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La "lucha contra la mafia" de Alvise se vuelve en su contra: acumula casi 100.000 euros en condenas por acosar e injuriar

La "lucha contra la mafia" de Alvise se vuelve en su contra: acumula casi 100.000 euros en condenas por acosar e injuriar
El eurodiputado ultra debe indemnizar a José Luis Ábalos, Ana Pastor y Manuela Carmena y tiene tres investigaciones penales por financiarse ilegalmente, injuriar a Salvador Illa y propiciar el acoso a una fiscalSegunda condena a Alvise por vulnerar el honor de Ábalos en Twitter: tendrá que indemnizarle con otros 20.000 euros La supuesta “lucha contra la mafia” que Luis 'Alvise' Pérez preconiza desde hace años en Twitter y Telegram no se está desarrollando como preveía. El eurodiputado de extrema derecha, sumido en una profunda crisis interna de su partido y enfrentado a tres imputaciones en el Tribunal Supremo, acaba de encajar su cuarta derrota judicial: tendrá que indemnizar a José Luis Ábalos por difamarle ante sus miles de seguidores. La factura por lo que él vende como una pelea contra el poder que, en realidad, supone hostigar a políticos y periodistas con fotos privadas e insinuaciones, roza ya los 100.000 euros entre condenas judiciales y multas de Protección de Datos. El pilar maestro del discurso que le ha convertido en el máximo 'influencer' de la extrema derecha, primero como agitador en Twitter y Telegram en el ecosistema valenciano en la órbita de Ciudadanos y después como eurodiputado con partido propio, ha sido afirmar que su misión es pelear contra una “mafia” inconclusa compuesta por políticos, periodistas y algunos empresarios que, a su vez, intenta de alguna manera destruir España. La mayor parte son del espectro progresista y, las menos veces, del entorno conservador. Y todo ello lo hace después de trabajar al servicio de varios partidos políticos. Alvise rara vez ha llegado a cumplir las promesas que le han granjeado la suscripción incondicional de cientos de miles de usuarios: ni pruebas de sobornos masivos en la política o la judicatura, ni tampoco la “catarsis” que prometió si llegaba a Bruselas. Pero los registros de sus redes sociales sí muestran el rastro de su principal actividad en estos años: conseguir fotos de políticos, periodistas o empresarios en situaciones anodinas de su vida privada y publicarlas con mensajes que dan a entender que han sido cazados por sus 'ardillas' –así se refiere a sus seguidores– haciendo algo inconfesable. Entre las imágenes distribuidas se pudo ver a un ministro de compras, un periodista cenando o cualquier personaje público en un avión. Y las fotos las acompaña de un mensaje inspirado en el 'project Mayhem' del Club de la Lucha –una de sus referencias predilectas– que da a entender que la sociedad civil invisible a ojos de los poderosos es ahora un gigantesco 'Gran Hermano' que les vigila y les fotografía cuando ejercen como “mafia”. Esa supuesta lucha contra la corrupción por ahora no ha destapado corrupción alguna, pero sí se ha traducido en varias condenas para Alvise por hostigar, exponer y difamar a sus objetivos que rozan, entre todas, los 100.000 euros. Juzgados y tribunales de todos los estamentos de la judicatura han condenado al líder de 'Se Acabó La Fiesta' por la vía civil, explicando en sus sentencias que lo que él denomina “lucha contra la corrupción” no es otra cosa que hostigar a personas públicas publicando fotos de momentos privados sin su consentimiento y con mensajes plagados de insultos o falsedades. Cuatro condenas judiciales –una de ellas ya firme– y varias investigaciones penales en curso explican que no estaba revelando ninguna trama corrupta: estaba acosando o promoviendo el acoso. Del respirador de Carmena a la terraza de Ábalos Las redes sociales de Alvise ya eran muy activas antes de la pandemia, pero subió la intensidad de su presencia pública con la llegada del coronavirus y las restricciones. Desde sus cuentas difundió convocatorias de manifestaciones o campañas contra el Gobierno pagadas, afirmaba, con sus propios ahorros o las donaciones de sus seguidores, a los que bautizó como 'ardillas'. Y entre mensaje y mensaje, difundía fotos de personalidades públicas en situaciones cotidianas revestidas de actividad sospechosa. Dos de sus grandes obsesiones históricas son José Luis Ábalos y Óscar Puente. Al primero, ahora sumido en el caso Koldo, le ha dedicado decenas de mensajes incluso con el megáfono en su acto fin de campaña de las europeas en la Plaza de Colón de Madrid. Uno de