El gran salón inmobiliario vuelve con las recetas de siempre para una crisis como nunca: más vivienda sin control de precios

SIMA 2025 arranca en Madrid con el objetivo de buscar fórmulas para construir más y atraer inversores internacionalesConvertir la construcción de viviendas en un Lego gigante para atraer trabajadores: “Pasamos de la paleta al destornillador” Dos stands reciben a los visitantes de una de las mayores ferias inmobiliarias de España. A la izquierda, el de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid. A la derecha, el del Sepes, la Entidad Estatal del Suelo sobre la que el Gobierno quiere levantar la empresa pública. Por los pasillos circula una pareja de extraterrestres que escenifican el lema de esta edición, “vengas de donde vengas, tu casa está en SIMA”. En plena crisis por el acceso a la vivienda, una de las principales citas de promotores y vendedores ha incrementado su participación en un 15%. Es la muestra de que todavía hay negocio. Más negocio. Los objetivos de esta cita los marcó la presidenta de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), Carolina Roca, durante el acto de inauguración del salón: buscar fórmulas para construir más y atraer inversores internacionales. “Es nuestra responsabildiad dejar de lado la ideología y analizar las medidas desde un punto de vista analítico”, reclamó mientras citaba cambios legislativos en Madrid, Andalucía, Balears o Canarias, comunidades gobernadas por o con el Partido Popular. A su lado, el consejero de Vivienda de Madrid, Jorge Rodrigo, sacaba pecho porque “el 53% de la vivienda protegida en toda España” se encuentra en esta comunidad. Él insistía en un viejo mantra de la derecha y de buena parte del sector. “La única posibilidad de que bajen los precios es generar oferta y Madrid ha aumentado la oferta de vivienda de 2023 a 2024 en cuatro puntos”, dijo. En ese tiempo, los precios de venta de vivienda libre en la región subieron un 7,7%. Los de alquiler, un 16%, según los datos de Idealista, uno de los sponsors del salón. Más vivienda, más cara. Ni siquiera en plena burbuja inmobiliaria, cuando se producían en España entre 400.000 y 600.000 viviendas al año, bajaron los precios. Esa segunda cifra es el déficit de casas que estima el Banco de España. Pero el mantra se repite una y otra vez. En una mesa sobre las iniciativas de las comunidades autónomas para el estímulo de la producción de vivienda, el viceconsejero madrileño José María García daba la supuesta fórmula del éxito de su gobierno: seguridad jurídica, impuestos bajos y colaboración público-privada. “Las administraciones públicas, por nuestras manos y presupuestos, no somos capaces de poner todas las viviendas que hacen falta”, reconocía tras admitir que llevan “los impuestos al límite” por abajo. En la misma mesa participaba el consejero de Vivienda de Canarias, Pablo Rodríguez, que reconocía emular muchas de las medidas madrileñas, como la agilización de licencias urbanísticas, la transformación de suelo de uso terciario en residencial o la recuperación de los avales para que los jóvenes puedan acceder a la compra de vivienda. E insistía en una idea: “Cada vez que se habla de precio, se remite siempre al mismo discurso: limitación de los precios”. En su caso, señalaba que en Canarias, “en los últimos años se han retirado el 40% de los alquileres”. Aunque apuntaba también al elefante en la habitación: “Hemos crecido en dos millones de turistas y no han crecido las plazas hoteleras”. Y los turistas no duermen al raso. En plena crisis residencial en el archipiélgao, con manifestaciones contra el turismo masivo en varias islas esta misma semana, el consejero reconoció que no demoniza las viviendas de uso turístico porque son “una oportunidad de renta para crear clase media”. Con un problema de acceso a la vivienda galopante, que retrasa la emancipación de los jóvenes hasta registros históricos, por encima de los 30 años, y con alquileres que se llevan más del 30% de los ingresos de un millón y medio de hogares, en el sector coinciden en que debe haber un amplio “abanico” de posibilidades. García descartaba de este abanico el control de precios. “No veo ningún otro sector en el que se regule el precio de la barra [de pan] o del coche”, defendió, priorizando el derecho a la propiedad privada sobre el de la vivienda. Desde Asprima insistieron en impulsar el nuevo Plan Estatal de Vivienda, para el que el Ministerio de Vivienda se ha comprometido a que ni un euro ni un suelo público que se destine podrá terminar en manos privadas, y en “retomar medidas urgentes para la producción de vivienda”. También, dijo Roca, “modificar el artículo 95 de la ley del suelo”. En ese momento, Rodrigo miró a su viceconsejero con una media sonrisa. El PP impidió en dos ocasiones esa reforma en el Congreso, que pretende que defectos de forma no paralicen o envíen a la casilla de salida proyecto urbanísticos enteros. El secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, señaló que “uno de los problemas más importantes que tiene la ciudadanía es el acceso a la vivienda”. Lo dijo el último barómetro del CIS, que marcó este asunto como la principal preocupación de la población. En ese sentido, ha defendido que el Gobierno trabaja para “establecer mecanismos que incrementen la posibilidad de generar más vivienda asequible, en su producción y en su número, garantizando la accesibilidad”. En ese sentido, Lucas apostó también por la colaboración público-privada, una receta que todas las administraciones han puesto sobre la mesa. Fuera del plano técnico, el viceconsejero de Ayuso también aprovechó para lanzar un mensaje a los jóvenes: “No hay peor castigo para la esperanza que prometerles lo imposible, que van a tener una vivienda sin esforzarse lo suficiente”. En un momento en el que el esfuerzo de los hogares para la compra de una vivienda supone 7,25 años de salario total —el doble que hace tres décadas—, es una forma filosófica de decir que a (casi) nadie le pagan un piso por la cara en el centro de la ciudad.

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