Internet, el nuevo frente de Putin: Rusia castigará búsquedas controladas por espías y lanza una alternativa a WhatsApp

El Kremlin avanza en su objetivo por controlar la red con multas por hacer clic en enlaces prohibidos y amenaza con la expulsión a WhatsApp mientras los activistas alertan de que dará carta blanca a los servicios secretos para inspeccionar los teléfonosUn paso más hacia la 'Runet': Rusia ensaya de madrugada su desconexión total del Internet global Vladímir Putin está decidido a llevar su batalla por el control de Internet en Rusia a otro nivel. En las últimas semanas, varias iniciativas del Kremlin y del Parlamento ruso han puesto en alerta a los activistas en defensa de los derechos digitales. Desde multas por buscar contenido prohibido en la red hasta amenazas de expulsar del país a WhatsApp para lanzar, en su lugar, una aplicación creada por el Gobierno ruso que, según alertan los activistas, dará acceso a los servicios secretos a los móviles de los ciudadanos. La noticia que hizo saltar las alarmas fue una ley impulsada por la Duma que prevé sanciones de entre 3.000 y 5.000 rublos (entre 32 y 55 euros) por consultar en Internet materiales “extremistas”. El 22 de julio, se aprobó en la tercera y definitiva lectura y el pasado jueves Putin le dio el visto bueno. Se prevé que entre en vigor el 1 de septiembre. El redactado de la norma es lo bastante ambiguo para que la definición de “extremista” dé cabida a al menos dos interpretaciones. La primera interpretación parte del hecho de que en Rusia existe un listado federal de materiales denominados “extremistas”. Son más de 5.000 libros, artículos, canciones, películas, videos o imágenes que la Justicia ha etiquetado con este apelativo. Entre ellos, se encuentra contenido que hace apología del nazismo, el fascismo o el antisemitismo, como el Mein Kampf, de Adolf Hitler, o La doctrina del fascismo, de Benito Mussolini, pero también obras de autores simplemente críticos con el Kremlin o con la guerra en Ucrania. Es el caso de Rusia dinamitada, obra del profesor Yuri Felshtinsky y del exespía envenenado en 2006 Aleksander Litvinenko, o de películas con un mensaje claramente antifascista, como Rusia 88, de Pavel Bardin, una cinta sobre skinheads equiparable a American History X. Entre las canciones prohibidas, figuran varias de Timur Mutsuráyev, uno de los bardos chechenos más reconocidos; de los raperos Slava KPSS o Oxxxymoron; o del grupo de punk Pornofilmy, que en mayo actuó en Barcelona y Valencia. También se incluye en el listado una melodía creada con Inteligencia Artificial titulada Levántate, Kursk, en apoyo a la incursión ucraniana en este territorio ruso. La segunda interpretación del concepto “extremista” es más difícil de delimitar porque se refiere a las organizaciones o individuos catalogados bajo esta condición. Por ejemplo, Alekséi Navalni, Yulia Naválnaya, y su entidad, la Fundación Anticorrupción; el ajedrecista y disidente Garri Kaspárov; el escritor Borís Akunin; la empresa Meta y sus plataformas, Facebook o Instagram; los testigos de Jehová o “el movimiento público internacional LGTBI”. Y así hasta casi 18.000 personas y 800 asociaciones. Castigos ejemplarizantes Fuentes familiarizadas con el proceso de redacción de la ley aseguran al medio independiente Viorstka que su intención no es castigar indiscriminadamente a cualquiera que busque y haga clic en un contenido extremista, sino que se hará “un uso puntual contra personas objetivo” y “se comunicará al círculo más amplio posible de ciudadanos, a título informativo”. Es decir, igual que pasa con las condenas por desacreditar al Ejército, las autoridades van a imponer algunos castigos ejemplarizantes para asustar a la población y desincentivarla de consultar enlaces prohibidos. “El proyecto no afectará al ciudadano medio”, aseguró en sede parlamentaria Aleksander Teterdinko, encargado de presentar la iniciativa por parte del partido gobernante, Rusia Unida. Además, el