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Sánchez quiere que las comunidades rindan cuentas del dinero que reciben del Gobierno: 300.000 millones más desde 2018

Sánchez quiere que las comunidades rindan cuentas del dinero que reciben del Gobierno: 300.000 millones más desde 2018
El Consejo de Ministros busca fórmulas para poner coto "a la deslealtad de los gobiernos del PP y su reiterada bajada de impuestos mientras aplica recortes y deteriora los servicios públicos". Vivienda abre un camino para condicionar la funcionalidad de los fondos que podría extenderse a otros programas de competencias exclusivas de las comunidades que financia el Estado Crónica - Sánchez le toma la medida a Feijóo en el Congreso El día que Isabel Díaz Ayuso amenazó con un recurso contencioso-administrativo si el Gobierno no evaluaba el coste de la Ley de Eficiencia de la Justicia, al ministro Félix Bolaños le faltó tiempo para hacer públicos los datos. Inversión necesaria en 2025: 2,4 millones de euros. Fondos europeos transferidos por el Ministerio a Madrid: 50,6 millones de euros. Ahorro estimado en los próximos 10 años: 47,4 millones de euros. “Esto son las cuentas. Lo otro, cuentos”, escribió Bolaños en su cuenta de X. El ministro echó mano del mismo recurso el día que los consejeros de Justicia de las siete comunidades del PP donde la competencia está transferida le plantaron en una cita en Barcelona, donde estaba previsto hablar de la implementación de la nueva ley de eficiencia judicial, con la excusa de que no había financiación para la norma. “Frente al gamberrismo institucional, aquí están las cantidades transferidas a sus CCAA para Justicia: Andalucía: 65,5 millones; Aragón: 14,7; Cantabria: 8; Madrid: 50,6; Valencia: 42,2; Galicia: 18,9; La Rioja: 3,7. Financiación tienen, ganas de trabajar por una Justicia para el siglo XXI, no parece”, escribió. Y es que la estrategia de las comunidades del PP de bajar impuestos mientras denuncian que el Gobierno las somete a una infrafinanciación y al mismo tiempo recortan el gasto en el Estado de Bienestar y provocan un notable deterioro de los servicios públicos ha empezado a colmar la paciencia del Ejecutivo. De hecho, el Consejo de Ministros ha dedicado algunas sesiones a debatir sobre el asunto y a cómo frenar esta dinámica. Según el último informe de la Airef, solo las rebajas del IRPF supondrán una pérdida en la recaudación de casi 2.200 millones entre el 2023 y el 2029 en Madrid, Andalucía, Comunitat Valenciana, Galicia y Murcia, que son las comunidades que lideran las rebajas. Madrid está a la cabeza en la merma de ingresos, ya que solo con la reducción del tramo autonómico del impuesto sobre la renta supera los 1.000 millones. Le siguen la Comunitat Valenciana, que renuncia a ingresar 282 millones, y Andalucía, con 255 millones. El IRPF es el impuesto que más recauda y donde más impactan las rebajas de las Comunidades, que tienen competencia normativa sobre la mitad de la carga fiscal. Y, aunque la política fiscal de la derecha pasa por seguir bajando impuestos, no hay un día en que no recrimine al Gobierno central la situación de infrafinanciación que padecen sus territorios y reclame más dinero al Ministerio de Hacienda. La dinámica recrudece el diagnóstico que sobre la deslealtad de los gobiernos del PP se viene haciendo en la Moncloa, donde según fuentes gubernamentales se buscan fórmulas para que las comunidades tengan que dar cuenta del destino del dinero que reciben con cláusulas en las que se condicione la finalidad de los fondos. El Ministerio de Vivienda que dirige Isabel Rodríguez ha sido de los primeros en marcar una senda que, en adelante, podría extenderse a diferentes programas financiados por el Gobierno de España y cuyas cantidades, hasta ahora, no eran un gasto finalista, de tal manera que podían destinar el dinero a cualquier otro concepto sin que existiera mecanismo de control al respecto. