'Kale borroka': treinta años de violencia y sufrimiento al servicio de ETA acaban en un eslogan de Ayuso

El terrorismo callejero fue una estrategia diseñada por la banda para complementar los asesinatos que perpetraban sus comandos y el término lo recupera ahora la presidenta madrileña para criminalizar la protesta en la capital contra el genocidio en PalestinaNinguno de los 97 identificados en Madrid durante la última jornada de La Vuelta tienen antecedentes por terrorismo A Jon Ruiz Sagarda le tocó ese día conducir la furgoneta de la Ertzaintza. Eran cerca de las ocho de la tarde y la jornada, una vez más, se preveía violenta en Errenteria (Gipuzkoa), feudo de la izquierda abertzale. Al acercase a la “estación del Topo” –como se conoce al tren que lleva a Donosti– el vehículo de la policía autonómica comenzó a recibir una lluvia de cócteles molotov, procedente de individuos que salían de entre los arbustos. Una de las botellas se coló por el hueco de una ventanilla. Las llamas provocaron temperaturas de 1.000 grados centígrados dentro de la furgoneta. Cuando Jon llegó al hospital el casco se le había fundido en la cabeza. Le dieron un 5% de posibilidades de sobrevivir. Pero lo logró. Las graves secuelas que aún sufre impidieron que se vistiera nunca más el uniforme. El ataque de Errenteria, ocurrido el 24 de marzo de 1995, es uno de los más brutales cometido por la ‘kale borroka’ (lucha callejera, en euskera), cuya dirección y organización los tribunales atribuyeron a la organización terrorista ETA. Durante más de 25 años, el País Vasco y Navarra sufrieron con intensidad una violencia que no utilizaba pistolas ni bombas activadas a distancia, algo reservado a los comandos de la banda, pero que amedrentó con el fuego a una sociedad. Primero fueron coches con matrícula francesa, luego autobuses de línea, sucursales bancarias, subestaciones eléctricas, cualquier local al que pudieran ponerle la etiqueta de “español”, negocios familiares, medios de comunicación… El pasado domingo, treinta años después del ataque en Errenteria, miles de personas se manifestaron en Madrid contra el genocidio en Gaza y en contra de la participación de un equipo israelí en La Vuelta a España, competición que pretendía acabar ese día en el centro de la capital. Algunos manifestantes tumbaron las vallas que protegían el recorrido de los ciclistas y la masa invadió la calzada. Hubo lanzamiento de objetos a la Policía, que cargó contra los concentrados. La Dirección General de la Policía reportó una cifra de 22 agentes heridos, sin precisar su consideración, y Podemos ha pedido una investigación por las imágenes de antidisturbios golpeando a manifestantes y lanzándoles vallas. El Mundo llevó a su portada que la Policía había identificado a nueve condenados en la Audiencia Nacional por terrorismo callejero. A partir de ese titular, el Partido Popular, con Isabel Díaz Ayuso al frente, se lanzó a hablar de “kale borroka” en el centro de la capital. El hecho de que Pedro Sánchez hubiera mostrado “orgullo” por las protestas propalestinas le colocó en el centro de la segunda conclusión de Ayuso: el presidente del Gobierno hace uso del terrorismo callejero para mantenerse en el poder. El número dos de Ayuso en el PP madrileño, Alfonso Serrano, llegó a decir que su partido tenía pruebas de los vínculos de algunos manifestantes con la kale borroka y con el yihadismo. Lo dijo con estas palabras: “Tenemos pruebas de que en esas algaradas, en esa violencia callejera había personas que habían sido detenidas por vinculadas con la kale borroka, personas vinculadas con yijadismo, cuando la Guardia Civil ha detectado autobuses que venían del País Vasco, eso no es Madrid”. El Ministerio del Interior ha difundido los datos que le suministró la Policía: 97 identificados sin que conste entre ellos antecedentes por terrorismo, tampoco yihadista, como publicaron otros medios. De las 97 personas a las que se requirió su documentación, de entre los miles de asistentes, siete tenían antecedentes por delitos comunes y cuatro por desórdenes públicos relacionados con protestas de carácter político. Cuando los periodistas preguntaron de nuevo a Serrano por si tenía el PP otra información, aseguró que cuando dijo tener pruebas de esos vínculos se refería a las informaciones publicadas en algunos medios de comunicación y subrayó que a él le merecen más credibilidad que el Gobierno. Fran tiene 23 años, es farmacéutico y vive en Alcalá de Henares (Madrid). No participó en la protesta. Fran cuenta que no está “muy puesto en el día a día de la política”, pero sigue a los principales periódicos en redes sociales y, cuando algo le interesa, busca