La regularización de migrantes sigue estancada en el Congreso un año después: "Sentimos frustración"

Los grupos negocian desde hace meses, pero apenas ha habido avances desde que la iniciativa popular comenzara su camino parlamentario. El movimiento que impulsó el proyecto denuncia la "falta de voluntad" para sacarla adelante La ley para la regularización de migrantes avanza en el Congreso con enmiendas que enfurecen al movimiento que lo impulsó La ley que busca regularizar a más de medio millón de migrantes ha cumplido ya un año de tramitación parlamentaria. Un aniversario sin mucho que celebrar. Las negociaciones siguen atascadas y apenas ha habido movimiento en los últimos meses para redactar un texto que ponga de acuerdo a la complicada mayoría parlamentaria de la investidura. Sumar lanza mensajes al PSOE para que active a los socios más reticentes a aprobar esta normativa. La regularización llegó al Congreso en forma de iniciativa popular. Un texto que recogió más de 600.000 firmas y que cuenta con el respaldo de 900 organizaciones sociales. La norma empezó a tramitarse con una sorprendente mayoría, 310 votos a favor, incluidos los del PP, y el único rechazo de Vox. En aquella sesión, sin embargo, los grupos que apoyaron debatir el texto ya anticiparon diferencias que un año después siguen bloqueando la negociación. Todas las voces consultadas coinciden en que las negociaciones están paradas y apenas hay avances. Los grupos que tratan de armar un texto que sirva para elaborar un informe en la ponencia, el paso previo antes de los trabajos en la comisión, se han reunido en varias ocasiones, pero no consiguen romper las contradicciones entre las enmiendas ya presentadas. El único paso significativo en todos estos meses partió de un acuerdo a principios de curso político entre Sumar y PSOE para desbloquear la ley, agotar el plazo de enmiendas y activar la fase de ponencia. Pero incluso ese paso adelante también conllevó problemas: las observaciones que registraron al texto partidos como PNV y Junts enfurecieron al movimiento que impulsó la iniciativa. El texto que reunió las firmas y que empezó a tramitar el Congreso hace un año apuesta por una regularización extraordinaria sin condiciones, que permita conseguir los papeles a aquellas personas que no lograban obtener la residencia debido a la dificultad para cumplir los distintos requisitos incluidos en la vía ordinaria. Las enmiendas presentadas por Junts y PNV buscan incorporar criterios para quienes traten de beneficiarse del procedimiento: exigencias de contrato u oferta de trabajo o de haber estado empleado previamente o ser solicitante de asilo, entre otras. La campaña Regularización Ya teme que la tramitación parlamentaria acabe con el enfoque original de su propuesta, dando paso a otro más “excluyente” y pide que las futuras negociaciones concluyan con el “respeto a la esencia” de la iniciativa. Fuentes de algunos grupos parlamentarios de la izquierda consideran que estas enmiendas pueden producir además un “trapicheo” a la hora de las contrataciones y recuerdan que hay muchas personas que están trabajando, pero no tienen contrato. Los mismos dirigentes señalan, por otro lado, que existe un bloqueo por parte de Junts, que está a la espera de que se concrete el pacto que selló con el Partido Socialista para la transferencia de competencias de inmigración a Catalunya, una ley que ambas fuerzas registraron en el Congreso, pero que todavía no ha dado los primeros pasos. Algunas fuentes consultadas confían en que la tramitación pueda allanar las cosas aunque eso arrastra a una paradoja: la transferencia de competencias no cuenta con el respaldo de muchos de los partidos de izquierda en el Parlamento. Algunos grupos de la izquierda consideran que todo depende en realidad de la voluntad del Partido Socialista. A lo largo de la legislatura, recuerdan, el Gobierno ha conseguido el apoyo para varias iniciativas a cambio de importantes compromisos con Junts y otras fuerzas del Congreso. Prueba de ello es la ley para transferir las competencias de inmigración a Catalunya, que nació de un pacto con Junts a cambio de su abstención a uno de los primeros decretos que llevó el Ejecutivo a la Cámara Baja. La sensación que tienen las voces consultadas es que si los socialistas empujan la ley