Cuando protestar puede ser terrorismo: el veto a un grupo pro-palestino amenaza la libertad de expresión en el Reino Unido

La inclusión en la lista de organizaciones terroristas de Palestine Action después de una protesta en una base militar de la fuerza área ha acarreado cientos de arrestos y un debate sobre los límites a la libertad de expresión tras años de leyes restrictivas para todo tipo de protestasTrabajadores de Microsoft protestan en la sede central de la compañía en EEUU por su colaboración con el ejército israelí Una madrugada de junio, al menos dos personas entraron en la mayor base aérea del Reino Unido, en Brize Norton, una aldea del condado de Oxford. Se dirigieron en patinete eléctrico a dos aviones de la fuerza aérea británica, rociaron los motores y la pista con pintura roja, y dañaron los equipos con palancas. Se marcharon y unas horas después el grupo Palestine Action aseguró que se trataba de una protesta porque esos aviones servirían para “transportar armas para cometer genocidio en Gaza”. En realidad, esos aviones eran parte de los equipos de vigilancia del espacio aéreo británico y se han utilizado en el pasado para una misión en Siria. No hay prueba de que tengan relación con ninguna actividad en Israel. Más allá de la función de esta base, el Reino Unido aplica ahora un embargo de armas, si bien hay excepciones de componentes fabricados en Estados Unidos, que sí ha seguido exportando armamento de una multinacional europea, según reveló The Guardian. Palestine Action, un grupo formado en 2020, entró y destruyó material en una fábrica de armamento en Glasgow en 2024 y este marzo pintó edificios del campo de golf de Donald Trump en Escocia, pero hasta ahora nunca había hecho nada parecido a entrar en una base militar de alta seguridad. El caso de la base de Brize Norton ya ha tenido consecuencias que pueden marcar durante años el derecho de protesta en el país. Cinco personas han sido detenidas por su implicación en el incidente y afrontarán cargos penales por daños y conspiración para entrar en un lugar prohibido “de manera consciente y con el propósito de perjudicar la seguridad o los intereses del Reino Unido”. La fecha provisional del juicio para esclarecer los hechos es 2027. Hasta aquí nada distinto de otros incidentes cuando afectan a un recinto de alta seguridad. Pero, a principios de julio, el Gobierno británico aprobó, con el consentimiento del Parlamento, meter a Palestine Action en la lista de organizaciones terroristas por esta última acción. Estar en este elenco de casi un centenar de nombres que incluye a Al Qaeda, Estado Islámico y múltiples grupos neonazis, supremacistas y xenófobos, tiene como consecuencia entre otras cosas que cualquier muestra de apoyo material o simbólico al grupo en cuestión puede ser considerada una ofensa criminal. Una definición muy amplia Al incluir Palestine Action, el Gobierno asegura cumplir con la legislación aprobada en 2000 que define el terrorismo en sentido amplio, incluyendo daños graves contra edificios, infraestructura u otra propiedad con fines políticos, y no sólo la amenaza o el daño para las personas. En el texto se incluye como terrorismo cualquier actividad “diseñada para influir en el Gobierno o intimidar al público” para “avanzar una causa política, religiosa o ideológica” y que podría traducirse en “violencia grave contra una persona” o “daño grave contra una propiedad”. El Ministerio de Defensa estima el daño a sus aviones en siete millones de libras (más de ocho millones de euros), lo que puede cuadrar en la definición de “daño grave” a una propiedad. David Mead, catedrático de Derecho especializado en derechos humanos de la Universidad de East Anglia, en el Reino Unido, es uno de los grandes expertos del país en el derecho de protesta y considera que la ley aplicada en este caso tiene un alcance mucho más amplio que la existente en otras democracias equivalentes. “Otros países requieren intimidación, por ejemplo, cuando el Reino Unido no hace”, explica a elDiario.es. También dice que el uso que ahora se le ha dado a esta ley es inédito: “Es la primera vez que un grupo de acción directa no violenta ha sido clasificado de esta manera. Aunque hay acusaciones de violencia contra algunos miembros de Palestine Action, hasta donde sé por la información publicada en los medios, no han utilizado la violencia en su estrategia, supuestamente han sido violentos cuando han sido descubiertos”. Ley de los tiempos del IRA La ley, concebida por el Gobierno de Tony Blair en 1998, estaba pensada