sus tuits mostraba una foto de Ábalos en una terraza de su casa en València e insinuaba que tenía problemas de salud mental: un mensaje que se ha traducido en una condena económica, todavía recurrible, de 60.000 euros que Alvise tendrá que pagar a Ábalos. No es su única condena a indemnizar al exministro de Transportes y hoy imputado en el Tribunal Supremo. Una segunda sentencia más reciente ha añadido 20.000 euros a la cuenta por otro tuit con la misma fórmula: una foto de Ábalos, esta vez en una cafetería con un amigo, pero mintiendo sobre la identidad de su acompañante y celebrando la vigilancia que ejerce sobre él, miembro de la “mafia”. Los argumentos de los jueces son muy parecidos: que sus enemigos sean personajes públicos no le da carta blanca para insultarles o difamarles y tampoco para difundir imágenes privadas sin su consentimiento. El argumento es similar al que le reprochó el Tribunal Supremo cuando declaró firme su condena civil a indemnizar con 7.000 euros a la periodista Ana Pastor por publicar una foto de ella y su marido, Antonio García Ferreras, cenando y dando a entender que hacían algo ilegal o sospechoso. Su cuarta condena judicial, recientemente confirmada por la Audiencia de Madrid, es la que le obliga a pagar 5.000 euros a Manuela Carmena, exalcaldesa de la ciudad, por uno de sus grandes bulos de la pandemia: que había recibido un respirador privado en su casa cuando ese material escaseaba en los colapsados hospitales, donde cada día fallecían cientos de personas víctimas del coronavirus. Esta sentencia también desveló la estrategia de Alvise para esquivar o retrasar los procedimientos judiciales abiertos contra él: se negó a coger las notificaciones que los procuradores llevaban a su casa. Otros 5.000 euros más no han llegado por la vía judicial. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) impuso esta multa al agitador ultra por sus ataques a otra de sus grandes obsesiones: Óscar Puente. El hoy líder de SALF publicó una foto en Telegram del ministro con una mujer joven, insinuando que era su amante: la realidad es que era la hija menor de edad del ministro. El mensaje de Alvise tenía todos los ingredientes habituales: “Sé qué dices, a quién, dónde y cuándo, Óscar Puente. Como ahora mismo con tu 'amiga' en el MadCool”. Causas penales abiertas en el Supremo La estrategia de acoso de Alvise a sus hoy rivales políticos no se ha quedado en la jurisdicción civil, donde se expone a casi 100.000 euros en multas, pero no a ser condenado a prisión. El Tribunal Supremo mantiene abiertas al menos dos causas penales relacionadas con otros casos de hostigamiento que siguen el mismo modus operandi y que Alvise dirigió contra el president catalán, Salvador Illa, y la fiscal Susana Gisbert. A la espera de saber qué hacen los jueces con más acusaciones similares sobre, por ejemplo el líder del PSOE en León. El tribunal ha pedido ya al Parlamento Europeo que levante la inmunidad de Alvise Pérez para poder interrogarle por otro de sus grandes bulos de la pandemia: que Salvador Illa había ido a un debate electoral en TV3 en las catalanas de 2021 a pesar de haber dado positivo en coronavirus poco antes. En su mensaje, además, adjuntaba un documento falso: una supuesta prueba PCR de un hospital de Barcelona. Otra de las causas abiertas contra él por la Sala de lo Penal viene también de otra de sus luchas contra la “mafia”, en este caso contra los fiscales especializados en delitos de odio y que, por tanto, persiguen mensajes racistas como los que él ahora ha convertido en mensajes políticos. Subió fotos de la fiscal Susana Gisbert, especialista en delitos de odio en València, invitando a sus seguidores a averiguar datos sobre ella y acosarla. Los anuncios de lucha contra la corrupción del sistema político y mediático español, eje principal de la campaña de Alvise para llegar al Parlamento Europeo, se han encontrado con una incongruencia en forma de diligencias judiciales: la investigación que abrió hace semanas el Tribunal Supremo contra él por financiarse de forma supuestamente ilegal con los 100.000 euros que le entregó en mano y en efectivo el empresario de las criptomonedas Álvaro Romillo. En este caso, como en los anteriores, Alvise ha vestido sus acciones de algún tipo de insurgencia: en este caso de insumisión fiscal. Tal y como reveló elDiario.es, en las conversaciones entre ambos Alvise prometía favorecer al empresario si accedía a algún puesto de poder.
eldiario
hace alrededor de 8 horas
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