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante la firma un protocolo para la gestión del patrimonio de la Entidad Estatal de Vivienda procedente de la Sareb El nuevo Plan Estatal de Vivienda, dotado con más de 7.000 millones de euros, impone como obligación que al menos un 40% por ciento de la cantidad que cada comunidad autónoma reciba se destine a oferta de vivienda, un 30% a rehabilitación y otro 30% a ayudas. Y para garantizar que las administraciones autonómicas cumplen con el destino previsto para el dinero la ministra Isabel Rodríguez les ha impuesto como obligación la publicación del llamado “cuadro de mandos”, un sistema que garantiza la transparencia sobre el grado de ejecución del plan, que podrá ser consultado por los ciudadanos. Y es que siendo esta una competencia de las comunidades, el Gobierno ha transferido desde 2018 más de 10.700 a los ejecutivos regionales. Las 17 comunidades autónomas han recibido 300.760 millones de euros más de financiación con el gobierno de Sánchez que con la anterior administración del PP, lo que supone un 47,4% más. Y pese a ello, el deterioro de los servicios públicos es una constante. “Financiamos políticas cuya competencia es exclusiva de las comunidades, como es el caso de la vivienda, la sanidad o las universidades y, sin embargo, no tenemos garantías de dónde va a parar ese dinero”, explica un ministro del Gobierno de Sánchez. El mismo interlocutor lamenta que, además, cuando en algún caso el dinero sí se dedica al programa para el que estaba previsto, la comunidad de turno esconde que el proyecto esté hecho con fondos estatales y para apuntarse el tanto ante los ciudadanos. Pasó el pasado junio con la inauguración de los trabajos del tramo 3 de la línea 3 Norte del Metro de Sevilla, cofinanciados por el Gobierno de España con 650 millones, y en la que el presidente del Gobierno se plantó sin haber sido previamente invitado por las autoridades locales y autonómicas. Y pasa con la subvención al transporte que el ministerio de Óscar Puente aprobó y que comunidades y ayuntamientos ocultan que es el Gobierno de España quien financia y promueve la gratuidad de los menores de 15 años. La dinámica no solo invita a una profunda reflexión sobre el funcionamiento del Estado autonómico, sino también sobre hasta dónde llega la deslealtad entre administraciones o sobre si es aceptable recortar el gasto en servicios públicos esenciales a la vez que se acometen rebajas fiscales. Los datos hablan por sí solos. Y aquí van algunos ejemplos sobre la paradoja entre el aumento de la financiación de las comunidades y los recortes y el deterioro de sus servicios públicos. Andalucía. El gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla recibió más de 53.751,8 millones más de financiación extra desde 2019 (+46,6%). Y en 2026 recibirá 29.253 millones, las mayores entregas a cuenta de la historia y, sin embargo, uno de cada cuatro euros de su presupuesto ha sido destinado a otros fines distintos a los de sanidad o educación. Andalucía es, además, la comunidad con mayor tiempo de espera para recibir ayuda de dependencia. Sus listas de espera quirúrgica superan los 170 días de demora media. Aragón ha recibido más de 9.192 millones de financiación extra desde 2019 (+42,7%). En 2026 recibirá las mayores entregas a cuenta de su historia: 5.297 millones. Y, sin embargo, uno de cada cuatro euros se destinan a otros fines distintos de sanidad y educación. El gobierno ha suspendido 45 plazas de auxiliares de educación especial en el medio rural, recortado hasta 500 docentes para el curso 2024-2025 y ha cerrado 682 camas en los hospitales del Servicio Aragonés de Salud. Canarias ha sumado 17.703,7 millones más de financiación extra desde 2019 (+63,9%), mientras que hay casi 11.700 personas con el derecho a la dependencia reconocido, pero sin recibir ninguna prestación. 