entonces teniendo en cuenta los atentados del IRA, para casos en que los atentados causaban daños sólo a edificios e infraestructuras. Entonces el debate en el Parlamento fue intenso y algunas voces alertaban de que la ley se podría aplicar a Greenpeace y otras organizaciones que protestaban causando daños a la propiedad, por ejemplo a las cosechas de maíz transgénico. En aquellos debates, el entonces ministro del Interior, Jack Straw, aseguraba que un grupo como Greenpeace no se había involucrado “ni remotamente” en algo que se pudiera considerar terrorista según la ley. Y lo cierto es que hasta ahora la legislación sólo se ha utilizado para clasificar a grupos que han causado violencia o amenaza de violencia en su estrategia contra las personas, como el caso de los grupos nacionalistas y neonazis recientemente proscritos (varios también entraron en la lista en julio). Antes de policía durante el arresto de una mujer de 89 años que protestaba contra la inclusión de en la lista terrorista de Palestine Action, el 9 de agosto, en Londres. Starmer, abogado defensor Mirando a lo que hizo Palestine Action en junio, se encuentran incluso casos similares en el pasado donde no se ha aplicado esta legislación. En marzo de 2003, es decir, poco después de que entrara en vigor la ley contra el terrorismo, varias personas intentaron sin éxito meter una bomba casera para dañar las ruedas de unos aviones en una base militar para protestar contra la guerra de Irak. Después de años de juicios y apelaciones, cinco acusados fueron sancionados con condenas menores, reducidas o anuladas. El abogado que defendía a uno de los principales acusados era entonces Keir Starmer, especialista en derechos humanos y que en aquellos años defendió a varios sospechosos de terrorismo. En 2006, en el proceso de apelación, el magistrado y miembro de la Cámara de los Lores Lennie Hoffmann aseguró que el sabotaje se merecía un castigo, pero también reconoció el derecho a la protesta y rechazó etiquetarlo como terrorismo. “La desobediencia civil por motivos de conciencia tiene una larga y honorable historia en este país. La historia da a veces la razón a gente que viola la ley para afirmar su creencia en una injusticia de una ley o una acción del gobierno. Las sufragistas son un ejemplo que viene a la cabeza de manera inmediata”, dijo en el proceso de la que entonces era la máxima instancia de la justicia británica. “En el marco de una comunidad civilizada se pueden acomodar las protestas y manifestaciones de este tipo”. Dos décadas después, Starmer definió en un primer momento como “vandalismo” el asalto a la base militar de Brize Norton, pero su Gobierno ha ido mucho más lejos que otros con el veto posterior contra el grupo. Cientos de arrestos Las consecuencias desde que entró en vigor la prohibición el 5 de julio han sido visibles. La policía ha arrestado a más de 700 personas por apoyar -la mayoría con pancartas, cánticos y camisetas- a Palestine Action en concentraciones por todo el país. Más de 500 detenidos lo fueron en una manifestación el 9 de agosto en Londres. Entre las personas arrestadas, un centenar eran septuagenarias y 15 octogenarias, según los datos publicados por la policía. Algunos de los manifestantes en Londres y en otras protestas por el país llevaban camisetas que utilizaban una variación del nombre del grupo y un logo muy parecido, “Plasticine Action”, y esto llevó al menos a una detención hasta que un agente se dio cuenta del error. La mayoría de los arrestados, también los que utilizaban el nombre correcto, han sido liberados casi de inmediato sin cargos, pero más de 60 personas afrontan ahora acusaciones formales. Según la legislación de 2000, hay varios tipos de comportamientos que pueden ser considerados delictivos. Mostrar pancartas entraría dentro del apoyo que puede suponer una sentencia de un máximo de seis meses en prisión, según explica el profesor Mead. Pero hay otra parte más enrevesada que se refiere a la posesión de material que ayude a la organización en cuestión o una muestra de asistencia material clara, que puede suponer hasta una condena de 14 años de cárcel. En esta categoría podría entrar la promesa de recaudar fondos y donarlos a ese grupo, como hizo la novelista irlandesa Sally Rooney. En cualquier caso, Mead explica que “sería muy difícil acusar a Sally Rooney porque vive en Irlanda y se podría alegar que no está cometiendo un delito en Inglaterra, dependiendo de dónde cobre los derechos de autor”. En general, sin embargo, explica que un autor británico sí