información. Lo suficiente para escuchar a Isabel Díaz Ayuso mencionar estos días un término que no le suena de nada, “kale borroka”. Cuando conversa con elDiario.es, Fran dice que ya se ha interesado por él, aunque reconoce que no puede decir mucho del fenómeno, más allá de que consistió en “una serie de actos violentos y golpistas en el País Vasco”. “Pero tampoco me hagas mucho caso”, apostilla. Navarra realizó una encuesta en 2021 preguntando a los adolescentes de la ESO por ETA. Más del 40% desconocía qué era la organización terrorista y solo el 0,5% sabían quién fue Miguel Ángel Blanco, el joven concejal del PP en Ermua (Bizkaia) al que la banda asesinó el 13 de julio de 1997 tras un secuestro exprés que incluyó un ultimátum al Gobierno sobre sus presos. Furgoneta de la Ertzaintza atacada en Errenteria en marzo de 1995 En 1985, hace cuarenta años, la kale borroka ni siquiera se llamaba así. La tarde del 29 de marzo de ese año se produjo uno de los grandes hitos en la lucha policial contra ETA. En un caserío de la población francesa de Bidart, la Policía de ese país, con información de la Guardia Civil, detuvo por primera vez a toda la cúpula de organización terrorista. Al entonces jefe del aparato político de la banda, José Luis Álvarez Santacristina, 'Txelis', se le incautó un documento que alumbraría el trabajo de los servicios de Información en años y décadas posteriores: el reparto de tareas dentro la actividad terrorista entre los grupos X, Y y Z. Los grupos Z eran los comandos de la organización terrorista. Asentados en un territorio o itinerantes fueron responsables de las casi mil víctimas mortales causadas por ETA en sus cuatro décadas de historia, ya fuera por el método del tiro en la nuca o el coche-bomba. Los otros dos grupos practicaban los que después se denominaría “terrorismo de baja intensidad”. Los grupos X actuaron entre 1984 y 1989 y se dedicaban a las algaradas callejeras tras las manifestaciones. Su actividad surgió a raíz de la decisión de Francia de comenzar a entregar a presuntos miembros de ETA que se escondían en el país vecino sin necesidad de abrir un procedimiento judicial de extradición. Fueron los grupos Y (taldes, en euskera) los que dieron forma a lo que después se llamaría “kale borroka”. Documentos incautados a la organización terrorista identifican como “noche de los cuchillos largos” el ataque a más de 40 sucursales bancarias con motivo de las negociaciones de Argel, el 12 de noviembre de 1988. Mientras los comandos de ETA guardaban la tregua por la negociaciones con el Gobierno de Felipe González, la organización incendiaba las calles, canalizando los sabotajes a través de Jarrai, la organización juvenil. Así lo recoge la sentencia de 2007 que ilegalizó a Jarrai por ser parte de ETA y también a sus sucesoras, Segi y Haika. “Reforzar la actuación de la banda” Quien habla a elDiario.es es un comisario jubilado del Cuerpo Nacional de Policía destinado al combate a la organización terrorista durante 30 años: “La importancia de los grupos Y es que están dirigidos directamente por ETA. Actuaban en zonas para reforzar la actuación de la banda, donde ETA había perdido intensidad o había recibido golpes policiales. Si caía el comando Donosti se activaba la kale borroka en Gipuzkoa. Si los comandos recibían la orden de parar por la declaración de tregua, los grupos Y continuaban golpeando”. En 1996, María José tenía 23 años y residía en su Pamplona natal. Su padre y su hermano trabajaban en un concesionario de Renault, que contaba con taller de reparación, en Burlada, localidad colindante con la capital navarra. Una noche de sábado, la Policía llamó a su casa. El negocio ya había sufrido una docena de ataques que consistían en la quema de la puerta del local, la rotura de los cristales de la exposición de coches… “De ese día, mi padre siempre cuenta cómo al salir a la carretera y ver el resplandor del fuego entendió que aquello no era lo de otras veces”, rememora María José. Los daños fueron tales que hubo que demoler el concesionario y el taller. Catorce trabajadores se quedaron en el paro. El padre de María José acabó jubilándose y su hermano emigró a Extremadura, donde un amigo le ofreció trabajo. “Al desastre, a la injusticia, se unía la tremenda soledad que sentimos y la indiferencia de la sociedad. Con aquel atentado y con el resto”, explica María José treinta años después. Aquel 1996, en que José María Aznar llegó al Gobierno tras jubilar políticamente a Felipe González, fue el peor de la kale borroka. Se registraron 1.113 actos de terrorismo callejero. Entre 1987 y 2014, los sabotajes registrados ascienden a 9.370, según una recopilación de