Cultura dejará de contratar el software israelí que usa la Biblioteca Nacional

La medida se toma tras la carta de más de 500 bibliotecarios y es parte del Real Decreto-ley contra el genocidio en Gaza, que prohíbe la importación de productos procedentes de los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupadoLas bibliotecarias que arriesgan hasta la vida contra la ofensiva censora en EEUU El Ministerio de Cultura dejará de contratar el software israelí Alma —de la empresa proveedora Ex Libris— para la Biblioteca Nacional de España (BNE), el cual gestiona la catalogación, el préstamo y la adquisición de sus fondos más importantes, y pondrá en marcha una nueva licitación para la gestión bibliotecaria de la BNE que excluirá a las empresas vinculadas con la ocupación, tal y como ha confirmado Cultura a elDiario.es. El Gobierno se ampara en el recién aprobado Real Decreto-ley de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina, que incluye la prohibición de la importación de productos procedentes de los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado. “La licitación que ganó Ex Libris Alma se inició en 2022 y se adjudicó en 2023. El actual equipo del ministerio de Cultura, al ser conocedor del contrato, empezó a estudiar las vías legales para excluir empresas relacionadas con los territorios ocupados ilegalmente por Israel en Palestina de los procesos de contratación pública”, cuentan desde Cultura. Ese marco jurídico “lo ha proporcionado el Real Decreto-ley de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina, que incluye la prohibición de la importación de productos procedentes de los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado”. “Con esta herramienta ya en vigor, el ministerio de Cultura ha puesto en marcha una nueva licitación para la gestión bibliotecaria de la BNE que excluirá a las empresas vinculadas con la ocupación”, añaden. Esta medida de Cultura llega tras la campaña de alrededor de 500 bibliotecarios y profesionales del ámbito documental para exigir a las principales entidades públicas del país —incluyendo la Biblioteca Nacional, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)— que rescindieran sus contratos con Ex Libris, cristalizada con dos cartas enviadas al Ministerio de Cultura: una a inicios de verano, y otra la semana pasada tras reunirse con la Biblioteca Nacional. Una campaña para lograrlo Este movimiento de protesta ha sido impulsado por el Grupo Bibliotecario de Apoyo a Palestina, formado por profesionales activos y jubilados, muchos de los cuales han sido activistas a lo largo de su trayectoria en la defensa de las bibliotecas. Blanca Calvo, una de las integrantes del grupo, explica a elDiario.es que descubrieron el origen israelí del programa informático de la Biblioteca Nacional en abril. Esto los impulsó a movilizarse para investigar cuántas instituciones están haciendo uso de dicho software, que han acabado siendo la mayoría de bibliotecas públicas de España, a excepción de la Universidad Complutense de Madrid. La dependencia tecnológica se extiende al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), cuya relación con esta empresa israelí es histórica, datando de casi 30 años, cuando utilizaban el programa predecesor, Aleph. El principal objetivo era solicitar a los tres organismos clave (BNE, CRUE, CSIC) que sustituyan el programa Alma. Para ello, el colectivo recogió rápidamente cerca de 500 firmas de profesionales de una amplia tipología: bibliotecarios de la Administración General del Estado, de bibliotecas municipales, universitarias, y del Instituto Cervantes. Entre estas firmas, la de Javier Pérez Iglesias, director de la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la Complutense. Este explica que la primera acción de los bibliotecarios fue solicitar una entrevista con el Ministro de Cultura a inicios del verano. Esta petición fue delegada a una reunión directa con los responsables de la Dirección General de la Biblioteca Nacional, la cual se llevó a cabo la semana pasada, y donde se discutieron las barreras logísticas y financieras que impiden una cancelación inmediata del servicio. Los responsables de la Biblioteca Nacional expresaron su apoyo a la causa promovida por el