Los pagos de CEOE a un ex del PP gallego que investiga Hacienda suman al menos 2,7 millones en subvenciones públicas

La patronal, que se niega a detallar esos contratos, autorizó en 2023 adjudicar 1,8 millones en cursos de formación al empresario gallego César Blanco, miembro de su junta directiva, pese al conflicto de interés Hacienda investiga contratos de la CEOE a un miembro de su directiva y exdirigente del PP gallego César Blanco, ex dirigente del PP de Ourense y miembro de la junta directiva de CEOE cuyos contratos con esta entidad investiga la Agencia Tributaria, ha cobrado de la patronal al menos 2,7 millones de euros por cursos de formación pagados con dinero público, según una relación de facturas a la que ha tenido acceso elDiario.es. Ex de la ejecutiva del polémico José Manuel Baltar en el PP de Ourense, Blanco se ha convertido en los últimos años en el campeón de las ayudas a la formación en España mientras tenía una empresa en el paraíso fiscal de Panamá que cerró tras destapar su existencia este medio. elDiario.es ha accedido a 96 facturas emitidas a CEOE por G12 Grupo Empresarial de Servicios SL, una de las empresas de Blanco (la otra es Moba Skill) sobre las que la AEAT pide explicaciones a la patronal. Emitidas entre octubre de 2022 y el pasado 12 de febrero, suman 2.761.776,3 euros, exentos de IVA, en fondos públicos del plan de formación estatal gestionados por CEOE. Junto a cursos de pequeño importe sobre “inteligencia emocional” (3.209.69 euros), “el papel de los recursos humanos” en la negociación colectiva (5.000 euros) o “prevención y actuación frente al acoso en el ámbito laboral” (11.475 euros), sobresalen tres facturas emitidas entre julio de 2023 y junio de 2024: 1.575.270,8 euros por una acción formativa sobre “Operaciones Auxiliares con Tecnologías Digitales” financiada con el Plan de Recuperación. El mayor pago, 657.927,04 euros por la “liquidación” de este servicio, es del pasado 4 de junio. Sin transparencia CEOE, que está sujeta a la Ley de Transparencia, no aclara cuántos contratos con fondos públicos ha adjudicado a Blanco. El importe recibido por G12 podría superar esos 2,7 millones, a tenor de una carta que la empresa remitió a CEOE en mayo de 2024 a petición de su auditora, Auren. En ese escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, GDoce pidió a la patronal que confirmase “el saldo que presentaba su cuenta con nosotros al 31 de diciembre de 2023, que según nuestros libros era de 701.239,53 euros a nuestro favor. El volumen de operaciones realizado con ustedes ha ascendido a 1.438.383,21 euros”, frente a los 1.351.520,78 euros que suman 29 facturas emitidas en 2022 y 2023 en poder de este medio. La parte mollar de esos 2,7 millones son por ese plan de formación en digitalización que la CEOE adjudicó a G12 en 2023. Un acta de la Comisión de Control Presupuestario y Financiero de la patronal señala que el contrato fue uno de los “conflictos de interés” que analizó ese órgano, presidido por Alejandra Kindelán, vicepresidenta de CEOE y presidenta de la patronal bancaria, en una reunión celebrada el 3 de mayo de 2023. “En ninguno de los casos expuestos las personas que podrían tener un conflicto de interés han intervenido en la contratación”, dice el acta, que recoge que la patronal “debe impartir una formación que ha decidido dividir en 3 lotes diferentes para promover la competencia entre las empresas invitadas”: G12, Telefónica Educación Digital, QE Data, Método Consultores y Norwech Networks. G12 presentó oferta para el lote 1, “la formación más básica de 30 horas con un máximo de 18.750 participantes. Tras la recepción de las ofertas, el Departamento de Formación ha propuesto adjudicárselo a G12 por el importe máximo de 1.834.587 €, si bien, en todo caso, la cantidad final a abonar dependerá del número de alumnos que finalmente formen”. En presencia de Kindelán y los presidentes de Confemetal, José Miguel Guerrero, y la patronal de la construcción Seopan, Julián Núñez, y con José María Campos, responsable de Compliance de CEOE, como “invitado”, el secretario general, José Alberto González Ruiz, “informa de que D. César Blanco es miembro de la Junta directiva [de la patronal] y es presidente de Doce Blar SL, propietaria del 100% de GDoce”. Este hecho fue “informado por el Departamento de Formación tanto al Compliance Officer” como al secretario general. Para darle su visto bueno, Kindelán pregunta “si se ha seguido el procedimiento interno de contratación y compras, de pública concurrencia, con la recepción de las diferentes ofertas, etc… así como si la persona que suscita el conflicto de interés se ha inhibido en esta cuestión”. Se concluye que se siguió “el procedimiento establecido” y se eligió a G12 conforme a un “criterio técnico”. Tenía “los medios técnicos y económicos necesarios para poder realizar esta formación” y “no ha contado con ninguna información privilegiada para poder presentar la oferta más competitiva”. En una convocatoria anterior, dice el acta, “se presentó para impartir formación” y “no se le adjudicó”. CEOE ya advirtió de un “posible conflicto de interés” en otro plan de “capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva” financiado con fondos públicos y adjudicado a G12 en marzo de 2022. La memoria justificativa del contrato dice: “En esta subcontratación puede haber un posible conflicto de intereses