Operación de la derecha valenciana contra la jueza de la DANA

El nivel de desesperación entre los cargos imputados del PP abre un nuevo capítulo con el intento de desacreditar a la jueza de Catarroja. En Madrid, el juez Peinado se sirve de una querella de Vox para imputar al delegado del GobiernoEl juez Peinado imputa al delegado del Gobierno en Madrid por la contratación de la asistente de Begoña Gómez Cada vez que aparece un auto de la jueza de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra, que lleva a cabo la investigación de la tragedia de la DANA, a la derecha valenciana se le interrumpe la respiración. A los pocos momentos, vuelve a tomar aire sabiendo que no podía esperar otra cosa. Los autos no solo hacen avanzar la instrucción, sino que desbaratan las alternativas del PP para desviar la atención sobre la responsabilidad de Carlos Mazón y de su Gobierno. Era cuestión de tiempo que se iniciara el juego sucio. La jueza ha delimitado el alcance de la investigación a las autoridades a las que la ley adjudica la gestión de una emergencia, es decir, el Gobierno valenciano. De ahí que estén imputados la entonces consejera Salomé Pradas y su número dos, el exjefe de Emergencias, Emilio Argüeso. La jueza rechazó la petición de imputar a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, por ese motivo. Otro objetivo del PP –intentar que las sospechas alcanzaran al Gobierno central– quedaba así neutralizado. Tienen que estar bastante desesperados para el siguiente paso que han dado. En el intento de desprestigiar a Ruiz Tobarra, han creado una trama que consiste en pintarla como un instrumento de otros. De momento, ya han contado con la colaboración de El Confidencial, que ha sacado la historia como si fuera una noticia. Se cita a las defensas de Pradas y Argüeso y su acusación de que se está produciendo “una intervención excesiva del marido de la magistrada, el también actual titular del Juzgado de Instrucción 4 de Valencia, Jorge Martínez”. La única prueba, si se le puede llamar así, es que a Martínez se le ve mucho en los pasillos de la Ciudad de la Justicia de Valencia. Ruiz Tobarra trabaja también allí, porque el juzgado de Catarroja aún no está operativo. Para dar a la historia un aire más ridículo, alguien considera sospechoso que un juez acuda a ver a su cónyuge en el edificio en el que trabajan ambos. El toque machista resulta evidente. Si los autos de la jueza son polémicos, seguro que es porque se los escribe su marido. “Lío con el marido de la jueza de la dana”, dice El Confidencial en su titular. El objetivo último no es otro que expulsar a la jueza de la instrucción, cosa harto improbable, y también conseguir que el PP pueda desacreditar en público a Ruiz Tobarra o sus autos. Francisco Martín saluda a Díaz Ayuso en el acto de aniversario de la Constitución en diciembre de 2024. En Madrid no hay tal debate en público sobre la autoría de las iniciativas del juez Juan Carlos Peinado. Solo alguien como él es capaz de hacer gala de tal nivel de creatividad judicial. En su intento de rodear de la máxima sospecha al máster y luego cátedra en la Universidad Complutense que dirigía Begoña Gómez, ahora ha reclamado al centro que le informe sobre cómo se contrató a Blanca de Juan como coordinadora del máster. Había sido antes estudiante del curso, con lo que es posible que Gómez recomendara su contratación. Peinado se ocupará de que parezca delictivo. El martes, Peinado aprovechó una querella de Vox para entrar en los titulares con materia prima más sustanciosa desde el punto de vista político. Imputó el martes a Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid y que fue secretario general de Presidencia a las órdenes de Félix Bolaños. Martín ya estaba en Moncloa cuando se contrató a Cristina Álvarez como asistenta de Gómez, aunque Peinado no tiene ninguna prueba que indique que fue la persona que la eligió. El juez considera que puede ser delito la contratación de Álvarez “para el ejercicio de funciones privadas de Begoña Gómez Fernández, con cargo a los presupuestos generales del Estado”. Otras cónyuges de anteriores presidentes del Gobierno han contado con asistentes en Moncloa a las que se pagaba lógicamente con fondos públicos. Bolaños lo comentó cuando declaró ante el juez, lo que molestó a Peinado. Hay fotos del asistente personal de la esposa de Rajoy yendo de compras con ella, lo que entraría dentro del apartado de “funciones privadas” y a nadie se le ocurre decir que echarle una mano con las bolsas pueda suponer un delito de malversación de caudales públicos. Álvarez fue contratada en 2018 para gestionar la agenda pública y privada de la esposa de Pedro Sánchez. Ante Peinado, declaró que no tuvo ninguna comunicación con las autoridades universitarias antes de la firma del convenio de creación de la cátedra en octubre de 2020. Al ocuparse de su agenda, dijo que aparecía en copia en los emails dirigidos a Gómez. En alguna ocasión, envío un correo en 2024 en nombre de Gómez por hacerle un favor personal, según su testimonio. Peinado no está más cerca de llevar a juicio a Gómez que cuando inició la instrucción. Con la ayuda de Vox, ahora ha imputado a un delegado del Gobierno que no está aforado por su cargo. El espectáculo puede continuar en su juzgado, que es a fin de cuentas de lo que se trata.

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