terminará saliendo. En los últimos días, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, apelaba directamente a los socialistas. “No puede haber más retrasos ni se puede descafeinar la propuesta que llegó al Pleno, pedimos al PSOE celeridad en la tramitación, o se está con los derechos y la convivencia o se está con el racismo”, criticó este martes con dureza la portavoz de Sumar, Verónica Martínez, sobre la iniciativa, cuya toma en consideración cumplió un año exacto el pasado 9 de abril. “Una ILP que exige algo tan sencillo como que mujeres, niños y niñas dejen de estar en una situación de clandestinidad”, insistió en una rueda de prensa. El PSOE se limita a trasladar que siguen hablando con todas las fuerzas a la espera de que se convoque una nueva reunión de la ponencia. El movimiento Regularización YA denuncia “falta de voluntad” El movimiento Regularización Ya denuncia la “falta de voluntad” política para sacar adelante su propuesta de ley. Tras un año sin apenas avances, quienes están detrás de la campaña dicen sentirse frustrados ante la paralización del proceso. “Sentimos frustración más que decepción. Porque no hay una respuesta real. Nadie se anima a decir 'esto no se va a hacer'. ¿Por qué no se dice? No han querido sentarse a responder a la ciudadanía, y el movimiento ciudadano que está detrás de la ILP sigue aquí”, dice Edith Espinola, una de las portavoces de la plataforma. El ala socialista del Gobierno nunca se ha mostrado a favor de una regularización extraordinaria y sin apenas condiciones, como la planteada por el movimiento ‘Regularización Ya’. Su enfoque apuesta por “flexibilizar” los requisitos generales para los permisos ligados al arraigo, una de las pocas vías que la normativa contempla para conceder la tarjeta de residencia a las personas sin papeles, que exige como mínimo dos años de supervivencia en España de manera clandestina antes de empezar a solicitarlo o una oferta de contrato de trabajo. Desde 2020, el PSOE ha defendido el estudio individualizado de cada caso y rebajar las condiciones exigidas para dar permisos de residencia y trabajo en España. Con ese supuesto objetivo, el Gobierno aprobó el pasado noviembre una reforma del reglamento de la Ley de Extranjería, que entrará en vigor el próximo 20 de mayo. Y es en esta medida en la que se escuda una y otra vez la titular de Migraciones, Elma Saiz, cada vez que le preguntan por su posición sobre la regularización extraordinaria. Desde su departamento, aunque dicen valorar el “debate” parlamentario sobre la iniciativa surgida de un movimiento ciudadano, defienden que la entrada en vigor del nuevo marco legal dará una solución más “estable” para acceder a las autorizaciones. Según los cálculos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la nueva norma facilitará la regularización de 300.000 personas. Sin embargo, la reforma multiplica los obstáculos para la regularización de un colectivo concreto: los solicitantes de asilo cuya demanda de protección es denegada. En la práctica, estas nuevas exigencias pueden empujar a la irregularidad a miles de personas que viven y trabajan regularmente en España. Una decena de organizaciones -entre las que se encuentran Save The Children, Cáritas, Red Acoge o CEAR- han recurrido el cambio normativo ante el Tribunal Supremo. Mientras el Ejecutivo defiende como solución el nuevo reglamento, el colectivo que impulsó la ILP teme los posibles efectos negativos de la reforma. “Estamos muy pendientes de qué va a pasar a partir del 20 de mayo -fecha de su entrada en vigor-. Están forzando a muchos solicitantes de asilo a renunciar a la solicitud de asilo y la cifra de personas sin papeles puede aumentar mucho. Por un lado, te dan papeles y por otro los quitan”, cuestiona la portavoz del movimiento, que sigue defendiendo una regularización sin condiciones para “no dejar a nadie atrás”. “Si las personas pudieran regularizarse con la ley de extranjería que ya existe, no haría falta nuestra propuesta. Pero muchas no consiguen un contrato con los requisitos que piden, trabajan pero no bajo las condiciones exigidas… Hay que tener en cuenta los casos específicos de las personas que no van a llegar a esos mínimos. Y eso es lo que no están haciendo”, concluye Espinola.

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