ministro de Desarrollo Digital, Maksut Shadayev, insistió en que “si el usuario no sabe que el material está incluido en el registro, no será objeto de castigo”. Los encargados de perseguir a los internautas serán los agentes de policía y los espías del FSB, el antiguo KGB. Los primeros solo podrán denunciar a los usuarios cuando comprueben físicamente, a través de la consulta directa del historial del dispositivo, que se ha accedido a páginas web extremistas. En cambio, los segundos tendrán la potestad para obtener esta información de forma remota. Por ejemplo, pidiendo los datos de navegación a VK, la red social estrella en Rusia, que colabora estrechamente con los servicios secretos. Según cuenta a elDiario.es Sarkis Darbinián, cofundador de Roskomsvoboda y RKS Global, entidades que luchan por un Internet libre, “cada vez será más difícil negarse a que te inspeccionen el teléfono”. Criminalizar la lectura Según los activistas, es la antesala de lo que se conoce como la “criminalización de la lectura”. Darbinián explica que estamos ante “una página completamente nueva en la regulación represiva de Internet en Rusia”. El abogado advierte que “las multas parecen pequeñas” pero que pueden crecer y “adquirir forma de delito penal”. Es lo mismo que sucede con las sanciones administrativas por criticar la invasión a Ucrania: al sumar dos, se abre un caso penal y el infractor se expone a condenas de cárcel. “Una vez más, las autoridades rusas disfrazan su implacable persecución de la disidencia con la lucha contra el extremismo”, asegura Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa del Este y Asia Central. “En la Rusia actual, los materiales extremistas podrían ser desde un libro que promoviese las relaciones entre personas del mismo sexo hasta publicaciones en las redes sociales de grupos de la oposición”, añade. Una pista de hacia dónde se dirige Rusia es su vecina Bielorrusia. Tal y como relata a Meduza la periodista Aleksandra Pushkina, del diario independiente bielorruso Zerkalo, allí detienen a la gente por leer noticias “incorrectas”. “En los últimos tres o cuatro años, en medio de una purga mediática y la paranoia del régimen, la persecución por consumir información se ha convertido en la norma”, afirma. Según narra, basta con estar suscrito a un canal de Telegram que las autoridades hayan añadido a la lista de materiales extremistas, haber guardado una captura de pantalla o enviar el enlace de la noticia a un amigo para ser arrestado o hasta ir a la cárcel. “Ya ha habido sentencias por ver un video, por un comentario en un chat o por un story guardado”, concluye. Críticas de todos lados Horas antes de la aprobación de la ley, delante del edificio de la Duma, en Moscú, el opositor Borís Nadezhdin, el único candidato que se opuso a la guerra en Ucrania en las elecciones de 2024 y que finalmente fue excluido, convocó un piquete masivo para protestar contra la iniciativa. La manifestación no fue autorizada con el argumento oficial de la emergencia sanitaria por coronavirus, a pesar de que hace años que, excepto para prohibir concentraciones, no se aplica ninguna restricción de este tipo en la capital rusa. El activista Dmitri Kisiev fue arrestado por llevar un cartel donde se podía leer “Por una Rusia sin censura. Orwell escribió una distopía, no una metodología.” Pero no solo los militantes de la oposición han cuestionado la legislación. También voces cercanas al Kremlin, como la responsable de la Liga para un Internet Seguro, Yekaterina Mizulina, lamentaron que el redactado del proyecto podía dificultar los esfuerzos de la policía y de asociaciones como la suya. “Nosotros supervisamos activamente este contenido y compartimos las conclusiones con las fuerzas del orden como parte de nuestra misión”, escribió. También Margarita Simonián, la redactora jefe del canal RT, propiedad del Kremlin, alzó la voz. Antes de la aprobación definitiva del texto, se dirigía al poder ejecutivo: “Querido