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Bruselas pide a España que la presión fiscal pase del empleo al consumo, el sector inmobiliario y la contaminación

Bruselas pide a España que la presión fiscal pase del empleo al consumo, el sector inmobiliario y la contaminación
La Comisión Europea 'perdona' a España por aumentar el gasto público este año por encima de la senda que había pactado en el marco del corsé fiscalLas reformas pendientes: el Gobierno reitera a Bruselas la retirada de “beneficios fiscales” como el del diésel La Comisión Europea sigue viendo una brecha entre la carga fiscal que tiene España respecto a la media europea y considera que el esfuerzo impositivo tiene que ser mayor teniendo en cuenta que se espera un “aumento significativo del gasto público” debido al envejecimiento de la población, que provocará una mayor necesidad de asistencia sanitaria, cuidados y pensiones. “Las necesidades globales de saneamiento presupuestario exigen nuevas reformas para modernizar y adaptar el sistema tributario en ámbitos como los impuestos sobre el consumo, la imposición sobre la renta de las personas físicas y la fiscalidad medioambiental”, señala la Comisión Europea en su análisis semestral de la situación económica española. En concreto, Bruselas pide a España que traslade la presión fiscal que recae sobre el empleo al consumo, la propiedad inmobiliaria y a la fiscalidad 'verde'. “A pesar de algunas mejoras, la desigualdad de ingresos sigue siendo elevada y superior a la media de la UE, y el efecto redistributivo de los impuestos y las prestaciones también es limitado”, señala el informe sobre el paquete de primavera que elabora cada seis meses la Comisión Europea. “Seguir reforzando la sostenibilidad fiscal revisando y simplificando el sistema tributario, entre otras cosas desplazando parte de la carga fiscal del trabajo hacia la fiscalidad medioambiental, del consumo y de los bienes inmuebles, para apoyar el crecimiento económico y el empleo, la cohesión y la transición ecológica y digital”, recoge Bruselas en sus recomendaciones. Así, el gobierno comunitario recuerda que los impuestos sobre el trabajo supusieron cerca de la mitad de los ingresos tributarios en 2022 y que ascendieron al 19,1% del PIB, dos puntos por encima de la media de la Unión Europea (17,3%). Por el contrario, España es uno de los países de la UE con menores ingresos por impuestos sobre el consumo (9,7% del PIB frente al 10,9% de la UE en 2022). En Bruselas llevan tiempo pidiendo a España que limite el IVA reducido para incrementar la recaudación. La Comisión Europea también alienta al Gobierno a impulsar la 'fiscalidad verde'. “El sistema fiscal español no internaliza suficientemente los costes medioambientales asociados al uso del agua y el gasóleo”, recuerda el texto. Esa pata fiscal también cojea respecto al conjunto de la UE: los impuestos medioambientales representan en España el 1,52% del PIB frente al 2,02% del PIB en la UE en 2022. “Las reformas encaminadas a aumentar el papel de los impuestos indirectos (consumo y medio ambiente) asegurarían los ingresos fiscales, apoyarían la creación de empleo y la actividad económica en el futuro, al tiempo que reducirían las distorsiones económicas causadas por el gran peso de los impuestos sobre el trabajo”, agrega el ejecutivo comunitario que está precisamente evaluando la solicitud del quinto pago del plan de recuperación por el que España se enfrenta a un pago parcial por el fracaso del impuesto al diésel, que no cuenta con el apoyo suficiente en el Congreso para salir adelante. La Comisión Europea apremia a los estados miembros a llevar a cabo las reformas comprometidas para los fondos de recuperación de la pandemia y recuerda que quedan 454 días para cumplir con los hitos y objetivos. Más de la mitad del dinero disponible (335.000 millones de euros) sigue sin desembolsarse por la lentitud de los gobiernos para cumplir con sus propios planes. El plazo para presentar las medidas acaba el 31 de agosto de 2026 y los últimos desembolsos por parte de Bruselas se podrían realizar hasta final de ese año. “Con poco más de un año disponible hasta la fecha límite de agosto de 2026, el tiempo se acaba. Por eso hemos recomendado a algunos Estados miembros que aumenten sus esfuerzos de implementación. No hay tiempo que perder”, ha expresado en una rueda de prensa el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis. En el caso de España, ha recibido 48.000 millones de los casi 80.000 millones de los fondos disponibles en forma de transferencias directas. El quinto pago, que asciende a 23.900 millones de euros (8.000 millones en subvenciones y 15.900 millones en créditos) se solicitó en diciembre, pero aún no ha culminado la evaluación y desde julio de 2024, cuando se recibieron 9.900 millones correspondientes al cuarto pago, España no ha obtenido ningún fondo. Tampoco ha habido aún ningún desembolso de los 83.000 millones previstos en forma de préstamos. En términos generales, en Bruselas están “satisfechos” con la economía española, que crece por sustancialmente por encima de la media europea. En cuanto a la disciplina fiscal, el país sorteó el pasado año un procedimiento de déficit excesivo porque, a pesar de superar el objetivo del 3%, en Bruselas interpretaron que era temporal y acuciado por los gastos extraordinarios de la DANA. Ahora Bruselas ha calificado a España como uno de los países con “amplio cumplimiento” respecto al corsé fiscal, a pesar de que en 2025 el gasto neto primario (que elimina cuestiones cíclicas como el desempleo) estará ligeramente por encima de la senda pactada con la Comisión Europea. La cifra se situaba en el 3,7% y, según las estimaciones de los técnicos comunitarios, se situará en el 4,2%. No obstante, se mantiene dentro del umbral del 0,6% que se podía desviar en los dos años analizados.

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