grupo de bibliotecarios, según cuenta Javier Pérez Iglesias, pero explicaron que el contrato que regía el uso de Alma tenía una duración de dos años y era prorrogable si ninguna de las partes lo denunciaba. Además, que la cancelación anticipada supondría graves consecuencias, según explica Pérez Iglesias a elDiario.es: por un lado, incurrir en una penalización económica; y, por otro, la imposibilidad operativa de “dejar de tener un software de gestión de un día para otro”. Este cuenta que, ante la imposibilidad de una cancelación inmediata, la BNE se inclinó por una solución administrativa a largo plazo, que conllevaría sacar un nuevo pliego de condiciones para que se puedan presentar otras empresas antes de que el contrato se prorrogue automáticamente. Como bibliotecarios, somos muy sensibles a la pérdida del patrimonio bibliográfico y documental que está ocurriendo en Gaza y en Palestina en general. Blanca Calvo — Miembro del Grupo Bibliotecario de Apoyo a Palestina El mayor obstáculo era el marco legal que regía la contratación en el sector público. La legislación española, reflejada en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP), se basa en directivas de la Unión Europea. Esta normativa implica que las entidades administrativas, como la BNE o las universidades, no pueden simplemente rechazar a un proveedor como Clarivate, dueña de Ex Libris, por razones geopolíticas o éticas no contempladas explícitamente como “prohibición de contratar” en la ley. Según Javier Pérez Iglesias, los responsables de la BNE insistieron en este punto, pues no podían decir públicamente que no querían volver a contratar a la empresa sin contravenir la normativa. Tanto Javier Pérez Iglesias como Blanca Calvo estaban de acuerdo en que la medida debía ser adoptada por el Ministerio de Cultura o el Consejo de Ministros. Es por ello que Pérez Iglesias señalaba en la carta que existía “el riesgo de que la empresa Ex Libris, propietaria del programa Alma, pueda presentarse al nuevo concurso, e incluso ganarlo”: “Hay un entramado legal complicado. Está clara la vinculación de la empresa con Israel: tiene su sede en el Parque Tecnológico de Malha, que antes era una aldea de Cisjordania (hoy ocupada), y sus productos de gestión bibliotecaria —el programa Alma y los que le antecedieron— empezaron a desarrollarse como un proyecto interno de la Universidad Hebrea de Jerusalén en 1980. Pero ya no es solo que lo haya comprado Clarivate (empresa de EEUU), sino que tienen subsedes en Alemania y en el Reino Unido”. Para que no pudiera presentarse a concurso, el grupo se apoyaba en los recientes precedentes del Gobierno español, que ha avanzado en la aplicación de criterios éticos y geopolíticos a la contratación, consolidando jurídicamente la prohibición de comprar armas a Israel y la importación de productos de “asentamientos ilegales” en Gaza y Cisjordania. Aun así, la presencia masiva del software Alma en las universidades exige que la campaña se extienda más allá de la BNE, por lo que el grupo tiene preparado el envío inminente de una carta formal a los rectores, representados en la CRUE, y a la presidenta del CSIC. Asimismo, se planeaba convocar al personal bibliotecario y al público en general para una acción simbólica junto a la Biblioteca Nacional. El plan, detallado por Javier Pérez Iglesias, consistía en organizar una cadena humana para “rodear la Biblioteca Nacional”. Por otro lado, Blanca Calvo ha lamentado que la dependencia del software extranjero se deba, en parte, a que ha habido intentos fallidos de desarrollar softwares de gestión bibliotecaria españoles que han quedado “postergados”. “No es fácil, pero de momento nos conformaríamos con que no fuera un programa israelí. Luego, si [el software] se hace aquí y se estimula la investigación y el potencial intelectual que tiene nuestro país, mejor”, señala. Además, también destaca que, “como bibliotecarios”, son “muy sensibles también a la pérdida del patrimonio bibliográfico y documental que está ocurriendo en Gaza y en Palestina en general”: “Lo fundamental son las personas, por supuesto, pero también se está perdiendo una riqueza bibliográfica y documental muy importante”.

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