El 'ventilador' de Aldama pendiente de acreditar: de las obras amañadas al botín de la corrupción para Ábalos y Koldo

Los informes de la UCO no encuentran de momento todos los sobornos denunciados por el comisionista pero aún falta el estudio sobre el patrimonio de Santos Cerdán tras las grabaciones que le implican El juez cita a declarar de nuevo a Ábalos y Koldo García tras el informe de la UCO Alrededor de las nueve y media de la noche del 21 de noviembre de 2024, el empresario Víctor de Aldama abandonó la prisión de Soto del Real. Llevaba 40 días encarcelado. Esa misma mañana había comparecido de forma voluntaria en la Audiencia Nacional, donde durante varias horas disparó ante el juez Ismael Moreno contra relevantes nombres del Gobierno y el PSOE, a los que acusó de cobrar sobres repletos de dinero, entre otras prebendas. Afirmó que él mismo había pagado 250.000 euros en comisiones al exministro de Transportes José Luis Ábalos y 100.000 a su mano derecha, Koldo García. La declaración le sirvió para salir de la cárcel, donde había entrado por su implicación en otro caso, un millonario fraude con hidrocarburos. Y también para que el Tribunal Supremo impulsara nuevas líneas de investigación que indagan en la existencia de una trama de amaño de obras ubicada en el corazón del Ejecutivo y del partido cuya dimensión está todavía por determinar. Algunas de las revelaciones de Aldama se han visto respaldadas por el contenido de las grabaciones y los mensajes intervenidos, pero otras están pendientes de comprobación. Entre ellas, el destino del botín corrupto que supuestamente pagó a Ábalos y Koldo García, que se sentarán de nuevo esta semana delante del juez del alto tribunal que les investiga. El magistrado Leopoldo Puente los ha citado para que expliquen los “ingresos irregulares y opacos” que les atribuye el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportado al sumario. Ese atestado apuntala los indicios del cobro de mordidas —“chistorras”, “soles” o “lechugas”, que era como llamaban a los distintos billetes en la jerga de la trama—, aunque los agentes reducen por el momento a 95.437,33 euros el dinero sin rastro bancario que Ábalos manejó en cinco años. Unos fondos que gastó en sufragar la pensión alimenticia de uno de sus hijos, regalar joyas y flores a una de sus exparejas o costear el salario de la empleada del hogar. Aldama afirmó que solo él había pagado a Ábalos 250.000 euros y apuntó que había más empresarios implicados en las mordidas. Según la UCO, ese dinero era suministrado a Ábalos por su escudero Koldo García, quien, a su vez, lo recaudaba de empresarios con intereses en el Ministerio de Transportes en el que ambos trabajaron entre 2018 y 2021. Aldama, entre ellos. De hecho, el juez Puente considera acreditado que el asesor recibió durante al menos dos años y medio una “nómina” de 10.000 euros mensuales de Aldama. Con esos fondos, el comisionista pretendía asegurarse cierta “capacidad de actuación” en un ministerio con un presupuesto millonario. Ante el juez de la Audiencia Nacional, Aldama afirmó que había visto en varias ocasiones cómo Koldo García repartía con Ábalos en el Ministerio el dinero que él le entregaba. Los mensajes intervenidos y que la UCO ha analizado hasta el momento dan cuenta de ese trasiego de dinero, lo que lleva al juez que instruye la causa en el Tribunal Supremo a decir que ese reparto se hacía “bien entregándole su parte en metálico, bien asumiendo gastos que a este corresponden”, en referencia a Ábalos. Los amaños de obra pública En sus declaraciones en sede judicial, Aldama también afirmó que ejerció de intermediario ante determinadas constructoras para que estas resultaran adjudicatarias de obras a cambio de comisiones. Y mencionó a empresas como Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina. Aldama aseguró que en 2019 cobró 70.000 euros de una sociedad vinculada a José Ruz, de Levantina, por su papel de intermediario en obras licitadas por Transportes. Ambas constructoras aparecen en otro informe posterior de la UCO como adjudicatarias de contratos bajo sospecha a cambio de mordidas y prebendas. Para tratar de corroborar su relato, Aldama aportó un listado de obras de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes donde aparece una relación de contratos que estarían “pre-adjudicados” a determinadas empresas que “habrían adquirido el compromiso de pago de comisiones si resultaban adjudicatarias”. Además, proporcionó un pantallazo con unas notas manuscritas que atribuyó a Koldo García y donde figurarían hasta seis contratos amañados. Para cotejar la veracidad de esas notas manuscritas, el juez encargó un informe pericial que concluyó que esos escritos eran de Koldo García, quien había rechazado que fuera su letra. El juez se basó en ese informe para pedir a la UCO que investigara