que puede surgir del hecho de que D. Cesar Blanco Gómez es miembro de la Junta Directiva de CEOE y tiene participación en la empresa a subcontratar”. La oferta de G12, de 477.270 euros, se impuso por poco a las de Foro Formación y Ediciones SL (478.065 euros) y Estudios Mega SL (478.635 euros). Esta última, domiciliada en Vigo (como muchas empresas de César Blanco), la fundó Giovanni Giardina, con quien el ourensano montó en 2012 la Fundación para la Competitividad (centrada en el mundo de la formación profesional) junto a otro empresario del sector en Galicia, Jorge Evaristo Cuntín Rey. Los tres administran una empresa dedicada a educación “universitaria”, Galicia Open Univ, radicada en Vigo y aparentemente inactiva (sus últimas cuentas son de 2017). Cuntín preside Método Consultores, invitada a esa licitación de 2023. También tiene su propia empresa en Panamá, Método Consultores Panamá. Un portavoz de Blanco señala que “en el sector de la formación hay cientos de concursos y licitaciones al año en toda España” y “es habitual presentarse en asociación con otras empresas del sector, con las que a veces se compite y otras veces se colabora”. “Ocurre también en otros sectores”. Añade que “todos los servicios de formación realizados para la CEOE fueron adjudicados, como no puede ser de otra manera, observando escrupulosamente los procedimientos estipulados y cumpliendo los rigurosos controles internos de la CEOE y la normativa vigente. Estos concursos están guiados por criterios objetivos, de transparencia e idoneidad”. “Los estatutos y normas internas de la CEOE no impiden la contratación de servicios profesionales con empresas de sus miembros, unos procedimientos que en esos casos son reforzados, examinando en las comisiones correspondientes si hubiera algún tipo de conflicto de intereses. En ningún caso de los concursos adjudicados se detectó conflicto de interés”, asegura. G12 afirma que “la adjudicación de concursos por parte de la CEOE es un reflejo de la alta calidad de los servicios prestados y la profesionalidad durante más de 30 años en el sector de la formación, donde somos referentes a nivel nacional, ofreciendo nuestros servicios a cientos de clientes públicos y privados”. CEOE no comenta sus relaciones con el gallego, cercano al presidente, Antonio Garamendi, y miembro del comité ejecutivo de Cepyme. Blanco se alineó con la nueva presidenta de la patronal de las pymes, Ángela de Miguel, en la cruenta guerra electoral que el martes desbancó al hasta entonces presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, enfrentado a Garamendi. Una guerra paralela a las pesquisas sobre empresas de Blanco de Hacienda, que en febrero solicitó a CEOE “información detallada y completa” sobre los servicios facturados en 2022 por sus sociedades Moba Skill Training SL y G12; “contratos, convenios o acuerdos en virtud de los cuales se prestaron”; relación de las facturas e “identificación de la/s persona/s física/s (personal de MOBA y G12) con la que se relacionaban, y origen de las relaciones con estas personas/empresas”. Pastel multimillonario Las ayudas a la formación son un negocio multimillonario, especialmente tras la pandemia y los fondos Next Generation. A las empresas de Blanco les toca un buen pico. Según datos del Ministerio de Hacienda, varias de sus sociedades copan el ranking de empresas con más ayudas públicas de España. Firmas como G12, Moba Skill, Academia Postal 3 Vigo, Educatic Gap Pue o Clictic se han adjudicado en los últimos años unos 100 millones en subvenciones públicas y contratos. En paralelo a esta explosión de ayudas, Blanco reactivó en 2022 la firma panameña que creó en 2012 y administraba con sus hijos, disuelta en noviembre. Presidente de la patronal de su “amada” Nogueira de Ramuin, donde fue concejal del PP (1999-2003), fue un fijo del Comité Ejecutivo Provincial del PP del anterior presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, hijo de José Luis Baltar, el autodenominado “cacique bueno”, y condenado en enero por el Tribunal Supremo por conducir a 215 kilómetros por hora. En 2013 el BNG advirtió de una “posible trama” de alcaldes del PP en Ourense para adjudicar por vía urgente y a dedo la contratación de las brigadas municipales de extinción de incendios a empresas vinculadas al partido. Una de ellas era Monte Blanco Agraria Gallega SL, hoy Moba Skill. A sus negocios con la formación o las agencias de colocación, Blanco suma amplia experiencia en el inmobiliario. Presidió la patronal del sector en Vigo, donde tiene una franquicia de Re/Max. Su hijo Brais, con el que comparte cargos y empresas, fue socio en una inmobiliaria (Torroña SL) junto al promotor Delio Santalices, hermano del presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices. La liquidaron en 2021. Hace un año, una empresaria del ocio nocturno en Vigo los relacionó con una extraña operación inmobiliaria en la que perdió propiedades millonarias por no pagar una multa de 15.000 euros a la Xunta. “Se llevaron todas mis propiedades, valoradas en unos 3 millones, por cuatro duros los señores Delio Santalices Vieira, hermano del presidente del Parlamento gallego, Brais Blanco Rodicio y Alfonso Cid Rodríguez. Ahora tienen a la venta la finca del Niu Port en Sabarís en portales inmobiliarios por 1,2 millones”, contó a Faro de Vigo.

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