Niños, ancianos y enfermos: los datos del Ejército israelí muestran que el 75% de los detenidos en Gaza son civiles

Una investigación de varios medios, entre ellos 'The Guardian', revela que entre los detenidos hay personas con alzhéimer o discapacidadVarios colectivos internacionales revelan un listado de empresas que transportan armas y combustible a Israel Solo uno de cada cuatro detenidos de Gaza es identificado como combatiente por la Inteligencia militar israelí, según datos clasificados analizados por The Guardian, la publicación israelí-palestina +972 Magazine y el medio en hebreo Local Call. La gran mayoría de los palestinos arrestados sin cargos ni juicio en centros de detención conocidos por sus duras condiciones y por los abusos contra los reos son civiles. Una investigación conjunta de esos tres medios que parte de la propia base de datos de Israel ha evidenciado que hay un gran número de civiles encarcelados. Entre los que están retenidos durante largos periodos figuran trabajadores sanitarios, profesores, funcionarios, profesionales de los medios de comunicación, escritores, personas enfermas y con alguna discapacidad y niños. Uno de los ejemplos más extremos es el de una mujer de 82 años con alzhéimer que estuvo en la cárcel durante un mes y medio o el de una madre soltera separada de sus hijos pequeños. Cuando la madre fue puesta en libertad tras 53 días, encontró a sus hijos mendigando en la calle. La base militar de Sde Teiman llegó a albergar a tantos palestinos enfermos, discapacitados y ancianos que estos tenían su propio hangar, apodado “el corral geriátrico”, según el testimonio de un soldado que trabajó en las instalaciones. La base de datos más precisa La Inteligencia militar israelí gestiona una base de datos con más de 47.000 personas identificadas que clasifica como “combatientes” de los grupos que operan en Gaza, tanto Hamás como la Yihad Islámica Palestina. Según múltiples fuentes de los servicios de Inteligencia, los mandos militares consideran que se trata de la información más precisa que Israel tiene sobre sus enemigos. Se basa en información entre la que hay archivos del propio Hamás, se actualiza periódicamente e incluye los nombres de los nuevos reclutas. La base de datos registraba en mayo de este año 1.450 personas detenidas, cuyos expedientes estaban marcados como “arrestados”. Esa cifra equivale a apenas uno de cada cuatro palestinos de Gaza encarcelados en Israel desde el 7 de octubre de 2023 bajo sospecha de vínculos con grupos armados. Según se desprende de los datos oficiales publicados tras ser reclamados judicialmente, Israel había detenido hasta mayo de 2025 a 6.000 personas en virtud de su legislación sobre “combatientes ilegales”, que permite el encarcelamiento de los sospechosos de forma indefinida sin cargos ni juicio. Israel también mantiene bajo arresto a unos 300 palestinos de Gaza sospechosos de haber participado en los ataques del 7 de octubre contra el sur del país. Se encuentran en prisión preventiva porque Israel afirma tener pruebas suficientes para procesarlos, aunque aún no han empezado los juicios. Tanto las organizaciones de derechos humanos como los soldados israelíes denuncian que la proporción de combatientes con respecto a los civiles es incluso inferior. Cuando a finales de 2023 salieron a la luz fotografías de palestinos desnudos y encadenados y la comunidad internacional mostró su consternación, altos mandos militares ya declararon al periódico israelí Haaretz que “entre el 85% y el 90% de los detenidos” no eran miembros de Hamás. El Centro Al Mezan para los Derechos Humanos, con sede en Gaza, ha representado a cientos de civiles recluidos en cárceles israelíes. “Creemos que la proporción de civiles entre los detenidos es incluso mayor que la que sugieren las propias cifras de Israel”, alerta Samir Zaqout, subdirector de Al Mezan. “Como mucho, quizá uno de cada seis o siete detenidos tiene algún vínculo con Hamás u otras facciones armadas y, aun así, no necesariamente a través de sus fuerzas combatientes”, precisa. El Ejército israelí afirmó en un comunicado que había devuelto a Gaza a más de 2.000 civiles detenidos tras no encontrar ninguna conexión con actividades armadas. Según la