La jueza niega a la pareja de Ayuso el privilegio de que las acusaciones no accedan al vídeo de su declaración

Alberto González Amador tampoco logra que la magistrada expulse a PSOE y Más Madrid de la acusación en la pieza por corrupción en los negocios y administración deselal contra el empresario y comisionistaMiguel Ángel Rodríguez reconoce en el Supremo que filtró uno de los correos del fiscal del caso de la pareja de Ayuso El empresario y comisionista Alberto González Amador no ha logrado su propósito de que el vídeo con su declaración como investigado, que prestó el pasado 10 de abril, sea hurtado a las acusaciones y las defensas personadas en la causa. El juzgado ha rechazado la pretensión de la pareja de Ayuso de que se aplicara una excepción con él y, a diferencia de las declaraciones en cualquier causa judicial, la suya no pudiera ser consultada por las partes implicadas en el procedimiento. En una providencia que firma el letrado del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, el funcionario se limita a recordar que el caso no está declarado secreto y, por tanto, tampoco los testimonios grabados en sede judicial en el marco del mismo. Así que el traslado de esos vídeos a las partes personadas en el procedimiento es “ajustado a Derecho y es imperativo según nuestra legislación procesal”. González Amador también quería evitar que las partes accedieran al vídeo de la declaración en la que las funcionarias de Hacienda confirmaron ante la jueza que la pareja de Ayuso utilizó facturas falsas para dejar de pagar 350.000 euros al erario público. La investigación de las peritos dio origen a la causa por fraude fiscal que se sigue contra la pareja de Ayuso. El juzgado rechaza igualmente la pretensión de González Amador en este punto y añade que el traslado de las grabaciones se hará “sin perjuicio de la responsabilidad y obligación de las partes de no difundir datos de carácter personal de los procedimientos judiciales y de la responsabilidad que establece tanto el Código Penal como la Ley de Protección de Datos en caso de incumplimiento”. González Amador acudía a que las funcionarias cuyo testimonio le incrimina no son personajes públicos y la publicación de su declaración les perjudicaría más si cabe y se vulneraría su derecho a la propia imagen. La providencia en la que se rechaza la pretensión de la pareja de Ayuso responde a otro escrito presentado por González Amador de cuando se le citó –sin éxito– por quinta vez a declarar, en febrero de 2025. El escrito de la defensa de Alberto González Amador apelaba al caso en el que se investiga al Tribunal Supremo por la publicación de un correo electrónico que evidenciaba la mentira lanzada desde la Comunidad de Madrid, en el sentido de que la Fiscalía había ofrecido un pacto a la pareja de Ayuso en la causa por fraude fiscal, cuando había sido él el autor del ofrecimiento, declarándose responsable del engaño a Hacienda. González Amador aludía a “continuas revelaciones protagonizadas por la acusación popular”, en referencia al PSOE, que en su papel de Presidencia del Gobierno, habría utilizado ese correo para que el entonces portavoz de la oposición en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, “pudiera usarlos políticamente”. A continuación, la defensa de González Amador acusa sin pruebas a la acusación popular [también ejercida por Más Madrid] de haber difundido escritos en distintos medios de comunicación. “Alberto González Amador ha sido despojado de su condición de ciudadano particular por ser la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid”, escribe el letrado Gabriel Rodríguez Ramos. El abogado obvia en sus escritos que el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, reconoció en el Tribunal Supremo haber filtrado en a varios medios un correo del ofrecimiento de pacto de la defensa de Alberto González a la Fiscalía de Delitos Económicos con el que extendió el bulo de que el Ministerio Público era el autor del ofrecimiento de pacto. Fijar en los medios su propia versión Apenas han trascendido hasta ahora algunos aspectos de la declaración como investigado de González Amador en la pieza separada por corrupción en los negocios y administración desleal, que tuvo lugar el 10 de abril pasado. La primera versión que publicaron los medios fue la del propio investigado, que trasladó a los periodistas desplazados hasta los juzgados de Plaza de Castilla que se sentía muy satisfecho de la declaración y que esperaba que la pieza separada fuera archivada después de que la jueza escuchara su versión durante cerca de dos horas. Para que declarara en la pieza principal, por presunto fraude fiscal y la falsificación de documentos, la jueza debió citarle en cinco ocasiones. Finalmente, compareció el 24 de febrero, pero se acogió a su derecho a no responder. Por otra parte, la jueza Inmaculada Iglesias ha rechazado la petición de la pareja de Ayuso para que PSOE y Más Madrid sean expulsados de la pieza separada por corrupción en los negocios y administración desleal por la que se investiga a González Amador. En un auto con fecha de 8 de mayo, al que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada alega que en ambos delitos el bien protegido es “el orden socieconómico, la competencia leal y el correcto funcionamiento del mercado”, por lo que está justificada la participación de los partidos como acción popular en defensa de los intereses generales. González Amador ya logró expulsar de la pieza principal a PSOE y Más Madrid al considerar la jueza que no cabe la acusación popular en el delito contra a Hacienda Pública, cuyos intereses defiende la Abogacía del Estado. El fiscalista, ante la jueza Por otra parte, este martes debe comparecer como investigado en esa pieza principal el fiscalista Javier Gómez Fidalgo, quien representó a González Amador durante la inspección de 19 meses practicada por las peritos de la Agencia Tributaria. La jueza aprecia indicios de que Gómez Fidalgo participó en el engaño a Hacienda que perpetró González Amador con una trama de empresas pantalla y facturas falsas. Asimismo, Gómez Fidalgo es administrador de la sociedad Babia Capital, dueña del ático de lujo del que disfrutan González Amador e Isabel Díaz Ayuso justo encima de su casa. La pareja de Ayuso declaró el 10 de abril que su fiscalista lo había comprado para que él pudiera alquilárselo por 5.000 euros mensuales con derecho a compra. Sin embargo, Babia Capital recibió un préstamo de 900.000 euros para comprar el ático procedente de alguien cuya identidad sigue siendo una incógnita.

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