Hechos, mentiras y medias verdades sobre el caso Koldo, el intento de la derecha de abrir una causa general contra Sánchez

El PP mete una marcha más en su empeño por caricaturizar a un Gobierno acorralado por la corrupción en base a filtraciones, acusaciones sin demostrar y varios bulos derivados del escándalo en el Ministerio de Transportes que investiga la justicia y que afecta al exministro Ábalos y a su 'mano derecha'Sánchez respalda a Santos Cerdán y Marlaska exige “neutralidad” en las investigaciones de la Guardia Civil Es el escándalo de presunta corrupción que mancha al Gobierno de Pedro Sánchez: una trama incrustada en el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos que fue descubierta por el cobro de comisiones por contratos de compra de mascarillas durante la pandemia, pero cuya actividad criminal el juez sospecha que trasciende a ese momento y ese objeto. En el centro de la trama los investigadores sitúan al asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama. Y salpicaría al exministro por colocaciones a dedo en empresas públicas y por contrapartidas en especie supuestamente, en forma de pagos de alquiler de inmuebles y de dinero en efectivo. Hasta ahí los hechos que podrían sustentarse en una investigación que sigue su curso y que, al compás de la estrategia política de la derecha, es aderezada por un sinfín de publicaciones con acusaciones a altos cargos del Gobierno, a dirigentes del PSOE e incluso al entorno familiar de Pedro Sánchez. Y que, hasta la fecha, o no se han concretado o, directamente, se han demostrado falsas. Algunos de los bulos desmontados afectan incluso al propio Ábalos. La Guardia Civil le atribuyó erróneamente, por ejemplo, una propiedad de más de dos millones de euros en Colombia, algo que el instituto armado tuvo que rectificar (en realidad el coste era de 751 euros). Y un portal publica de manera recurrente que el exministro organizó macrofiestas con prostitutas en sedes de Paradores que cambian según el día y que, según esas informaciones, habrían acabado destrozadas. Todo ello ha sido desmentido expresamente por los responsables de la empresa y no existe ni una sola prueba gráfica o documental. Pero pese a sostenerse únicamente en fuentes anónimas, se ha convertido en argumento político para la oposición. Algo parecido a lo que ocurrió con las insinuaciones de Aldama respecto al jefe de gabinete de María Jesús Montero o al ministro Ángel Víctor Torres, de las que prometió pruebas que nunca llegaron. Esta misma semana, y tras las conversaciones privadas entre el presidente del Gobierno y José Luis Ábalos publicadas por El Mundo que la oposición intentó usar sin éxito como prueba de la implicación de Sánchez en el escándalo, el fuego de artillería de la derecha se centró en Santos Cerdán. Primero se publicó que la trama de Aldama y Koldo le habría obsequiado con dos coches, según una supuesta filtración de un informe de la UCO. El PSOE tardó poco en poder demostrar que su secretario de Organización paga uno de esos vehículos gracias a un préstamo personal que tiene declarado en el Congreso y asegura que el otro, de marca Audi, directamente no existe. A raíz de esa publicación, una trabajadora de OkDiario se plantó en el domicilio familiar de Cerdán haciéndose pasar por una repartidora y protagonizando un incidente con la pareja del dirigente socialista, a la que grabó en la puerta de su casa. A todo ello siguió una retahíla de insinuaciones basadas en supuestas filtraciones de un informe de la UCO que aún no ha concluido ni ha sido entregado al juez. “Me cuesta creer que esto sea un informe de la UCO porque estaríamos hablando entonces de que se está produciendo una filtración de la Guardia Civil. O es una filtración o son invenciones de los periodistas. Pero cuando salga ese informe desmontaremos las mentiras una a una”, salió a defenderse Cerdán, que quiso adelantarse a lo que pueda estar por venir y admitió haber hecho “muchas veces preguntas sobre obras, como diputado por Navarra y como coordinador territorial del PSOE, como hacen el resto de diputados”. Pero