versión oficial, Israel libra una guerra contra enemigos que “se disfrazan de civiles”, pero estas liberaciones demostrarían “un proceso de revisión exhaustivo” de las detenciones. Aunque no negó la existencia de la base de datos ni las cifras correspondientes al pasado mayo, el Ejército afirmó que “la mayoría” de los detenidos estaban “implicados en actividades terroristas”. Según el Ejército, 2.750 palestinos fueron encarcelados en mayo de forma permanente como combatientes ilegales y otros 1.050 fueron liberados en virtud de acuerdos de alto el fuego. Una mujer de 82 años con alzhéimer Los políticos, el Ejército y los medios de comunicación israelíes suelen referirse a todos los detenidos como “terroristas”. Sin embargo, en la lista figura Fahamiya Al Khalidi, una mujer de 82 años con alzhéimer que fue secuestrada junto con su cuidadora en Ciudad de Gaza en diciembre de 2023 y retenida en Israel durante seis semanas en virtud de la ley de combatientes ilegales. Según un médico militar que la atendió en el centro de detención de Anatot, después de que se lesionara con una valla, estaba desorientada, no recordaba su edad y pensaba que todavía estaba en Gaza. “Recuerdo que cojeaba ostensiblemente de camino a la clínica. Y estaba clasificada como combatiente ilegal. La forma en que se pone esa etiqueta es una locura”, afirmó el médico. Las fotografías confirman que pasó por el centro de detención. Respecto a este caso concreto, el Ejército israelí señaló que detuvo a Al Khalidi “con base en información específica sobre su persona”, pero que “el ingreso en el centro de detención” no debería haberse producido. Agregó que “la detención no fue apropiada y fue el resultado de un error de juicio concreto y aislado”. Sin embargo, puntualizó que “las personas con problemas médicos o incluso discapacidades pueden seguir implicadas en actividades terroristas”, en referencia al antiguo jefe del ala militar de Hamás, Mohamed Deif. La legislación israelí sobre combatientes ilegales permite la detención indefinida sin presentar pruebas en un juicio público. Las autoridades pueden retener a una persona durante 75 días sin abogado y 45 días sin llevarla ante un juez para que autorice su detención. Al comienzo de la guerra contra Gaza, esos plazos se ampliaron a 180 y 75 días, respectivamente. Desde el 7 de octubre de 2023 no se han celebrado, que se sepa, juicios de personas detenidas en Gaza. Tal Steiner, director de la ONG israelí Comité Público contra la Tortura, afirma: “Tan pronto como comenzó la ola de detenciones masivas en Gaza en octubre de 2023, surgió una gran preocupación por el hecho de que muchas personas no implicadas estuvieran siendo detenidas sin motivo alguno. Esta preocupación se confirmó cuando supimos que la mitad de los detenidos al comienzo de la guerra fueron finalmente puestos en libertad, lo que demuestra que no había motivos para su detención”. Las autoridades entregaron al grupo las cifras oficiales sobre el número de “combatientes ilegales” a raíz de una demanda judicial. Un soldado que estuvo destinado en la prisión militar de Sde Teiman —conocida por los abusos— relató detenciones masivas de ancianos y de personas gravemente enfermas. “Traían a hombres en silla de ruedas, a gente sin piernas”, explicó y añadió que los enviaban a un “corral geriátrico”. “Siempre supuse que la excusa para arrestar a pacientes era que quizá habían visto a los rehenes o algo así”, dijo, en referencia a los 250 secuestrados por las milicias palestinas el 7 de octubre de 2023. Hassan Jabareen, director de la organización palestina de derechos legales Adalah, indica que “la legislación israelí sobre combatientes ilegales está diseñada para dar vía libre a la detención masiva de civiles y las desapariciones forzosas”. “Despoja a los detenidos de la protección garantizada por el derecho internacional, incluidas las salvaguardias destinadas específicamente a los civiles, utilizando la etiqueta de 'combatiente ilegal' para justificar la denegación sistemática de sus derechos”, denuncia. El médico militar que atendió a Al Khalidi relató que también trató a una mujer que sangraba profusamente tras un aborto espontáneo y a una madre lactante que había sido separada de su