31.879 pacientes esperan a entrar en un quirófano en la sanidad pública del archipiélago en la que es la segunda comunidad autónoma con mayor velocidad de privatización sanitaria (32,3% de incremento desde 2019). La Renta Canaria de Ciudadanía está estancada desde su aprobación en 2022 en cerca de 13.000 familias beneficiarias mientras solo el 2% de las viviendas públicas proyectadas desde hace cinco años han sido entregadas. Cantabria contabilizó 4.489 millones más de financiación extra desde 2019 (+40,9%) y recibirá la mayor entrega a cuenta en 2026 con 2.677 millones. Sus rebajas fiscales en IRPF, sucesiones, donaciones, patrimonio y transmisiones han supuesto una merma de ingresos de 370 millones desde 2024 (primer presupuesto del Gobierno del PP), mientras se privatizó el buque insignia de la Sanidad cántabra, el Hospital Valdecilla, con un contrato de colaboración público-privada que otorgaba a la empresa constructora más de una veintena de servicios del hospital durante 20 años. El gobierno de la popular María José Sáenz de Buruaga ha reducido además en un 55% la inversión en la Renta Social Básica desde la pandemia mientras ha convocado ayudas para la tauromaquia en municipios en riesgo de despoblación  Castilla y León ha tenido 15.518,2 millones más de financiación extra desde 2019 (+38,3%). Es la cuarta comunidad con mayor aumento del índice de precios de vivienda y aun así mantiene su boicot a la ley. Los perceptores de la renta mínima autonómica no llegan al 80% y las partidas para la prevención de incendios han disminuido en un 86% en 13 años. En materia de Sanidad, casi 200 millones se desvían cada año a la sanidad privada. Ayuso, en los primeros movimientos de tierras donde se construirá la Ciudad de la Justicia, en Valdebebas, al norte de Madrid Madrid sumó 43.063,5 millones de financiación extra desde 2019 (49,7%) y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha dejado de ingresar más de 5.000 millones en impuestos de las grandes fortunas por sus rebajas fiscales. Ha destinado 1.000 millones de euros en contratos con Quirón y otras clínicas y uno de cada tres euros de gasto sanitario corriente se destina a conciertos con entidades privadas en lugar de reforzar la sanidad pública. La espera media para una ecografía alcanza los dos años y los pacientes en espera estructural para ver a un especialista se han casi duplicado desde 2019 (en más de 304.000). En materia de vivienda solo se han entregado 4.875 pisos públicos en alquiler de los 25.000 prometidos en 2019 aunque 1.270 personas murieron con el derecho reconocido pero sin recibir la prestación o servicio de dependencia en 2024. La Comunitat Valenciana recibió 30.385,6 millones de financiación extra desde 2019 (+48,9%) y recibirá en 2026 la mayor entrega a cuenta de su historia con 14.885 millones de euros. Su presidente, Carlos Mazón, se ha sumado a la rebaja fiscal a los ricos como Ayuso y ha dejado de ingresar 61 millones de euros al año de las grandes fortunas mientras ha recortado en 13 millones la prevención de incendios y recortado el gasto en sanidad en 743 millones entre 2023 y 2025. Más de 3.000 personas en lista de espera de dependencia han fallecido sin ser atendidas. Extremadura contó con 7.356, millones de financiación extra desde 2019 (+39%), pero la renta mínima autonómica desde la entrada en vigor del ingreso mínimo vital no alcanza ni el 30% de perceptores y 2.100 escolares han quedado excluidos de los comedores gratuitos. La comunidad tiene el dudoso honor de estar a la cabeza de España en demora quirúrgica: 178 días de media para una operación en la sanidad pública. Galicia tuvo 18.293,9 millones más de financiación desde 2019 que con gobiernos del PP (40%). La Xunta aplica desde el año 2023 una rebaja del 50% en el impuesto del patrimonio. En el primer año, esa bonificación autonómica fue de 23,1 millones de euros. El segundo año (ejercicio impositivo de 2023), las grandes fortunas gallegas se ahorraron con esa deducción 49,5 millones de