a la espera de certezas, la derecha y la ultraderecha meten una marcha más en su afán por caricaturizar a un Gobierno acorralado por la corrupción. A las puertas del Congreso, el lunes amaneció una lona de enormes dimensiones colocada por los ultras de Hazte Oír que cubría la fachada de enfrente de la Cámara Baja con la cara de Pedro Sánchez junto a la palabra corrupto. Un juez ordenó retirarla, y el resto de la semana un camión con el mismo cartel se dedicó a dar vueltas al edificio coincidiendo con la actividad parlamentaria. Dentro, en el hemiciclo, la oposición redobló su pulso. “Su Gobierno es un Gobierno a la fuga repleto de forajidos. Tiene tantos imputados como ministros. Si a Sánchez se le pasase un día por la cabeza huir en el Falcon con Begoña Gómez, Santos Cerdán, Koldo, Ábalos y el resto de imputados, tendrían que dejar a la mitad en tierra porque no cabrían en un solo Falcon”, dijo en su tono habitual el portavoz del PP, Miguel Tellado. Antes, su jefe de filas, Feijóo, había vuelto a dibujar a un país al borde del colapso por corrupción. “Mordidas en rescates a empresas, su presidenta de ADIF imputada por malversación de caudales públicos... Y vendrán más ejemplos que ilustren lo que está pasando”, dijo Feijóo. Lo que la investigación sustenta El disfrute de un chalet en Cádiz facilitado por la trama; el pago del alquiler del apartamento de lujo de una de sus parejas, que también cobró durante dos años y medio de dos empresas públicas sin ir a trabajar; y las entregas en metálico que Aldama proporcionaba supuestamente a Koldo García y que este repartía con Ábalos son las principales “contraprestaciones” de las que se habría beneficiado el exministro a la luz de los diferentes informes policiales que figuran en el sumario. Que se basan en cientos de mensajes intervenidos a los investigados y en las declaraciones de numerosos testigos. También son los elementos que llevan a la Fiscalía Anticorrupción a sostener que existen “poderosos indicios” de cohecho contra Ábalos. Respecto al primero de los inmuebles, Anticorrupción sostiene que hay “múltiples evidencias” de que Ábalos hizo un “uso real” de ese chalé comprado por Aldama a través de supuestos testaferros. Los correos incautados muestran cómo el entonces ministro llegó a sugerir a su asesor varias propiedades en Cádiz y cómo uno de los enlaces que le envió resultó ser el finalmente adquirido. El exministro ha defendido que lo usó, pero que fue desahuciado por no pagar el alquiler. En el sumario consta un burofax en el que se le reclaman a Ábalos las rentas de varios meses. Pero también un mensaje en el Aldama le dice a Koldo —tras la queja de este— que el objetivo de ese burofax era “dar apariencia de legalidad” y “cubrirse” y que no debía darle importancia. Otro de los inmuebles sobre los que han puesto en foco los investigadores es el apartamento en el centro de Madrid que “el entorno” de Aldama pagó durante dos años y medio a una expareja de Ábalos. Las pesquisas han acreditado que Aldama abonó hasta 32 mensualidades de ese alquiler: un total de 82.298,40 euros. La mujer admitió en su declaración en el Supremo que fue Ábalos quien le proporcionó ese apartamento. Anticorrupción también da relevancia a “la entrega en metálico de importantes cantidades” por parte de Aldama a Koldo García y a su hermano Joseba “para su reparto o satisfacción de distintas necesidades de Ábalos”. El exministro ha negado siempre haber cobrado comisiones, aunque los investigadores trabajan todavía en la elaboración de un informe sobre el rastreo de sus cuentas que podrá arrojar luz sobre estos hechos. En el caso de Koldo García, la UCO tiene acreditado que recibía del comisionista pagos de 10.000 euros mensuales. Cuando fue detenido, los agentes hallaron en su casa 24.000 euros. También está pendiente que la Guardia Civil aporte otro informe que despejará dudas sobre la adjudicación de las obras señaladas por Aldama por supuestas mordidas en la etapa de Ábalos. La unidad del instituto armado ya está tratando de fiscalizar todo el proceso e identificar a las empresas