la ya desaparecida agencia VascoPress. ETA anunció el cese definitivo de la violencia el 20 de diciembre de 2011, pero aún se registraron en los años siguientes episodios de terrorismo de baja intensidad, probablemente al margen de las directrices de la dirección de la banda, que se disolvería por completo en 2018. El ataque al concesionario de Renault en Burlada fue uno de los muchos que integraron la nueva “estrategia de desestabilización” por parte de ETA a mediados de los noventa. El periodista Florencio Domínguez, una de las voces más autorizadas en la disección de la organización terrorista, lo plasmó en su libro “De la negociación a la tregua. ¿El final de ETA?”, publicado en 1998. Así lo recogió el que hoy es director del Centro para la Memoria de las Victimas del Terrorismo: “Lo que comenzó como un intento de no dejarse arrebatar la calle por los pacifistas deriva en una estrategia sistemática para atemorizar y silenciar cualquier opinión que no coincida con la de los encapuchados. Se agrede por llevar un lazo azul, se amenaza en su propia casa al profesor que difunde análisis que no gustan y se va a realizar ‘la saca’ de un alumno pacifista en clase para darle una lección inolvidable. Aparte, claro está, de rociar de gasolina al conductor del autobús que se resiste, de abrirle la cabeza a quien no permite que le crucen al coche como barricada y agredir a la mujer que les recrimina por la calle”. Los cócteles “químicos” Una modalidad de la “lucha callejera” consistía en detener un autobús con pasajeros dentro, obligarles a bajar y prender fuego al vehículo. En ocasiones, los terroristas se precipitaban y lanzaban los cócteles molotov antes de que estuviera completamente vacío, o sacaban a golpes al conductor. “Es un milagro que no haya habido un muerto por la violencia callejera”, explica una periodista que trabajó durante décadas en uno de los medios de Euskadi señalados por ETA. Los grupos Y y la kale borroka perfeccionaron sus métodos durante los años en activo. Los cócteles molotov pasaron de ser botellas de vidrio, con gasolina dentro y un trapo encendido, a incluir químicos que prendían al contacto con el oxígeno, cuando el artefacto se rompía tras ser lanzado. Los nuevos ‘ingredientes’ del cóctel molotov dificultaban apagar el fuego que provocaban. Es el tipo de artefacto con los que los violentos quemaron la furgoneta de Jon y sus cuatro compañeros ertzainas. También se depuró la preparación. Para que las Fuerzas de Seguridad no dieran con los ‘zulos’ donde se escondía el material, los grupos de kale borroka directamente prescindieron de ellos. “Compraban el material el mismo día del ataque o el anterior, y lo dejaban en la herriko taberna (locales de la izquierda abertzale) o en alcantarillas”, narra el comisario de la Policía Nacional. En el año 2000 se modificó el artículo del Código Penal para, entre otras cuestiones, elevar considerablemente las condenas a aquellos que participaran en sabotajes o ataques a intereses públicos y privados siempre que tuvieran por objeto “la finalidad de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública”. La reforma pretendía castigar con más dureza los sabotajes vinculados a la ‘kale borroka’ que a cualquier otra acción del tipo que no estuviera vinculada a ETA. En la nueva redacción del artículo se incluía que del tipo penal podía ser responsable cualquiera, sin necesidad de “pertenecer a banda armada”. También en 2000, la Ley del Menor hizo a los padres “responsables solidarios” de los daños causados por sus hijos. Incidentes en Madrid el 14 de septiembre El actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, desempeñó su carrera de juez en Euskadi entre 1990 y 2003, trece años de intensa actividad de la organización terrorista ETA y su kale borroka. Marlaska es uno de los magistrados que cargó con el féretro de su amigo José María Lidón, el magistrado de la Audiencia Provincial de Bizkaia al que un etarra mató a tiros una mañana de 2001 cuando salía de su casa. El propio Marlaska apareció en una lista de objetivos del comando Bizkaia desarticulado por la Guardia Civil en 2008. “Como vasco, y no me gusta decirlo, como víctima de la organización terrorista ETA, como funcionario público que hizo frente a ETA, me parece una gravedad manifiesta calificar lo del domingo como kale borroka”, lanzó a los diputados del Partido Popular. “Dejen de frivolizar” con la violencia de ETA, les pidió. Ocurrió en un debate parlamentario en el que los conservadores volvieron a acusar al Gobierno de orquestar “un complot para sabotear” la última etapa de La Vuelta Ciclista a España.

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