bebé y le pidió un sacaleches para evitar que se le secara la leche materna. Una madre sola con tres hijos Abeer Ghaban, de 40 años, que fue detenida junto con Al Khalidi en Israel, fue separada de su hija de 10 años y de sus dos hijos de 9 y 7 años cuando fue detenida en un punto de control israelí en diciembre de 2023. Aunque oficialmente seguía casada, en la práctica solo ella se ocupaba de los pequeños, por lo que, cuando se la llevaron, los niños se quedaron solos. Durante el interrogatorio, se dio cuenta de que los agentes habían confundido a su marido, un agricultor, con un miembro de Hamás que tenía el mismo nombre. Ghaban asegura que uno de los interrogadores reconoció el error tras comparar fotografías. A pesar de ello, la dejaron en la cárcel durante seis semanas más. Los soldados israelíes desplegados para vigilar a los palestinos a menudo se oponen a la liberación de civiles absueltos de cualquier vínculo con Hamás, según el testimonio de un israelí destinado en una instalación militar. El objetivo de los soldados, según el testigo, es retenerlos indefinidamente como moneda de cambio en las negociaciones sobre los rehenes. “Seguíamos liberando a gente a cambio de nada y eso indignaba [a los soldados]”, explica esta fuente. “[Los soldados] decían: 'No devuelven a los rehenes, ¿por qué deberíamos dejarlos ir?'”. Los políticos israelíes han expresado opiniones similares. Cuando Mohammed Abu Salmiya, director del Hospital Al Shifa de Gaza, fue liberado el año pasado, Simcha Rothman, presidente del comité de Constitución, Ley y Justicia del Parlamento israelí se quejó de que fuera liberado “sin un intercambio por rehenes”. Las organizaciones de derechos humanos sospechan que esta postura oficiosa ha sido un factor determinante en las detenciones masivas desde que comenzó la guerra. “Incluso antes del 7 de octubre, Israel retenía los cadáveres de cientos de palestinos, utilizándolos como moneda de cambio en lugar de devolverlos a sus familias para que los enterraran”, afirma un portavoz de Al Mezan. En ese sentido, desde la organización creen que “los miles de civiles de Gaza que se encuentran ahora en centros de detención también serán utilizados como moneda de cambio”. Las familias, incomunicadas La mayoría de los detenidos como combatientes ilegales permanecen incomunicados en los centros de detención, lo que agudiza la angustia tanto de los encarcelados como de sus familiares en Gaza. Cuando Ghaban fue puesta en libertad, encontró a sus hijos mendigando en la calle. “Estaban vivos, pero ver el estado en el que se encontraban tras 53 días sin mí me destrozó”, afirma. “Hubiera preferido seguir en prisión antes que verlos así”, aseguró. Jessica Montell, directora de la organización de derechos legales HaMoked, afirma que Israel ha utilizado la legislación sobre combatientes ilegales para facilitar la “desaparición forzosa de cientos e, incluso, miles de personas”. Durante meses, Nesreen Deifallah buscó a su hijo de 16 años, Moatasem. El 3 de diciembre de 2024, el joven salió en busca de comida y nunca regresó a casa. La mujer llegó a buscar a su hijo entre los cadáveres descompuestos en las morgues de los hospitales por si reconocía la ropa. Una persona liberada hacía poco le dijo a Deifallah en agosto que había coincidido con Moatasem en un centro de detención. “Me desmayé cuando supe que mi hijo seguía vivo”, explica la mujer. Aun así, no puede confirmar dónde se encuentra ni ponerse en contacto con él. Según le explicó su compañero de cautiverio, el adolescente estaba enfermo. El número de personas retenidas por los servicios penitenciarios israelíes en agosto era de 2.662 “combatientes ilegales”, según datos obtenidos por HaMoked. Eso sin contar un número indeterminado que se encuentra en centros de detención militares. Un oficial militar israelí que dirigió operaciones de detención masiva en Jan Yunis (en el sur de Gaza) dijo que “los soldados no ven ninguna diferencia entre un terrorista que entró en Israel el 7 de octubre para participar en los ataques transfronterizos y un trabajador de la administración del agua de Jan Yunis” (afiliado al Gobierno de Hamás). Traducción de Emma Reverter.

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