes encontraron en su casa 24.000 euros en efectivo. El juez tiene pendiente de recibir los informes sobre el patrimonio y las comunicaciones de Ábalos que ha encargado a la Guardia Civil. Contratos en empresas públicas Por otro lado, el juez Puente sigue la pista de otras presuntas prebendas de las que se podría haber beneficiado el que fuera ministro socialista. El próximo martes 6 de mayo tiene previsto interrogar a Claudia M., otra mujer con la que Ábalos tuvo una relación. En uno de sus últimos atestados, la UCO afirma que esta mujer fue contratada por la empresa pública Logirail SME, cuyo único accionista es Renfe, dependiente de Transportes, gracias a la “influencia” del entonces ministro y de quien era su mano derecha. Los agentes se basan en varios mensajes que revelan que Ábalos pidió a su asesor que mediara para conseguir un contrato para ella a finales de 2019. “¿A la de Gijón [en referencia a Claudia M., que es asturiana] no la pueden contratar en Renfe, ADIF o alguna de sus subcontratas?”, preguntó Ábalos a su asesor. “Lo arreglo”, respondió él. La mujer fue contratada e incluso los mensajes analizados muestra cómo los dos investigados intervinieron para que no se rescindiera su contrato cuando ella les comentó que la querían despedir. La contratación de Claudia M. salió a la luz después de que se destapara que otra expareja del entonces ministro, Jessica R., había estado empleada en dos empresas públicas en las que cobró una nómina durante dos años y medio sin realizar “actividad laboral alguna”. Esta última contratación ha puesto el foco sobre la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera. Según el juez, existen “indicios bastantes” de que participó en su “posiblemente irregular y caprichosa” contratación y ha remitido los hechos al juez que investiga parte de ese caso en la Audiencia Nacional para que decida si debe ser investigada. Además, un socio de Aldama pagó a Jessica R. durante 32 meses el alquiler del apartamento de lujo en el que se residía en un rascacielos del centro de Madrid y que costaba 2.700 euros mensuales. Algo más de un año después del estallido del caso —y de que Ábalos fuera expulsado del PSOE y del grupo parlamentario— la investigación llega a un momento crítico. El juez mantiene en el radar los millonarios contratos de mascarillas origen de la investigación, pero sus últimos pasos van dirigidos a examinar si la trama extendió su influencia en otras adjudicaciones públicas.

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