euros (un 114% más). El PP entregó a la sanidad privada 2.177 millones de euros en 10 años, según la Estadística de Gasto Público Sanitario del Ministerio de Sanidad. En 2023 alcanzó el máximo de su historia superando los 245 millones de euros, un 7% más. En ese mismo año, el 22% de las camas sanitarias disponibles estaban en manos de la sanidad privada y de esas 2.156 camas privadas, 1.504 (el 70%) estaban concertadas por el gobierno gallego. En junio de 2025 había más de 46.000 gallegos esperando una operación y la espera media para una intervención quirúrgica es de 70,1 días, casi cuatro días más que los 67,1 de diciembre de 2024 y 16 más que los 53,9 días de la misma fecha de 2019, antes del covid. 11.000 menores de 104 ayuntamientos carecen en Galicia de servicio de pediatría. 345 personas murieron en 2024 en Galicia esperando a ser valoradas o atendidas, según el Observatorio de la Dependencia, realizado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España. El precio del alquiler ha subido un 55 % desde 2019. Eso sí, la Xunta ha declarado A Coruña como zona tensionada, en aplicación de la ley de vivienda.  Baleares ha tenido 9.122,1 millones de financiación extra desde 2019 (+60,5%).y solo entre julio de 2024 y mayo de 2025 ha dejado de ingresar 460 millones de euros por bonificaciones en el impuesto de Sucesiones. La rebaja de Patrimonio ha mermado los ingresos en otros 70 millones cada año mientras que 1.037 personas murieron a la espera de ser valoradas o atendidas por el sistema de atención a la dependencia. 5.944 siguen a la espera, según el Observatorio de Dependencia. Tampoco aplica el gobierno de Marga Prohens la ley de vivienda, pese a que los precios han aumentado un 20,3% en el último año, por encima de Madrid, Cataluña o País Vasco. El alquiler ha subido un 22% desde 2022. Las derivaciones a la sanidad privada aumentaron significativamente en 2024 hasta alcanzar 5.692, un 46% más que en 2023, especialmente en consultas con especialistas y pruebas radiológicas. Baleares figura entre las tres Comunidades con mayor trasvase de dinero público a la sanidad privada, según un informe de la Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública a Balears. FADSP. A finales de 2024, había 12.623 pacientes en listas de espera para una intervención quirúrgica no urgente mientras que el tiempo medio de espera es de 99 días.  La Rioja es otra de las Comunidades que se sumó a las rebajas fiscales para las grandes fortunas con la eliminación del ingreso de Patrimonio a más de 2.000 contribuyentes. Dejó de ingresar por este concepto 10 millones de euros, pero ha recibido del Estado 2.466,9 millones de financiación desde 2019 (+41,5%). El gobierno autonómico ha privatizado en lo que llevamos de legislatura las operaciones quirúrgicas de oftalmología, urología, traumatología, trauma de columna, cirugía general y cirugía vascular. También ha externalizado a la sanidad privada los accidentes de tráfico. 10.873 personas están esperando una intervención quirúrgica. De ellas, 8.505 ya tienen una fecha programada, mientras que 3.417 deberán esperar más de cien días para ser atendidas. Los titulares beneficiarios de rentas mínimas autonómicas han descendido en un 66 por ciento entre 2020 y 2023, al pasar de 3.031. Y más de 370 personas fallecen de media al año sin haber recibido prestación de dependencia. La Rioja fue la segunda autonomía en la que más subió el alquiler, un 2,6%. En paralelo, Logroño ha duplicado la oferta de pisos turísticos en menos de 5 años.  Murcia sumó 9.472,2 millones de financiación desde 2019 (+49,3%) y en 2026 recibirá 4.880 millones mientras que el gasto en Sanidad descendió en 727 millones de euros entre 2023 y 2025 y se dedicaron más de cien millones a mantener los conciertos con seis hospitales privados.
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hace alrededor de 5 horas
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