podría afrontar una pena de cárcel si hiciera algo parecido en su país. Presión para la policía La policía insiste en que no se trata de perseguir a quien protesta contra la guerra de Gaza, y que el mismo día de las detenciones en la concentración de apoyo a Palestine Action hubo una más general en Londres sin apenas incidentes. “Más de 15.000 personas se manifestaron de manera pacífica en el centro de Londres para apoyar la causa palestina y sólo hubo un arresto… Ha habido cientos de protestas expresando apoyo a la causa palestina en los últimos dos años sin respaldo masivo a grupos terroristas proscritos”, dijo un portavoz de la policía metropolitana de Londres. En vista de lo acontecido, y pese a la aprobación del Parlamento, parte de los diputados laboristas cuestionan ahora la decisión de incluir a Palestine Action en la lista, cuando el tipo de asalto a la base militar ya tiene castigos. La mayoría de los votantes laboristas están en contra de la decisión de clasificar el grupo como terrorista, según una encuesta publicada esta semana. Ed Davey, el líder de los liberaldemócratas, pide una revisión de la legislación de 2000 y asegura que, aunque Palestine Action es “una organización muy preocupante”, hacen falta cambios que impidan los arrestos “masivos” por protestar. Davey se abstuvo en la votación de julio porque no pensó que el Gobierno hubiera “argumentado bien” su decisión de incluir al grupo en la lista terrorista, y a la vez sí está a favor de castigos contra incidentes que afectan al ejército británico. Mientras el debate político continúa, la policía afrontará pronto nuevas decisiones sobre cómo actuar, ante otra manifestación convocada en apoyo al grupo el 6 de septiembre en Londres. “La estrategia actual no sólo es insostenible porque cuesta mucho dinero y detrae recursos de otros asuntos policiales más urgentes. A corto y largo plazo se arriesga a erosionar la reputación de la policía causando un daño más grande para la legitimidad policial”, explica Mead. “Una vez que baja o decae, se vuelve más difícil vigilar los crímenes corrientes porque la policía depende de la cooperación pública para mantener el orden y detectar o prevenir delitos”. La ministra del Interior, Yvette Cooper, sigue defendiendo la decisión de meter a Palestine Action en la lista terrorista y se queja de que quienes apoyan al grupo no conocen su naturaleza. “Las manifestaciones son vitales para la libertad de expresión, pero este derecho no se extiende a la violencia, la intimidación y la provocación de lesiones”, dijo, en referencia a otro incidente en una protesta en Glasgow, donde miembros de este grupo se enfrentaron a agentes de policía. Juicio en noviembre La batalla legal no ha hecho más que empezar. Palestine Action ha logrado apelar contra la clasificación como organización terrorista y el juicio empezará en noviembre. Uno de los argumentos en contra del veto viene de la Convención Europea de Derechos Humanos, que protege la libertad de expresión y que tiene su desarrollo nacional también en una ley de derechos humanos de 1998. Esa ley requiere por ejemplo que la decisión de clasificar a un grupo como terrorista sea proporcionada en relación al efecto que eso tendrá en los derechos civiles de sus miembros. Esa será una clave en el proceso que arranca en noviembre, según Mead. “La cuestión es si la ministra del Interior se hizo esta pregunta o si llegó a la conclusión equivocada”, explica el experto. “Esto también se aplica a la policía en sus arrestos aplicando la ley del 2000… ¿Es esta una respuesta proporcionada, considerando que no hay una amenaza clara de daño para la seguridad nacional con estas pancartas y hay muchos riesgos de que se esté suprimiendo la libertad de expresión?”. Más allá de la aplicación de la legislación del año 2000, el anterior Gobierno conservador aprobó en 2022 y 2023 leyes que penalizan con nuevos cargos cualquier perturbación. Las normas se aprobaron sobre todo a raíz de las protestas en museos y carreteras de grupos de activistas contra el cambio climático, y han dado nuevos poderes a la policía para prohibir protestas. “Estas leyes han dado a los agentes de policía mucho más margen en el momento o por adelantado para limitar y controlar protestas de gran escala alegando que creen de manera razonable que la protesta puede causar molestias graves”, dice Mead. El resultado es que, en comparación con hace una o dos décadas, “ahora es mucho más difícil protestar de manera legal y pacífica”.

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