Sánchez apremia a los ministros para cerrar el primer esbozo de presupuestos esta semana y presentarlos antes de noviembre

Hacienda duda si aprobar el techo de gasto antes que las cuentas para 2026 o hacerlo a la vez mientras el presidente intenta desplazar el debate público de lo judicial a lo político y convertir las derrotas en victorias sociales. El PSOE confía en que el regreso de Puigdemont contribuya a dar estabilidadEl Gobierno se la juega la primera semana parlamentaria del curso con los permisos y la reducción de jornada Pedro Sánchez vuelve a hacer de la necesidad virtud y se dispone a convertir las derrotas parlamentarias en victorias sociales. La que esta semana ha propinado el Congreso a su Gobierno tras tumbar la reducción de la jornada laboral y todas las que vengan en adelante. También, llegado el caso, la de los Presupuestos Generales del Estado para 2026, un proyecto para el que a priori no cuenta con los apoyos suficientes. Que el presidente dijera en una entrevista en RTVE el pasado día 1 que con seguridad llevará las cuentas públicas al Parlamento y advirtiera de que, si no fueran aprobadas, no disolverá las Cortes Generales no fue una larga cambiada, ni una respuesta improvisada. Detrás de sus palabras hay una estrategia diseñada para el nuevo curso político con la que situar a cada partido frente a su propio espejo. Esto es que si el PP, Vox y Junts votan en contra de los derechos de los trabajadores, sean ellos quienes queden retratados ante el electorado. Y es que desde el Ejecutivo auguran que el voto en contra de la medida estrella de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo tendrá coste, especialmente, para el partido de Alberto Núñez Feijóo porque se trata, como afirmó ya Yolanda Díaz, de un debate que en la calle está ganado. Eso sí, los socialistas no se sienten concernidos con la dureza empleada contra Junts por la vicepresidenta Yolanda Díaz como consecuencia del no de los independentistas a la reducción de la jornada laboral. Rechazan de plano que el enfado de la también ministra de Trabajo y su vehemencia discursiva en la tribuna del Parlamento haya abierto ninguna nueva brecha en su relación con sus socios más imprevisibles. De hecho, el PSOE sabía de antemano el rechazo de los de Puigdemont y ya había advertido a Díaz de las consecuencias de llevar al Congreso, sin tener garantizados los apoyos, la que ha sido su principal bandera en esta legislatura. La relación del Gobierno con Junts discurre por un carril muy diferente. Tanto es así que algunos socialistas confían en que un posible retorno de Puigdemont a España antes de Navidad pueda dar a Sánchez la estabilidad que ahora no tiene en el Parlamento e incluso a abrir la puerta al apoyo de los neo convergentes a las cuentas públicas. Pero han sido tantos los horizontes temporales que se han barajado para la vuelta del ex molt honorable y la consolidación de la llamada normalización política que hay ministros que prefieren no poner fecha. Mucho menos a pronosticar que con ella mejoraría la relación con el independentismo catalán. Cada cosa a su tiempo. Ahora toca que en este trimestre el Constitucional resuelva si revoca la negativa del Tribunal Supremo a aplicar la amnistía a Puigdemont. De momento, lo que sí han decidido los estrategas monclovitas es que, a diferencia de otras ocasiones en las que, ante la falta de apoyos, el Gobierno ha optado por retirar diferentes iniciativas para evitar el desbarato, en este nuevo curso sucederá lo contrario: se forzará el debate para proyectar la posición de cada uno y se intentará hacer pedagogía de los resultados y de las consecuencias que cada votación tenga en la vida de la gente. “Que quede constancia de que este Gobierno no va a renunciar a los avances y que quede constancia también de que si no se consigue no es por falta de voluntad, sino porque lo impide la oposición”, asegura un ministro socialista. El objetivo: desplazar el debate de lo judicial a lo político. Sánchez parece así dispuesto a desmontar el relato de la derecha de que la falta de apoyos es síntoma de la agonía del Gobierno o de la inviabilidad del mandato, y ya apremia a sus ministros para que antes del próximo martes remitan a Hacienda el esbozo presupuestario de sus departamentos. Esa es la consigna impartida desde Hacienda a todos los miembros del gabinete. La intención es que sean aprobados en Consejo de Ministros antes de noviembre para su posterior remisión al Congreso, donde las posiciones de Junts pero también las de Podemos los convertirán previsiblemente en papel mojado. “Nada que no se pueda solventar con modificados de las cuentas en vigor y con los Fondos Europeos”, defienden en el entorno del presidente. El propósito es quitar presión a la trascendencia de la aprobación de los presupuestos y normalizar las prórrogas presupuestarias en situación de bonanza económica, algo que el PP considera “inaudito” e impropio en una democracia parlamentaria. Lo que Hacienda aún no ha decidido es si aprobar antes el techo de gasto o hacerlo en el mismo Consejo de Ministros en el que se aprueben los presupuestos, según admiten fuentes de La Moncloa. En todo caso, lo uno y lo otro ya estaría fuera de los plazos reglados, ya que la ley de Estabilidad Presupuestaria establece que el Gobierno debe aprobar el techo de gasto antes del 1 de agosto de cada año y la Constitución, que las cuentas públicas deben enviarse al Congreso de los Diputados al menos tres meses antes de que finalice el año anterior, es decir, antes del 1 de octubre de cada año. La preocupación que se percibía en La Moncloa antes del verano, especialmente con la entrada en prisión del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha remitido, aunque no ha desaparecido por completo. La deficiente gestión de los incendios durante el verano por parte de las Comunidades Autónomas, la tendencia que marcan los sondeos; la pérdida de votos del PP en favor de un Vox fortalecido y la entrega de Feijóo al insulto más que a la construcción de un proyecto alternativo han contribuido a que los socialistas crean que “hay partido”. Ocupar espacios y marcar agenda En este contexto hay una apuesta decidida del Gobierno “por ocupar espacios” y por marcar la agenda de la conversación pública en este nuevo periodo de sesiones. Cuestión distinta es que las investigaciones judiciales que afectan al fiscal General del Estado, al PSOE y al entorno del presidente se lo permitan. No en vano, antes de Navidad es probable que Álvaro García Ortiz se siente en el banquillo de los acusados e ídem el hermano del presidente Sánchez, además de los avances que pueda aportar la investigación sobre la trama Koldo/Ábalos/Cerdán. Aun así el balance del comienzo del curso es positivo en el sanedrín monclovita, ya que la primera semana el presidente situó la conversación pública en la politización de la justicia al declarar en RTVE que hay una minoría de jueces que hacen política. La segunda se envolvió en la causa Palestina para avanzar un paquete de medidas de censura contra el gobierno de Netanyahu, al que acusó por primera vez de cometer un genocidio. Y el lunes de la semana que entra está previsto que celebre la interparlamentaria socialista en el Congreso, un foro en el que reúne a diputados, senadores y europarlamentarios y donde se espera que fije las prioridades del curso.

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