Gobierno, decidme, por favor, cómo se supone que debemos llevar a cabo investigaciones y avergonzar a todo tipo de grupos extremistas”. “Espero cambios”, remataba. No los ha habido. Antes de la votación, fuentes parlamentarias admitieron a Viorstka que “la reacción fuertemente negativa” al proyecto había sido “inesperada”, pero no vieron motivos para dar marcha atrás. Además, la ley se tramitó a través de un procedimiento, si no irregular, al menos discutible, que consiste en incluir las enmiendas sobre las multas en un decreto que poco tiene que ver con lo que finalmente se acaba debatiendo. “Esta táctica la utiliza para ocultar documentos potencialmente controvertidos y acortar su periodo de discusión. El Gobierno es el autor formal de las enmiendas, pero, en realidad, probablemente provienen del Kremlin”, apunta Andréi Pertsev en un artículo al medio ruso en el exilio Riddle. Más específicamente, “de las agencias de seguridad y del Consejo de Seguridad”, añade. Bloqueo de Internet Más allá de las nuevas multas por consumir contenido extremista, en Rusia existe un órgano, Roskomnadzor, que se encarga de bloquear directamente contenido en Internet. Según la agencia Interfax, solo en 2024, vetó 800.000 enlaces, un 19% más que en el año anterior. Entre las páginas restringidas, hay algunas tan populares como Youtube, Instagram, X, o la inmensa mayoría de periódicos digitales independientes. Para visitarlas, es necesario instalar en tu dispositivo un VPN [las siglas en inglés de Red Privada Virtual], una herramienta que esconde tu ubicación, cifra tu conexión a Internet, y permite acceder a recursos no autorizados. Otra de las enmiendas aprobadas junto al paquete de sanciones por navegar en sitios extremistas prevé que el uso de un VPN sea un agravante en la comisión de un delito y que se prohíba la publicidad de estos sistemas, una medida que también ha generado alarma entre la ciudadanía ya que son muchas las personas que recurren a redes privadas de forma habitual. Guerra contra WhatsApp La última de las batallas que está librando Putin contra la libertad en Internet afecta a WhatsApp, el servicio de mensajería que usa más del 70% la población. Recientemente, el vicepresidente del Comité de Informática de la Duma, Antón Gorelkin, afirmó que esta aplicación, “con un muy alto grado de probabilidad” acabará en “la lista de programario de países hostiles sujetos a restricciones”. “Debería prepararse para salir del mercado ruso”, concluyó a modo de aviso. Esta ofensiva contra WhatsApp, propiedad de la “extremista” Meta, forma parte de la deriva autárquica emprendida por el Kremlin desde 2022, que rechaza cualquier servicio extranjero que no coopere con las autoridades y aspira a sustituirlo por un análogo ruso. “Hay que estrangularlos”, declaró Putin en mayo. En su lugar, Rusia pretende lanzar su propia plataforma de mensajería: “Max”, vinculada a VK, está disponible ya en versión Beta y supera los dos millones de descargas, eso sí, en un país de 143 millones de habitantes. En septiembre, todos los terminales fabricados en Rusia llevarán instalada de serie esta aplicación. Según los activistas, lo más preocupante es que, al igual que VK, el FSB tendrá a su disposición todas las comunicaciones que se transfieran a través de ella. El periodista opositor Andréi Okun, en un artículo en Republic, habla de un “gulag digital”, un “espacio estéril en que las autoridades tendrán un control total sobre el tiempo de ocio y los pensamientos de los ciudadanos”. Algunas voces del Parlamento ruso también han planteado la necesidad de que Telegram, otro de los canales que más ciudadanos utilizan, vea ralentizado su funcionamiento para animar a los usuarios a pasarse a Max. No obstante, parece que esta plataforma y su dueño, el ruso Pavel Durov, están de momento a salvo ya que hace unos meses se comprometieron a colaborar con los servicios secretos para evitar ser desterrados.

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