finalmente adjudicatarias de esas obras para determinar si las presuntas irregularidades se extienden más allá de la contratación de las mascarillas durante la pandemia, el episodio que está en el germen de las pesquisas. Por ahora, lo que sí ha descartado el juez es que haya indicios de delito contra Ábalos por el rescate millonario de Air Europa en la pandemia. El magistrado ha admitido que el que fuera titular de Transportes llevó a cabo “gestiones” para que la aerolínea obtuviera esas ayudas “con la mayor rapidez posible”, pero sostiene que su concesión ni dependía ni correspondía a sus competencias y, mucho menos, a las de su Koldo García, por lo que ha rechazado ahondar en esta línea de investigación. Lo que la investigación no acredita Desde que la causa se dirigió formalmente contra el exministro a partir del pasado noviembre, algunas diligencias puestas en marcha están contribuyendo a apuntalar las graves acusaciones que pesan contra él y los indicios que ya constan en varios informes policiales. Otras, sin embargo, han evidenciado relevantes errores, como la atribución a Ábalos por parte de la UCO de la compra de un chalé por 2,1 millones en Colombia que en realidad había costado 751 euros. La unidad de élite del instituto armado tuvo que reconocer que había habido un error en la interpretación de la moneda utilizada para la compra de ese inmueble en 2003: se consideró el empleo de dólares americanos en lugar de pesos colombianos. También el Ministerio de Transportes se equivocó al atribuir a Ábalos dos pagos de 508.436,99 euros que, en realidad, suponían el coste total de los viajes realizados en 2018 y 2019 por todos los componentes de la delegación que le acompañaba en esos desplazamientos. La UCO, que ya había constatado que esa cantidad no había tenido reflejo en las cuentas del exministro, pidió explicaciones a Transportes por ese montante y el departamento que dirige Óscar Puente reaccionó admitiendo que se trataba de un “error”. Más allá de estos errores ya solventados, el exministro de Transportes y actual diputado ha sido objeto de diversos bulos y desinformaciones. Uno de los que más recorrido ha tenido ha sido su supuesta asistencia a varias fiestas en Paradores durante la pandemia, con encuentros sexuales y destrozos, según las informaciones de medios digitales basadas en fuentes anónimas. Son unos hechos no acreditados, pero que han servido a la oposición para ocupar las últimas sesiones de la comisión del Senado creada para indagar en las presuntas irregularidades de la etapa de Ábalos en ese departamento. Esa comisión sumó esta semana el testimonio del director del Parador de Teruel —uno de los señalados en esas informaciones—, que negó que se hubiera celebrado cualquier tipo de fiesta o que hubiera habido destrozos. El PP había pedido su declaración después de que OkDiario publicara que Ábalos había llegado a ese establecimiento en una furgoneta con prostitutas una noche de septiembre de 2020. El ministro Óscar López, que en ese momento era presidente de Paradores; y la ministra Pilar Alegría, que se alojó aquella noche en el establecimiento hotelero también reiteraron de forma incansable la inexistencia de esa fiesta. No consta ninguna prueba fehaciente, pero la oposición insiste en que esas supuestas fiestas son “un modo de ejercer el poder con desprecio a las normas”. En el Gobierno y en el PSOE, mientras, capean el temporal como pueden. El propio presidente dirigió unas palabras de tranquilidad y confianza a su equipo tras la publicación de sus conversaciones privadas y ofreció garantías de que no existe en su actividad política ningún comportamiento ilegítimo ni delictivo. Esta misma semana Pedro Sánchez cerró filas también con Santos Cerdán, a quien se refirió como una persona honesta. Y el mensaje, entre que llega y no el ya famoso informe de la UCO que promete abrir la caja de los truenos, es de otras tantas veces: que se trata de un intento más de la derecha “por tierra, mar y aire” de derribar a un Ejecutivo que, por ahora, resiste.

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