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Consumo abre expediente a otra inmobiliaria por imponer servicios y cobrar a los inquilinos comisiones ilegales

La investigación del Ministerio que dirige Pablo Bustinduy señala a una segunda agencia que opera en todo el territorio nacional y que se enfrenta a una sanción de hasta un millón de euros1.200 euros por asesorar en el cambio de suministros o gestionar unas humedades: la letra pequeña del contrato que Alquiler Seguro pide a sus inquilinos El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a una inmobiliaria por el supuesto cobro de comisiones ilegales a los inquilinos o por obligarles a contratar servicios no solicitados. Esta acción se enmarca en la investigación que el departamento que dirige Pablo Bustinduy inició en octubre y que ha puesto bajo la lupa otras agencias. De hecho, Consumo incoó en marzo un primer expediente por el mismo motivo a Alquiler Seguro. La agencia a la que Consumo abre expediente ahora opera en todo el territorio nacional y podrá presentar alegaciones ante las pruebas recabadas en el transcurso de la investigación, que señalan “posibles prácticas abusivas contra inquilinos e inquilinas en la gestión del alquiler, como el cobro de comisiones ilegales y obligar a contratar servicios no solicitados”. En concreto, según las denuncias ante la Dirección General de Consumo del Sindicato de Inquilinas, Facua y OC y que afectarían a más empresas, estas prácticas pasarían por la imposición de una comisión por la gestión del arrendamiento, la contratación de un seguro de impago, que beneficia al propietario, o de servicios no solicitados. La Ley Estatal de Vivienda, aprobada en 2023, “prohíbe expresamente trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato”, recuerdan desde el Ministerio. Las prácticas que investiga Consumo podrían acarrear a esta agencia inmobiliaria, de quien la normativa impide hacer público el nombre hasta el final del procedimiento, siempre que se confirme la sanción, multas de hasta 100.000 euros en caso de considerarse infracciones graves de la Ley de Defensa de los Consumidores y de hasta un millón de euros, en el caso de ser muy graves. En ambos casos, la cuantía podría multiplicarse hasta alcanzar entre cuatro y seis veces y seis y ocho, respectivamente, el beneficio ilícito obtenido. Consumo inició en octubre una investigación con la que quiere poner la protección del “derecho de acceso a la vivienda como una acción prioritaria del Ministerio de proteger los derechos de las personas consumidoras”, señalan desde este departamento en un comunicado. Por el momento, en ese marco, el equipo de Bustinduy ha abierto un expediente sancionador a Airbnb por negarse a eliminar de la plataforma miles de pisos turísticos sin licencia, ha ordenado la retirada de 65.000 anuncios y ha puesto en conocimiento del Ayuntamiento de Madrid un listado de 15.000 inmuebles vacacionales ilegales para su clausura y sanción. Además, la Dirección General de Consumo investiga a los grandes gestores de pisos turísticos por posibles prácticas fraudulentas, tras detectar indicios de que ofrecen “información falta o información que, aun siendo veraz, pueda inducir a error a los destinatarios, por su contenido o presentación”, como hacer ver que el propietario es un particular en lugar de una empresa o un gestor.
eldiario
hace alrededor de 6 horas
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