las obras señaladas por el conseguidor. La unidad del instituto armado trabaja desde entonces para fiscalizar todo el proceso e identificar a las empresas adjudicatarias de esas obras. El juez Puente reclamó el análisis de esas obras en abril de 2025, dos meses antes de que trascendiera el informe de la Guardia Civil que derivó en la entrada en prisión del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. El fiscal anticorrupción Alejandro Luzón afirma en un escrito aportado al juzgado que, en su primera declaración en la Audiencia Nacional, Aldama aseguró que había entregado a Cerdán 15.000 euros en efectivo. Y que “ratificó y amplió” esa afirmación en el Supremo, donde se refirió a la relación de Cerdán con Acciona que meses después afloró en las grabaciones intervenidas a Koldo García. El análisis de esos audios en los que Cerdán reconoce de forma “explícita” el cobro de comisiones vinculadas a la adjudicación de determinadas obras públicas, así como su reparto con otros investigados, llevaron al juez a acordar su encarcelamiento el pasado junio. Entonces, el juez también reclamó a la UCO que investigara el patrimonio del que fuera número tres del PSOE, al que atribuye el papel de recaudador de las supuestas mordidas. En un auto reciente en el que rechazó su excarcelación, el magistrado Puente admitió que esos informes no habían concluido “siquiera en sus aspectos esenciales”. Es más, apuntó que se habían hallado “faltas de sintonía entre sus declaraciones tributarias y la procedencia real de determinados ingresos bancarios”, por lo que hubo que reclamar información complementaria. Se espera que ese análisis policial arroje luz sobre un supuesto cobro de mordidas para la trama que el juez y a la Fiscalía elevan a cinco millones de euros. En su primera declaración, Aldama también habló de otro pago de 25.000 euros más para el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda y de una petición de 50.000 euros para el entonces presidente canario, Ángel Víctor Torres. Ambos lo niegan y, por el momento, tampoco se ha acreditado que esos pagos se produjeran. Pisos y encuentros con mujeres Entre las acusaciones lanzadas por Aldama están también las relativas a los pisos de alquiler turístico que asegura haber pagado para que Ábalos, Koldo García y otras personas mantuvieran encuentros con mujeres. En el escrito que aportó al Supremo afirmó que fue “recurrente el alquiler de un piso en la calle Atocha”, aunque ante el juez reconoció que en ese piso hubo solo un encuentro. El magistrado le reclamó el pasado febrero la relación de esos supuestos pisos y recabar las fechas de los contratos y estancias y el pago de las mismas, así como si hubo pagos a las mujeres y quién los asumió. No consta, por el momento, que esa documentación haya sido aportada. Entre los sobornos que sí aparecen acreditados está el pago del alquiler de la vivienda de una expareja de Ábalos. Se trata de una renta de 2.700 euros mensuales durante casi tres años. Las pesquisas han acreditado que Aldama, a través de un socio, abonó hasta 32 mensualidades de ese alquiler: un total de 82.298,40 euros. El juez también ha dado veracidad a otra de las revelaciones que Aldama hizo en su confesión: el contrato de arrendamiento con opción a compra por parte de Ábalos de un piso en el Paseo de la Castellana de Madrid, una de las principales arterias de la capital, por un precio de venta (750.000 euros) “aparentemente muy inferior al de mercado”. La existencia de ese contrato fue desvelada por Aldama en el primer escrito que aportó al Supremo con supuestas pruebas tras quedar en libertad. En ese escrito, Aldama aseguraba que pactó regalar a Ábalos un inmueble valorado en 1,9 millones de euros. El comisionista sostenía que esa operación encubría en realidad la “garantía” de las mordidas que presuntamente el entonces ministro iba a cobrar de determinadas constructoras por obras preadjudicadas. El acuerdo era que si no lograba cobrar esas comisiones se quedaría con el piso. Según Aldama, el inmueble nunca fue ocupado por Ábalos y “no se pagó renta alguna”. En una entrevista en El País, Ábalos afirmó que lo relativo a este inmueble era “todo mentira” y que aunque no se acuerda si llegó a firmar ese contrato era “imposible” de materializarlo pues en el piso había un inquilino. Dos años después de que la Fiscalía Anticorrupción destapara una supuesta red corrupta en el ministerio de Transportes y se iniciaran las pesquisas los informes sobre las adjudicaciones de obra pública y el patrimonio de Cerdán reclamados a la UCO medirán el alcance real de las acusaciones del comisionista, que tiene un papel relevante como supuesto corruptor, pero también como fuente de algunas pruebas que han permitido ampliar el perímetro de la investigación.

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